La criminalización como estrategia para imponer la hidroeléctrica Xalalá

Por Nelton Rivera –Prensa Comunitaria y

Una nueva alarma se originó recientemente en las comunidades de Xalalá y Margaritas Copón, en el municipio de Ixcán, Quiché. El INDE y el proyecto hidroeléctrico llamado Xalalá han avivado nuevamente la conflictividad en la región. Varias son las comunidades de Cobán, Alta Verapaz; Ixcán y Zona Reina del Quiché que están organizadas en defensa del territorio frente a la intensión del gobierno de Guatemala por continuar con la construcción  de esta hidroeléctrica.

El pasado, lunes 24 de febrero en horas de la tarde la tranquilidad de la comunidad se vio nuevamente alterada por la extraña presencia de elementos del ejército, quienes llegaron a pie a los alrededores de estas comunidades. La población acudió inmediatamente a sus autoridades comunitarias y estas abordaron a los militares para pedir razón del porqué de su presencia.

El oficial a cargo luego de varios minutos de conversación y de evadir con sus respuestas la pregunta del porque están en la comunidad, manifestó que habían sido enviados al lugar por una denuncia. Supuestamente un comunitario había denunciado que miembros de los Zetas lo habían amenazado de muerte días antes, si él denunciaba que un cargamento de droga llegaría a esta comunidad, fue la primera versión.[1]

Momentos después ante la incredulidad de las autoridades comunitarias, cambiando su versión, el militar acepto que la persona a quien ellos hacían referencia como el responsable de la denuncia no corresponde con ningún habitante de la comunidad.  Finalmente asumió el oficial la postura que todo lo ocurrido respondía entonces a una confusión y que habían llegado a Margarita Copón por un error.

Finalmente se elaboró un acta entre las autoridades comunitarias y el ejército, en ella uno de los puntos importantes fue la necesidad de desmentir públicamente las versiones en medios de comunicación y oficiales del porque la presencia del ejército ese día en la comunidad, especialmente para evitar que las comunidades sean criminalizadas.

Este compromiso debía de hacerse público en Playa Grande al día siguiente, las autoridades comunitarias firmaron el acta en el lugar y el ejército se comprometió a desmentir la presencia de narcotrafico en el área y se retiró de la comunidad Margarita Copón por  la noche del 24 de febrero.

No es la primera vez que comunidades que se oponen a proyectos hidroeléctricos o mineros son criminalizados y acusados de estar vinculados al crimen organizado, narcotrafico o terrorismo. En Barillas municipio de Huehuetenango ocurrió exactamente lo mismo en el 2012, declaraciones de funcionarios públicos, empresa y medios de comunicación así lo hicieron,  para justificar el Estado de Sitio.

La difamación y el rumor estrategias de la criminalización

Comunitarios ven en la incursión militar la continuidad de una estrategia del gobierno para acelerar la construcción del proyecto hidroeléctrico de Xalalá, buscan amedrentar e intimidar a la población, por otro lado estas acciones se suman al aumento de la presencia y acciones del Instituto Nacional de Electrificación INDE en la región.

Se genera mucha preocupación cuando en varios medios de comunicación, ejército y funcionarios del ejecutivo utilizan la acusación o el rumor como escenario previo a la implementación de proyectos hidroeléctricos, también preocupa como se esta instrumentalizando la necesidad de las comunidades de obtener el servicio de la energía eléctrica como lo sucedido en Barillas en mayo del 2012 o en Santa Rosa y Jalapa en 2013.

Previo a la militarización y represión, en los dos lugares coincidieron fuertes declaraciones de varios ministros, incluso el mismo presidente acusando a las comunidades de tener vínculo con el terrorismo o el narcotrafico especialmente con el cartel de los zetas, pareciera entonces que estamos presenciando un nuevo escenario de criminalización en contra del pueblo Q’eqchí por oponerse a la construcción de la hidroeléctrica Xalalá.

 ¿porque entonces el ministro de gobernación anuncia que van a este lugar?

¿porque anticipar que saben que habrá una acción delincuencial?  Sabiendo que podrían alertar a los Zetas de haber sido cierta la información.

Contradicciones en el gobierno

Ministerios como el de Gobernación y Defensa entran en contradicción con Relaciones Exteriores, ¿hay o no hay Zetas en Guatemala? Días atrás el mismo ministro de Relaciones Exteriores Fernando Carrera aseguró en una entrevista a El País que “Los Zetas no están en Guatemala, los capturamos y los echamos”[2]

Nos preguntamos entonces ¿qué está pasando con en Xalalá? ¿Si fueron expulsados los zetas del país porque el ejército anda buscándolos en Ixcán?

Mientras tanto en varios medios de comunicación corporativos se anunciaba la presencia de comandos armados que responderían al cartel de los Zetas, buscando controlar el territorio para delinquir y ejercer control de las comunidades.

Radio Sonora en su cuenta de twitter @sonora969 publicó “Presuntos narcotraficantes amenazan a pobladores de comunidad Xalalá, Playa Grande, Alta Verapaz”. En un segundo twitter Radio sonora complementa: “Quieren tomar el control de las tierras para aterrizar narco avionetas.”

En Prensa Libre @Ofigueroa_PL publicó: “Comando armado exige a población de Xalalá, Ixcán, Quiché se involucre en tráfico de drogas.”

También aparece Otto Pérez Molina “supervisando” los avances de hidroeléctricas como Palo Viejo en Quiché cercana a la de Xalalá.[3]

Estas son solo muestras de como los medios de comunicación hechan mano de la desinformación que tiene como objetivo crear en la opinión pública la justificación para una acción violenta del Estado a través de sus fuerzas de seguridad, seguir ubicando a líderes y lideresas como delincuentes y no como representantes legítimos o defensores de derechos humanos.  Buscan entonces desacreditar y deslegitimar que son comunidades en defensa de sus bienes naturales y el territorio.

«Se está yendo demasiado lejos en la criminalización de la lucha social, para imponer un régimen de corte transnacional y militar, mediante mecanismos de terror y amedrentamiento en donde la judialización juega un papel clave.»[4]

La experiencia y la historia de podría suceder en corto plazo la podemos encontrar en la construcción de la Planta Hidroeléctrica  Chixoy en río Negro décadas atrás y recientemente en la conflictividad en Barillas por la Hidro Santa Cruz pueden ser el mayor aprendizaje para otras comunidades y pueblos de como las empresas y el Estado pueden llegar a actuar en función de intereses comerciales privados y no sociales.

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[1] Entrevista a comunitario. Prensa Comunitaria. 25 de febrero 2014.

[2] El País. Entrevista Canciller Guatemala. “Los Zetas no están en Guatemala, los capturamos y los echamos”. 10 de febrero 2014.

[3]LaHora. Pérez Molina visita hidroeléctrica. 26 de febrero 2014.

[4] Prensa Comunitaria. La falsedad para desacreditar la lucha social.  Guatemala 5 de septiembre 2013.