Desgaste judicial para las autoridades comunitarias de Santa Eulalia

Por: Nelton Rivera, Simón Antonio y Jovita Tzul.

Después de dos meses de la detención de Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez, ambos autoridades comunitarias de Santa Eulalia; por fin fueron trasladados el martes 16 de junio desde el Preventivo de la zona 18 a la Torre de Tribunales para presentarse a su Audiencia de Primera Declaración, ésta fue suspendida por un incidente de Cuestión Perjudicial y se reprogramó para el 19 del mismo mes.

Esta audiencia fue presidida por la jueza Carol Patricia Flores, en el Tribunal de Mayor Riesgo A de la ciudad de Guatemala. Este es el segundo proceso por el que están detenidos, el primero fue después que la policía les aprehendiera en la sexta avenida el 23 de marzo 2015, por orden del Juez de Santa Eulalia por los delitos de: Coacción, Amenazas, Detención Ilegal.

El 27 de marzo del 2015 el juez de Santa Eulalia Otto Felipe Vásquez, les otorga una medida sustitutiva. Al finalizar la audiencia, fueron trasladados al sótano de Tribunales, ahí los esperaban dos agentes del DEIC quienes les notifican que en ese momento se hacía efectiva la nueva orden de aprensión en su contra, ésta por las denuncias realizadas por los trabajadores del Centro de Administración de Justicia –CAJ- de Santa Eulalia el día 23 de enero del 2015.

Los delitos que les imputan son plagio o secuestro, amenazas, instigación a delinquir y obstrucción a la justicia, todo esto por la supuesta participación de ambos en la realización de una audiencia el 19 de enero del 2015 a favor de dos comunitarios de la aldea Pojom del municipio de San Mateo Ixtatán y por supuestamente poner en riesgo a jueces, fiscales, agentes de la PNC y trabajadores del CAJ.

¿Que sucedió en la audiencia del día martes 16?

Al inicio de la audiencia de primera declaración, el abogado Juan Castro representante legal de Domingo Baltazar, planteó junto a los demás abogados de la defensa un incidente de Cuestión Prejudicial, con este recurso plantearon que no podía haber persecución penal mientras no se resolviera el Amparo pendiente respecto a la actuación del juez suplente de Santa Eulalia esa madrugada del 20 de enero. Por ello, la Juez Carol Patricia Flores aplazó la audiencia para el viernes 19 a las 8.30 horas, varios días después.

Según los argumentos de la fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia del MP, la audiencia del 19 de enero se realizó a través de medios violentos, y denunciaron mediante una Acción de Amparo la ilegalidad de dicha audiencia, alegando que el Juez de Primera Instancia Mario Ernesto Olivares Interiano se fundamentó en argumentos falsos y que carecían de toda legalidad y emitió las resoluciones como el auto de procesamiento y auto de medidas sustitutivas en vulneración del debido proceso y derecho de defensa.

El licenciado Benito Morales Laynes argumentó que esta acción de amparo no se ha resuelto, se encuentra en la Sala Séptima de Ramo Penal de Huehuetenango. “Sin la resolución de la Sala sobre este amparo no se puede dar cursos de la persecución penal contra los sindicados”.

Ante el planteamiento de los abogados de la defensa la jueza Carol Patricia Flores decidió suspender la audiencia de Primera Declaración hasta no obtener en original el documento de la Acción de Amparo interpuesto por el MP contra el juez de Santa Eulalia programando para el viernes 19 la continuidad de la audiencia.

¿Qué sucedió en la continuidad de la Audiencia el viernes 19?

Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez nuevamente fueron trasladados dese el Preventivo de la zona 18 a Torre de Tribunales para participar de la continuación de la Audiencia de Primera Declaración programada para el día viernes 19 de junio.

Familiares y vecinos viajaron desde Santa Eulalia días antes para poder participar en la audiencia y mostrar su respaldo a la autoridad comunitaria, la sala de audiencias estaba completamente llena, cada audiencia se ha realizado con la observación de organizaciones de derechos humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala OACNUDH.

En la audiencia estuvieron presentes dos fiscales del MP, uno de ellos Mynor Alfredo Aguilar Bernardino de la Unidad de Operadores de Justicia del MP, esta fiscalía acusó a Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar por los delitos de Plagio o Secuestro, además de los delitos de Atentado, amenazas, coacción, plagio o secuestro, obstaculización a la acción penal por las denuncias hechas el 23 de enero por los operadores de justicia y trabajadores del CAJ de Santa Eulalia.

La jueza antes de resolver el incidente de Cuestión Prejudicial suspendió la audiencia por 20 minutos, justificándose que debía atender una llamada personal a su celular con carácter urgente dese la Corte de Constitucionalidad.

Al regresar conoció el incidente resolviendo no ha lugar la petición planteada por los abogados defensores argumentando que el Amparo presentado por el MP contra la resolución del Juez de Primera Instancia e Santa Eulalia no tenía mayor incidencia en el proceso.

Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar dieron su primera declaración ante el Tribunal, luego de escuchar la imputación de los delitos por los que el MP pidió que ambos fueran ligados a proceso por los delitos de

Finalmente la jueza decidió ligarlos a proceso solo por el delito de Detenciones Ilegales, los argumentos presentados por los abogados defensores lograron botar las pruebas planteadas por el MP, la jueza opto por darles falta de mérito a cinco de los seis delitos que los fiscales del MP pedían les fueran aplicados: Atentado, amenazas, coacción, plagio o secuestro, obstaculización a la acción penal. Según la jueza de Mayor Riesgo A, Carol Patricia Flores, la autoridad comunitaria debe quedar bajo prisión preventiva, porque de quedar libres podrían obstaculizar a la Unidad de Operadores de Justicia del MP con la investigación.

Rigoberto y Domingo tienen una nueva audiencia, esta vez, los deben de trasladar al departamento de Huehuetenango el día jueves 25 de junio, el MP quiere modificar el auto de prisión y modificar los delitos nuevamente por las denuncias hechas por la empresa CINCO M propietaria del proyecto Hidro San Luis y propiedad de Luis Ovalle Altuve.

En la audiencia el juez dicto falta de mérito a dos de los delitos: Coacción y Amenazas, ligando a proceso solamente por los delitos de Detención Ilegal otorgando una medida sustitutiva a Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar.