Archivos diarios: 7 julio, 2016

Desalojos violentos: una dinámica de despojo para los pueblos

Por: Rony Morales

Sabemos que la violencia solo genera caos y que se pierda el estado de derecho. Pedimos a la población en general a no caer en el juego y manipulación de  un grupito de personas que intenta consolidar más su poder, mediante vías violentas para enriquecerse por medio del despojo de tierras ancestrales en las comunidades q´eqchi´s y poqomchi´s en Alta Verapaz  esto es corrupción y  manipulación de intereses del sistema.

En Cobán representantes territoriales, locales y comunitarios  de las organizaciones sociales se reunieron  y dieron una conferencia de prensa en la cual expresaron la preocupación ante el desalojo violento que sufrieron las comunidades Chisubín, Semil, Subín y Santa María del municipio de Lanquín, Alta Verapaz. Dichas comunidades llevan un  tiempo viviendo bajo el asedio de empresarios, policías, militares, trabajadores del Comité Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y paramililtares desde este 4 de julio.

También sufrió  desalojo la comunidad Santa Inés de Santa Cruz, Alta Verapaz, que está conformada por  20 familias poqomchi´, las cuales   fueron  despertadas en la madrugada del pasado 2 de julio de 2016 y luego fueron  sacadas de sus viviendas  por un grupo de 50  personas, liderados por el señor Luis Giovanni  Cho y Rigoberto Sanson Jor Caal,  destruyéndoles  6  viviendas y  dejándolas  sin techo  y sin un lugar a donde ir en el  momento

Existen amenazas a las comunidades del valle del Polochic, desalojos que van a favor de los monocultivos de derecha empresariales que usurpan el Estado y ostentan el poder en Guatemala. Los desalojos son una política peligrosa para la vida humana de las comunidades rurales, y en la actualidad es  una práctica constante. Desalojan a miles de familias campesinas e indígenas que solo buscan ejercer su derecho a disponer de un espacio  de tierra para cultivar y ganarse honradamente su sustento diario.

En Alta Verapaz  las empresas extractivas de monocultivos, hidroeléctricas y minería se han adueñado de la mayoría del territorio y los ríos, sin consultarle a la población indígena y campesina. Estas dinámicas como desalojos violentos son instrumento de los terratenientes y personas que tienen sus intereses particulares.

Lo sucedido en Semuq Champey no es nada nuevo, estas fuerzas represivas de  militares, la Policía Nacional Civil y la policía privada(paramilitares) nos recuerdan los desalojos violentos  en el valle de Polochic en 2011, los desalojos sufridos en las comunidades que viven en la cuenca del río Dolores Monte Olivo, Comunidad nueve de Febrero, la comunidad de Samococh y comunidades de Raxhuhá en 2014;  todas en el departamento de Alta Verapaz, donde sufrieron campesinos e indígenas de las comunidades q´eqchi, cuando se encontraban trabajando en el cultivo del sagrado maíz,  para alimentar a su familia, dejando como resultado varios heridos, 3 campesinos muertos, varios compañeros detenidos   dejando y  más de un centenar de familias en la calle.

La vida en la tierra tal y como la conocemos, depende de que se reconozca a los pueblos indígenas y las comunidades locales como custodios de nuestro planeta. Asegurar estos derechos es el eje central para construir un mundo justo y equitativo desde la salud a la educación, la participación a la paz, el crecimiento a la diversidad cultural.

Festival Solidario en el preventivo de la zona 18

Fotografías y texto: Carlos Ernesto Cano.

El pasado 14 de junio 2016 en el Centro Preventivo para varones de la zona 18 en la ciudad de Guatemala, lugar en donde se encuentran recluidos y criminalizados por parte del estado guatemalteco varias autoridades comunitarias y ancestrales del norte de Huehuetenango (Ermitaño López, Arturo Pablo, Francisco Juan, Adalberto Villatoro, Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez), todos presos políticos.

Esa mañana el colectivo Festivales Solidarios realizaron un “Festival Solidario en la cárcel”. Dicho evento se caracterizó por las diversas y antagónicas emociones que prevalecen dentro de este lugar, provocadas por el encierro obligado que adolecen los presos políticos, emociones que van desde la desesperación, frustración, alegría y esperanza pero sobre todo la solidaridad que se manifiesta en el centro preventivo por parte de los otros detenidos con los presos políticos y viceversa.

En palabras de Rigoberto de Juárez, “acá, casi todos los que están encerrados, son presos políticos”, palabras que pueden contextualizarse dentro del entendimiento del encierro de las personas que cometen un delito al no tener resueltas sus necesidades más básicas (cobijo, alimento, recreación, acceso al empleo, acceso al agua, acceso a la tierra, etc.), necesidades que son negadas por el mismo estado, las empresas internacionales y por la élite guatemalteca; es por ende que las palabras de Rigoberto Juárez son ad hoc para la mayoría de los privados de libertad que purgan una pena o están en proceso de cumplirla.

En dicho festival hubo manifestaciones artísticas de teatro, poesía y música, por parte de artistas del colectivo, artistas que desde hace más de tres años se solidarizan con las justas y auténticas demandas de los pueblos originarios y mestizos del país y así evidenciar la prisión política que es una de sus líneas de acción.

Pese al fuerte olor a yodo, el sofocante calor húmedo provocado por el hacinamiento y la sensación de una tensa calma que caracteriza a los centros de detención preventiva y de condena en el país, se demostró con este Festival que la ternura, la solidaridad, el amor y el compromiso por una sociedad más justa, igualitaria y mutualista, es posible.

Vea el foto reportaje aquí:

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Presos políticos: inicia debate oral contra siete autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango

Este 6 de julio del 2016 y a pesar del retraso en el traslado a las autoridades comunitarias criminalizadas de Santa Eulalia y Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, por parte del sistema penitenciario, dio inicio la primera audiencia del Debate Oral y Público en el Tribunal de Sentencia “A” de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Yasmín Barrios cerca de las 10 horas, a pesar de haber estado citada para las 8:30 horas.

La audiencia se desarrolló con una gran afluencia de personas, entre familiares, vecinos de las comunidades a las que pertenecen las autoridades, también se hicieron presentes miembros de otros pueblos y comunidades solidarias, como La Puya y observadores de Derechos Humanos.

La Jueza Yasmín Barrios quién preside el Tribunal de Sentencia “A” anunció la solicitud de renuncia de la empresa hidroeléctrica Hidro Santa Cruz como querellantes adhesivos en el proceso penal en contra de  las siete autoridades comunitarias, así mismo el ex-alcalde de Santa Eulalia, Diego Marcos Pedro ha sido desligado en su calidad de querellante y ahora es testigo dentro del proceso.

El Ministerio Publico presento sus argumentos de acusación, en dónde acusa a las autoridades de los delitos de instigación a delinquir, coacción y detenciones ilegales, aunque en cada uno de los procesos intento en reiteradas ocasiones imputarles el delito de Plagio o Secuestro como un delito grave, buscando la pena de 25 años de prisión.

Los abogados defensores presentaron sus argumentos en favor de las autoridades comunitarias, alegando el uso del sistema de justicia en favor de las empresas hidroeléctricas, por medio del Ministerio Público, quien aplica a las autoridades la doctrina del Derecho Penal del Enemigo, los criminaliza y persigue judicialmente, para eso la prisión preventiva juega el papel de castigo, muchos de ellos tienen un año y cuatro meses, Maynor López cumplió tres años de estar detenido en Huehuetenango.

Uno a uno, los señores Arturo Pablo, Adalberto Villatoro, Francisco Juan, Mynor López, Ermitaño López y Rigoberto Juárez presentaron sus argumentos de defensa y atendieron a cada una de las preguntas de los fiscales y abogados defensores.

Las autoridades comunitarias fueron enfáticas en señalar su inocencia y todos concordaron en que esta persecución criminal en su contra es resultado de su trabajo comunitario en el cuidado del ambiente y su abierta oposición a los proyectos hidroeléctricos que de forma violenta se han instalado en sus territorios.

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