Postura de las autoridades ancestrales ante los organismos vivos modificados

Por: Rony Morales

A través de una audiencia de vista pública, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) conocieron a las diez de la mañana un recurso de inconstitucionalidad solicitado por autoridades ancestrales, miembros de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria (RedSag) y miembros de la Asociación de los Abogados Mayas

La fiscalía de asuntos constitucionales del Ministerio Público (MP), el diputado Amílcar Pop y el señor Tomás Saloj, en representación de las autoridades ancestrales de los cuatro puntos cardinales coincidieron hoy en la vista pública de la Corte de Constitucionalidad en solicitar que se declare con lugar la inconstitucionalidad y que se expulse el protocolo de Nagoya del ordenamiento jurídico de Guatemala. Dicho protocolo trata sobre la participación de los beneficios del uso de la biodiversidad.

La solicitud se realizó por vicio de procedimiento, al no llegar a las dos terceras partes del número de diputados que establece la ley para que se aprobara “de urgencia nacional”. Adicionalmente las autoridades ancestrales consideraron que el protocolo promueve el despojo, la privatización y el uso lucrativo de los conocimientos ancestrales.

A la Corte de Constitucionalidad, quieren expresarle claramente que no es una revisión por malos mecanismos de aprobación, sino una expulsión de manera definitiva del orden jurídico al decreto en referencia y por ende el protocolo como tal.

En varias reuniones y asambleas, autoridades indígenas de la zona norte, oriente y occidente del país no estuvieron de acuerdo con los Organismos Vivos Modificados (OVM)

Varias autoridades indígenas mostraron su preocupación por que las semillas se privaticen exigieron respetar las formas de organización indígena y a sus autoridades ancestrales para la defensa de la biodiversidad, recursos genéticos (semillas nativas) y los conocimientos ancestrales que deriven de su utilización.

Además hicieron un llamado a los organismos nacionales e internacionales a pronunciarse ante esta situación y exigir que el Organismo Ejecutivo asuma su responsabilidad de investigar y castigar a los responsables de poner en practica estos tratados sin consultarles a los pueblos indígenas.  Que el Gobierno indemnice a las familias afectadas por este desastre ecológico que vulnera el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria de las familias indígenas y campesinas de la región, de la agroecología y la agricultura ancestral ante los desastres ecológicos provocados por los agrotóxicos y los insumos agrícolas.