Ecocidio en La Pasión: recorrido para que se haga justicia

 

Por: Alfredo Rax Coc, Rony Morales y Quimy De León

La problemática de las plantaciones palmeras no es nueva, comenzó a darse desde principios de este siglo, pues por sus condiciones geográficas y climáticas “casi todo el territorio del norte de Guatemala es apto para el cultivo de palma africana”. Estas condiciones, aunadas a una situación comercial favorable a nivel internacional y la presencia de actores económicos nacionales con interés en estas plantaciones, han puesto a Sayaxché en el centro de atención desde hace varios años y mientras el impacto sobre las malas prácticas de tenencia y el uso de la tierra son visibles, las proyecciones expansivas de las empresas palmeras parecen no llegar a su fin.

La rápida expansión de las plantaciones de palma, junto a los otros procesos propios de Sayaxché han implicado transformaciones profundas en la realidad socio-económica, demográfica, política y cultural del municipio. “Es importante observar que las formas utilizadas para la compra-venta de las parcelas familiares son muchas veces violentas: amenazas, prohibición de paso, engaños, coacción, etc.”[1]  El impacto del daño social y ambiental aún no está claro, pero ya son 23 comunidades las que están afectadas directamente por la contaminación del río La Pasión, 73 más pueden ser afectadas, en la cuenca del río la Pasión y río Usumacinta

 

Martes 23 de junio

La comisión para la defensa de la vida y la naturaleza conformada por Autoridades Comunitarias, representantes de Cocodes, el Frente Petenero Contra las Represas -FPCR-,  El Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala –CONDEG–,  sociedad civil de las comunidades de Sayaxché, viaja a la ciudad capital para denunciar el ecocidio que ocurre en el río La Pasión y piden justicia. Demandan de las autoridades de gobierno que se agilicen las investigaciones. Realizan una conferencia de prensa, después visitan el Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígena  –CODISRA– para poner las denuncias correspondientes. 

Vinieron a la capital a denunciar y a manifiestar su preocupación, ya que cuando llueve se desbordan las piletas donde las empresas palmeras depositan residuos, resultado de la falta de control ni tratamiento técnico. Denunciaron que el diputado Manuel Barquín es socio de estas empresas y que nada hace por garantizar que no ocurra más desbordes del río La Pasión. 

 Las comunidades de Sayaxché rechazan la presencia del ejército intimidando a las comunidades y defendiendo los intereses empresariales y contaminantes que produce el monocultivo de la palma africana, demandan que los responsables del ecocidio sean procesados y no quede este daño irreparable en la impunidad. 

 

conferencia de Prensa Comunidades Sayaxche

• La comisión fue a CODISRA y pidieron una reunión con Thelma Aldana Hernández para poner la denuncia al Ministerio Público y que se hiciera compromiso para que se realice investigue a fondo y con transparencia lo ocurrido en La Pasión. Sin embargo ella no se presentó. 
• Otros representantes llegaron a CODISRA y decidieron quedarse en este lugar hasta ser escuchados y atendidos, como lo estaban solicitando.
• En el edificio de CODISRA se encontraba la comisionada María Gutiérrez y representantes de otras instancias de gobierno, ellos mismos dijeron a la prensa que no estaban retenidos ni hubo una “toma” del edificio.
• Los representantes comunitarios exigen que la empresa de palma africana REPSA sea clausurada y retirada del territorio totalmente y no por sólo 15 días como lo plantean las autoridades gubernamentales.
• Quieren que se firme un acuerdo con el Ministerio de Gobernación y el MP con el compromiso de impulsar la investigación de lo ocurrido, y que se permita que las comunidades puedan adherirse a este proceso de investigación para garantizar la transparencia de la misma.
• Aún están a la espera de los resultados de la investigación hecha por el INACIF, y rechazan totalmente que se militarice el territorio y las comunidades por intereses directos del diputado Manuel Barquín Durán. Sobre esto Leonel Oswaldo Enríquez desmintió que el MINGOB tuviera conocimiento de trasladar o aumentar con elementos de la PNC la región.
• Eran ya las 9 de la noche y aún permanecían en una reunión en CODISRA con representantes del Ministerio Público MP, Carlos Ruiz en ausencia de la fiscal General Thelma Aldana Hernández, con Leonel Oswaldo Enríquez representante del Ministerio de Gobernación con presencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
• La gente decidió pernoctar en la sede de CODISRA “hasta que la fiscal general Telma Aldana, se presente para que informe sobre las investigaciones del caso de Ecocidio en el municipio de Sayaxche, Peten.”
• La gente no venía lista para dormir en la capital, algunas durmieron dentro de CODISRA, otras a la intemperie, algunas personas fueron a apoyarles llevándoles chamarras y café. Prendieron velas que simbolizan la demanda por justicia.

 Miércoles 24 de junio

• La  gente sigue de pie y siguen con la exigencia de que llegue Fiscal General Thelma Aldana para que se comprometa a continuar de inmediato un proceso de investigación, se preveía también reunirse con autoridades del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, la petición era hablar con tomadores de decisión y altas autoridades ya que enviar solo delegados es una estrategia que conocen que solo es “para evadir responsabilidades” según plantean. 
• Muchas personas apoyaron al grupo, el desayuno fue donado por los Padres Vicentinos y seminaristas de la Congregación de la Misión y para el almuerzo pues los seminaristas se apoyan con las Hijas de la Caridad.
• Se observó policía en los alrededores del plantón, el INACIF no se presentó a la reunión. 
• Las autoridades comunitarias quemaban velas antes de iniciar la actividad planeada.
• Eran las dos de la tarde y el MP cambiaba la hora en la que llegarían, por lo que los representantes plantearon que se retirarían de las instalaciones de CODISRA para volver a Sayaxché “no sin antes que la Delegada María Trinidad Gutiérrez, personal de PDH y COPREDEH redactaran un acta donde la comisión para la defensa de la vida responsabiliza a las autoridades de gobierno de lo que pueda pasar en el municipio ante la falta de atención por las demandas.”
• Finalmente se firmó un Convenio de cooperación y coordinación entre el Ministerio Público y grupo Pro Justicia instancia que aparece como quien apoya a las comunidades, en donde se acuerda que este grupo se constituye como querellante adhesivo y que conozcan el desarrollo de la investigación. (ver todo el convenio abajo)
• Con COPREDEH se acordó coordinar ayuda humanitaria para las personas afectadas por el ecocidio. 
• Finalmente las autoridades comunitarias y representantes vuelven a Sayaxché. 

 

 

[1] Fuente: InsightCrime, Grupos de poder en Petén, Julio de 2011.

 

 

Nuevo intento por afectar a las autoridades ancestrales detenidas por defender el agua

Fiscal del MP y abogadas de empresa Cinco M Hidroeléctrica San Luis.

Por Quimy De León.

La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, solicitó una audiencia de reforma del auto procesamiento hace apenas una semana, en dónde pretenden sumar más delitos a causa penal AJ 02-2014, que se sigue en contra de Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez. Ésta fue programada en el juzgado de primera instancia penal mixta del Municipio de santa Eulalia constituida en la cabecera municipal de Huehuetenango y presidida por el juez Juan José Roberto Alvarado.

A la audiencia se hicieron presentes 5 supuestos agraviados, trabajadores de la empresa Cinco M Sociedad Anónima, con el auxilio de las abogadas Amarilis Navas Portillo y María Gabriela Cac Coronado. Ellas además querían constituirse como querellantes adhesivos en nombre de la empresa 5M, sin embargo no contaban con la documentación correspondiente para ello, por lo que no  fueron admitidas como tal.

Además Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, no fueron trasladados del Centro Preventivo de la zona 18 de la ciudad capital, en donde guardan prisión. La razón según el secretario del preventivo es por falta de recursos, ya que no tienen combustible. No obstante, el Ministerio Público y las abogadas de la empresa Cinco M Sociedad Anónima solicitaban que la audiencia se llevara a cabo o en su defecto que fuera reprogramada.

Por su parte, los abogados defensores Juan Castro y Edgar de León, manifestaron que la audiencia no podía realizarse en ausencia de los sindicados, ya que además si se buscaba agregarles más delitos, es indispensable la presencia de ellos; de lo contrario se violaría su derecho de defensa. Otros de sus argumetnos es que no procedía la reprogramación de la misma, ya que el Juez otorgó un plazo prudencial para la investigación; y que mañana está señalada la presentación de las conclusiones.

Por lo tanto no se puede realizar ninguna audiencia, pues esto estaría alterando el debido proceso, además el Ministerio Público tuvo el tiempo suficiente para presentar su solicitud y ya sea por irresponsabilidad o mala intención, lo está haciendo 8 días antes de que se cierre el plazo de investigación.

El juez negó la solicitud del Ministerio y de las abogadas de la empresa de fijar una nueva fecha, basado en que no se puede alterar el debido proceso porque el MP está a un día de presentar su acto conclusivo. A la audiencia llegaron familiares de Rigoberto Juárez y de Domingo Baltazar, personas que llegaron para acompañarles de diferentes municipios del departamento y de la región.

Ya los habían dejado libres

El día 27 de marzo se realizó la audiencia de primera declaración por esta misma causa penal AJ 02-2014, a ellos los responsabilizan de agresiones a trabajadores de la empresa Cinco M Sociedad Anónima, en donde supuestamente Rigoberto y Domingo habían participado junto a otras personas. Al llevarse a cabo la audiencia las pruebas eran insuficientes y los argumentos débiles, solamente las acusaciones de los trabajadores que nerviosos les acusaban con inseguridad. Los mismos trabajadores que acompañados de Iván Ovalle dueño de la empresa han hecho visitas a la cooperación internacional para acusarles de financiar a Rigoberto Juárez.

El juez de Santa Eulalia Otto Felipe Vásquez celebra en Guatemala esta audiencia y les había dado libertad bajo arresto domiciliar, al ser trasladados a la carceleta de Torre de Tribunales los vuelven a detener por otra causa penal. Días después el Ministerio Público

Antecedentes del caso

La tarde del 24 de marzo del 2015 Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar autoridades ancestrales del pueblo q´ajonb´al se dirigían a la presentación de un libro en el hotel Royal Palace en la ciudad capital, a donde acudirían decenas de defensores de derechos humanos, abogados, académicos y estudiantes con la finalidad de conocer un estudio sobre el caso de la hidroeléctrica Xalalá.

De forma premeditada fue detenido en la sexta avenida frente a todo el mundo, en un operativo de inteligencia montado para encontrarlo a el y a Domingo Baltazar que justo unos minutos antes habían puesto una denuncia ante la fiscalía de derechos humanos del Ministerio Público por las agresiones, amenazas que habían sufrido días antes, por miembros de la corporación municipal el jueves 19 de marzo durante una actividad pública para la apertura de la Radio Comunitaria Snuq’ Jolom Konob.

Durante 4 horas fueron agredidos verbal y psicológicamente, también fueron amenazados, por esta razón una delegación viajo a la capital para realizar las denuncias ante la Fiscalía de delitos contra Defensores de los DDHH del Ministerio Público (MP), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Guatemala.

Resulta que ya lo estaban esperando agentes de la PolicíaNacional Civil (PNC) quienes no les mostraron una orden de juez competente. La detención estuvo mediada por el uso de la violencia, se agredió físicamente al abogado Ricardo Cajas que al percartarse de lo ocurrido se acercó, cuando éste les pidió que se identificaran y mostraran una orden de detención en contra de Rigoberto Juárez, lo agredieron y cayó al suelo.

Desde el año 2011 han sido varias las ocasiones en las que representantes del Gobierno Plurinacional han viajado a la capital para denunciar los atropellos que comete las empresas hidroeléctricas en todo el territorio maya Q’anjob’al, concretamente en el caso de la empresa Cinco M Sociedad Anónima, en Santa Eulalia, que de acuerdo con los líderes, atenta contra los derechos de las comunidades opuestas al proyecto hidroeléctrico.

Esta detención arbitraria se suma a la larga lista que desde el año 2012 se acrecentó como una de las estrategias del Gobierno y Empresas para desarticular la oposición pacífica y organizada de los pueblos frente al modelo de despojo de las empresas.

 

Abogado Juan Castro y abogado Eduardo De León Chacaj

Juez José Roberto Alvarado Villagran

Trabajadores Hidroeléctrica San Luis

Trabajadores Hidroeléctrica San Luis