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Doceavo día de debate oral y público en caso de #AutoridadesComunitarias

Fotografía de Nelton Rivera.

 

Por: Nelton Rivera.

Doce audiencias del Debate Oral y Público que enfrentan las autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango se van realizado en el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Yassmin Barrios en la sala de audiencias del nivel 15 de la Torre de Tribunales.

Al mismo tiempo en la Salón Mayor del Organismo Judicial –OJ-, Miguel Ángel Gálvez juez de Sentencia de Mayor Riesgo B está por resolver uno de los casos de las estructuras de corrupción involucradas en #CooptacionDelEstado, en esa dinámica los medios de comunicación centran la mayor parte de su atención, por la implicación de un expresidente, una ex vice presidenta, ex ministros y asesores.

Del otro lado del edificio en el nivel 15, la dinámica envuelve a medios alternativos, radios comunitarias, defensores de derechos humanos, observadores y comunicadores sociales por el caso de los presos políticos, en una sala sin mayor ventilación soportando el aumento de la temperatura, que por momentos logra que más de algún asistente se quede completamente dormido.

En este debate oral y público se conexaron tres procesos judiciales a través de las cuales el MP sindica a siete autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango por tres hechos que ocurrieron en distintas fechas a partir del 2013 al 2015, lo común en las tres causas penales es la acción del MP al acusar de varios delitos a las autoridades por el rol que jugaron en estos hechos: mediar, representar, dialogar e interlocutar entre comunidades e instituciones del Estado.

Lo más irónico es que la insistencia del MP por sindicar a Domingo Baltazar y Francisco Juan Pedro por hechos en los que ellos no participaron, ni en el día, lugar y modo contrario a la afirmación del MP.

Desde las primeas horas de esta mañana fueron escuchados dos de los peritos solicitados por la defensa de las autoridades ante el tribunal, la doctora Nieves Gómez Dupuis y el abogado Ramón Cadena, luego fue llamado a declarar el abogado Cirilo Roberto Mérida Reyes como testigo requerido por la defensa de Ermitaño López Reyes, con él se cerró la larga lista de testigos que fueron propuestos para este debate.

La audiencia comenzó a las 8:30 de la mañana, luego la juez Yassmin Barrios ordeno un receso a las 12:10 PM para el almuerzo y a las 13:10 PM continuo el debate oral.

Al regresar del receso, se comenzó con la fase de presentación de las conclusiones, en esta etapa intervienen los sujetos procesales: Ministerio Publico MP- y los abogados defensores, de esa cuenta se escucharon las conclusiones del MP, luego fu el turno de los abogados Edgar Pérez, Juan Castro y de Byron René Urbina Tanchez.

A las 4 de la tarde la juez Yassmin Barrios decidió aplazar la audiencia, continuará mañana por la mañana, podría el tribunal presentar su sentencia mañana mismo por la tarde, faltan varios abogados de la defensa de las autoridades por presentar sus conclusiones, de no hacerlo así podría el tribunal presentar su sentencia el día lunes 25 a primera hora.

El calor es intenso en el nivel 15 de la Torre de Tribunales, poco a poco van saliendo las personas que asistieron a acompañar esta audiencia, las familias de los presos políticos, amigos y periodistas comunitarios.

Hay dos equipos de transmisión de audio en vivo, FGER y CALDH, por momentos la señal tiene dificultades para traspasar los gruesos muros de ese edificio, cuando eso sucede desde los Estados Unidos la comunidad maya Q’anjob’al que están siguiendo día tras día la transmisión allá en el norte del continente y en el territorio norte de Huehuetenango comienzan a escribir mensajes para que intenten componer la señal.

La juez Yassmin Barrios permite nuevamente que en la sala los presos políticos tengan un momento para encontrarse con sus familias, especialmente con sus esposas, luego ya el Sistema Penitenciario deberá trasladarlos hacia el preventivo de la zona 18.

El MP pide varias condenas contra autoridades comunitarias

Los fiscales del MP solicitaron al tribunal condenas por 12 años de prisión inconmutables contra Mynor Manuel López por los hechos ocurridos en Barillas el 22 de abril del 2013 en donde están involucrados los trabajadores de Hidro Santa Cruz.

Por esa misma causa penal el MP solicitó 9 años de prisión en contra de Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro y Arturo Pablo; por detenciones ilegales (3 años), coacción (2 años) e instigación a delinquir (4 años).

Luego el MP solicitó 13 años de cárcel por los hechos ocurridos el 23 de enero del 2014 durante las audiencias realizadas en el Centro de Administración de Justicia CAJ de Santa Eulalia por la causa penal en contra de Arturo Pablo, Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro; adhiriendo en la acusación a Ermitaño López Reyes por los delitos de: detenciones ilegales (3 años), coacción (6 años) e instigación a delinquir (4 años).

Y finalmente solicitó 9 años de prisión en contra de Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar por los hechos ocurridos en el CAJ el día 19 de enero del 2015 durante las audiencias realizadas en ese centro por el caso de dos jóvenes detenidos en la aldea Pojom del municipio de San Mateo Ixtatán afectados por una hidroeléctrica en esa región. Los delitos son: detenciones ilegales (3 años), coacción (2 años) e instigación a delinquir (4 años).

¿Porque enfrentan este juicio?

En síntesis porque el Estado y las empresas los ven como el enemigo inmediato frente a los intereses de explotación en el norte de Huehuetenango… “Por ser los lideres por eso los estamos acusando” afirmo en uno de los representantes del a empresa frente a Monseñor Álvaro Ramazzini en el año 2013.

Hay dos causas penales en las que se sindica a cinco de ellos; Sotero Adalberto Villatoro, Mynor Manuel López, Ermitaño López Reyes, Francisco Juan Pedro y el profesor Arturo Pablo quienes son autoridades comunitarias y vecinos del municipio de Barillas.

La tercera causa penal sindica a Rigoberto Juárez Mateo y a Domingo Baltazar autoridades comunitarias y ancestrales del pueblo maya Q’najob’al del municipio de Santa Eulalia Huehuetenango.

El Ministerio Público (MP) a través de la fiscalía de delitos contra operadores de justicia adscrita a la fiscalía de Derechos Humanos del MP acusa a las siete autoridades comunitarias de haber cometido una serie de delitos colectivos, sin lograr individualizar que tipo de delito pudo haber cometido cada uno de los señores sindicados.

Los abogados defensores durante cada una de las audiencias durante los procesos previos al debate oral señalaron que las acusaciones hechas en las dos primeras causas penales respondían a la estrategia de las empresas hidroeléctricas con intereses en la región norte de ese departamento.

La criminalización y judicialización son resultado de las acusaciones que involucran de forma directa a la empresa española Hidralia Energía / Hidro Santa Cruz, dicha empresa no pudo ser querellante en el debate oral, 10 trabajadores de la empresa española renunciaron el 6 de julio a la querella también.

En esa estrategia la defensa de las autoridades señalaron insistentemente que los operadores de justicia, jueces en Barillas y Santa Eulalia, fiscales del MP, Bufete Popular y trabajadores del Centro de Administración de Justicia CAJ del municipio de Santa Eulalia, son parte de una estrategia amplia para acusar a las autoridades comunitarias.

En distintos momentos abogados como Edgar Pérez y Benito Morales Laínez afirmaron que en el contexto de persecución penal contra los pueblos en Guatemala, se está aplicando el derecho penal del enemigo para castigar a cada una de las autoridades comunitarias en prisión y perseguir a otras.

Peritajes en esta jornada

El primero de los peritos que se presentaron este jueves 21 de julio 2016 fue la doctora Nieves Gómez Dupuis, “Resultados del comportamiento bajo condiciones de estrés continuado”, este peritaje fue incorporado al caso desde el día 12 de febrero 2016. La perito explico cómo ha existido un continuum de agresiones, hostigamientos, acciones violentas y violatorias de todos los derechos de las personas en las comunidades maya Q’anjob’al y mestizas del territorio norte de Huehuetenango. Lo que ha provocado la división comunitaria, el rompimiento del tejido social como estrategia del despojo que están las empresas y el Estado imponiendo por intereses económicos.

El segundo peritaje fue elaborado por el jurista Ramón Cadena, ante el Tribunal de Mayor Riesgo explicó como  las estructuras criminales en Huehuetenango tienen presencia e incidencia del Sistema de Justicia, “desde la elección de magistrados se avisó que hay bufetes de abogados relacionados con las empresas, entre estas hidroeléctricas… esta información ya es de carácter público, en varios procesos de elecciones se ha denunciado de la existencia de estos bufetes vinculados a estructuras criminales que son quienes están definiendo la actuación de los operadores de justicia en esta región, se deben investigar a los abogados, jueces, fiscales, al Juez de Paz de Barillas en el año 2012 por toda su actuación beneficio directamente a las empresas hidroeléctricas.”

 Ramón Cadena afirmo como el Juez de Paz Anthony Pivaral de León en 2012 si responde al llamado de las empresas, coloca delitos a las autoridades comunitaria, pero cuando la gente requirió de su presencia se negó,  cuando en su papel de juez tuvo que haber llegado a la Poza Verde el día 22 de abril 2013 y a través de ejecutar un recurso de exhibición personal pudo haber resuelto desde ese mismo día los hechos que tres años después tienen detenidos de forma arbitraria a las presos políticos.-

Por eso debe de investigarse a los jueces que resuelven de forma clara en beneficio de las empresas, lo hacen por dinero, por razones ideológicas, les ofrecen asensos en el OJ, los amenazan, pero ese el papel del Ministerio Público, ese es el papel de la CICIG por ejemplo, todos estos hechos se han denunciado insistentemente y nada ha pasado.

 Por ejemplo desde los casos de la detención ilegal y arbitraria de Mauro Bay Gonon y otros dos líderes de CODECA el aparato de justicia de Huehuetenango y las fiscalías del MP de allá jugaron un papel determinante en la ilegalidad de la detención y del procesamiento en contra de los líderes de CODECA, se les criminalizó, se les condenó de forma ilegal para beneficiar a una empresa transnacional.

Desde el año pasado hemos buscado reunirnos con la Fiscal General Thelma Aldana y ella se ha negado a todas las reuniones que nosotros le pedimos para tratar los casos de criminalización y persecución penal contra las autoridades comunitarias en el norte de Huehuetenango, por eso es importante investigar si las ordenes no están llegando incluso desde la misma cabeza del MP.

Ramón Cadena explico una serie de patrones de la estrategia del Estado y las empresas que están aplicando en este momento contra las autoridades comunitarias, ancestrales y líderes populares:

  1. El otorgamiento de las licencias, sin la autorización de las municipalidades y las comunidades.
  2. No se respetan las consultas comunitarias o consultas municipales.
  3. La validación de los informes de impacto ambiental sesgados y con serias anomalías.
  4. La criminalización de autoridades comunitarias.
  5. La detención arbitraria.
  6. El abuso desproporcionado de la fuerza a través de los Estados de Sitio, la militarización y las detenciones extrajudiciales.

Estos son algunos de los patrones, hay muchos, están repitiendo los mismos patrones de la contrainsurgencia, de cómo aplicaron el Genocidio en contra del pueblo indígena durante la guerra y lo están repitiendo ahora nuevamente.

Ramón Cadena confirmó que en Guatemala hay un apartheid, como un fenómeno de represión selectiva, exclusión y segregación a los pueblos en la toma de decisiones sobre su territorio, estamos viviendo un Genocidio por goteo.

El jurista afirmo que este es el momento para que un tribunal de sentencia como el que hoy está conociendo este tipo de juicios arbitrarios en contra de autoridades comunitarias resuelva apegados al derecho, y ponga un alto a los abusos que se están cometiendo en contra de las comunidades que ejercen su derechos a la resistencia, para evitar que el Estado, las empresas y las estructuras criminales no continúen reprimiendo selectivamente y pasen a un nivel de represión masivo como el vivido durante el Genocidio cometido por los grupos económicos, oligarquía y ejercito del país durante la guerra.

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Presos políticos: “nadie es superior a la justicia” solo los operadores de justicia

Prensa Comunitaria

Fotografía de Nelton Rivera.

La jueza Claudette Domínguez de forma contundente en la sala de audiencias en el nivel 14 de la Torre de Tribunales, se dirigió a todas las personas en la sala: “nadie es superior a la justicia”.

Estas seis palabras encierran mucho para Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, quienes llevan un año con tres meses en prisión. La resolución de la jueza en esta audiencia les demostró todo lo contrario: los operadores de justicia sí están por encima de la justicia.

Personas como Rigoberto Juárez trabajaron por muchos años para que el sistema de justicia guatemalteco reconociera el papel que juega el sistema de justicia indígena, incluso la fundación del Centro de Administración de Justicia (CAJ) para descentralizar y atender de forma directa las necesidades de ocho municipios indígenas en el norte de Huehuetenango fue el resultado de muchos años de trabajo de los pueblos indígenas en el país. Hoy, los mismos operadores de justicia, entre ellos la fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), irrespetan y violentan el papel de las autoridades ancestrales en la mediación y resolución de los conflictos en estos territorios, criminalizándolos y castigándolos por hacerlo.

“Esto sienta un mal precedente para un supuesto modelo democrático de justicia en el país, especialmente para el pueblo maya, suman ya más de 492 años que hemos padecido de esto, eso es sumamente sintomático, los grupos económicos de poder no permiten que hayan reformas a la justicia, menos el reconocimiento del sistema indígena. Nosotros tenemos que llevar este tipo de sufrimientos con tal que nuestra situación se aclare, llevamos 15 meses de estar en prisión sin que el MP tenga pruebas que demuestren que nosotros somos culpables de algún delito”. Rigoberto Juárez.

Luego de cuatro meses de espera, la jueza pudo realizar la audiencia de presentación del acto conclusivo, en la que finalmente estuvieron presentes todos los querellantes. A la fiscalía de Derechos Humanos del MP no le quedó otro camino que presentar su investigación, de esa forma, el fiscal Maynor Alfredo Aguilar Bernardino presentó la acusación por los delitos de detención ilegal, coacción e instigación a delinquir.

Litigar de forma maliciosa no es una acción exclusiva de los abogados. La fiscalía del MP permitió que los querellantes realizaran una serie de acciones que bloquearon las audiencias, como no presentarse en reiteradas ocasiones, obligando al tribunal a suspender y reprogramar durante cuatro meses la misma audiencia. Con esto evitaron que esta etapa se realizara desde febrero de 2016, retardando el proceso y prolongando el castigo en prisión para las dos autoridades ancestrales.

La jueza resolvió en la tarde del 8 de junio la apertura a juicio oral y público por estos tres delitos. Ahora un tribunal de sentencia deberá conocer este caso con un plazo de 10 días. Específicamente será el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo del grupo A.  Rigoberto Mateo y Domingo Baltazar seguirán en el Preventivo de la Zona 18 mientras dure el juicio. Lo más preocupante es que el MP pretende activar la tercera causa penal contra Rigoberto Juárez.

Elnaño pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se denunció la existencia de 20 denuncias en su contra. De algunas de ellas, no se puede ubicar en qué fiscalía se realizaron. Detrás de todas estas denuncias podrían estar varias empresas con intereses en megaproyectos en Huehuetenango.

 


Litigio malicioso

La audiencia inició a las 14:00 horas del 8 de junio de 2016. Se realizó en esa fecha debido a que Diego Marcos Pedro, alcalde de Santa Eulalia y querellante en el proceso no se presentó el 19 de mayo, ni tampoco lo hizo su abogado. Una audiencia anterior a la del 19 de mayo también fue reprogramada debido a la ausencia de otro querellante, Pascual Tiu Zapeta, director de CAJ de Santa Eulalia.

Las inasistencias de ambos querellantes en nada incomodan al MP, al contrario pareciera que se alternaron entre ellos para evitar que las audiencias se realizaran. Para los abogados defensores, este comportamiento responde al ejercicio del litigio malicioso de los querellantes, sus abogados y el fiscal.

Iniciada la audiencia a las dos de la tarde, la jueza permitió que las dos autoridades comunitarias se sentaran junto a sus abogados y no dentro de la carceleta, como lo hicieron en las audiencias anteriores. En la sala del tribunal estuvieron sus esposas, Juana Méndez y Juana López Francisco. Desde Santa Eulalia llegaron también varios de sus familiares, observadores de derechos humanos, la Procuraduría de Derechos Humanos y la oficina la OACNUDH.

La audiencia duró tres horas. Al terminar quedaban pocas personas en la Torre de Tribunales, un edificio de 15 niveles del cual los pasillos quedan abandonados después de cierta hora, y solo el movimiento en el juzgado de turno da cuenta de lo que sucede durante la noche y madrugada, cuando ingresen más personas detenidas por cualquier delito.

 

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¿es el MP objetivo en su investigación? 

Maynor Aguilar Bernardino es el fiscal del MP que atiende los procesos en contra de la mayoría de presos políticos de Huehuetenango. Pertenece a la unidad de delitos contra operadores de justicia adscrita a la unidad especial de derechos humanos del MP.

Es un abogado egresado de la facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) en 2004[1]. Con el título de profesional, aplicó ese mismo año a la convocatoria de plazas para la carrera judicial[2]. De 2010 a 2012 trabajó en la unidad distrital del departamento de Suchitepéquez[3].

Este fiscal rechazó dos de los tres peritajes propuestos por la defensa de Rigoberto Juárez con el argumento de que hablaban sobre el contexto sociohistórico de la conflictividad en el norte de Huehuetenango. Según el fiscal, este tema está fuera de lugar, ya que no explica específicamente los hechos sucedidos en el CAJ el 19 de marzo de 2015. Por otro lado,  rechazó que dos autoridades ancestrales se presentaran durante el juicio oral y púbico para atestiguar y confirmar que Rigoberto Juárez era una autoridad ancestral, y que por lo tanto tiene un papel importante que jugar frente a momentos complicados como los que se viven en esa región.

Aguilar Bernardino rechazó que se incorporara como medio de prueba un documento utilizado por él y la fiscalía del MP como base de sus investigaciones. El documento se titula: Informe Estructura Criminal Conflicto Social Huehuetenango. Mayo 2014. Este fue elaborado por la empresa Hidro Santa Cruz y entregado por el abogado Víctor Hugo Ma Villatoro al fiscal Aguilar Bernardino en 2014 y este la introdujo ilegalmente a la fiscalía de Operadores de Justicia del MP.

En este documento se identifican como delincuentes o criminales a los principales líderes comunitarios del territorio norte de Huehuetenango. Entre ellos Rigoberto Juárez, Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan Pedro; todos están actualmente detenidos mientras que el resto de líderes y lideresas tienen órdenes de aprehensión.

¿Qué objetividad pueden tener las investigaciones del MP, si basa su investigación en documentos elaborados extrajudicialmente por el abogado de una empresa?

Lo curioso es que en esta misma fiscalía del MP, no avanza ninguna de las investigaciones en contra del exalcalde Diego Marcos Pedro y otras personas afines a él por muchos delitos cometidos en los últimos años, específicamente por los hechos ocurridos entre el 19 y 20 de febrero de 2015: un atentado armado, amenazas de muerte, el asesinato de un joven comunitario, el secuestro de una mujer perteneciente al Cocode a quien había amenazado con desnudarla y arrancarle el pelo en medio del parque central, frente a cientos de personas, por oponerse a la hidroeléctrica. Además también se le atribuye el cierre ilegal y violento de la radio comunitaria, y el hecho de que varias personas fueron golpeadas. En fin, se trata de un personaje que, tras un año de haber sido denunciado por delitos graves, se presenta en un tribunal de mayor riesgo en la ciudad capital con total impunidad y en coordinación con el MP.

Maynor Aguilar

Fiscal del MP.


Otra vez se le niegan los derechos

La jueza en su resolución aceptó la petición del MP de negar varias de las pruebas testimoniales y peritajes propuestos por la defensa de Rigoberto Juárez, pero a solicitud del MP sí acepto a los 26 testigos, todos trabajadores del CAJ: abogados del Bufete Popular, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), jueces del Organismo Judicial y  fiscales del MP, entre otros.

La resolución de la jueza a las cinco de la tarde causó un acalorado debate con el abogado Benito Morales, quien la rechazó a través de un recurso de reposición parcial, por considerar que la jueza estaba afectando de forma directa los derechos de defensa Rigoberto Juárez, al dejar fuera pruebas testimoniales y documentales importantes para probar la tesis de su defensa. Pruebas que sí fueron aceptadas en otra causa penal vinculada a los procesos penales contra los presos políticos de Barillas, en donde también están involucrados varios de los querellantes de esta causa penal.

La discusión entre la jueza y el abogado Morales se agravó cuando él solicitó a la juzgadora que le permitiera a Rigoberto Juárez manifestarse en la audiencia, un derecho que se garantiza para los sindicados, esto por la alusión hecha por el abogado de Diego Marcos Pedro, quien lo señaló de forma directa. La jueza se negó a darle la palabra.

Finalizada esta etapa en este juzgado será el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo del grupo A quien confirme la fecha de apertura a juicio para las dos autoridades ancestrales. Mientras todo esto sucede, deberán seguir en prisión preventiva. La primera semana del mes de julio se abre el juicio oral y público para Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro y Arturo Pablo, líderes comentarios de Barillas.

Al final de la tarde, la audiencia terminó. Los agentes del sistema penitenciario trataban apurados de retirar a las dos autoridades ancestrales fuera da la sala y llevarlos al sótano para esperar el traslado al Centro Preventivo de la Zona 18.

Así finalizó un proceso que deja más cuestionamientos sobre la objetividad del fiscal, que certezas para los ciudadanos para creer en el sistema de justicia guatemalteco.

 

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[1] Biblioteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Biblioteca Central – Sección Tesis 5to. Nivel – Item: 4701227184.

[2] Diario de Centro América DCA. MINISTERIO PÚBLICO CONVOCATORIA No. 01-2004 TRIBUNAL DE ONCURSO MINISTERIO PÚBLICO LISTA DE MERITO. Año 2004.

[3] Organismo Judicial. Expediente 108-2010. Sala regional mixta de la Corte de Apelaciones de Rethalhuleu. 6 de octubre 2010.

Pojom, la historia de una agresión: la consulta comunitaria

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En la aldea de Pojom en San Mateo Ixtatán están ocurriendo muchas hechos violentos desde que la empresa Proyectos de Desarrollo Hídricos S.A. (PDHSA) inició sus actividades. Como en otros lugares del norte de Huehuetenango, los medios corporativos representan a pueblos completos y sus problemáticas y demandas de una manera tergiversada.

Para comprender mejor lo que ha ocurrido en los últimos años en esta comunidad, Francisco Simón Francisco ha entrevistado a autoridades y a vecinos, ha consultado documentos y ha reconstruido el proceso para quienes leen Prensa Comunitaria y les interesa comprender las compleja realidad que vive el país.

Este es el primero de cuatro reportajes sobre la realidad que se vive en comunidad de Pojom, desde sus protagonistas. En este caso que presenta a la aldea Pojom y muestra cómo se realizó la Consulta Comunitaria y como todo el mundo actuaba de forma conjunta.

 1.  La Consulta Comunitaria: Unidad social en la comunidad

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Consulta comunitaria en Pojom, San Mateo Ixtatán, 21 de mayo 2009

 

Por: Francisco Simón.

La aldea Pojom, su realidad actual

Pojom es una de las 59 aldeas del municipio de San Mateo Ixtatán. Con sus 4200 habitantes, de todas sus comunidades es la más grande de  la zona Norte del Municipio. Limita al norte con la frontera de México y al este con el municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. Es la única aldea de San Mateo formada totalmente por población Q´anjob´al, de origen en Jolom Konob´ (Santa Eulalia). Su agricultura se basa en el cultivo del café y cardamomo como principal ingreso local y familiar. La mayoría de la comunidad se dedica al cultivo de maíz y el frijol, por eso el agua es fundamental para una sociedad agricultora.

La economía de la aldea también se sustenta por las remesas familiares que ingresan constantemente, resultado de varias décadas de migración forzada hacia México, los Estados Unidos y la capital. Cientos de ellos están asentados en Playa del Carmen, Quintana Roo, México y  en diferentes estados de los Estados Unidos, en un primer momento migraron por la represión del Estado durante la guerra, luego las condiciones de pobreza fueron el detonante para continuar migrando.

Las comunidades manifiestan la ausencia de una política pública del Estado que atienda sus necesidades sociales. El centro de Salud denominado Casa Materna “Clínica Vivir en Amor” fue construido en 2006, y buena parte del personal es pagado por una institución de Bélgica. El Instituto Básico comenzó a funcionar en el año 2009 también fue construido con apoyo económico de personas belgas. Aunque es un Instituto Básico Nacional no  cuenta con maestro presupuestado por parte del Estado. Los cuatro maestros que atienden a los  92 alumnos trabajan por contrato.

Pojom cuenta con escuelas para el nivel primario, pero desafortunadamente los 14 maestros presupuestados son insuficientes para la necesaria formación académica de los 670 niños que acuden a ellas y la presencia del Estado representada por la fuerza pública no garantiza la seguridad ciudadana.

 Lo que la guerra gana, la gente pierde

Durante el periodo que más afecto la región durante conflicto armado ocurrido fue durante los años de 1980 a 1982, de los 36 años que ésta duró, la aldea sufrió una crisis social por la represión del Estado guatemalteco encabezado por la fuerza militar en compañía de los comisionados. Hubo siete desaparecidos, torturados y asesinados por su supuesta vinculación con el Ejército Guerrillero de los  Pobres EGP, una de las guerrillas que surgió en el país.

Después de que fueron desaparecidos sus esposas fueron violadas por comisionados militares. Debido a las circunstancias que ocurrían en esa época decenas de personas tuvieron que asilarse en el Estado de Chiapas México, huyendo de las listas de los comisionados y oficiales S2, también huyendo de las masacres. Varios de ellos retornaron para recuperar sus tierras en Pojom y otros se quedaron en Chiapas debido al miedo, temor y esa vivencia de terror que vivieron durante la guerra.

En la situación que se vive en la actualidad, con represión y criminalización –como describiremos en otra entrega de esta serie- hay gente que reconoce las situaciones se siguen dando. Recuerdan que el ejército y los comisionados militares los acusaron como guerrilleros. Hoy en la actualidad los comunitarios son insultados, son considerados como “bochincheros”, y acusados de “guerrilleros” por oponerse a la construcción de la hidroeléctrica en la región de Ixquisis. Muchas veces considerados como  “tapacaminos“ solo por oponerse a la militarización en la región y otras veces como “locos” según la empresa porque nada quieren y porque según esta que ellos no quieren desarrollo.

El ejército nunca se desmovilizó de esta zona, a pesar de la firma de los acuerdos de Paz en 1996, en la aldea de YixKisis volvieron a instalar el destacamento militar, el mismo que funcionó durante el conflicto armado, en ese mismo lugar la empresa PDHSA tiene sus instalaciones y ahí mismo esta el destacamento militar, protegen a los trabajadores de la empresa, los comunitarios denunciaron que incluso tienen conocimiento de un grupo paramilitar que actúa para dañar a los vecinos opuestos a la hidroeléctrica y nada hacen para detenerlos. 

La Consulta Comunitaria: características históricas y legales.

Desde el año 2005, los pueblos indígenas, dueños legítimos de sus tierras, se levantaron en resistencia ante las amenazas del capitalismo implementado por capitales transnacionales y apoyados por las instituciones del Estado con mecanismos de despojo, criminalización, impunidad y la división comunitaria. Las comunidades indígenas y mestizas pobres y los pueblos se mostraron dispuestos a defender lo que les queda de sus territorios y sus derechos con los mecanismos que la historia, la legalidad y su propia voluntad les proporcionan. [1]

Ante estas estrategias de las empresas y el Estado, los pueblos indígenas y mestizos, se organizan con el respaldo de sus autoridades ancestrales, municipales y basándose en el marco de la legalidad garante de sus derechos fundamentadas en el Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de los Pueblos Indígenas[2], en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en el Código Municipal y en la Ley de Consejos de Desarrollo. Estas leyes y convenios establecen la obligación del Estado guatemalteco de garantizar la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan los medios de vida, el territorio y la cultura de los pueblos.

Más de 80 consultas se han realizado desde el año 2005 hasta el 2016, siendo uno de los mecanismos de información, consulta y toma de decisión que las comunidades y pueblos siguen ejerciendo para enfrentar la imposición arbitraria e ilegitima de las empresas, gobiernos y grupos económicos vinculados al modelo extractivo.

La Consulta en San Mateo Ixtatán

Andrés Alonso Pascual, originario de la aldea Bulej, maya-hablante Chuj, fue alcalde municipal de San Mateo Ixtatán entre 2004 a 2008 por el partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG y posteriormente por el mismo partido en el periodo 2008-2012.

Parte de su gestión como alcalde fue la organización municipal para la Consulta Comunitaria con los habitantes de las 59 aldeas y 7 caseríos que conforman el Municipio. Se llevó a cabo un día jueves, 21 de mayo del año 2009 y participaron 25,646 personas, el resultado fue contundente, el 99% de la població rechazó los proyectos extractivos, mineros e hidroeléctricos.

El alcalde municipal no estaba de acuerdo para la explotación de los recursos naturales, mucho menos para la autorización de hidroeléctricas transnacionales en el municipio, según él porque la ideología de su partido no compartía los intereses empresariales, a menos que las empresas fueran administradas por la comunidad. Se organizó junto a las comunidades para oponerse a la presencia de empresas mineras e hidroeléctricas en territorio Chuj.

Motivó a  las comunidades a organizarse. Las comunidades aceptaron el mandato del señor alcalde municipal, le dijeron que está bien y le dieron importancia a la organización para la consulta de la buena fe. El día de la consulta comunitaria todos dijeron “NO A LA MINERA, y “NO A LOS PROYECTOS TRANSNACIONALES” en el territorio Chuj.

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¿Cómo fue la Consulta en Pojom?

En la aldea Pojom la consulta comunitaria fue organizada por el alcalde municipal junto al señor Nicolás Francisco Tomás Gaspar, ex comisionado Militar, Presidente del COCODE, Presidente Regional y Representante de la Región ante el COMUDE, acompañado por la coordinación y apoyo de los maestros de la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Pojom.

La gente de la aldea relata que la consulta fue iniciativa del señor alcalde municipal para impedir la entrada de las empresas petroleras, mineras e hídricas en el territorio Chuj. Mostraba el rechazo rotundo de las comunidades ante la explotación minera en su territorio, en especial en la región Norte de San Mateo Ixtatán.

“Todos los niños de la escuela primaria y todas las personas de Pojom van a decir que tanto minería u otros nos afectaran, la minería la llevaran las grandes personas que vienen de otros países, razones por la cuales todos vamos a decir que no a la explotación de los recursos, porque nadie quiere que afectan la comunidad y la tierra guatemalteca” enfatizó el señor Nicolás Francisco Tomás Gaspar

Por otro lado cuentan que el aviso surgió desde diversos municipios y llegó hasta San Mateo para luego realizarla con las comunidades. No sólo era San Mateo Ixtatán el municipio donde se llevaría la consulta, sino que también en las comunidades de otros municipios de Huehuetenango, harán lo mismo, todos con el lema: “No queremos minería en nuestro territorio”.

Fue así como se organizó la consulta comunitaria promovida por don Nicolás y el apoyo de los maestros. Cuando se realizó el día 21 de mayo de 2009, tanto personas de la tercera edad, mujeres, hombres, señores, señoras, niños y toda la comunidad, ninguno dijo si a la minería. Al contrario, todas se manifestaron en contra en ese tiempo.

Cuando se realizó la consulta comunitaria en Pojom no había división comunitaria, las decisiones se tomaban en colectivo, se reflejaba el consenso entre los comunitarios, había unidad entre las personas, fue por la unidad que se logró el rechazo a la minera. Luego con la instalación de la empresa, llego la división comunitaria, se instaló nuevamente el discurso contrainsurgente para criminalizar a la población en oposición de la empresa y Nicolás Francisco Tomás Gaspar volvió a jugar el papel represivo que jugó en la guerra.

La satisfacción de las comunidades

Después de la Consulta, los comunitarios indicaron que desde hace varios años se había iniciado el proceso para realizar la consulta de buena fe. Por ello resaltaron como un día histórico el jueves 21 de mayo, ya que después de enfrentar algunos obstáculos los habitantes a través de un acto de buena fe indicaron no aceptar ningún trabajo extractivo en sus comunidades. Asimismo señalaron que la lucha de todos los pobladores se basa en que las empresas transnacionales no destruyan lo que a los habitantes les pertenece, al referirse a su tierra y territorio así como la riqueza natural.

El Alcalde Municipal de San Mateo Ixtatán refirió que en la consulta de buena fe participaron más de cincuenta observadores nacionales e internacionales quienes fueron testigos de la participación de los habitantes al decir un no a los trabajos de exploración y explotación de minería a cielo abierto en el territorio. Asimismo indicó que en reunión entre los integrantes del Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) y del Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDES) se decidirá cuándo entregarán los resultados de la Consulta de Buena Fe a autoridades Nacionales en la Ciudad capital.

El Alcalde Andrés Alonzo Pascual indicó que la consulta se llevó a cabo a solicitud de los pobladores, y en base al convenio 169 de la OIT donde señala que los pueblos indígenas deben ser consultados previamente sobre las medidas administrativas que afecten sus derechos e intereses. Refirió que es la población quien decide qué quiere y qué no quiere en su territorio. Por ello hizo un llamado a las autoridades nacionales a respetar la decisión de los habitantes. Así mismo enfatizó que exige se haga respetar la decisión del pueblo, al mencionar que ya se firmó la paz en Guatemala y que en ningún momento desean enfrentamientos por no respetar la decisión del pueblo de San Mateo Ixtatán. [3]

No se ha respetado la Consulta Comunitaria en San Mateo Ixtatàn

La consulta comunitaria realizada el año 2009, en donde las comunidades manifestaron su oposición a la explotación de sus recursos naturales, no se ha respetado. Las empresas están explotando las tierras, están destruyendo los ríos que de eso dependen muchas comunidades, con ellas cientos de miles de personas y que por cientos de años han estado viviendo aquí. Las comunidades recuerdan que gracias a sus antepasados lucharon por la unidad, y por el esfuerzo de todos obtuvieron este pedazo de tierra para vivir y que es lo poco que tienen. Las empresas están destruyendo a pesar de que las comunidades han dicho que no a todo tipo de imposición de proyecto nacional o transnacional.

¿Entonces por qué no respetan las decisiones? Aquí se refleja claramente la impunidad de las empresas respaldadas por una fuerza pública del Estado que se ha prestado para servir a las empresas en contra de las comunidades.

Las preguntas que se hacen las comunidades son: ¿Acaso los que vivimos aquí no son humanos? ¿Acaso no son guatemaltecos? ¿Acaso no nos protege la Constitución Política?

Las comunidades indican que para las empresas no hay pueblos indígenas; afirman que están hablando de “desarrollo”; pero según ellos, los comunitarios, eso es una mentira total, ese desarrollo del que hablan estas empresas es una falsedad, una forma de manipular y engañar a las comunidades, con ese “desarrollo” llegaron con la invasión española 500 años atrás.

La consulta fue plasmada en papel, fue evidente la participación de las comunidades en ese año, pero para las empresas no vale nada, negocian detrás de las comunidades con las autoridades administrativas para sus proyectos y proyectos de otros países; siendo las comunidades los ciudadanos y pueblos nativos de esta región y manifiestan que van a seguir luchando en defensa de los recursos porque según ellos que su voz es autentica y tiene que ser respetada.

Todos los acuerdos documentados en ese tiempo no se respetan, y para que todo se respeta las personas como pueblos deben estar unidos para demostrar esa inconformidad ante estas empresas y ante las autoridades que los autorizó. Las comunidades en mayo 2016 celebrarán el aniversario siete de la consulta comunitaria.

PRÓXIMA ENTREGA: “La empresa llega a Pojom engañando y falseando”

Notas

[1]https://www.academia.edu/7263587/DIN%C3%81MICAS_DE_DESPOJO_Y_RESISTENCIA_EN_GUATEMALA_DIN%C3%81MICAS_DE_DESPOJO_Y_RESISTENCIA_EN_GUATEMALA_Comunidades_Estado_y_empresas

[2] Acerca del Reglamento para el proceso de Consultas del Convenio 169

[3] http://www.conflictosmineros.net/contenidos/15-guatemala/4790-4790

 

Huehuetenango: estudiantes, obreros, campesinos juntos en Paro Nacional

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Esta mañana miles de hombres y mujeres campesinas, obreros, estudiantes, salubristas, profesionales se concentran en más de 20 lugares en todo el país, en Huehuetenango en el entronque de varios caminos conocido como Piedras Negras se unieron para apoyar al Paro Nacional.

Los presentes son militantes emblemáticos de muchas causas que exigen justicia y dignidad, sobre todo la defensa de los derechos del pueblo guatemalteco, el agua, el territorio.

Nota y fotos: Tik Laz.

Intervención del Gobierno Plurinacional ante Foro Permanente de Naciones Unidas

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Palabras de Andrés Tomás León, Gobierno Plurinacional.*

“En estos momentos nuestro hermano Rigoberto Juárez, es quien debiera  estar dando este informe, sin embargo con honor lo representamos en este momento.”

En relación a los presos políticos y la criminalización, el Estado de Guatemala se ha aliado con las empresas para poder utilizar el sistema de justicia, perseguir y criminalizar a nuestros líderes, lideresas y autoridades indígenas que defienden su territorio, los derechos individuales y colectivos.

Hay dos maneras de cómo se realiza esta criminalización: a través de la forma de la disuasiva que pretende la desarticulación e inmovilización  de los pueblos indígenas, la tendencia punitiva que pretende  eliminar y acallar a los pueblos indígenas, solo en el caso q’anjob’al  en los últimos cuatro años se ha estigmatizado a trescientas setenta y un personas, sesenta y ocho mujeres y trecientos tres hombres de los cuales, seis han sido asesinados, cuarenta y uno han sido heridos, setenta y tres son ordenes de captura, treinta y uno han sido encarcelados, de ellos aún quedan siete en calidad de presos políticos.

Los principales actores de esta criminalización han sido los ex militares, paramilitares, sicarios, candidatos de partidos políticos, alcaldes municipales, diputados, gobernadores, periodistas, fiscales del Ministerio Público, jueces, jueces de Primera Instancia, policías estatales y privados, empresarios, inversionistas y medios de comunicación. Los empresarios han acusado a nuestros hermanos de diferentes delitos, entre ellos terrorismo, asociación ilícita, detención ilegal, plagio y secuestro, usurpación e instigación a delinquir, asesinato, etc.

Tenemos más de cien prisioneros políticos y más de mil perseguidos legales, en relación a la tierra y el territorio. Nuestra relación con la madre tierra como nuestro espacio, donde desarrollamos nuestra cosmovisión, es el fundamento del ser, es ahí donde desarrollamos nuestra identidad, donde desarrollamos nuestra historia y donde regresamos a nuestra forma de vida, sin embargo nuestras tierras están en desprotección jurídica.

También se ha propiciado un sistema de despojo y  la reconcentración de tierras en manos de capitales nacionales y transnacionales, al 2 de abril del 2014 existía un total de 65 licencias de explotación minera, 280 licencias de explotación, a ellas se suma 448 solicitudes de licencias de explotación y 138 de explotación en trámite.

Solo en el área q’anjob’al tenemos 27 licencias de actividad minera y 24 de hidroeléctricas, con esto podemos darnos cuenta que nuestro territorio ha sido y está en constante despojo y de tal manera eso tiene como efecto la falta de tierra, conflictos territoriales porque escasean  los alimentos y los recursos para que nuestro pueblo pueda vivir.

En el tema de las consultas  comunitarias, nosotros como mayas,  parte de nuestra práctica y  de nuestra forma de vivir, es el consultar sobre las decisiones más importantes de nuestro pueblo, sin embargo este derecho ha sido violentado por el mismo gobierno de Guatemala, puesto que desde el 2004 a 2015 se han contabilizado 80 consultas comunitarias que reflejan la opción de nuestro pueblo y en estas consultas no se ha aprobado ni se ha autorizado la explotación de los bienes naturales de los pueblos consultados.

Al mes de abril de 2014 existía un total de 65 licencias de explotación minera, 280 licencias de explotación, 448 solicitudes de licencia de exploración y 138 de explotación en trámite, lo que ha sucedido es que el Estado ha irrespetado la decisión de nuestros pueblos indígenas, no ha tomado en cuenta ni en consideración la decisión al otorgar licencias y concesiones o permisos a estas empresas y no ha solicitado la presentación de estudios de impacto ambiental.

La Corte de Constitucionalidad en algún momento ha ordenado la suspensión de una actividad extractiva, sin embargo las empresas han hecho caso omiso a esta decisión, entonces vemos que el tema de la consulta sigue siendo una controversia en su interpretación, por lo tanto es necesario que la consulta merezca una interpretación intercultural y multicultural.

*Gobierno Plurinacional de la nación Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Popti y mestiza del territorio norte de Huehuetenango.