Comunicado: desalojo extrajudicial en la comunidad Santa Inés Santa Cruz A.V.

 

Ante la opinión pública nacional e internacional

En el año 2000, un grupo de familias mayas poqomchi’ que  durante el tiempo del conflicto armado interno debieron abandonar estas tierras,  retornan luego de los Acuerdos de Paz  y decidieron recuperar su tierra por la necesidad de alimentación y vivienda.

La comunidad de Santa Inés ha sufrido 4  desalojos,  dos judiciales en los que estuvieron presentes funcionarios del Ministerio Público, un juez de paz, personal de la Procuraduría de Derechos Humanos, aproximadamente 160 elementos de la Policía Nacional Civil y un pelotón de miembros del ejército nacional. Estos desalojos se realizaron uno en el año 2002, otro en el 2004 y un tercer desalojo extrajudicial en el año 2006 en donde participaron personas armadas contratadas por la supuesta propietaria, María de Jesús Sosa Lemus, que apareció en el año 2001.

El pasado 2 de julio de 2016, a eso de la una de la mañana, se realizó un desalojo extrajudicial en la comunidad de Santa Inés,  en Santa Cruz, Alta Verapaz.

Santa Inés  está conformada por  20 familias poqomchi´, las cuales   fueron  despertadas y luego sacadas de sus viviendas  por un grupo 50  personas, liderados por el señor Luis Giovanni  Cho y Rigoberto Sanson Jor Caal,  destruyéndoles  6  viviendas y  dejándolas  sin techo  y sin un lugar a donde ir en el  momento. Mujeres,  niños y ancianos sufrieron crisis nerviosase hipotermias perdiendo así todas sus pertenencias y sus viviendas.

 

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Semuq Champey y el desalojo de su tierra ancestral

Por: Rony Morales

Hemos recibido llamadas desesperadas de auxilio de la gente que vive en las cuatro comunidades q´eqchi´es: Chisubín, Semil, Subín y Santa María del municipio de Lanquín, Alta Verapaz. Llevan mucho tiempo viviendo bajo el asedio de empresarios, policías, militares, trabajadores del Comité Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y paramililtares. Desde el 4 de julio de 2016, 200 patrullas alrededor y de 800 elementos  se encuentran en el lugar generando  violencia y tratando de llevar a cabo un desalojo en contra de estas comunidades ancestrales.

El origen del conflicto es la mala administración que la municipalidad y el Conap hacían en esta área protegida, y la mala negociación por parte de autoridades gubernamentales. Este no es para nada el país ni la sociedad en la que queremos vivir. En este espacio territorial en donde habitamos, un grupito intenta consolidar más su poder mediante vías violentas para enriquecerse, así sin más.

Los comunitarios han denunciado el incumplimiento de parte de la municipalidad local y el Conap, y la entrega del 30 por ciento de los ingresos generados por el turismo en el centro a manos indebidas. Estos ingresos les corresponden por mandato legal, según decreto 25-2005, Ley de declaración de área protegida en el año 2005, además el lugar está localizado en el territorio que les pertenece ancestralmente.

Foto: La masa

Los pobladores de los caseríos antes mencionados fueron objeto  de desalojo por parte de un contingente de la Policía Nacional Civil (PNC) que siguen en el centro turístico y pide refuerzos para seguir generando violencia. Los pobladores de origen maya q’eqchi’, desde 2015 han exigido el cumplimiento de disposiciones legales sobre el ingreso generado en el centro turístico y balneario Semuc Champey.

Entre las recomendaciones del Informe sobre situación de los Derechos Humanos en Guatemala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA de 2015, la relacionada con el desalojo de comunidades y pueblos indígenas señala que debe ser una circunstancia excepcional, porque los desalojos constituyen graves violaciones a los derechos humanos internacionalmente reconocidos, tales como el de la vivienda, salud, alimentación entre otros. También se recomienda privilegiar el diálogo antes que el uso de la fuerza y la violencia del Estado.

Hasta el último momento de esta publicación, los comunitarios esperan la presencia e intervención de la Procuraduría de Derechos Humanos en el lugar.Las autoridades indígenas y habitantes de las comunidades se oponen que el Conap siga administrando Semuc Champey por distintas anomalías,tales como la corrupción y el descuido del lugar sagrado. Además, se oponen por la prohibición de la entrada a las personas que ahí viven, y por el incumplimiento de compromisos que se habían hecho con esta entidad. Por lo que decidieron volver a gestionarlo en la comunidad.

Hoy, 6 de julio de 2016, la gente resiste, cantando, orando y unida. Con toda la dignidad del mundo no se ha permitido que les arrebaten con lujo de fuerza el poco espacio de vida que les queda y que les corresponde históricamente.Y digo históricamente porque a lo largo de la historia les ha sido arrebatada toda posibilidad de vivir de verdad. La maldición de la democracia nos genera un mal sabor de boca permanente, pues el grupo de gente que está en el gobierno y que ha sido electa “popularmente”debería responder a quienes los eligen.Sin embargo, responde a quienes les pagan, a quienes los financian.

Lamentablemente el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y otras entidades del Estado han tergiversado la postura comunitaria y estigmatizado a las autoridades y comunitarios. Incluso han pedido a los turistas que no visiten el lugar, llamándolo área roja.Las autoridades y los mismos visitantes desmienten que haya peligro para ellos.Incluso, su postura es que la de que el lugar es más seguro y limpio siendo administrado por las comunidades, pues generan su propio trabajo beneficiándose hombres, mujeres y ancianos. El desalojo es un hecho que violenta y criminaliza a las autoridades y defensores de la naturaleza y el patrimonio comunitario, defensores legítimos del territorio de los pueblos indígenas, en este caso q’eqchi’es.

Quiché: realizan nuevas amenazas en contra de Aura Lolita Chávez defensora del territorio

Por: Nelton Rivera.

Nuevas amenazas contra la integridad de Aura Lolita Chávez, fueron realizadas públicamente en el parque central del Quiché en una concentración en apoyo al INAB.

Aura Lolita Chávez es una mujer maya Kiché que forma parte del Consejo de Pueblos Kichés CPK, es una mujer fuerte que ha sabido representar los intereses del pueblo maya Kiché y la organización de las comunidades.

Una de las luchas que el CPK que ha realizado durante muchos años es la defensa de los bienes naturales del departamento, la instalación de empresas extractivas ha generado una fuerte problemática social en los últimos años. Recientemente las comunidades se organizaron para denunciar la tala inmoderada e ilegal de los árboles en el departamento, algunos camiones de empresarios madereros que se dedican a la extracción ilícita fueron detenidos por la organización comunitaria.

Esta lucha despertó el descontento de empresarios y representantes de los programas del INAB, quienes dirigen una campaña de difamación y odio contra la líder comunitaria.

La tala inmoderada e ilegal de los arboles

Las autoridades gubernamentales nada han hecho frente a las múltiples denuncias hechas por las autoridades comunitarias, instancias como el Instituto Nacional de Bosques INAB lejos de jugar el rol que le corresponde en promover el manejo y cuidado de los bosques se ha visto envuelto en denuncias de corrupción al facilitar la tala ilegal de los bosques.

El día 4 de julio del 2016 fueron trasladadas personas de distintos lugares del departamento para manifestarse en el parque central de Quiché, en un acto abiertamente en apoyo al INAB, varios oradores con un mensaje violento amenazaron en reiteradas ocasiones a Lolita Chávez.

En distintos momentos se escucharon consignas en defensa del INAB en el departamento, durante la duración del mitin los mensajes subieron de tono a un nivel amenazador promoviendo un mensaje de odio contra la líder comunitaria.

Las amenazas contra Lolita Chávez

“Denme una I, denme una N, denme una A, denme una B… que dice INAB, mas fuerte INAB” se repetía por un grupo de personas que llegaron hasta el parque central.

“Que se vaya o que se quede… que se vaya! Y quien se va a ir del departamento? Lolita Chávez! Repetían una y otra vez promovidos por una persona que dirigió buena parte de los mensajes contra la Lolita Chávez.

En otros momentos los señores Jorge Quezada representante de regentes forestales, Vitalino Muchuch, representante de Silvicultores y Benedicto Pérez Azañon, representante de la RED PINPEP fueron algunas de las personas que haciendo uso de un sonido, lanzaron serios mensajes en contra de la líder comunitaria, insultos, amenazas, difamación y expresiones misóginas fueron la constante de estas personas.

Los tres señores que arengaron mensajes de odio hacia Lolita Chávez y varias amenazas, fueron los mismos que introdujeron una nota en la casa de ella, citándola a una reunión de dialogo junto al gobernador departamental del Quiché, Clemente de León a las 11 de la mañana en el salón de reuniones en el segundo nivel del banco BANRURAL.

Distinto al carácter de la nota, los tres personajes Jorge Quezada, Vitalino Muchuch y Benedicto Pérez Azañon se encontraban en el parque central lanzando amenazas públicamente contra la representante del CPK.

Imágenes de las agresiones en contra de la lider maya Kiché:

Estas son imágenes de algunas de las personas que hicieron uso del sonido durante la movilización organizada en contra de Lolita Chávez.

Que está pasando con la tala ilegal de bosques

Recientemente la última semana del mes de junio, varios camiones que transportaban madera talada ilegalmente en el departamento fueron detenidos por las comunidades, tal es el caso de un camión propiedad de Oscar Montealegre, quien acusó públicamente que la organización comunitaria recibe financiamiento de organismos internacionales para realizar las manifestaciones.[1]

El día 23 de junio varios periodistas que cubrieron el caso de uno de los camiones que transportaba madera y que fue detenido por la población se trasladaron hacia el municipio de Chichicastenango  buscando entrevistar a los representantes de los programas del INAB y a representantes del mismo instituto, ese mismo día realizaban una actividad en ese municipio, y los periodistas buscaban entrevistarlos sobre los camiones que transportan madera de manera ilegal. Al llegar a la altura del Km 153, en la Aldea Lemoa, rumbo a Chichicastenango desde una camioneta agrícola realizaron un disparo al pasar a un costado del vehículo que transportaba a los periodistas, así lo narro Héctor Cordero de Guatevision.[2]

[1] Entrevista realizada por el Canal 4 Quiche a empresario maderero. 23 de junio 2016.

[2] Entrevista realizada por el Canal 4 Quiche a periodistas que sufrieron de agresión. 23 de junio 2016.

Huehuetenango: dará inicio debate oral y público contra líderes y autoridades comunales

Por: Nelton Rivera.

Los diputados Leocadio Juracan y Sandra Morán de Convergencia participaron esta mañana en una conferencia de prensa para denunciar la violación del debido proceso contra siete líderes y autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango.

Una comisión interparlamentaria recorrió distintos centros de detención para hombres en donde se encuentran recluidos de forma arbitraria e injusta los señores: Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro, Arturo Pablo, Ermitaño López Reyes, Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar, Mynor López.

Todos considerados presos políticos, encarcelados por el Estado a raíz de los intereses de empresas transnacionales y nacionales dedicadas a la actividad extractiva con proyectos en municipios como San Mateo Ixtatán, Barillas, San Juan Ixcoy, Santa Eulalia en Huehuetenango.

Esta conferencia se realizó en el marco de la apertura a debate oral y público que dará inicio el próximo miércoles 6 de julio en el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo grupo A en la Torre de Tribunales de la ciudad capital.

Los abogados de la defensa de los siete líderes comunitarios esperan que finalmente finalice la judicialización y la prisión política de las autoridades comunitarias y que en Guatemala cese desde el aparato de justicia la aplicación  del castigo con la prisión como un mecanismo para detener la organización en las comunidades en su derecho de defensa y protección de los bienes naturales, así lo manifestó Benito Morales Laynes, abogado defensor.