30 de Agosto ¿En donde están las y los desaparecidos?

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Foto: Mauro Calanchina

Por Nelton Rivera.

El 3o de agosto se declaró como “Día internacional de las víctimas de la desaparición forzada.”

Desaparición forzada es cuando una persona es detenida  o secuestrada por un Estado o por personas en nombre de éste. Frente a quienes reclaman la aparición de esta persona utilizando los mecanismos que el mismo Estado establece, éste niega la existencia en su poder de dicha persona, negando que haya sido detenida, por lo tanto negándole sus derechos legales y humanos.[1]

Para las Naciones Unidas la desaparición forzada es una estrategia que se usa constantemente para generalizar el miedo y el terror de la población. Los efectos ocasionados por esa práctica no se limitan a la persona desaparecida, ni a la familia y círculo más cercano  al desaparecido o desaparecida. Si no que, busca afectar de forma directa a la comunidad y  sociedad en su conjunto.[2]

Desde nuestra experiencia el informe Guatemala: Memoria del Silencio, Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), publicado en el 25 de febrero de 1999, nos permite entender, luego del proceso de investigación  los múltiples delitos cometidos durante el conflicto armado en Guatemala,  haciendo una aproximación de la barbarie cometida por el Estado y sus fuerzas de seguridad desde 1962 a 1996. Según el informe Guatemala: Memoria del Silencio, una de las consecuencias principales del Conflicto Armado se radica en  el número de víctimas.

“Con el estallido del enfrentamiento armado interno en 1962, Guatemala entró en una etapa sumamente trágica y devastadora de su historia, de enormes costos en términos humanos, materiales, institucionales y morales. En su labor de documentación de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia vinculados al enfrentamiento armado, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) registró un total de 42.275 víctimas (…). Combinando estos datos con otros estudios realizados sobre la violencia política en Guatemala, la CEH estima que el saldo de muertos y desaparecidos del enfrentamiento fratricida llegó a más de doscientas mil personas”.[3]

Ese total de víctimas es impactante pero puede llegar a sobrepasar los más de 45 mil, muchas familias frente a la represión optaron por el silencio, solo esos casos que hace mención el CEH son el resultado de la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado; ejército y Policía Nacional, además del funcionamiento de grupos como los escuadrones de la muerte. Todos estos operaron con impunidad tras la protección de quienes gobernaron el país durante los 36 años de Conflicto Armado.

El informe también documentó 250 mil casos de personas asesinadas en las masacres  o ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército y por paramilitares como las Patrullas de Autodefensa Civil -PAC-, especialmente en comunidades indígenas y mestizas en los departamentos del país.

La CEH hace un abordaje sobre los niveles de instauración de una cultura del terror de la mano de la política contrainsurgente del Estado sobre la población:

“Además de la represión y el exilio, la debilidad y fragmentación de las organizaciones sociales se deben en buena medida a la conjunción de diversos mecanismos activados por el Estado para destruirlas. (…) El terror no se redujo a los hechos violentos o a las operaciones militares; dependía además de otros mecanismos conexos como la impunidad de los ejecutores, las extensas campañas para criminalizar a las víctimas y la implicación forzada de la población civil en la cadena casual y la ejecución efectiva de atrocidades”.[4]

Las historia de nunca acabar

Para el año 2015 el propio secretario general de las Naciones Unidas en un comunicado reconoció lo alarmante del incremento de los casos de desaparición forzada que se están registrando en todo el mundo.

“Las desapariciones forzadas están terminantemente prohibidas. La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas afirma de manera inequívoca que recurrir a las desapariciones forzadas es ilegal bajo cualquier circunstancia, incluida la guerra, la inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública.

La Convención, que entró en vigor en 2010 y ha sido firmada por 93 Estados y ratificada por 50, proporciona una sólida base para la lucha contra la impunidad, la protección de las personas desaparecidas y sus familias y el refuerzo de las garantías que ofrece el estado de derecho, entre ellas, la investigación, el enjuiciamiento, la justicia y la reparación.”[5]

Diario Militar: Justicia por detenciones forzadas

En Guatemala la búsqueda de los detenidos desaparecidos y la justicia están siendo impulsados por las familias, asociaciones de desaparecidos y víctimas de la guerra. Una muestra de esto es la denuncian en los tribunales nacionales por la detención y desapariciones cometidas por el ejército durante los años 1983 y 1984 que encabeza la Asociación AVEJAS.

A consideración de los familiares recurrir a la justicia en Guatemala sigue un proceso cuesta arriba, con el riesgo de que los procesos sigan engavetados o estancados, de esa cuenta los familiares de los detenidos que se registran en el Diario Militar o “Dossier de la Muerte” buscan encontrar a sus familiares pero también que los responsables materiales e intelectuales sean llevados a los tribunales.

Durante el gobierno de Otto Pérez Molina el Estado se negó a acatar la sentencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos CIDH, esta resolvió a través de una sentencia del 20 de noviembre del año 2012 en el Caso Gudiel Álvarez  y otros (“Diario Militar”) vs Guatemala lo siguiente:

“Conclusiones y determinaciones de la Corte respecto de la obligación  de investigar las desapariciones forzadas, alegadas detenciones y  torturas y una presunta ejecución:

  1. Investigación de  las desapariciones forzadas de las 26 víctimas  desaparecidas y la muerte de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz.

2  Obligación de investigar la alegada detención y tortura de Wendy e Igor Santizo Méndez.

Conclusiones y determinaciones de la Corte respecto a las  violaciones  en perjuicio de los familiares de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz y de  las 26 víctimas desaparecidas:

  1. Respecto al derecho a la integridad personal.
  2. Respecto al derecho a conocer la verdad.
  3. Respecto al derecho de circulación y de residencia.
  4. Respecto a la protección a la familia y los derechos del niño.
  5. Respecto de las libertades de Asociación y de Expresión.

También la CIDH concluye con la responsabilidad del Estado de Guatemala de la Reparación y Costas, para las y los familiares.”[6]

“…una vez más nos volvimos a encontrar familiares dentro de organizaciones como FAMDEGUA para buscar apoyo,  al mismo tiempo  ante  Ministerio Publico iniciamos el proceso de búsqueda, desafortunadamente en Guatemala la justicia no es ni pronta ni justa, y una vez más en la investigación que inicio el MP en 1999, iba dirigida a investigarnos a nosotros como familiares y a investigar a nuestros propios familiares desaparecidos.” Macrina Gudiel Álvarez

Y en Ayotzinapa siguen sin aparecer los 43 estudiantes normalistas

Durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, específicamente en la Escuela Normal de Ayotzinapa, los estudiantes normalistas realizaron una serie de movilizaciones, esa noche del 26 fueron atacados por policías municipales y optaron por ingresar a resguardarse a la Escuela Normal. Durante la madrugada del 27 de septiembre fueron nuevamente atacados por la policía municipal, el resultado fue de 3 estudiantes asesinados y la detención desaparición de 43 estudiantes más.

A un año de la tragedia de Ayotzinapa las familias de los 43 normalistas y el pueblo mexicano siguen exigiendo que aparezcan con vida y se haga justicia. De la misma manera como ocurrió en éste caso y en los casos de desaparición forzada ocurridos en Guatemala están implicadas las estructuras de seguridad de los Estados, pero también se denudó la participación de otros grupos de poder como empresarios locales y transnacionales, crimen organizado, paramilitares y más recientemente el narcotráfico.

“La exigencia de justicia y verdad de estas familias incansables, que perdieron a los hijos que querían ser maestros de campesinos pobres, es ya el ejemplo más nítido de lucha desde abajo que enfrenta a un poder impune, dijo Barrera; un movimiento que ha desnudado la realidad de este país, donde pactan gobernantes, militares, partidos y empresarios con la delincuencia organizada.”

“Queda claro que los crímenes del 26 de septiembre no fueron un hecho aislado, por el contrario, existe un patrón sistemático de agresiones a las normales rurales y en específico a Ayotzinapa, asienta el reporte.”[7]

[1] Desapariciones forzadas. Amnistía Internacional. http://www.amnesty.org/es/enforced-disappearances

[2] Naciones Unidas. Día Internacional de las Victimas de Desapariciones Forzadas. 30 de agosto. http://www.un.org/es/events/disappearancesday/

[3] El contexto del conflicto armado. GUATEMALA: MEMORIA DEL SILENCIO. Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). Ciudad de Guatemala, febrero de 1999. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/guatemala-memoria-silencio/guatemala-memoria-del-silencio.pdf

[4] Ibídem.

[5] Naciones Unidas. Mensaje del Secretario General. 30 de agosto. Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. http://www.un.org/es/events/disappearancesday/2015/sgmessage.shtml

[6] CIDH. Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala. Resumen oficial emitido por la Corte Interamericana, Sentencia de 20 de noviembre de 2012. (Fondo, reparaciones y costas). http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_253_esp.pdf

[7] La Jornada. Blanche Petrich. Desnuda Ayotzinapa “patrón de ataque a normales rurales”. 29 de agosto 2015. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/29/centro-tlachinollan-presentara-hoy-informe-sobre-ayotzinapa-8658.html

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Publicado el 31 agosto, 2015 en Guatemala. Añade a favoritos el enlace permanente. Deja un comentario.

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