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Doceavo día de debate oral y público en caso de #AutoridadesComunitarias

Fotografía de Nelton Rivera.

 

Por: Nelton Rivera.

Doce audiencias del Debate Oral y Público que enfrentan las autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango se van realizado en el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Yassmin Barrios en la sala de audiencias del nivel 15 de la Torre de Tribunales.

Al mismo tiempo en la Salón Mayor del Organismo Judicial –OJ-, Miguel Ángel Gálvez juez de Sentencia de Mayor Riesgo B está por resolver uno de los casos de las estructuras de corrupción involucradas en #CooptacionDelEstado, en esa dinámica los medios de comunicación centran la mayor parte de su atención, por la implicación de un expresidente, una ex vice presidenta, ex ministros y asesores.

Del otro lado del edificio en el nivel 15, la dinámica envuelve a medios alternativos, radios comunitarias, defensores de derechos humanos, observadores y comunicadores sociales por el caso de los presos políticos, en una sala sin mayor ventilación soportando el aumento de la temperatura, que por momentos logra que más de algún asistente se quede completamente dormido.

En este debate oral y público se conexaron tres procesos judiciales a través de las cuales el MP sindica a siete autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango por tres hechos que ocurrieron en distintas fechas a partir del 2013 al 2015, lo común en las tres causas penales es la acción del MP al acusar de varios delitos a las autoridades por el rol que jugaron en estos hechos: mediar, representar, dialogar e interlocutar entre comunidades e instituciones del Estado.

Lo más irónico es que la insistencia del MP por sindicar a Domingo Baltazar y Francisco Juan Pedro por hechos en los que ellos no participaron, ni en el día, lugar y modo contrario a la afirmación del MP.

Desde las primeas horas de esta mañana fueron escuchados dos de los peritos solicitados por la defensa de las autoridades ante el tribunal, la doctora Nieves Gómez Dupuis y el abogado Ramón Cadena, luego fue llamado a declarar el abogado Cirilo Roberto Mérida Reyes como testigo requerido por la defensa de Ermitaño López Reyes, con él se cerró la larga lista de testigos que fueron propuestos para este debate.

La audiencia comenzó a las 8:30 de la mañana, luego la juez Yassmin Barrios ordeno un receso a las 12:10 PM para el almuerzo y a las 13:10 PM continuo el debate oral.

Al regresar del receso, se comenzó con la fase de presentación de las conclusiones, en esta etapa intervienen los sujetos procesales: Ministerio Publico MP- y los abogados defensores, de esa cuenta se escucharon las conclusiones del MP, luego fu el turno de los abogados Edgar Pérez, Juan Castro y de Byron René Urbina Tanchez.

A las 4 de la tarde la juez Yassmin Barrios decidió aplazar la audiencia, continuará mañana por la mañana, podría el tribunal presentar su sentencia mañana mismo por la tarde, faltan varios abogados de la defensa de las autoridades por presentar sus conclusiones, de no hacerlo así podría el tribunal presentar su sentencia el día lunes 25 a primera hora.

El calor es intenso en el nivel 15 de la Torre de Tribunales, poco a poco van saliendo las personas que asistieron a acompañar esta audiencia, las familias de los presos políticos, amigos y periodistas comunitarios.

Hay dos equipos de transmisión de audio en vivo, FGER y CALDH, por momentos la señal tiene dificultades para traspasar los gruesos muros de ese edificio, cuando eso sucede desde los Estados Unidos la comunidad maya Q’anjob’al que están siguiendo día tras día la transmisión allá en el norte del continente y en el territorio norte de Huehuetenango comienzan a escribir mensajes para que intenten componer la señal.

La juez Yassmin Barrios permite nuevamente que en la sala los presos políticos tengan un momento para encontrarse con sus familias, especialmente con sus esposas, luego ya el Sistema Penitenciario deberá trasladarlos hacia el preventivo de la zona 18.

El MP pide varias condenas contra autoridades comunitarias

Los fiscales del MP solicitaron al tribunal condenas por 12 años de prisión inconmutables contra Mynor Manuel López por los hechos ocurridos en Barillas el 22 de abril del 2013 en donde están involucrados los trabajadores de Hidro Santa Cruz.

Por esa misma causa penal el MP solicitó 9 años de prisión en contra de Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro y Arturo Pablo; por detenciones ilegales (3 años), coacción (2 años) e instigación a delinquir (4 años).

Luego el MP solicitó 13 años de cárcel por los hechos ocurridos el 23 de enero del 2014 durante las audiencias realizadas en el Centro de Administración de Justicia CAJ de Santa Eulalia por la causa penal en contra de Arturo Pablo, Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro; adhiriendo en la acusación a Ermitaño López Reyes por los delitos de: detenciones ilegales (3 años), coacción (6 años) e instigación a delinquir (4 años).

Y finalmente solicitó 9 años de prisión en contra de Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar por los hechos ocurridos en el CAJ el día 19 de enero del 2015 durante las audiencias realizadas en ese centro por el caso de dos jóvenes detenidos en la aldea Pojom del municipio de San Mateo Ixtatán afectados por una hidroeléctrica en esa región. Los delitos son: detenciones ilegales (3 años), coacción (2 años) e instigación a delinquir (4 años).

¿Porque enfrentan este juicio?

En síntesis porque el Estado y las empresas los ven como el enemigo inmediato frente a los intereses de explotación en el norte de Huehuetenango… “Por ser los lideres por eso los estamos acusando” afirmo en uno de los representantes del a empresa frente a Monseñor Álvaro Ramazzini en el año 2013.

Hay dos causas penales en las que se sindica a cinco de ellos; Sotero Adalberto Villatoro, Mynor Manuel López, Ermitaño López Reyes, Francisco Juan Pedro y el profesor Arturo Pablo quienes son autoridades comunitarias y vecinos del municipio de Barillas.

La tercera causa penal sindica a Rigoberto Juárez Mateo y a Domingo Baltazar autoridades comunitarias y ancestrales del pueblo maya Q’najob’al del municipio de Santa Eulalia Huehuetenango.

El Ministerio Público (MP) a través de la fiscalía de delitos contra operadores de justicia adscrita a la fiscalía de Derechos Humanos del MP acusa a las siete autoridades comunitarias de haber cometido una serie de delitos colectivos, sin lograr individualizar que tipo de delito pudo haber cometido cada uno de los señores sindicados.

Los abogados defensores durante cada una de las audiencias durante los procesos previos al debate oral señalaron que las acusaciones hechas en las dos primeras causas penales respondían a la estrategia de las empresas hidroeléctricas con intereses en la región norte de ese departamento.

La criminalización y judicialización son resultado de las acusaciones que involucran de forma directa a la empresa española Hidralia Energía / Hidro Santa Cruz, dicha empresa no pudo ser querellante en el debate oral, 10 trabajadores de la empresa española renunciaron el 6 de julio a la querella también.

En esa estrategia la defensa de las autoridades señalaron insistentemente que los operadores de justicia, jueces en Barillas y Santa Eulalia, fiscales del MP, Bufete Popular y trabajadores del Centro de Administración de Justicia CAJ del municipio de Santa Eulalia, son parte de una estrategia amplia para acusar a las autoridades comunitarias.

En distintos momentos abogados como Edgar Pérez y Benito Morales Laínez afirmaron que en el contexto de persecución penal contra los pueblos en Guatemala, se está aplicando el derecho penal del enemigo para castigar a cada una de las autoridades comunitarias en prisión y perseguir a otras.

Peritajes en esta jornada

El primero de los peritos que se presentaron este jueves 21 de julio 2016 fue la doctora Nieves Gómez Dupuis, “Resultados del comportamiento bajo condiciones de estrés continuado”, este peritaje fue incorporado al caso desde el día 12 de febrero 2016. La perito explico cómo ha existido un continuum de agresiones, hostigamientos, acciones violentas y violatorias de todos los derechos de las personas en las comunidades maya Q’anjob’al y mestizas del territorio norte de Huehuetenango. Lo que ha provocado la división comunitaria, el rompimiento del tejido social como estrategia del despojo que están las empresas y el Estado imponiendo por intereses económicos.

El segundo peritaje fue elaborado por el jurista Ramón Cadena, ante el Tribunal de Mayor Riesgo explicó como  las estructuras criminales en Huehuetenango tienen presencia e incidencia del Sistema de Justicia, “desde la elección de magistrados se avisó que hay bufetes de abogados relacionados con las empresas, entre estas hidroeléctricas… esta información ya es de carácter público, en varios procesos de elecciones se ha denunciado de la existencia de estos bufetes vinculados a estructuras criminales que son quienes están definiendo la actuación de los operadores de justicia en esta región, se deben investigar a los abogados, jueces, fiscales, al Juez de Paz de Barillas en el año 2012 por toda su actuación beneficio directamente a las empresas hidroeléctricas.”

 Ramón Cadena afirmo como el Juez de Paz Anthony Pivaral de León en 2012 si responde al llamado de las empresas, coloca delitos a las autoridades comunitaria, pero cuando la gente requirió de su presencia se negó,  cuando en su papel de juez tuvo que haber llegado a la Poza Verde el día 22 de abril 2013 y a través de ejecutar un recurso de exhibición personal pudo haber resuelto desde ese mismo día los hechos que tres años después tienen detenidos de forma arbitraria a las presos políticos.-

Por eso debe de investigarse a los jueces que resuelven de forma clara en beneficio de las empresas, lo hacen por dinero, por razones ideológicas, les ofrecen asensos en el OJ, los amenazan, pero ese el papel del Ministerio Público, ese es el papel de la CICIG por ejemplo, todos estos hechos se han denunciado insistentemente y nada ha pasado.

 Por ejemplo desde los casos de la detención ilegal y arbitraria de Mauro Bay Gonon y otros dos líderes de CODECA el aparato de justicia de Huehuetenango y las fiscalías del MP de allá jugaron un papel determinante en la ilegalidad de la detención y del procesamiento en contra de los líderes de CODECA, se les criminalizó, se les condenó de forma ilegal para beneficiar a una empresa transnacional.

Desde el año pasado hemos buscado reunirnos con la Fiscal General Thelma Aldana y ella se ha negado a todas las reuniones que nosotros le pedimos para tratar los casos de criminalización y persecución penal contra las autoridades comunitarias en el norte de Huehuetenango, por eso es importante investigar si las ordenes no están llegando incluso desde la misma cabeza del MP.

Ramón Cadena explico una serie de patrones de la estrategia del Estado y las empresas que están aplicando en este momento contra las autoridades comunitarias, ancestrales y líderes populares:

  1. El otorgamiento de las licencias, sin la autorización de las municipalidades y las comunidades.
  2. No se respetan las consultas comunitarias o consultas municipales.
  3. La validación de los informes de impacto ambiental sesgados y con serias anomalías.
  4. La criminalización de autoridades comunitarias.
  5. La detención arbitraria.
  6. El abuso desproporcionado de la fuerza a través de los Estados de Sitio, la militarización y las detenciones extrajudiciales.

Estos son algunos de los patrones, hay muchos, están repitiendo los mismos patrones de la contrainsurgencia, de cómo aplicaron el Genocidio en contra del pueblo indígena durante la guerra y lo están repitiendo ahora nuevamente.

Ramón Cadena confirmó que en Guatemala hay un apartheid, como un fenómeno de represión selectiva, exclusión y segregación a los pueblos en la toma de decisiones sobre su territorio, estamos viviendo un Genocidio por goteo.

El jurista afirmo que este es el momento para que un tribunal de sentencia como el que hoy está conociendo este tipo de juicios arbitrarios en contra de autoridades comunitarias resuelva apegados al derecho, y ponga un alto a los abusos que se están cometiendo en contra de las comunidades que ejercen su derechos a la resistencia, para evitar que el Estado, las empresas y las estructuras criminales no continúen reprimiendo selectivamente y pasen a un nivel de represión masivo como el vivido durante el Genocidio cometido por los grupos económicos, oligarquía y ejercito del país durante la guerra.

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Presos políticos: inicia debate oral contra siete autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango

Este 6 de julio del 2016 y a pesar del retraso en el traslado a las autoridades comunitarias criminalizadas de Santa Eulalia y Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, por parte del sistema penitenciario, dio inicio la primera audiencia del Debate Oral y Público en el Tribunal de Sentencia “A” de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Yasmín Barrios cerca de las 10 horas, a pesar de haber estado citada para las 8:30 horas.

La audiencia se desarrolló con una gran afluencia de personas, entre familiares, vecinos de las comunidades a las que pertenecen las autoridades, también se hicieron presentes miembros de otros pueblos y comunidades solidarias, como La Puya y observadores de Derechos Humanos.

La Jueza Yasmín Barrios quién preside el Tribunal de Sentencia “A” anunció la solicitud de renuncia de la empresa hidroeléctrica Hidro Santa Cruz como querellantes adhesivos en el proceso penal en contra de  las siete autoridades comunitarias, así mismo el ex-alcalde de Santa Eulalia, Diego Marcos Pedro ha sido desligado en su calidad de querellante y ahora es testigo dentro del proceso.

El Ministerio Publico presento sus argumentos de acusación, en dónde acusa a las autoridades de los delitos de instigación a delinquir, coacción y detenciones ilegales, aunque en cada uno de los procesos intento en reiteradas ocasiones imputarles el delito de Plagio o Secuestro como un delito grave, buscando la pena de 25 años de prisión.

Los abogados defensores presentaron sus argumentos en favor de las autoridades comunitarias, alegando el uso del sistema de justicia en favor de las empresas hidroeléctricas, por medio del Ministerio Público, quien aplica a las autoridades la doctrina del Derecho Penal del Enemigo, los criminaliza y persigue judicialmente, para eso la prisión preventiva juega el papel de castigo, muchos de ellos tienen un año y cuatro meses, Maynor López cumplió tres años de estar detenido en Huehuetenango.

Uno a uno, los señores Arturo Pablo, Adalberto Villatoro, Francisco Juan, Mynor López, Ermitaño López y Rigoberto Juárez presentaron sus argumentos de defensa y atendieron a cada una de las preguntas de los fiscales y abogados defensores.

Las autoridades comunitarias fueron enfáticas en señalar su inocencia y todos concordaron en que esta persecución criminal en su contra es resultado de su trabajo comunitario en el cuidado del ambiente y su abierta oposición a los proyectos hidroeléctricos que de forma violenta se han instalado en sus territorios.

#LibertadPresosPoliticos #JusticiaYa

“Los ojos de los enterrados se cerrarán junto el día de la justicia, o no se cerrarán”

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Sergio Vi y Rigoberta Menchú, querellantes adhesivos.

Por: Quimy De León

Éstas fueron las palabras con las que cerró su intervención Sergio Vi en la audiencia de cierre y presentación de conclusiones del Juicio por la Toma y Quema de la Embajada de España y que las retoma de Miguel Ángel Asturias. Sergio Vi es querellante adhesivo e hijo de Gaspar Vi quien murió asesinado en la Embajada de España el 31 de enero de 1980. Sergio junto con Rigoberta Menchú Tum que también perdió a su padre Vicente Menchú son querellantes adhesivos en este caso.

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Sergio Vi, durante la audiencia del 13 de enero de 2014.

El día de hoy lunes 19 de enero se llevará a cabo a las 4 de la tarde la Audiencia en donde se dictará sentencia en contra de Pedro García Arredondo  jefe de la Sección de Investigaciones Especiales, Comando seis. Por la mañana el dió su declaración que por derecho le corresponde y dijo “sigo diciendo que soy inocente”.

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Pedro García Arredondo es esposado.

Sin embargo miles de personas aguardan en Guatemala ésta sentencia para que se haga justicia a ellas y sus familiares. Éste hecho constituye una agresión y afectó a toda la sociedad guatemalteca, sin embargo hoy se espera justicia por quienes murieron asesinados en la Embajada de España y durante el sepelio de los campesinos dos días después:

Víctimas que murieron en la Embajada de España

22 Campesinos:

  • Mateo Sis
  • Víctor Gómez Zacarías
  • Juan Chic Hernández
  • Mateo López Calvo
  • Juan José Yos
  • Maria Ramírez Anay
  • Regina Pol Cuy
  • Francisco Chen
  • Salomón Tavico
  • Vicente Menchú
  • María Pinula Lux
  • Juan Us Chic
  • Francisco Tun
  • Trinidad Gómez Hernández
  • José Ángel Xoná
  • Gabino Mario Chuté
  • Juan Tomás Lux
  • Mateo Sic Chen
  • Juan López Yax
  • Gaspar Vi Vi
  • Felipe Antonio García
  • María Ramírez Anay.

5 Estudiantes Universitarios:

  • Sonia Magaly Welches Valdéz
  • Luis Antonio Ramírez Paz
  • Leopoldo Pineda Pedroza
  • Edgar Rodolfo Negreros y
  • Blanca Lidia Domínguez Girón.

8 persona entre personal Diplomático y ciudadana española:

  • Felipe Sáenz Martínez
  • Jaime Ruiz del Árbol Soler
  • María Wilkem Molina vda. De Barillas
  • María Lucrecia Rivas Fernández de Anleu
  • Nora Adela Mena Aceituno
  • Miriam Judith Rodríguez Urrutia
  • María Teresa Vásquez Ochando
  • María Cristina Melgar Espinoza

Dos visitantes

  • Ex vicepresidente de Guatemala Eduardo Rafael Cáceres Lenhoff
  • Gustavo Adolfo Molina Orantes

2 Sobrevivientes:

  • Máximo Cajal y López quien logró escapar por sus propios medios y
  • Gregorio Yujá, campesino quien fue secuestrado y asesinado un día después mientras estaba hospitalizado

Estudiantes Universitarios que murieron el 2 de febrero de 1980, previo al sepelio de los campesinos:

  • Gustavo Adolfo Hernández
  • Jesús España

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Guatemala, caso 118/2012: acoso y derribo a la justicia

“Esta semana pasada se dio una resolución judicial en la Torre de Tribunales que no fue tan conocida ni publicitada como la que en el pasado mayo dictó la Corte de Constitucionalidad sobre el caso de genocidio que se seguía con Rios Montt. Pero la sentencia del Tribunal A de Mayor Impacto sobre la muerte de don Andrés Pedro Miguel supone una bofetada mucho mayor a la justicia y puede tener consecuencias aun impredecibles.”

Publicado en Periodismo Humano

Por Santiago Bastos -Prensa Comunitaria

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La “justicia” en Barillas

El caso de Santa Cruz Barillas ha sido una muestra del uso de la ley por parte de autoridades y empresas para criminalizar la defensa de las comunidades por sus territorios. Como ya dijimos en su momento, el Estado de sitio que se decretó el 1 de mayo de 2012 no se pensó para reponer la calma social amenazada tras el asesinato de Andrés Pedro Miguel; sino para otorgar un escenario para desmovilizar a la población organizada a través del terror y la detención de sus líderes.1 De hecho, ése fue el único producto efectivo de esos 18 días: nueve personas detenidas y muchas más huidas, escondidas como habían hecho 30 años antes, todas ellas líderes de la resistencia.

Estas detenciones convirtieron a Diego Juan Sebastian, Andrés León Andrés Juan, Joel Gaspar Mateo, Ventura Juan, Antonio Rogelio Velazquez López, Pedro Vicente Nuñez Bautista, Saúl Aurelio Méndez Muñoz, Amado Pedro Miguel y Marcos Pedro Miguel en presos políticos, que ha sido una de las formas con que los últimos gobiernos han respondido las movilizaciones y protestas contra las políticas de despojo que se vienen implementando.2

Los delitos que se imputaba a estos líderes fueron tan evidentemente construidos y tan improbables, que en los dos casos judiciales puestos en marcha, sendos jueces tuvieron que liberar a los detenidos y terminar diciendo al MP que las pruebas aportadas no permitan probar los delitos por los que se les detuvo.3 También el Procurador de Derechos Humanos tuvo que llamar la atención a cuatro de los jueces involucrados en los procesos,4 y el Grupo contra Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas se pronunció al respecto.5

Pero para entonces, estas personas ya habían pasado ocho meses injustamente encarcelados, con violación de todos sus derechos, sufriendo vejámenes y amenazas; mientras sus familias eran hostigadas en Barillas y debían de mantenerse y hacer gastos extras por la situación de los presos. Pese a todo esto, no se ha dicho nada de resarcirles por este tratamiento injusto. Y además, el suplicio no ha terminado para ellos, pues pese a los plazos impuestos, los casos no se han cerrado y estas personas aun viven con miedo de volver a ser detenidos y algunos no han podido recuperar sus trabajos.6

Una nueva farsa

Y tenían razón en tener miedo, porque la maquinaria de la represión por la vía legal continuó convirtiendo a los opositores en criminales. El día 27 de agosto, cuando estas personas llegaron a la capital para cerrar el caso por fin, dos de ellos fueron nuevamente detenidos. Dando una vuelta más a la tuerca de la impunidad y forzando una vez más la verdad, Saúl Aurelio Méndez Muñoz y Antonio Rogelio Velázquez López fueron acusados de participar en un linchamiento ocurrido en noviembre de 2011.7

No importó que casualmente sólo fueran acusados ellos dos, no importó que dijeran –y sus allegados certificaran- que ellos no estuvieron presentes en los hechos. No importó tampoco que en el momento de la audiencia en Santa Eulalia, el 4 de septiembre, la acusación se refiriera a un linchamiento distinto, ocurrido éste en agosto de 2010.8 De nuevo, todo esto dio igual, la verdad no contaba, y los dos fueron ligados a un proceso preparado ex profeso para ellos. ¿Por qué? Por haber formado parte de la oposición a Hidro Santa Cruz desde su puestos de liderazgo comunitario. Es la única línea que une toda esta historia.

Indignación, rabia y desconcierto” 9

El último episodio de esta cadena de burlas a la justica y la razón, ocurrió este miércoles 11 de septiembre, en el final del caso 118/2012 que el Tribunal A de Mayo Riesgo seguía contra Ricardo Arturo García López y Oscar Armando Ortiz Solares por la muerte de Andrés Pedro Miguel y heridas a Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé en Poza Verde el día 1 de mayo de 2012.

En este caso había esperanzas de que se hiciera justicia. A pesar del retraso en hacerlo, las dos personas que todo el mundo en Barillas señalaba como responsables del asesinato, fueron detenidos y presentados el 27 de junio de 2012 por el mismo Ministro de Interior en persona y el Fiscal General, quien recalcó que “investigará si de parte de la hidroeléctrica se pudo haber dado la orden o los guardias actuaron por su cuenta”, pues la hipótesis que se maneja por ahora es “la conflictividad entre la comunidad y la hidroeléctrica Santa Cruz”.10La empresa negó siempre cualquier vinculación con ellos, pero se encontraron pruebas jurídicas de que Ricardo Arturo García López era jefe de seguridad de Hidro Santa Cruz en Barillas.11

En la fase de juicio, que se desarrolló durante casi un mes en la Torre de Tribunales, los sobrevivientes y testigos desgranaron sus recuerdos de aquel momento atroz ante los jueces Patricia Bustamante, Pablo Xitimul y Eugenia Castellanos. La defensa mantenía la tesis de la defensa propia ante un ataque de los agredidos, pero se presentaron pruebas que parecían suficientes para mostrar la culpabilidad de los acusados. Incluso en Barillas, el Presidente Otto Pérez había dicho “el viernes se espera sentencia en el caso del juicio, hay pruebas contundentes y que se dé la sentencia, no queremos impunidad y no importa quien sea, yo estoy para respetar la ley”.12

Por eso, el veredicto no pudo ser más demoledor para los familiares de don Andrés, para Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé, y para quienes estaban allá. Sólo se condenaba a 5 años –conmutables-, a Ricardo García López por haber herido a Pablo Antonio Pablo. A pesar de las pruebas de balística, de la coincidencia entre las armas y la bala encontrada en el cuerpo, el Tribunal A de Mayor Riesgo determinó que no se podía demostrar fehacientemente la culpabilidad de ninguno de los dos acusados en la muerte de Andrés Pablo. Por ello, solicita al MP que continúe buscando al responsable.13 Extraño todo esto ¿no?

Más allá, dándole la vuelta a toda la noción de verdad jurídica, se montaba toda la sentencia sobre la supuesta existencia de un arma en manos de Pablo Antonio Pablo, de la que no hay ninguna prueba ni testimonio, pero que habría provocado la reacción en defensa propia de los acusados.

¿Qué más contar? A pesar de las continuas menciones a lo largo del proceso, y de las pruebas de las vinculaciones laborales, Hidro Santa Cruz no aparece en ningún momento en la sentencia; salvo para una conclusión que se sale totalmente de las atribuciones de un Tribunal: ordenó instituir una mesa de diálogo en Barillas “entre el Estado, los personeros de la hidroeléctrica Santa Cruz y tres lideres comunitarios (sic) del municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, a efectos de establecer la utilidad y necesidad de la hidroeléctrica en el lugar atendiendo la diversidad y necesidades culturales de la región fijándoles como plazo de tres meses“ (subrayado mío).14 

Derribo a la verdad

A unos días de tan tremenda burla a la justicia y el sentido común, las cosas se ven peor que antes. Por un lado, y a pesar de ser simple y burda, la estrategia de criminalización de la lucha de Barillas se consolida y se refuerza. Después de la nueva prisión de Saúl Méndez y Rogelio Velázquez, llega el triple salto mortal de la ley: si el Tribunal ha ordenado buscar a un culpable de la muere de Andrés Pablo, es probable que Pablo Antonio Pablo, víctima de un atentado por ser un luchador por la vida en Barillas, acabe siendo acusado del asesinato de su paisano, en base a una argumentación sin base, pero que ya quedó asentada en esta sentencia.

Además de Barillas y su lucha, todos los guatemaltecos salimos perdiendo con esa sentencia. La impunidad como arma para la implantación de actividades empresariales recibe un nuevo espaldarazo del sistema. A cambio, el respeto a la justicia y la noción de verdad –sea lo que sea que signifique- se nos escapando cada vez más de las manos. ¿Quién puede llegar a decir lo que pasó aquel día? ¿Se convertirá en verdad la suposición interesada que construyeron Patricia Bustamante, Pablo Xitimul y Eugenia Castellanos? ¿Qué efectos tiene crear una verdad pervirtiendo la autoridad otorgada por la sociedad a quien ejerce de juez?15

¿Quién juzga a los jueces? Esta es la pregunta que cada vez se oye más en las calles de Guatemala. Ante comportamientos como el de la Corte de Constitucionalidad en el caso de genocidio, el de Santa Eulalia con Saul y Rogelio, el del Tribunal A de Mayor Riesgo con este caso… ¿Qué se puede hacer? ¿Quién puede poner coto a ese poder absoluto sobre la vida de las gentes y la verdad de los hechos? ¿Cómo se puede acabar con la impunidad judicial?

Pero no queda ahí la cosa ¿Quién informa sobre los informadores? Si se intenta seguir lo narrado acá en la prensa escrita de mayor circulación, sólo se encontrarán retazos parciales de informaciones sesgadas. ¿Es casualidad que en la nota sobre la sentencia en Prensa Libre, Jerson Ramos afirme que “el disparo fue por la espalda”, algo que no se dijo en el tribunal?16 ¿O será que forma parte de esa verdad que ya se está construyendo respecto a estos hechos? ¿Cómo se puede informar a la sociedad de todo esto si los medios de información son parte y tienen intereses propios en lo que narran?

A quienes estamos siguiendo los hechos alrededor de la oposición comunitaria a las empresas extractivas, no nos queda ninguna duda de que todo esto forma parte de una estrategia de las empresas apoyada por el estados, que no sólo se da en Guatemala, y que ha sido estudiada y sistematizada con el nombre de “criminalización de la lucha social”.17 Pero somos nosotros los que vamos dejando que ocurra. Si no fuimos capaces de saltar ante el asesinato de dos niños por un sicario, si no somos capaces de defender la noción de Justicia –con mayúscula-, la verdad se nos está yendo de las manos y a cambio, las masacres están volviendo a ser parte de la vida nuestra de cada día.

 

____________________________________________

1 de León, Quimy y González, Cecilia, “¿Quién cometió delitos y crímenes en Santa Cruz Barillas?, y Bastos, Santiago “¿Criminales o ciudadanos?,en Barillas, los intereses detrás de un Estado de sitio. Boletín Diálogo no 43, 22 julio 2012. FLACSO Guatemala.

2 “Durante el primer semestre de 2013 se han acumulado 44 hechos de denuncia judicial en contra de defensoras/es, lo cual marca un incremento de este tipo de ataque en contra del sector que cada día es más criminalizado por su labor”, El acompañante, Boletín mensual UDEFEGUA, junio 2013. http://www.udefegua.org/images/Informes/informe_junio_udefegua.pdf

3Ver “Los presos políticos Pascual de Pascual Pedro y Esteban Bernabé Gaspar salieron libres gracias a la lucha de los pueblos”, Prensa Comunitaria, 15 de noviembre 2012 y “URGENTE desde Santa Eulalia, liberan a los Presos Políticos de Santa Cruz Barillas”, Prensa Comunitaria 9 de enero 2013.

4 REF. EXP. ORD. GUA. 7245-2012/DCP. Procuraduria de los Derechos Humanos PDH. 12 de febrero 2013 ; “En Santa Cruz Barillas hubo detenciones ilegales y violación de los derechos humanos”, Prensa Comunitaria, 23 febrero 2013.

5 Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas –GTDA-, a través de la Opinión No. 46/2012 (Guatemala). 15 de noviembre del año 2012.

6 Don Esteban Bernabé era maestro, director de la Escuela Oficial Rural Primaria de la aldea Nuevo Chancolin. Al ser detenido, el Ministerio de Educación congeló su plaza, y don Esteban no la ha podido recuperar.

7 “Capturados por participar en linchamiento”, Policía Nacional Civil, htttp://pncdeguatemala.blogspot.com /2013/08/capturados-por-participar…

8 “Barillas: alarmante criminalización de la lucha social”, Prensa Comunitaria, 5 de septiembre 2012.

https://comunitariapress.wordpress.com/2013/09/05/ barillas-alarmante-criminalizacion-de-la-lucha-social/

9 “Serán los pueblos los únicos que harán justicia y no las cortes del poder”, Prensa Comunitaria, 12 septiembre 2013.

10 “Capturan a responsables de muerte de campesino”, siglo 21, 27 de junio 2012.

11 En septiembre se presentó un Acta de Inspección de Lugar MP-211-2012-728 del Ministerio Público en que Ricardo Arturo García aparece como “Jefe de Seguridad de la Empresa HIDRO SANTA CRUZ”.

12“Mesa de Diálogo” pero sin participación de comunidades en resistencia de Barillas, Prensa Comunitaria, 3 septiembre 2013.

13 “Barillas: grave revés de la “justicia” por el asesinato de Andrés Pedro Miguel”, Prensa Comunitaria, 3 septiembre 2013, 11 septiembre 2013; Guardia es enviado cinco años a prisión, Prensa Libre, 12 septiembre 2013; “Absuelven a guardias del delito de asesinato” El periódico, 12 septiembre 2013;

14 “Barillas: grave revés de la “justicia” por el asesinato de Andrés Pedro Miguel”, Prensa Comunitaria, 3 septiembre 2013, 11 septiembre 2013.

15 Ver “COMUNICADO URGENTE EN RELACIÓN A LA SENTENCIA POR EL ASESINATO DE ANDRÉS PEDRO MIGUEL”, Asamblea Departamental por la  Defensa del  Territorio.-ADH,Hueehuetenenago, 12 septiembre 2012.

16 Guardia es enviado cinco años a prisión, Prensa Libre, 12 septiembre 2013

17 Korol, Claudia y Longo, Roxana. Criminalización de la pobreza y de la protesta social. Buenos Aires, 2009. Editorial El Colectivo.; Pablo Romo, La Criminalización de la Protesta Social en México. Observatorio de la Conflictividad Social, Servicios y Asesoría para la Paz, AC. México, 2008.