Doceavo día de debate oral y público en caso de #AutoridadesComunitarias

Fotografía de Nelton Rivera.

 

Por: Nelton Rivera.

Doce audiencias del Debate Oral y Público que enfrentan las autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango se van realizado en el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Yassmin Barrios en la sala de audiencias del nivel 15 de la Torre de Tribunales.

Al mismo tiempo en la Salón Mayor del Organismo Judicial –OJ-, Miguel Ángel Gálvez juez de Sentencia de Mayor Riesgo B está por resolver uno de los casos de las estructuras de corrupción involucradas en #CooptacionDelEstado, en esa dinámica los medios de comunicación centran la mayor parte de su atención, por la implicación de un expresidente, una ex vice presidenta, ex ministros y asesores.

Del otro lado del edificio en el nivel 15, la dinámica envuelve a medios alternativos, radios comunitarias, defensores de derechos humanos, observadores y comunicadores sociales por el caso de los presos políticos, en una sala sin mayor ventilación soportando el aumento de la temperatura, que por momentos logra que más de algún asistente se quede completamente dormido.

En este debate oral y público se conexaron tres procesos judiciales a través de las cuales el MP sindica a siete autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango por tres hechos que ocurrieron en distintas fechas a partir del 2013 al 2015, lo común en las tres causas penales es la acción del MP al acusar de varios delitos a las autoridades por el rol que jugaron en estos hechos: mediar, representar, dialogar e interlocutar entre comunidades e instituciones del Estado.

Lo más irónico es que la insistencia del MP por sindicar a Domingo Baltazar y Francisco Juan Pedro por hechos en los que ellos no participaron, ni en el día, lugar y modo contrario a la afirmación del MP.

Desde las primeas horas de esta mañana fueron escuchados dos de los peritos solicitados por la defensa de las autoridades ante el tribunal, la doctora Nieves Gómez Dupuis y el abogado Ramón Cadena, luego fue llamado a declarar el abogado Cirilo Roberto Mérida Reyes como testigo requerido por la defensa de Ermitaño López Reyes, con él se cerró la larga lista de testigos que fueron propuestos para este debate.

La audiencia comenzó a las 8:30 de la mañana, luego la juez Yassmin Barrios ordeno un receso a las 12:10 PM para el almuerzo y a las 13:10 PM continuo el debate oral.

Al regresar del receso, se comenzó con la fase de presentación de las conclusiones, en esta etapa intervienen los sujetos procesales: Ministerio Publico MP- y los abogados defensores, de esa cuenta se escucharon las conclusiones del MP, luego fu el turno de los abogados Edgar Pérez, Juan Castro y de Byron René Urbina Tanchez.

A las 4 de la tarde la juez Yassmin Barrios decidió aplazar la audiencia, continuará mañana por la mañana, podría el tribunal presentar su sentencia mañana mismo por la tarde, faltan varios abogados de la defensa de las autoridades por presentar sus conclusiones, de no hacerlo así podría el tribunal presentar su sentencia el día lunes 25 a primera hora.

El calor es intenso en el nivel 15 de la Torre de Tribunales, poco a poco van saliendo las personas que asistieron a acompañar esta audiencia, las familias de los presos políticos, amigos y periodistas comunitarios.

Hay dos equipos de transmisión de audio en vivo, FGER y CALDH, por momentos la señal tiene dificultades para traspasar los gruesos muros de ese edificio, cuando eso sucede desde los Estados Unidos la comunidad maya Q’anjob’al que están siguiendo día tras día la transmisión allá en el norte del continente y en el territorio norte de Huehuetenango comienzan a escribir mensajes para que intenten componer la señal.

La juez Yassmin Barrios permite nuevamente que en la sala los presos políticos tengan un momento para encontrarse con sus familias, especialmente con sus esposas, luego ya el Sistema Penitenciario deberá trasladarlos hacia el preventivo de la zona 18.

El MP pide varias condenas contra autoridades comunitarias

Los fiscales del MP solicitaron al tribunal condenas por 12 años de prisión inconmutables contra Mynor Manuel López por los hechos ocurridos en Barillas el 22 de abril del 2013 en donde están involucrados los trabajadores de Hidro Santa Cruz.

Por esa misma causa penal el MP solicitó 9 años de prisión en contra de Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro y Arturo Pablo; por detenciones ilegales (3 años), coacción (2 años) e instigación a delinquir (4 años).

Luego el MP solicitó 13 años de cárcel por los hechos ocurridos el 23 de enero del 2014 durante las audiencias realizadas en el Centro de Administración de Justicia CAJ de Santa Eulalia por la causa penal en contra de Arturo Pablo, Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro; adhiriendo en la acusación a Ermitaño López Reyes por los delitos de: detenciones ilegales (3 años), coacción (6 años) e instigación a delinquir (4 años).

Y finalmente solicitó 9 años de prisión en contra de Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar por los hechos ocurridos en el CAJ el día 19 de enero del 2015 durante las audiencias realizadas en ese centro por el caso de dos jóvenes detenidos en la aldea Pojom del municipio de San Mateo Ixtatán afectados por una hidroeléctrica en esa región. Los delitos son: detenciones ilegales (3 años), coacción (2 años) e instigación a delinquir (4 años).

¿Porque enfrentan este juicio?

En síntesis porque el Estado y las empresas los ven como el enemigo inmediato frente a los intereses de explotación en el norte de Huehuetenango… “Por ser los lideres por eso los estamos acusando” afirmo en uno de los representantes del a empresa frente a Monseñor Álvaro Ramazzini en el año 2013.

Hay dos causas penales en las que se sindica a cinco de ellos; Sotero Adalberto Villatoro, Mynor Manuel López, Ermitaño López Reyes, Francisco Juan Pedro y el profesor Arturo Pablo quienes son autoridades comunitarias y vecinos del municipio de Barillas.

La tercera causa penal sindica a Rigoberto Juárez Mateo y a Domingo Baltazar autoridades comunitarias y ancestrales del pueblo maya Q’najob’al del municipio de Santa Eulalia Huehuetenango.

El Ministerio Público (MP) a través de la fiscalía de delitos contra operadores de justicia adscrita a la fiscalía de Derechos Humanos del MP acusa a las siete autoridades comunitarias de haber cometido una serie de delitos colectivos, sin lograr individualizar que tipo de delito pudo haber cometido cada uno de los señores sindicados.

Los abogados defensores durante cada una de las audiencias durante los procesos previos al debate oral señalaron que las acusaciones hechas en las dos primeras causas penales respondían a la estrategia de las empresas hidroeléctricas con intereses en la región norte de ese departamento.

La criminalización y judicialización son resultado de las acusaciones que involucran de forma directa a la empresa española Hidralia Energía / Hidro Santa Cruz, dicha empresa no pudo ser querellante en el debate oral, 10 trabajadores de la empresa española renunciaron el 6 de julio a la querella también.

En esa estrategia la defensa de las autoridades señalaron insistentemente que los operadores de justicia, jueces en Barillas y Santa Eulalia, fiscales del MP, Bufete Popular y trabajadores del Centro de Administración de Justicia CAJ del municipio de Santa Eulalia, son parte de una estrategia amplia para acusar a las autoridades comunitarias.

En distintos momentos abogados como Edgar Pérez y Benito Morales Laínez afirmaron que en el contexto de persecución penal contra los pueblos en Guatemala, se está aplicando el derecho penal del enemigo para castigar a cada una de las autoridades comunitarias en prisión y perseguir a otras.

Peritajes en esta jornada

El primero de los peritos que se presentaron este jueves 21 de julio 2016 fue la doctora Nieves Gómez Dupuis, “Resultados del comportamiento bajo condiciones de estrés continuado”, este peritaje fue incorporado al caso desde el día 12 de febrero 2016. La perito explico cómo ha existido un continuum de agresiones, hostigamientos, acciones violentas y violatorias de todos los derechos de las personas en las comunidades maya Q’anjob’al y mestizas del territorio norte de Huehuetenango. Lo que ha provocado la división comunitaria, el rompimiento del tejido social como estrategia del despojo que están las empresas y el Estado imponiendo por intereses económicos.

El segundo peritaje fue elaborado por el jurista Ramón Cadena, ante el Tribunal de Mayor Riesgo explicó como  las estructuras criminales en Huehuetenango tienen presencia e incidencia del Sistema de Justicia, “desde la elección de magistrados se avisó que hay bufetes de abogados relacionados con las empresas, entre estas hidroeléctricas… esta información ya es de carácter público, en varios procesos de elecciones se ha denunciado de la existencia de estos bufetes vinculados a estructuras criminales que son quienes están definiendo la actuación de los operadores de justicia en esta región, se deben investigar a los abogados, jueces, fiscales, al Juez de Paz de Barillas en el año 2012 por toda su actuación beneficio directamente a las empresas hidroeléctricas.”

 Ramón Cadena afirmo como el Juez de Paz Anthony Pivaral de León en 2012 si responde al llamado de las empresas, coloca delitos a las autoridades comunitaria, pero cuando la gente requirió de su presencia se negó,  cuando en su papel de juez tuvo que haber llegado a la Poza Verde el día 22 de abril 2013 y a través de ejecutar un recurso de exhibición personal pudo haber resuelto desde ese mismo día los hechos que tres años después tienen detenidos de forma arbitraria a las presos políticos.-

Por eso debe de investigarse a los jueces que resuelven de forma clara en beneficio de las empresas, lo hacen por dinero, por razones ideológicas, les ofrecen asensos en el OJ, los amenazan, pero ese el papel del Ministerio Público, ese es el papel de la CICIG por ejemplo, todos estos hechos se han denunciado insistentemente y nada ha pasado.

 Por ejemplo desde los casos de la detención ilegal y arbitraria de Mauro Bay Gonon y otros dos líderes de CODECA el aparato de justicia de Huehuetenango y las fiscalías del MP de allá jugaron un papel determinante en la ilegalidad de la detención y del procesamiento en contra de los líderes de CODECA, se les criminalizó, se les condenó de forma ilegal para beneficiar a una empresa transnacional.

Desde el año pasado hemos buscado reunirnos con la Fiscal General Thelma Aldana y ella se ha negado a todas las reuniones que nosotros le pedimos para tratar los casos de criminalización y persecución penal contra las autoridades comunitarias en el norte de Huehuetenango, por eso es importante investigar si las ordenes no están llegando incluso desde la misma cabeza del MP.

Ramón Cadena explico una serie de patrones de la estrategia del Estado y las empresas que están aplicando en este momento contra las autoridades comunitarias, ancestrales y líderes populares:

1. El otorgamiento de las licencias, sin la autorización de las municipalidades y las comunidades.
2. No se respetan las consultas comunitarias o consultas municipales.
3. La validación de los informes de impacto ambiental sesgados y con serias anomalías.
4. La criminalización de autoridades comunitarias.
5. La detención arbitraria.
6. El abuso desproporcionado de la fuerza a través de los Estados de Sitio, la militarización y las detenciones extrajudiciales.

Estos son algunos de los patrones, hay muchos, están repitiendo los mismos patrones de la contrainsurgencia, de cómo aplicaron el Genocidio en contra del pueblo indígena durante la guerra y lo están repitiendo ahora nuevamente.

Ramón Cadena confirmó que en Guatemala hay un apartheid, como un fenómeno de represión selectiva, exclusión y segregación a los pueblos en la toma de decisiones sobre su territorio, estamos viviendo un Genocidio por goteo.

El jurista afirmo que este es el momento para que un tribunal de sentencia como el que hoy está conociendo este tipo de juicios arbitrarios en contra de autoridades comunitarias resuelva apegados al derecho, y ponga un alto a los abusos que se están cometiendo en contra de las comunidades que ejercen su derechos a la resistencia, para evitar que el Estado, las empresas y las estructuras criminales no continúen reprimiendo selectivamente y pasen a un nivel de represión masivo como el vivido durante el Genocidio cometido por los grupos económicos, oligarquía y ejercito del país durante la guerra.

Comisión interparlamentaria conocerá situación de presos políticos y violaciones de empresas extractivas

 

Por Cesia Juárez.

En cumplimiento a los acuerdos y compromisos suscritos por el Organismo Legislativo con la Marcha por el Agua, la Madre Tierra y el Territorio en Guatemala, y representantes de la Asamblea Social y Popular ASP, el Congreso de la República creó una Comisión Interparlamentaria para darle seguimiento a las demandas presentadas, en esta comisión se encuentra el diputado Leocadio Juracán de la Bancada de Convergencia CPO CRD.

El pasado 28 de mayo se apersonó la Comisión Interparlamentaria al Municipio de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, para verificar y documentar la situación denunciada por los comunitarios, en relación a los daños que las hidroeléctricas Oxec I y Oxec II están provocando en los ríos Cahabón y Oxec, del Pueblo Q’eqchí. Ésta Comisión se reunió en la iglesia de la comunidad de Champerico con líderes comunitarios, representantes y Cocodes de más de 40 comunidades del área gravemente afectados por los proyectos hidroeléctricos nombrados anteriormente. La Comisión escuchó las demandas, denuncias y preocupaciones de los pobladores de las Comunidades en mención y también de personas que viajaron desde Fray Bartolomé, Sayaxché, Chisec y Raxruhá, quienes denuncian que están siendo afectados por los monocultivos de palma africana los cuales están provocando el desvío y contaminación de sus ríos y fuentes de agua.

Una vez finalizada la reunión, los diputados que integran la Comisión Interparlamentaria, representantes de organizaciones de la Asamblea Social y Popular ASP, comunicadores sociales y un asesor del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) junto a un grupo de comunitarios se desplazaron hacia el área donde se están construyendo los proyectos hidroeléctricos Oxec I y Oxec II. La verificación transcurrió con total normalidad hasta que en el lugar conocido como El Puentón, trabajadores y personal de la seguridad privada de la hidroeléctrica, fuertemente armados salieron al paso, impidiendo la libre locomoción de la Comisión y demás personas que los acompañaban.

El diputado Juracán fue víctima de amenazas de muerte y agresiones  por parte de los trabajadores de la hidroeléctrica quienes con sus machetes desenfundados crearon tensión en el lugar. La seguridad y la integridad física de los integrantes de la Comisión estuvieron en grave peligro. Cabe destacar que a pesar de las amenazas y agresiones, el diputado Leocadio Juracán fue el mediador y consiguió que una hora después de su detención, los trabajadores y personal de la seguridad privada de la hidroeléctrica los dejaran en libertad.

“No es la primera vez que los trabajadores de la empresa hidroeléctrica nos amenazan de muerte” expresó un comunitario que acompañaba a la Comisión Interparlamentaria.

“Esperamos que el Ministerio Público actúe” agregó.

Así mismo los dirigentes de la Marcha por el Agua, demandan que el Organismo Legislativo se pronuncie en relación al tema de Presos Políticos en Guatemala, que monitoreen su situación dentro de las cárceles donde se encuentran y que verifiquen que se está respetando el debido proceso en los diferentes casos de criminalización contra defensores de Derechos Humanos.

De esa cuenta, el día Viernes 17 de junio, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y la Comisión Interparlamentaria, junto a representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Oficina Nacional de Prevención de la Tortura se reunieron con representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, para recibir información sobre los casos

El diputado Juracán hizo entrega de un listado de 7 personas detenidas de Huehuetenango, de los cuales tiene información gracias al apoyo de diferentes organizaciones de Derechos Humanos en el país que le trasladaron los datos, con éste listado suman 19  Presos Políticos en Guatemala, todos activistas de derechos humanos que han sido criminalizados por su lucha en defensa de su territorio, de los bienes naturales, del agua y la vida.

“Me preocupa enormemente que desde hace más de 1 año los hermanos de Huehuetenango fueron detenidos y me parece que hay una actitud de falta del debido proceso y perverso al estar siempre suspendiendo las audiencias”, expresó el diputado Juracán.

Hace un mes aproximadamente el Consejo de Pueblos de Occidente CPO remitió sus demandas a través de «El Memorial de los Pueblos» en donde piden la pronta libertad de los activistas detenidos, que se realice el debido proceso y que se respeten los Derechos Humanos.

“Vamos a invitar a las fiscalías del Ministerio Público que conocen estos casos para que nos den un informe de la situación actual de cada Preso Político, así mismo se creará una Comisión especial desde la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República para hacer el monitoreo correspondiente en los centros de detención donde se encuentren, para conocer su situación dentro del centro carcelario y su situaciónjurídica”, agregó Juracán.

En esta reunión participó Marcelo Sabuc, representante del Comité Campesino Del Altiplano –CCDA– e informó que en la región de Alta Verapaz hay alrededor de 82 órdenes de captura, que si no se resuelven a tiempo se materializará la detención, sumando más presos políticos en el país.

Leocadio Juracán aprovechó para invitar a todos los presentes, para que juntos acompañen a los presos políticos de Huehuetenango que iniciarán debate oral y público el día 6 de julio de 2016, en el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de la Ciudad de Guatemala, como muestra de solidaridad a la lucha de los Pueblos.

Don Domingo Baltazar y el reconocimiento de su liderazgo

Con información de: Lorenzo Francisco Mateo y Juana Méndez.

Campaña Internacional: «Libertad a los Presos Políticos»

Domingo Baltazar  nació el 4 de diciembre de 1960 en el municipio de Santa Eulalia (Jolom Konob’) y ahora tiene 55 años de edad. Es maya Q’anjob’al, hijo de Magdalena Nicolás y Baltazar Bartolo.

Domingo es padre de familia, de su primer matrimonio en 1979 con Juana Mateo, nacieron siete hijos: Baltazar Mateo, Mateo Baltazar, Magdalena Baltazar, María Bartolo, Domingo Baltazar, Victoriano Baltazar y Ricardo Baltazar. Su esposa falleció en 2006 volvió a formar otro hogar con su esposa actual, Juana López Francisco. Con ella ha tenido dos hijos: Rodrigo Baltazar de 5 años de edad y su hija de un año, a quien no han podido inscribir en el RENAP por estar el en prisión.

En agosto de 1980, con tan sólo 20 años de edad, tuvo que salir a los Estados Unidos para trabajar, en un contexto de agudización de la violencia de Estado en contra de las comunidades indígenas en Huehuetenango y el país. En los Estados Unidos trabajó durante 14 años, y regresó el 10 de noviembre de 1994 a un país en que aún no se firmaba la paz.

Desde su regreso a su tierra natal de Santa Eulalia, Domingo se ha caracterizado por su carisma y liderazgo, y así se aprecia en la gran cantidad de reconocimientos que ha recibido  desde entonces.

Dos años después de su regreso, en 1996 formó parte de la asociación “Skawil Kondo”, y en diciembre de 1998 fue reconocido su trabajo por el buen funcionamiento de la asociación obteniendo muchos logros en su trabajo.

Domingo fue uno de los principales promotores de la comunicación del pueblo maya Q’anjob’al del territorio norte de Huehuetenango. En 1999 junto con Rigoberto Juárez Mateo, Daniel Pedro Mateo y otros  fue fundador de la radio Comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ medio de comunicación de q’anjob’ales de Santa Eulalia, los demás municipios q’anjob’ales y todos los migrantes en México y los Estados Unido.

En el año 2001, Domingo fue uno de los principales motores para la construcción del Centro Medico Comunitario, y la comunidad le hizo un reconocimiento el 25 de febrero de 2001 por su aporte en la construcción de este centro.

Domingo fue presidente del Comité de Desarrollo Integral Municipal con su trabajo siguió acumulando el reconocimiento y respeto del pueblo. Una de las gestiones logradas fue la instalación de los teléfonos en 2002.

Tres años después, recibió un reconocimiento por su aporte desde la coordinación para la materialización del proyecto de “Estufas mejoradas” en la aldea Yich Tenam en julio y octubre del 2005donado por el Fondo de Inversión Social.

Toda esa energía de liderazgo también tuvo su afluente en el deporte, en julio del 2008 fue reconocida su participación en el Campeonato Municipal de Basketbol de los años 2004 y 2005.

Domingo participó en el proceso electoral, y entre 2004 y 2008 formó  parte del Consejo Municipal de Santa Eulalia como Concejal I. La comunidad del Cantón Belem reconoció su labor por su gestión para la construcción del Salón Municipal de usos múltiples. También en noviembre de ese mismo año, la comunidad reconoció su apoyo para la construcción de un tramo carretero de la comunidad Villa Nueva a la Aldea Ixtenam.  En febrero del año 2005 de nuevo recibió un reconocimiento por su trabajo por el remozamiento de la carretera de la calle dentro del  Cantón Cristo Rey, una construcción que se pavimentó y balastró.

Uno de los principales reconocimientos por su trabajo como Concejal I de la Municipalidad fue el recibido por su gestión por el financiamiento para la ampliación de la cobertura eléctrica en el cantón Belén en noviembre del 2005: “Reconocemos su ardua labor en beneficio y en el desarrollo  de nuestras comunidades, este proyecto será histórico y quedó como un recuerdo imborrable para cada una de las personas de la comunidad.”

En el año 2006 Domingo aportó en la construcción de la Escuela Pública de la comunidad Aldea Yot’X’ en beneficio de toda la niñez Q’anjob’al. Fue el principal apoyo moral y ético en este proceso.

Continuado con su labor en la Fue uno de los cofundadores de la Clínica Médica “Skawil Kondo”, fungiendo como Presidente de la misma en 2006.

En marzo de 2015,  en el momento de ser detenido por la Policía Nacional Civil en la ciudad de Guatemala, Domingo Baltazar era Presidente del COCODE del Cantón Buena Vista en Santa Eulalia.

Como hemos podido ver, es una persona comprometida con su comunidad, a la que ha servido desde varios cargos. Es uno de los principales defensores del agua y el territorio del pueblo maya Q’anjob’al.

Recientemente, cumplió un año de estar detenido de forma arbitraria en la ciudad capital, es uno de los presos políticos del Estado actualmente.

#LibertadPresosPoliticos

 

 

Huehuetenango: los universitarios exigen libertad de los presos políticos durante la huelga de dolores

Por: Pascual Raymundo.

En la ciudad de Huehuetenango, el día 19 de abril 2016 en el Centro Universitario de Noroccidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, CUNOROC-USAC, el estudiantado de la carrera de pedagogía realizaron su desfile bufo en el marco de la Huelga de todos los Dolores 2016, recorriendo las principales calles de la ciudad, iniciando en el lugar conocido como la pasarela de la Federal y culminando en el Parque Central con la elección del rey feo vitalicio.

Para esta elección  participaron cuatro candidatos: Manuelito el Interino I, Escorpión Pedagogo, Alma Negra y Bien adicto 15+1=16. Los invitados especiales fueron el rey feo Chamuco primero y Telescopio Primero como invitado especial.

El jurado fue integrado por la licenciada Maira Gómez, la señorita  de pedagogía Yoscelin Palacios y el rey feo de  CUNOROC, Chamuco I. Este año como rey feo  fue electo Bien Adicto 16. El tema que más se criticó contra el Estado de Guatemala y las empresas nacionales-transnacionales es la persecución penal de las autoridades comunitarias en todo el país y la prisión política de hombres y mujeres por defender los bienes naturales del pueblo, uno de los ejemplos más contundentes son los presos políticos de Santa Eulalia y Barillas en este departamento.

#LibertadPresosPoliticos

La actividad se realiza anualmente gracias a la coordinación del  Honorable comité de Huelga de todos los dolores de pedagogía, para este 2016 el estudiantado se sumo a la campaña nacional por la libertad de las autoridades ancestrales y comunitarias detenidas de forma arbitraria en el Centro Preventivo de la zona 18 en la capital y en el Centro de detención para hombres de Huehuetenango.

En toda América Latina, los gobiernos criminalizan a los movimientos sociales para silenciar a las resistencias

Parque San Miguel en Totonicapán, 5 de octubre 2012.

Por Jeff Abbott. / Texto publicado en el sitio http://wagingnonviolence.org/

Por debajo de la Torre de Tribunales en la ciudad de Guatemala, en el sótano del estacionamiento, están las celdas o carceletas en donde deben de esperar los detenidos el momento de la audiencia. En la puerta de una de las celdas se encuentra Rigoberto Juárez, de 62 años de edad, maya q’anjab’al, autoridad indígena y guía espiritual de Santa Eulalia en el departamento de Huehuetenango. A su lado se encuentra Baltazar Domingo, otro líder de la misma comunidad.

En las mismas carceletas hay muchos presos, a diferencia de estos los dos fueron acusados ​​de cometer crímenes horribles por el liderazgo de la lucha de su comunidad contra las empresas transnacionales que buscan la construcción varias hidroeléctricas en sus comunidades.

«Durante 10 meses hemos estado encarcelados sin ninguna prueba», dijo Juárez, después de una audiencia en enero de 2016. «Creo que el Ministerio Público está tratando de alargar este proceso, ya que, en los últimos 10 meses, han sido incapaces de aportar una sola prueba en contra de nosotros. Es absolutamente injusto”.

Tanto Juárez como Baltazar se enfrentan a una larga lista de cargos, incluyendo: plagio o secuestro, asalto agravado, instigación a cometer un delito, la obstrucción de la acción penal, en contra posición el Ministerio Publico no investiga el intento de asesinato de dos jóvenes la madrugada del 20 de enero de 2015, según los testigos los disparos se realizaron desde un vehículo tipo picop agrícola asociado con el ex alcalde de Santa Eulalia, a pesar que la gente hizo las denuncias.

La historia de la penalización refleja las prolongaciones que tiene el gobierno de Guatemala para a garantizar que estos líderes permanezcan en prisión. Tanto Juárez y Baltazar fueron detenidos en la ciudad de Guatemala el 24 de marzo 2015, caminaban por la calle en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Dos días después, un juez los liberó, tanto Juárez y Baltazar ordeno que permanecieran bajo arresto domiciliario a la espera de una investigación realizada por el Ministerio Público de Guatemala. Pero al salir de la corte, fueron detenidos por nuevos cargos.

Desde 2007, Juarez, Baltazar y sus comunidades del norte de Huehuetenango han mantenido su resistencia a la construcción de hidroeléctricas por las empresas transnacionales en la región. Ese año, 46.481 residentes participaron en una consulta sobre la expansión de los proyectos hidroeléctricos. El resultado final de la votación, 46.472 habían declarado su oposición a la construcción de cualquier proyecto minero o hidráulico.

El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala ha mostrado poca intención de respetar las inquietudes de las comunidades de las poblaciones indígenas en gran medida de Huehuetenango. En 2009, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó la licencia para la construcción de un proyecto hidroeléctrico en Santa Cruz Barillas a la empresa española Ecoener Hidralia Energía, que también incluye las inversiones de los miembros de la oligarquía nacional de Guatemala.

El proyecto de Santa Cruz Barillas es uno de varios proyectos en la región, incluyendo el de Hydro Ixquisis, que es propiedad de la empresa Promoción y Desarrollos Hídricos S.A. en San Mateo Ixtatán, y la Hidro San Luis en Santa Eulalia, que es propiedad de CINCO M S.A.

«Hay intereses políticos y económicos detrás de los recursos naturales en nuestros territorios», dijo Juárez. «A medida que más y más autoridades líderes [indígenas] se mueven para defender sus derechos, su vida y su territorio, los intereses políticos y económicos estarán allí para encarcelar a ellos, como nos tienen.»

Y hay intereses involucrados en estos proyectos que se extienden mucho más allá de Guatemala.

Esta expansión de la producción de energía se constata cuando el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Washington han reiterado tanto sus llamados a un aumento de la producción de energía en Guatemala y la creación de un «mercado regional de la energía» como parte del Plan Mesoamérica, que aboga por la integración regional de infraestructuras. El plan apunta a interconectar los sistemas de energía de América Central a través del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central.

Las comunidades indígenas y mestizas han expresado su oposición a estos proyectos, porque las comunidades serían desplazadas de sus tierras, y que muchos lugares sagrados se perderían.

«En el contexto de la defensa de nuestro territorio, estamos hablando de la protección del agua, la protección de las colinas, la defensa de las montañas, y que significa, por supuesto, la defensa del aire que todos respiramos; y todos necesitamos de oxígeno», dijo Juárez. «El Q’anjob’al y las antiguas naciones mayas están defendiendo precisamente este derecho a la vida, el oxígeno y el agua que todos necesitamos. Estamos haciendo uso de este derecho para defender el derecho del agua.»

Juárez y Baltazar no son los únicos para enfrentar la penalización por su resistencia a la construcción de centrales hidroeléctricas en su comunidad. Actualmente hay otros cuatro líderes de la comunidad de otro municipio vecino (Santa Cruz Barillas) – Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Juan Francisco, y ermitaño Bernardo López Reyes – todos se enfrentan a cargos de plagio o secuestro, asalto agravado, instigación a delinquir, y obstrucción a la persecución.

La clasificación como una organización criminal

A medida que las comunidades se han resistido, el gobierno y los intereses empresariales de Guatemala han utilizado cada vez más el lenguaje del conflicto armado interno para etiquetar los defensores de derechos humanos como «guerrilleros» y «terroristas», y se han asociado estos términos con la defensa de los derechos humanos con la «lucha armada». Con estas etiquetas se han presentado cargos legales contra activistas de las comunidades.

Inicialmente, el MP utilizó cargos de «terrorismo» contra los líderes de la comunidad. Uno de estos casos es el de los cinco líderes de la comunidad de San Rafael las Flores que han estado activos en la lucha contra la Mina de Plata Tahoe Resources. En 2011, los líderes de la comunidad de edad avanzada fueron falsamente acusados ​​de secuestro, terrorismo y asociación ilícita para el secuestro de 22 inversores canadienses que estaban visitando la mina. Más tarde fueron absueltos de los cargos.

Hubo un cambio en el año 2014 cuando el Ministerio Público retiró los cargos de terrorismo contra los líderes de los movimientos, pero dejó los cargos de secuestro, asociación ilícita y la draconiana «intención de cometer un crimen.»

«[Desde 2014], se ha producido un aumento de la agresión por parte del sistema judicial para perseguir a los líderes de la comunidad por diversos delitos, entre ellos el secuestro de los funcionarios públicos», dijo Benito Juárez, un abogado que ha representado a muchos de los presos políticos de Guatemala que se han enfrentado la penalización para la defensa del medio ambiente. «Las personas que defienden sus territorios están exigiendo que la función del sistema judicial, pero se están dando cuenta de que el sistema judicial está siendo puesto en los servicios de las empresas transnacionales con el fin de procesar a los líderes, para acusar a las comunidades [de la resistencia] de crímenes y estigmatizar a las comunidades».

Como se hizo este cambio de táctica, se preparó un informe extrajudicial en el mes de mayo de 2014 hecho por la empresa española Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz para mapear el movimiento social en el norte de Huehuetenango que se resiste a la construcción de la presa y clasificarla como una organización criminal. El documento, que se titula «La estructura criminal del norte de Huehuetenango,» luego se convirtió en la columna vertebral de la persecución de los líderes del movimiento en contra de la expansión de la energía hidroeléctrica en la región.

Según el documento, la persona que se encuentra en la parte superior de la pirámide de la supuesta organización criminal afirma que es Rigoberto Juárez.

«El Ministerio Público da utilización de este documento como medio para ordenar las detenciones y acusan a los líderes del movimiento», dijo Morales. «La compañía está bombardeando el Ministerio Público con información sobre las actividades de los líderes.»

Criminalización generalizada contra los movimientos en Guatemala

Pero la situación en Guatemala para los activistas – especialmente para las comunidades que se interponen en la resistencia a la expansión de las industrias extractivas, tales como el aceite de palma, la minería y la producción de energía – se ha convertido cada vez más grave.

Según Unidas para la Defensa de los Defensores de los Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), defensores de los derechos humanos en Guatemala se ha producido un deterioro de la situación. Según datos de la organización, para el año 2010, el número de casos de criminalización contra los movimientos sociales había empezado a declinar a partir de 182 en 2007 a sólo 26 en 2009. Pero en 2013, el número de casos de criminalización aumentó constantemente a casi 300.

«[Los cargos criminales] todos vienen con la intención de dañar el tejido social y la organización social,» escribió la Convergencia por los Derechos Humanos, una alianza entre organizaciones de derechos humanos con sede en Guatemala, de los cuales UDEFEGUA es miembro. La amenaza de los cargos y el enjuiciamiento crea temor en las comunidades que están ejerciendo sus derechos.

Otros líderes y movimientos se han enfrentado a la penalización y los cargos por su lucha contra la expansión de las industrias extractivas en el país.

Otro objetivo de la penalización es el Comité de Unidad Campesina (CUC) y su líder Daniel Pascual. Ambos han sido acusados ​​por el ala de la derecha de Guatemala por ser una «organización terrorista» a causa de su apoyo a las comunidades kaqchikeles indígenas de San Juan Sacatepéquez y su resistencia a la construcción de una fábrica de cemento, que es propiedad de una de las familias más poderosas de Guatemala, en su territorio.

En 2011, la Fundación contra el Terrorismo presentó cargos contra Pascual y la organización campesina, incluidos los cargos de terrorismo. El caso ha llegado tan lejos como la corte constitucional del país. En 2015, Pascual llevó el caso, junto con otros tales casos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, DC.

«Este no es un cargo por un delito, se trata de un cargo por lo que pienso y lo que digo en público», dijo Pascual. «Hay un costo político si no se tumba este cargo. Se establece un precedente peligroso en contra de defensores de los derechos humanos de lo que pensamos y lo que decimos en los medios de comunicación. Es muy peligroso.»

La criminalización de activistas en toda América Latina

Brasil

La criminalización de activistas en Guatemala es algo que es un reflejo de una tendencia que se está produciendo en todo el hemisferio occidental. Cada vez más, la criminalización de activistas ha comenzado a seguir la narrativa de la guerra global contra el terrorismo de Washington. En toda la región, tanto de los gobiernos progresistas y de derecha en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Paraguay, Ecuador, Colombia y Argentina, entre otros, han aprobado leyes antiterroristas draconianas sobre la base de la influencia de Washington, lo que ha supuesto un retorno a los climas de conflictos y enemigos de la guerra sucia de los años 1970 y 1980.

El Congreso brasileño está debatiendo actualmente una propuesta de modificación de las leyes contra el terrorismo por parte de la presidente Dilma Rousseff. Estos cambios tienen lugar antes de los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro, pero los partidos de izquierda de Brasil han criticado las leyes antiterroristas del Partido Obrero, que dicen que son «demasiado restrictiva».

«El texto [de la ley] dará lugar a la criminalización de las protestas sociales,» así lo afirmó uno de los líderes brasileños del Partido Comunista, Jandira Feghali dijó al medio de noticias Sputnik.

El Estado brasileño ha aprobado una serie de leyes, ya que ganó por primera vez el derecho a organizar la Copa del Mundo. En 2014, el Ministerio de Defensa de Brasil publicó un manual titulado «Cómo garantizar la ley y el orden», que expone cómo responderían las fuerzas armadas si se le pide durante la Copa del Mundo o Juegos Olímpicos. El documento afirma que su objetivo durante los juegos es «preservar el orden público y la seguridad de las personas y los bienes» a través del uso de la fuerza militar.

Una de las principales preocupaciones planteadas en este documento es la definición del gobierno de Brasil de «enemigo». Regresando a los años de la dictadura militar en Brasil, la definición establecida por el Ministerio de Defensa, se puede aplicar a los «movimientos u organizaciones», o » organizaciones criminales, las bandas de traficantes de drogas» que se involucran en acciones como «bloquear pasillos públicos» o » incitar a disturbios urbanos».

Estas leyes y planes militares han dado lugar a una atmósfera de represión y violaciones de los derechos humanos por las fuerzas del Estado contra los manifestantes. Un estudio realizado por la organización brasileña libertad de organización Artículo 19 determina que entre enero de 2014 y julio de 2015, las fuerzas policiales y estatales fueron responsables de más de 849 detenciones arbitrarias y violaciones de los derechos humanos durante 740 protestas.

Chile

El uso de leyes contra el terrorismo en América Latina se remonta al experimento neoliberal de Chile. Hoy en día, las leyes contra el terrorismo no han estado en el centro del debate en la administración de Michelle Bachelet, que ha mirado para reformar la ley.

La ley se remonta a la dictadura militar de Augusto Pinochet, que tomó el poder tras un golpe apoyado por los EE.UU. contra el gobierno socialista democráticamente elegido de Salvador Allende. La ley fue aprobada originalmente por la dictadura en 1984 en un momento en que se enfrentó a las protestas y las pequeñas insurrecciones armadas.

Pero desde 1984, los tribunales chilenos han utilizado estas leyes contra el terrorismo para criminalizar y demonizar a las comunidades indígenas mapuches que han estado luchando para defender sus derechos como pueblos indígenas, así como su territorio.

En 2014, Celestino Córdova, una comunidad mapuche de 27 años de edad y líder espiritual, fue acusado como un «incendio terrorista» y condenado a 18 años de prisión por su presunta participación en matar una pareja de ancianos en un incendio en su casa. Pero los abogados de Córdova han argumentado que no hay evidencia sustancial para sostener que fue el líder espiritual responsables del incendio.

 

Desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington, DC, ha denunciado el uso de las leyes antiterroristas contra comunidades mapuches y líderes como Córdoba. En 2011, el tribunal revocó siete casos contra dirigentes mapuches acusados ​​de terrorismo.

En su decisión, el tribunal declaró, «la ley penal es contrario al principio de legalidad, con una serie de irregularidades que afectan el debido proceso, y teniendo en cuenta su origen étnico [los cargos son] injustificada y discriminatoria cuando se aplica.»

Agregaron, «Las víctimas fueron juzgados y condenados sobre la base de una legislación que tiene una serie de ambigüedades que permitieron la caracterización de la supuesta conducta como delitos terroristas.»

A pesar de estas irregularidades, la ley sigue vigente hoy en día, y refleja la historia oscura de la dictadura apoyada por EE.UU. Cientos de activistas mapuches todavía se enfrenta a cargos por terrorismo.

Desafiando la criminalización de los movimientos sociales

De vuelta en Guatemala, las comunidades del territorio norte de Huehuetenango y algunos activistas hacen trabajo para apoyar a los presos políticos como Rigoberto Juárez, al igual que el gobierno ha aumentado su campaña contra los movimientos en las comunidades.

«Hemos tratado de mantener casos como el de Rigoberto, tanto en los medios de comunicación nacional e internacional a través de la organización de festivales y presionar a los políticos», dijo Andrea Ixchíu, activista y periodista independiente en Guatemala. «De esta manera somos capaces de aumentar lo que la defensa está haciendo. Como hemos visto en los últimos 10 meses, el Ministerio Público no tiene realmente un caso en contra de Rigoberto, por lo que estamos tratando de mantener la presión sobre el Estado».

Acciones recientes colocan en la opinión internacional el tema de los presos políticos, la visita de la premio Nobel de la Paz 1992 Rigoberta Menchú, a través de grupos de presión constante y a través de los medios alternativos y comunitarios se hace presión para exigir la libertad de todos los presos políticos. Los activistas también han hecho constantemente contactos en los medios de comunicación nacionales, para mantener las historias de los presos políticos y estas puedan llegar a más gente a través de las noticias, este ha sido un trabajo que Andrea Ixchiu periodista independiente ha logrado colocar. Esto ha llevado a los medios de comunicación nacionales guatemaltecos a informar sobre la visita de delegados de la Unión Europea al centro preventivo durante una visita a Juárez, y una visita reciente de Menchu ​​junto a la premio Nobel de la Paz 1997 Jody Williams en febrero de 2016.

En distintos momentos se ha logrado la articulación de varios movimientos y colectivos junto a las comunidades para apoyar a los presos políticos, esto ha llevado a varias victorias legales contundentes y a la liberación de muchos presos políticos desde el año 2012. Por ejemplo el 14 de enero, Guatemala inició con un nuevo presidente, Jimmy Morales, en ese mismo momento dos presos políticos de Santa Cruz Barillas, Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, fueron liberados de la prisión después de casi tres años de prisión por cargos falsos de feminicidio. Los dos habían sido absueltos de los cargos en octubre de 2015, después de un corte en la segunda mayor ciudad de Quetzaltenango de Guatemala los absolvió de los cargos.

Acciones como las impulsadas desde los colectivos artísticos, como los festivales solidarios, acciones directas de la solidaridad internacional, o las visitas que se impulsaron para que dos mujeres importantes como las dos premios Nobel 1992 y 1997 se reunieran con los cinco presos políticos de Huehuetenango detenidos en la ciudad capital, son avances para este movimiento por la liberación de los presos políticos de Guatemala.