Cómo varió el escenario y las formas de lucha, pero el problema de fondo sigue sin resolverse

Por: Andrea Ixchíu Hernández.

Durante estos días de audiencia en el juicio que se realiza contra 7 autoridades comunitarias de Santa Cruz Barillas y Santa Eulalia, del departamento de Huehuetenango, escuchar a los testigos y peritos motiva una serie de sentimientos y reflexiones respecto del uso del sistema de justicia oficial para desmovilizar la organización comunitaria y la resistencia a la imposición de proyectos extractivos.

Y es que desde el establecimiento de las formas de propiedad de la tierra, desde que la propiedad privada se convirtió en la figura legal que amparó la concentración de la riqueza en pocas manos, producto de eso que Karl Marx denominó la acumulación originaria, y que los pueblos indígenas y originarios llamamos el primer despojo, hemos sido violenta y sistemáticamente privados de nuestros medios de vida. Hoy han cambiado las formas, pero el modelo de despojo sigue siendo el mismo, la acumulación de riqueza en pocas cuentas de banco a costa de la desposesión de los medios de vida más básicos de la mayoría de la población.

Desde el idioma, la espiritualidad, la relación con la tierra y la naturaleza, todas nuestras formas de vida y organización social se ven agredidas por este sistema colonial que no desaparece. Uno que en el nombre de la legalidad ha justificado hasta el genocidio.

Sin embargo, los pueblos resistimos la embestida, luchamos por conservar las riquezas de nuestra cultura a través de los siglos, las mujeres y los tejidos, los ajq’ijab y nuestro tiempo, los agricultores y las semillas, las autoridades y nuestro sistema de justicia, por nombrar algunas de ellas. Pero también nosotros hemos aprendido el idioma del colono, el castellano, el alemán y el inglés, sus leyes y normas para así poder comunicarnos con el poder dominante. Aunque cabe mencionar que en esa batalla muchos son seducidos por ese poder y se olvidan de su origen y lo desprecian.

Pero es comprensible, si nos dijeron por siglos que debíamos pensar como blancos para ser civilizados, que debíamos ser ciudadanos y despojarnos de nuestras formas de vida tan atrasadas, que debíamos creer en Dios para tener un alma. Y así lo trataron de hacer los abuelos y abuelas, aprendieron esas formas, pero a escondidas hacían la ceremonias en los cerros, hablaban su idioma y mantenían sus formas de organización, que se conservan hasta el día de hoy, pero que se han adaptado a los cambios políticos y sociales de nuestra era, al igual que nosotros los indígenas, que somos los de siempre, pero nunca los mismos.

Aprendimos a convivir y resistir al Estado, que fue impuesto a nuestro pueblo por una minoría. Sus leyes y normas han justificado ayer y hoy el encierro o asesinato de nuestras autoridades y el despojo de los territorios, ahora para regalarlos a empresas extractivas que producen destrucción.

Sin embargo, ante tanto desastre creado por el Estado y el modelo económico neo-liberal que protege, aún hay quienes con lujo de ignorancia nos siguen llamando “indios brutos”, desprecian nuestra ciencia y con su sistema educativo solo quieren borrar nuestra cultura. Ah, pero luego aparece la NASA usando el calendario creado por nuestros abuelos para hacer viajes espaciales, las compañías farmacéuticas patentan nuestras semillas y hierbas para hacer medicinas que luego no podemos comprar y las diseñadoras usan nuestros textiles para vender caros ropajes fuera de nuestros territorios sin reconocer nuestro trabajo.

Pero si defendemos nuestros derechos nos dicen que no podemos cambiar las cosas, que organizarnos es delito, que resistir cuesta la vida y la libertad, que lo hecho, hecho esta y que por lo tanto nos toca olvidar todo el pasado de dolor y seguir adelante. ¿Pero, con qué? Si no tenemos tierra, si las fuentes de agua están contaminadas, si aunque ganemos amparos en las Cortes de Justicia no se respetan nuestros derechos, si el sistema de justicia monta juicios falsos como en la colonia, para encarcelar a nuestras autoridades.

Cuando los pueblos proponemos alternativas de vida nos dicen radicales y locos. Pero algo es seguro, si ser loco y radical es defender el derecho a la vida, pues eso somos. Y aunque el escenario sea distinto y nuestras formas de lucha cambien, el problema de nosotros los pueblos sigue siendo el mismo de hace siglos. El racismo y todos sus hijos…

Al ritmo de la batucada se realizó un plantón solidario en apoyo ha presos políticos

Por: Rony Morales

Miembros de la batucada del pueblo, artistas solidarios, organizaciones sociales en resistencia, estudiantiles y personas individuales se sumaron  al plantón de solidaridad para los presos políticos.Fue a las afueras de Torre de Tribunales y se realizó con el sentimiento de hacer sentir nuestra solidaridad con las autoridades comunitarias de Huehuetenango que son Presos Políticos por defender la tierra y el territorio.

El norte de Huehuetenango es un área apartada, fundamentalmente formada por alta montaña, valles profundos, y planicies cálidas con poblamiento de muy larga data, que ha generado una unidad económica, identitaria y social en diferentes pisos ecológicos.

 Históricamente ha sido tratada por el Estado –colonial, republicano, liberal, contemporáneo- como una periferia olvidada, haciéndose presente en el área sólo para proyectos de despojo y muerte que les ha tenido en la pobreza.

 Por defender la madre naturaleza, las autoridades comunitarias son víctimas de criminalización por parte de empresas que quieren explotar los bienes naturales de las comunidades del norte de Huehuetenango.

Fue por medio del arte, pintura, poesía, música como se  aportó a esta lucha por la liberación de los presos políticos. Sobre la calle, debajo de la Torre de Tribunales .

Contexto sociohistórico de la conflictividad en el norte de Huehuetenango

 

Transcripción de las conclusiones del Informe presentado por el Dr. Santiago Bastos Amigo como perito propuesto por la defensa de las autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango esta mañana en el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A.

Por: Santiago Bastos.

«El norte de Huehuetenango es un área apartada, fundamentalmente formada por alta montaña, valles profundos, y planicies cálidas con poblamiento de muy larga data, que ha generado una unidad económica, identitaria y social en diferentes pisos ecológicos. Históricamente ha sido tratada por el Estado –colonial, republicano, liberal, contemporáneo- como una periferia olvidada, haciéndose presente en el área sólo para proyectos de despojo y muerte que les ha tenido en la pobreza.

Esta autonomía relativa en la marginación permitió mantener las formas propias de espiritualidad, imbricación con la naturaleza y corporatividad social, que fueron las bases desde la que se crearon las instituciones de relación entre la comunidad y con los poderes externos. Se trata de las autoridades comunitarias que en cada periodo histórico se han adaptado a las características del momento y lugar, buscando el bienestar comunitario, la resolución de conflictos y la mediación con el Estado. Así, en la actualidad, tanto COCODES y alcaldes auxiliares como catequistas o pastores pueden fungir como autoridades comunitarias. En Santa Eulalia, siendo todos q’anjob’ales, estas autoridades están muy relacionadas con la espiritualidad por la importancia simbólica del lugar; mientras que en Barillas, por la conformación socioétnica del lugar, tanto q’anjob’ales como ladinos cumplen esta función, siempre que reúnan los requisitos éticos para el cargo.

Después de la firma de la paz, empresas hidroeléctricas se hicieron presentes en Barillas, Santa Eulalia y el área norte de San Mateo Ixtatán en diferentes momentos, sin respetar el resultado de las consultas comunitarias que previamente se habían llevado a cabo en estos municipios. En todos los casos comenzaron sus actividades con engaño, y se recurrió a la intimidación, la presión y la cooptación, por lo que las autoridades comunitarias cumplieron su función de portavoces del descontento, ejercieron el papel de dirigencia, y acudieron a mediar cuando hubo conflictos con personal de las empresas para evitar mayores problemas.

Pero desde las empresas y el Estado ladino no se les entendió y prevaleció una visión prejuiciada de su papel. Por todo eso, se convirtieron en blanco de la estrategia de persecución penal que las empresas pusieron en marcha en conjunción con agentes judiciales. Pese a ello, las comunidades organizadas y sus autoridades, siempre se movieron buscando los cauces de la legalidad y el diálogo con los diferentes representantes del Estado para resolver las situaciones de conflictividad, represión y división comunitaria que se habían creado con la llegada de estas empresas.

Los puntos más álgidos de esta violencia han sido el atentado contra Miguel Pedro en Barillas el 1 de mayo de 2012, que conllevó un Estado de sitio y prisión para 11 autoridades comunitarias; la desaparición y muerte del líder Daniel Pedro en Santa Eulalia en abril de 2013; la militarización y división en Pojom con la muerte de dos comunitarios en noviembre de 2014. Pero los efectos cotidianos son muchos màs.

Desde 2012, el área Q’anjob’alana ha vivido una gran presión de las empresas hidroeléctricas y el Estado en forma de una persecución penal sistemática en procesos que se han alargado artificialmente en su fase inicial y en los que después no se han podido demostrar los delitos imputados a las autoridades comunitarias a las que se ha mantenido encarceladas. La población se empezó a hartar y a reaccionar ante las detenciones de forma coordinada entre los municipios. Ante ello, las mismas autoridades comunitarias tuvieron que ponerse al día en sus funciones de resolución de los conflictos y de mediación con el Estado de una forma regional, a la vez que defendían sus derechos sobre el territorio.

Por ello, estas autoridades comunitarias organizadas regionalmente, buscaron entablar un diálogo con el gobierno sobre las hidroeléctricas como forma de acabar con la conflictividad existente.  Pero el gobierno de Otto Pérez Molina nunca dio continuidad a estos procesos de diálogo, tanto por su apoyo irrestricto a las hidroeléctricas como, de nuevo, por sus prejuicios respecto a estas autoridades, que nos fueron considerados como interlocutores válidos.

Entonces, lo ocurrido tanto el 23 de enero de 2014 como el 19 y 20 de enero de 2015 supone la condensación de estos procesos. En la primera fecha, las autoridades comunitarias se presentan voluntariamente a una audiencia, respetuosos de la ley, como han venido haciendo, porque están seguros de que lo que hicieron el 22 de abril de 2013 en Poza Verde fue mediar como tales autoridades; es seguida por una acción que cambia la acusación sin haber avisado. En la segunda fecha, autoridades de una aldea acuden al CAJ para resolver junto a sus iguales, lo que consideran la ruptura de un acuerdo al que han llegado con el Ministerio de Gobernación.

En ambas ocasiones la gente que les ha acompañado, -desde Barillas, desde Pojom- más los familiares y compañeros de Santa Eulalia se enteran de la noticia y rodean el CAJ para mostrar su indignación por lo que consideran que son muestras de la persecución penal injusta que sufren quienes están defendiendo sus territorios ante las agresiones de unas empresas que han venido a romper la paz social en las comunidades.

Las autoridades comunitarias presentes entran en complejos procesos de mediación para evitar conflictos. En la visión distorsionada desde el Estado y las empresas, son vistos como instigadores y provocadores de la situación, por lo que se les inducen procesos penales con los que se pretende apartarles de la escena y que no ejerzan su función.

Pero no son ellos los que se oponen a las actividades, son las comunidades a las que ellos pertenecen. Como me dijo un muchacho de Barillas:

“… cuando alguien es autoridad en la comunidad y si uno le exige, él tiene que levantarse. Así es lo que hicimos nosotros: le dijimos a ellos que se levantaran, que dijeran ‘no’, y ahí vamos nosotros detrás. Ellos no querían, porque ellos sabían en qué problemas se iban a meter, pero como nosotros les exigimos, entonces sí, tuvieron que meterse con todo”.

 

 

Los medios de comunicación son parte de estrategia de empresas hidroelétricas, caso PL 2013 monta información falsa. pic.twitter.com/6IvTb0q3va

— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) 15 de julio de 2016

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