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Doceavo día de debate oral y público en caso de #AutoridadesComunitarias

Fotografía de Nelton Rivera.

 

Por: Nelton Rivera.

Doce audiencias del Debate Oral y Público que enfrentan las autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango se van realizado en el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Yassmin Barrios en la sala de audiencias del nivel 15 de la Torre de Tribunales.

Al mismo tiempo en la Salón Mayor del Organismo Judicial –OJ-, Miguel Ángel Gálvez juez de Sentencia de Mayor Riesgo B está por resolver uno de los casos de las estructuras de corrupción involucradas en #CooptacionDelEstado, en esa dinámica los medios de comunicación centran la mayor parte de su atención, por la implicación de un expresidente, una ex vice presidenta, ex ministros y asesores.

Del otro lado del edificio en el nivel 15, la dinámica envuelve a medios alternativos, radios comunitarias, defensores de derechos humanos, observadores y comunicadores sociales por el caso de los presos políticos, en una sala sin mayor ventilación soportando el aumento de la temperatura, que por momentos logra que más de algún asistente se quede completamente dormido.

En este debate oral y público se conexaron tres procesos judiciales a través de las cuales el MP sindica a siete autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango por tres hechos que ocurrieron en distintas fechas a partir del 2013 al 2015, lo común en las tres causas penales es la acción del MP al acusar de varios delitos a las autoridades por el rol que jugaron en estos hechos: mediar, representar, dialogar e interlocutar entre comunidades e instituciones del Estado.

Lo más irónico es que la insistencia del MP por sindicar a Domingo Baltazar y Francisco Juan Pedro por hechos en los que ellos no participaron, ni en el día, lugar y modo contrario a la afirmación del MP.

Desde las primeas horas de esta mañana fueron escuchados dos de los peritos solicitados por la defensa de las autoridades ante el tribunal, la doctora Nieves Gómez Dupuis y el abogado Ramón Cadena, luego fue llamado a declarar el abogado Cirilo Roberto Mérida Reyes como testigo requerido por la defensa de Ermitaño López Reyes, con él se cerró la larga lista de testigos que fueron propuestos para este debate.

La audiencia comenzó a las 8:30 de la mañana, luego la juez Yassmin Barrios ordeno un receso a las 12:10 PM para el almuerzo y a las 13:10 PM continuo el debate oral.

Al regresar del receso, se comenzó con la fase de presentación de las conclusiones, en esta etapa intervienen los sujetos procesales: Ministerio Publico MP- y los abogados defensores, de esa cuenta se escucharon las conclusiones del MP, luego fu el turno de los abogados Edgar Pérez, Juan Castro y de Byron René Urbina Tanchez.

A las 4 de la tarde la juez Yassmin Barrios decidió aplazar la audiencia, continuará mañana por la mañana, podría el tribunal presentar su sentencia mañana mismo por la tarde, faltan varios abogados de la defensa de las autoridades por presentar sus conclusiones, de no hacerlo así podría el tribunal presentar su sentencia el día lunes 25 a primera hora.

El calor es intenso en el nivel 15 de la Torre de Tribunales, poco a poco van saliendo las personas que asistieron a acompañar esta audiencia, las familias de los presos políticos, amigos y periodistas comunitarios.

Hay dos equipos de transmisión de audio en vivo, FGER y CALDH, por momentos la señal tiene dificultades para traspasar los gruesos muros de ese edificio, cuando eso sucede desde los Estados Unidos la comunidad maya Q’anjob’al que están siguiendo día tras día la transmisión allá en el norte del continente y en el territorio norte de Huehuetenango comienzan a escribir mensajes para que intenten componer la señal.

La juez Yassmin Barrios permite nuevamente que en la sala los presos políticos tengan un momento para encontrarse con sus familias, especialmente con sus esposas, luego ya el Sistema Penitenciario deberá trasladarlos hacia el preventivo de la zona 18.

El MP pide varias condenas contra autoridades comunitarias

Los fiscales del MP solicitaron al tribunal condenas por 12 años de prisión inconmutables contra Mynor Manuel López por los hechos ocurridos en Barillas el 22 de abril del 2013 en donde están involucrados los trabajadores de Hidro Santa Cruz.

Por esa misma causa penal el MP solicitó 9 años de prisión en contra de Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro y Arturo Pablo; por detenciones ilegales (3 años), coacción (2 años) e instigación a delinquir (4 años).

Luego el MP solicitó 13 años de cárcel por los hechos ocurridos el 23 de enero del 2014 durante las audiencias realizadas en el Centro de Administración de Justicia CAJ de Santa Eulalia por la causa penal en contra de Arturo Pablo, Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro; adhiriendo en la acusación a Ermitaño López Reyes por los delitos de: detenciones ilegales (3 años), coacción (6 años) e instigación a delinquir (4 años).

Y finalmente solicitó 9 años de prisión en contra de Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar por los hechos ocurridos en el CAJ el día 19 de enero del 2015 durante las audiencias realizadas en ese centro por el caso de dos jóvenes detenidos en la aldea Pojom del municipio de San Mateo Ixtatán afectados por una hidroeléctrica en esa región. Los delitos son: detenciones ilegales (3 años), coacción (2 años) e instigación a delinquir (4 años).

¿Porque enfrentan este juicio?

En síntesis porque el Estado y las empresas los ven como el enemigo inmediato frente a los intereses de explotación en el norte de Huehuetenango… “Por ser los lideres por eso los estamos acusando” afirmo en uno de los representantes del a empresa frente a Monseñor Álvaro Ramazzini en el año 2013.

Hay dos causas penales en las que se sindica a cinco de ellos; Sotero Adalberto Villatoro, Mynor Manuel López, Ermitaño López Reyes, Francisco Juan Pedro y el profesor Arturo Pablo quienes son autoridades comunitarias y vecinos del municipio de Barillas.

La tercera causa penal sindica a Rigoberto Juárez Mateo y a Domingo Baltazar autoridades comunitarias y ancestrales del pueblo maya Q’najob’al del municipio de Santa Eulalia Huehuetenango.

El Ministerio Público (MP) a través de la fiscalía de delitos contra operadores de justicia adscrita a la fiscalía de Derechos Humanos del MP acusa a las siete autoridades comunitarias de haber cometido una serie de delitos colectivos, sin lograr individualizar que tipo de delito pudo haber cometido cada uno de los señores sindicados.

Los abogados defensores durante cada una de las audiencias durante los procesos previos al debate oral señalaron que las acusaciones hechas en las dos primeras causas penales respondían a la estrategia de las empresas hidroeléctricas con intereses en la región norte de ese departamento.

La criminalización y judicialización son resultado de las acusaciones que involucran de forma directa a la empresa española Hidralia Energía / Hidro Santa Cruz, dicha empresa no pudo ser querellante en el debate oral, 10 trabajadores de la empresa española renunciaron el 6 de julio a la querella también.

En esa estrategia la defensa de las autoridades señalaron insistentemente que los operadores de justicia, jueces en Barillas y Santa Eulalia, fiscales del MP, Bufete Popular y trabajadores del Centro de Administración de Justicia CAJ del municipio de Santa Eulalia, son parte de una estrategia amplia para acusar a las autoridades comunitarias.

En distintos momentos abogados como Edgar Pérez y Benito Morales Laínez afirmaron que en el contexto de persecución penal contra los pueblos en Guatemala, se está aplicando el derecho penal del enemigo para castigar a cada una de las autoridades comunitarias en prisión y perseguir a otras.

Peritajes en esta jornada

El primero de los peritos que se presentaron este jueves 21 de julio 2016 fue la doctora Nieves Gómez Dupuis, “Resultados del comportamiento bajo condiciones de estrés continuado”, este peritaje fue incorporado al caso desde el día 12 de febrero 2016. La perito explico cómo ha existido un continuum de agresiones, hostigamientos, acciones violentas y violatorias de todos los derechos de las personas en las comunidades maya Q’anjob’al y mestizas del territorio norte de Huehuetenango. Lo que ha provocado la división comunitaria, el rompimiento del tejido social como estrategia del despojo que están las empresas y el Estado imponiendo por intereses económicos.

El segundo peritaje fue elaborado por el jurista Ramón Cadena, ante el Tribunal de Mayor Riesgo explicó como  las estructuras criminales en Huehuetenango tienen presencia e incidencia del Sistema de Justicia, “desde la elección de magistrados se avisó que hay bufetes de abogados relacionados con las empresas, entre estas hidroeléctricas… esta información ya es de carácter público, en varios procesos de elecciones se ha denunciado de la existencia de estos bufetes vinculados a estructuras criminales que son quienes están definiendo la actuación de los operadores de justicia en esta región, se deben investigar a los abogados, jueces, fiscales, al Juez de Paz de Barillas en el año 2012 por toda su actuación beneficio directamente a las empresas hidroeléctricas.”

 Ramón Cadena afirmo como el Juez de Paz Anthony Pivaral de León en 2012 si responde al llamado de las empresas, coloca delitos a las autoridades comunitaria, pero cuando la gente requirió de su presencia se negó,  cuando en su papel de juez tuvo que haber llegado a la Poza Verde el día 22 de abril 2013 y a través de ejecutar un recurso de exhibición personal pudo haber resuelto desde ese mismo día los hechos que tres años después tienen detenidos de forma arbitraria a las presos políticos.-

Por eso debe de investigarse a los jueces que resuelven de forma clara en beneficio de las empresas, lo hacen por dinero, por razones ideológicas, les ofrecen asensos en el OJ, los amenazan, pero ese el papel del Ministerio Público, ese es el papel de la CICIG por ejemplo, todos estos hechos se han denunciado insistentemente y nada ha pasado.

 Por ejemplo desde los casos de la detención ilegal y arbitraria de Mauro Bay Gonon y otros dos líderes de CODECA el aparato de justicia de Huehuetenango y las fiscalías del MP de allá jugaron un papel determinante en la ilegalidad de la detención y del procesamiento en contra de los líderes de CODECA, se les criminalizó, se les condenó de forma ilegal para beneficiar a una empresa transnacional.

Desde el año pasado hemos buscado reunirnos con la Fiscal General Thelma Aldana y ella se ha negado a todas las reuniones que nosotros le pedimos para tratar los casos de criminalización y persecución penal contra las autoridades comunitarias en el norte de Huehuetenango, por eso es importante investigar si las ordenes no están llegando incluso desde la misma cabeza del MP.

Ramón Cadena explico una serie de patrones de la estrategia del Estado y las empresas que están aplicando en este momento contra las autoridades comunitarias, ancestrales y líderes populares:

  1. El otorgamiento de las licencias, sin la autorización de las municipalidades y las comunidades.
  2. No se respetan las consultas comunitarias o consultas municipales.
  3. La validación de los informes de impacto ambiental sesgados y con serias anomalías.
  4. La criminalización de autoridades comunitarias.
  5. La detención arbitraria.
  6. El abuso desproporcionado de la fuerza a través de los Estados de Sitio, la militarización y las detenciones extrajudiciales.

Estos son algunos de los patrones, hay muchos, están repitiendo los mismos patrones de la contrainsurgencia, de cómo aplicaron el Genocidio en contra del pueblo indígena durante la guerra y lo están repitiendo ahora nuevamente.

Ramón Cadena confirmó que en Guatemala hay un apartheid, como un fenómeno de represión selectiva, exclusión y segregación a los pueblos en la toma de decisiones sobre su territorio, estamos viviendo un Genocidio por goteo.

El jurista afirmo que este es el momento para que un tribunal de sentencia como el que hoy está conociendo este tipo de juicios arbitrarios en contra de autoridades comunitarias resuelva apegados al derecho, y ponga un alto a los abusos que se están cometiendo en contra de las comunidades que ejercen su derechos a la resistencia, para evitar que el Estado, las empresas y las estructuras criminales no continúen reprimiendo selectivamente y pasen a un nivel de represión masivo como el vivido durante el Genocidio cometido por los grupos económicos, oligarquía y ejercito del país durante la guerra.

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Contexto sociohistórico de la conflictividad en el norte de Huehuetenango

 

Transcripción de las conclusiones del Informe presentado por el Dr. Santiago Bastos Amigo como perito propuesto por la defensa de las autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango esta mañana en el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A.

Por: Santiago Bastos.

“El norte de Huehuetenango es un área apartada, fundamentalmente formada por alta montaña, valles profundos, y planicies cálidas con poblamiento de muy larga data, que ha generado una unidad económica, identitaria y social en diferentes pisos ecológicos. Históricamente ha sido tratada por el Estado –colonial, republicano, liberal, contemporáneo- como una periferia olvidada, haciéndose presente en el área sólo para proyectos de despojo y muerte que les ha tenido en la pobreza.

Esta autonomía relativa en la marginación permitió mantener las formas propias de espiritualidad, imbricación con la naturaleza y corporatividad social, que fueron las bases desde la que se crearon las instituciones de relación entre la comunidad y con los poderes externos. Se trata de las autoridades comunitarias que en cada periodo histórico se han adaptado a las características del momento y lugar, buscando el bienestar comunitario, la resolución de conflictos y la mediación con el Estado. Así, en la actualidad, tanto COCODES y alcaldes auxiliares como catequistas o pastores pueden fungir como autoridades comunitarias. En Santa Eulalia, siendo todos q’anjob’ales, estas autoridades están muy relacionadas con la espiritualidad por la importancia simbólica del lugar; mientras que en Barillas, por la conformación socioétnica del lugar, tanto q’anjob’ales como ladinos cumplen esta función, siempre que reúnan los requisitos éticos para el cargo.

Después de la firma de la paz, empresas hidroeléctricas se hicieron presentes en Barillas, Santa Eulalia y el área norte de San Mateo Ixtatán en diferentes momentos, sin respetar el resultado de las consultas comunitarias que previamente se habían llevado a cabo en estos municipios. En todos los casos comenzaron sus actividades con engaño, y se recurrió a la intimidación, la presión y la cooptación, por lo que las autoridades comunitarias cumplieron su función de portavoces del descontento, ejercieron el papel de dirigencia, y acudieron a mediar cuando hubo conflictos con personal de las empresas para evitar mayores problemas.

Pero desde las empresas y el Estado ladino no se les entendió y prevaleció una visión prejuiciada de su papel. Por todo eso, se convirtieron en blanco de la estrategia de persecución penal que las empresas pusieron en marcha en conjunción con agentes judiciales. Pese a ello, las comunidades organizadas y sus autoridades, siempre se movieron buscando los cauces de la legalidad y el diálogo con los diferentes representantes del Estado para resolver las situaciones de conflictividad, represión y división comunitaria que se habían creado con la llegada de estas empresas.

Los puntos más álgidos de esta violencia han sido el atentado contra Miguel Pedro en Barillas el 1 de mayo de 2012, que conllevó un Estado de sitio y prisión para 11 autoridades comunitarias; la desaparición y muerte del líder Daniel Pedro en Santa Eulalia en abril de 2013; la militarización y división en Pojom con la muerte de dos comunitarios en noviembre de 2014. Pero los efectos cotidianos son muchos màs.

Desde 2012, el área Q’anjob’alana ha vivido una gran presión de las empresas hidroeléctricas y el Estado en forma de una persecución penal sistemática en procesos que se han alargado artificialmente en su fase inicial y en los que después no se han podido demostrar los delitos imputados a las autoridades comunitarias a las que se ha mantenido encarceladas. La población se empezó a hartar y a reaccionar ante las detenciones de forma coordinada entre los municipios. Ante ello, las mismas autoridades comunitarias tuvieron que ponerse al día en sus funciones de resolución de los conflictos y de mediación con el Estado de una forma regional, a la vez que defendían sus derechos sobre el territorio.

Por ello, estas autoridades comunitarias organizadas regionalmente, buscaron entablar un diálogo con el gobierno sobre las hidroeléctricas como forma de acabar con la conflictividad existente.  Pero el gobierno de Otto Pérez Molina nunca dio continuidad a estos procesos de diálogo, tanto por su apoyo irrestricto a las hidroeléctricas como, de nuevo, por sus prejuicios respecto a estas autoridades, que nos fueron considerados como interlocutores válidos.

Entonces, lo ocurrido tanto el 23 de enero de 2014 como el 19 y 20 de enero de 2015 supone la condensación de estos procesos. En la primera fecha, las autoridades comunitarias se presentan voluntariamente a una audiencia, respetuosos de la ley, como han venido haciendo, porque están seguros de que lo que hicieron el 22 de abril de 2013 en Poza Verde fue mediar como tales autoridades; es seguida por una acción que cambia la acusación sin haber avisado. En la segunda fecha, autoridades de una aldea acuden al CAJ para resolver junto a sus iguales, lo que consideran la ruptura de un acuerdo al que han llegado con el Ministerio de Gobernación.

En ambas ocasiones la gente que les ha acompañado, -desde Barillas, desde Pojom- más los familiares y compañeros de Santa Eulalia se enteran de la noticia y rodean el CAJ para mostrar su indignación por lo que consideran que son muestras de la persecución penal injusta que sufren quienes están defendiendo sus territorios ante las agresiones de unas empresas que han venido a romper la paz social en las comunidades.

Las autoridades comunitarias presentes entran en complejos procesos de mediación para evitar conflictos. En la visión distorsionada desde el Estado y las empresas, son vistos como instigadores y provocadores de la situación, por lo que se les inducen procesos penales con los que se pretende apartarles de la escena y que no ejerzan su función.

Pero no son ellos los que se oponen a las actividades, son las comunidades a las que ellos pertenecen. Como me dijo un muchacho de Barillas:

“… cuando alguien es autoridad en la comunidad y si uno le exige, él tiene que levantarse. Así es lo que hicimos nosotros: le dijimos a ellos que se levantaran, que dijeran ‘no’, y ahí vamos nosotros detrás. Ellos no querían, porque ellos sabían en qué problemas se iban a meter, pero como nosotros les exigimos, entonces sí, tuvieron que meterse con todo”.

 

 

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Presos políticos: ¿por qué las audiencias se suspenden una y otra vez?

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Fotografia de Nelton Rivera.

Por: Nelton Rivera.

… uno como ser humano, como persona que no tengo que ver en nada con estos problemas, desde el año pasado cuando di mi primera declaración afirme que no tengo participación en ningún delito por los que se me acusa, están jugando con mi dignidad. Quienes me acusan como el Sr. Diego Marcos Pedro desde el año pasado nunca ha presentado nada, no entiendo que intereses lo mueven para hacerlo, para acusarme. Él es el verdadero culpable de los hechos que ocurrieron el 19 de enero, de verdad no entiendo qué tipo de justicia hay en este despacho.” Domingo Baltazar.

En la causa penal que enfrentan Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar la juez Claudette Domínguez a solicitud de la fiscalía de derechos humanos del MP, decidió que ambos deben permanecer en prisión preventiva,  porque considera la juzgadora, que personas como ellos, que son reconocidas, que tienen honorabilidad, que tienen mucho liderazgo en las comunidades, podrían poner en riesgo la “seguridad” de los trabajadores del Centro de Administración de Justicia –CAJ-.

Jueces, fiscales del MP, abogados de la defensa publica, administrativos, agentes de la Policía Nacional Civil, entre otros, a pesar que todos desde el 20 de enero 2015 se encuentran  trabajando en el complejo de justicia de la ciudad de Huehuetenango a casi 300 kilómetros de Santa Eulalia.

Los delitos por los que fueron ligados a proceso no ameritan la prisión preventiva según el código procesal penal guatemalteco, a criterio de la juzgadora y del MP sí, de esa cuenta ambas autoridades comunitarias permanecen en el sector 13 del preventivo, mientras este proceso penal se sigue prolongado, son 452 días o un año dos meses de prisión, entre audiencias que se suspenden, se reprograman, y que finalmente no se realizan.

***

Entre audiencias que se suspenden

El 19 de mayo 2016, debió realizarse la audiencia de ofrecimiento de medios de prueba, en la sala del nivel 14 de la Torre de Tribunales en la ciudad de Guatemala, nuevamente no se encontraba el ex alcalde Diego Marcos Pedro, ni su abogado, uno de los oficiales del tribunal se acercó para explicarles a los abogados de la defensa, al fiscal del MP, al secretario del CAJ y su abogado que la audiencia de nuevo no se podría realizar porque no se había presentado uno de los querellantes.

Los abogados de la defensa Juan Castro y Eduardo De León, solicitaron que la juez se presentara a la sala, hasta ese momento Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar mantenían un semblante de tranquilidad, sus sonrisas con el público a través del grueso cristal de la carceleta eran evidentes, algunos de sus familiares, sus esposas y amigos les acompañaban en la sala.

La juez anunció que la audiencia se iba a suspender, el semblante de Rigoberto y Domingo cambió, era más que evidente el enojo y la frustración por la noticia,  no les toma por sorpresa, pero el juego perverso de los querellantes y del mismo MP les molesta.

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Litigio malicioso

“Vemos un claro acto de mala fe en nuestra contra, obviamente la fiscalía no tiene pruebas de los hechos por los que se nos acusa, es decir no hay delitos. Aquí lo que es claro es la persecución política por el simple hecho de denunciar los actos de la violación de nuestros derechos como pueblos indígenas, como población maya Q’anjob’al en el territorio norte de Huehuetenago.” Rigoberto Juárez Mateo.

Para los dos abogados directores de la defensa de las dos autoridades comunitarias, es evidente que las constantes inasistencias de los querellantes, incluso del MP, responden a la práctica del litigio malicioso por retardar el proceso, por seguir castigando a las dos sindicados y mantenerlos en prisión.

“vemos una clara acción de retardo y litigio malicioso del bloque que está acusando a mi patrocinado, casi estoy seguro que el lic. Pascual Tiu Zapeta será el siguiente en faltar a la audiencia, porque se turnan para retardar el proceso…” Juan Castro, abogado defensor.

El 12 de abril 2016, la audiencia ofrecimiento de medios de prueba no se realizó, esto debido a que la juez decidió suspender la audiencia porque el licenciado Pascual Tiu Zapeta director del CAJ de Santa Eulalia no se presentó al tribunal, tampoco lo hizo su abogado José Luis Chan Chamalé, y no existió una excusa.

La audiencia previa al día 12 de abril, se suspendió porque otro de los querellantes, Diego Marcos ex alcalde municipal de Santa Eulalia tampoco se presentó, la juez Domínguez suspendió la audiencia programándola para el 12 de abril.

El 19 de mayo 2016, nuevamente estaba programa la misma audiencia de ofrecimiento de prueba y nuevamente el ex alcalde Diego Marcos Pedro no asistió a la citación en el tribunal, tampoco lo hizo su abogado Luis Felipe García a pesar que fueron notificados por el tribunal.

La juzgadora reprogramó nuevamente la misma audiencia para el día 8 de junio 2016, cuatro meses se ha dilatado el proceso. La juzgadora aclaró que el ex alcalde Diego Marcos no responde a ninguna de las llamadas telefónicas hechas por los oficiales del tribunal y que en el expediente no existe otro medio para localizarlo. El fiscal Mynor Aguilar Bernardino un año dos meses después acreditó ante el tribunal otros dos números de celular con los que él tiene comunicación con el ex alcalde.

De no presentarse nuevamente el querellante junto con el abogado Luis Felipe García el tribunal de mayor riesgo iniciará un proceso disciplinario ante el Tribunal de Honor y Disciplina del Colegio de Abogados, como una medida por las reiteradas inasistencias a las audiencias en este tribunal.

 

 

 

Barillas: las fuerzas de seguridad del Estado al servicio de las hidroeléctricas

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Por Imox.

Recordamos como en Santa Cruz Barillas desde el año de 2012 la seguridad privada de la empresa española Hidro Santa Cruz S.A. / Ecoener Hidralia Energía el 1 de mayo realizo un atentado armado dirigido a uno de los principales líderes Q’anjob’ales el señor Pablo Antonio Pablo, en el atentado armado lograron salvar su vida Esteban Bernabé y Pablo Antonio Pablo lanzándose al río Qambalam, pero los atacantes lograron asesinar a Andrés Pedro.

El atentado armado logro justificar la respuesta violenta del gobierno de Otto Pérez Molina, la empresa y el Estado impusieron el estado de sitio en mayo 2012, que duró 15 días y que costó para los guatemaltecos más de cinco millones de quetzales y solo sirvió para cuidar los trabajos de Hidro Santa Cruz, intimidar y perseguir a los líderes comunitarios del municipio que no están de acuerdo con el proyecto hidroeléctrico de la empresa, nuevo fueron los detenidos de forma arbitraria por paramilitares.

Una muestra de la complicidad del gobierno fueron la militarización y el acompañamiento de las fuerzas Antimotines de la PNC para resguardar y proteger el ingreso del empresario español Luis Castro Valdivia dueño de Hidro Santa Cruz, acompañado de su jefe de seguridad el militar Juan Roberto Garrido en el año 2012.

Cuatro años después del atentado armado aún no se ha hecho justicia por el asesinato de Andrés Pedro Miguel, los dos autores del asesinato, ambos trabajadores de la empresa española siguen en libertad.

Barillas: tercer aniversario de la resistencia pacífica konob’ imox

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Por: Quimy De León y Santiago Bastos

Fotos: Lorenzo Francisco

Tres años se cumplen desde que las comunidades de Barillas decidieron un 7 de abril de 2013 instalarse permanentemente en resistencia pacífica “Nuevo amanecer“ en un camino comunitario para defender al río Q´ambalam, todo esto frente a la imposición de la empresa Ecoener Hidralia S.A. de construir una hidroeléctrica en este lugar.

Este camino es de la gente, es un camino comunitario y en este el 1 de mayo de 2012 fue asesinado el comunitario Andrés Pedro Miguel, según la versión de la gente que fue testiga y sobreviviente de este hecho los responsables del atentado son personas que trabajaron para la seguridad privada de la empresa.

La decisión de instalar el campamento de la Resistencia Nuevo Amanecer fue en su momento un acto importante: mostraba la continuidad de la resistencia al proyecto de Ecoener Hidralia Energía después de más cinco años de impunidad y agresiones por parte de esta empresa que conllevó la muerte de don Andrés Pedro Miguel, la prisión injusta de nueve de sus líderes durante ocho meses, y la persecución de otros muchos de ellas y ellos.[1)

La lucha pacífica de la gente en Barillas frente a la amenaza de las empresas transnacionales es desde el 2007 cuando se realizó una consulta comunitaria de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la que la población fue consultada acerca de su actitud hacía minería y otros mega. Fueron 46 mil 479 personas quienes mostraron su rechazo para este tipo de proyectos.

A pesar del rotundo rechazo, la empresa empezó su instalación a partir del 2009. El primero de mayo de 2012, Andrés Pedro Miguel fue asesinado y dos personas fueron heridas.  En este mismo contexto hubo una serie de hechos violentos protagonizados por un grupo de personas desconocidas. Después del ataque, el presidente Otto Pérez Molina ordenó un Estado de sitio que ha sido fuertemente criticado. Se culpó al movimiento social comunitario de estos hechos, pero la mayoría de estas personas afirman que su lucha es pacífica y que en todo momento han acudido a las autoridades para que se resuelva el problema.

La represión vino después

Dos semanas más tarde, el 22 de abril de 2013, algunos  trabajadores de Hidro Santa Cruz intentaron ingresar a las instalaciones de la empresa a pesar del plantón; y la gente organizada en la Resistencia Nuevo Amanecer les impidió el paso, planteándoles el motivo de su resistencia y que querían evitar el avance del proyecto hidroeléctrico, pues ésa era la razón de su presencia en ese lugar. Finalmente se les pidió que se retiraran.

Este hecho fue rápidamente recogido por la prensa corporativa. Emisoras Unidas y Prensa Libre dieron versiones sorprendentemente similares (al menos ésta última alude a un comunicado de la empresa): hablan de 14 trabajadores y de que se les hizo firmar un acta en que se comprometían a no volver a trabajar con la empresa. También dicen que “habría personas que no son originarias de Barillas, entre las que se encuentran varios extranjeros.[2]

Pero lo importante es que en estas dos pequeñas notas se vuelven a insistir en las acusaciones de violencia contra los trabajadores: “algunos de los retenidos han sido golpeados”, “los trasladaron bajo amenazas y golpes”, “les amenazaron de muerte en reiteradas ocasiones”.[3]Y esta versión dada por la empresa choca de nuevo con la de una mujer de la resistencia, que sí presenció los hechos:

Ahora que se cerró el camino, también detuvieron la marcha a otros trabajadores de la empresa y ¿qué dice la empresa? Sale diciendo de que la sociedad civil tiene secuestradas a 14 personas; y eso son puras mentiras. Nosotros no teníamos secuestrado a nadie. La otra mentira de ellos es que nosotros golpeamos y le hicimos un montón de cosas a esos trabajadores de la empresa. Un montón de cosas mentiras hacen ellos y luego lo subieron a internet. La empresa es capaz de hacer cualquier cosa y hablar, decir, publicar, con tal que condenen a gentes inocentes y a los que deben de ser condenados”.[4]

Estos son los hechos por los que se abrió la  Causa penal 139-2013, contra Arturo Pablo, Adalberto Villatoro Hernández, Francisco Juan por delitos de “plagio o secuestro, amenazas, instigación a delinquir, reuniones y manifestaciones ilícitas” contra 11 trabajadores (ya no 14) de Hidro Santa Cruz el día 21 de abril de 2013.[5]

Estos antecedentes nos muestran cómo estamos ante un caso más de flagrante construcción de un delito que, pese a ello, avanza como proceso judicial, evidentemente por la impunidad y el apoyo de las autoridades.

[1] Respecto a la resistencia y la represión en Barillas, ver Las voces del río. Relatos de la persecución política en Barillas, Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala; Santa Cruz Barillas: Criminalización y presos políticos (Enfoque n° 4, nero 2013).
[2]http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/pobladores-retienen-varias-horas-14-trabajadores-hidro-santa-cruz
[3] http://www.prensalibre.com/huehuetenango/Retienen-trabajadores-hidroelectrica_0_905909650.html
[4] Entrevista con lideresa comunitaria de Barillas, 25 de abril 2013
[5] https://comunitariapress.wordpress.com/2014/01/23/barillas-detienen-a-tres-defensores-del-agua-la-represion-continua/