Archivos diarios: 11 agosto, 2015

El legado de la democracia representativa en Guatemala

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Ilustración de Quino, publicada en sintonison.wordpress.com

Por Ollantay Itzamná

En países donde los pueblos diversos no lograron transitar de ser un archipiélago de pueblos hacia la conformación de sociedades o comunidades políticas imaginadas (naciones), se hace muy difícil analizar/comprender el avance de sus procesos democráticos internos. La democracia, en cualquiera de sus formas, necesariamente presupone la existencia de una sociedad, y ésta, la coexistencia de ciudadanos/as con los mismos derechos/obligaciones y oportunidades. Y, obviamente, la necesaria presencia activa de un Estado de Derecho hegemónico.

En el caso de Guatemala, un mínimo porcentaje decreciente de su población disfruta de la cualidad de ciudadanía plena. Por tanto, las grandes mayorías del país subsisten sin Estado, sin nación, sin derechos, ni oportunidades, aceitando, cada cuatro años, con sus votos, el sistema democrático representativo que los excluye y empobrece.

Desde su primera Constitución Política (1825), Guatemala reconoció y “practicó” la democracia representativa como su única forma de gobierno (Arts. 39-41). Esta democracia consistió y consiste en “acarrear” (trasladar) electores/as a las urnas, cada cuatro años, para que voten por uno de los pocos ricos (civiles o militares) de turno que los empobrecerá aún más. A este perverso ritual periódico se denominó y se denomina “fiesta democrática”.

¿Cuál es el legado de la democracia representativa en Guatemala?

Esta democracia formal, sin contenidos, fue un mecanismo casi perfecto para enriquecer a la cúpula de ricos y empobrecer aún más a las grandes mayorías. En los 194 años de República, incluyendo las tres últimas décadas continuas del ritual democrático, los ricos de Guatemala acumularon el Producto Interno Bruto (PIB) más alto de la región (53 mil millones de dólares), pero los empobrecidos suman cerca de las dos terceras partes del total de la población del país. Todo esto, gracias a la democracia formal que no permite la ampliación del cumplimiento de derechos, mucho menos participación o control ciudadana alguna sobre sus gobernantes.

La democracia representativa excluyente impidió la fecundación de una ciudadanía ampliada en el país. El o la ciudadana de la clase media fue convertida en consumidor compulsivo, indiferente con el destino del país. Diluyó e inmovilizó a la poca ciudadanía existente. Las grandes mayorías de “no ciudadanos” y empobrecidos del país fueron convertidos en pordioseros electoreros que van detrás del amo candidato a cambio de un plato de comida, sin ninguna conciencia política, ni responsabilidad con el presente y destino del país.

Esta democracia pervertida imposibilitó también el surgiendo o establecimiento de partidos políticos sólidos y serios. En Guatemala, los partidos políticos, lejos de forjar actores políticos con conciencia nacional e ideológica claras, infestaron al país de mitómanos oportunistas que buscan un espacio en el aparente Estado para saquearla. Las organizaciones políticas no pasaron de ser potenciales “bolsas de empleo” de algún caudillo. Y, en los últimos tiempos, verdaderas empresas comerciales que venden ilusiones al pobrerío creyente que espera desesperado la llegada/anuncio de cualquier mesías político a la vuelta de la esquina.

Imposibilitó la consolidación del Estado como garante de derechos y proveedor de sentido político. Los “tecnócratas” rudos, sin control, ni sanción alguna, diluyeron las fronteras entre lo legal y lo ilegal. Establecieron la corrupción y el despojo como el método de gobierno. Al límite que en Guatemala se hace difícil diferenciar entre la estructura y la institucionalidad del poder estatal y los aparatos criminales. Esta perversa democracia diluyó y diluye los pocos derechos y al propio Estado.

Esta democracia neoliberal disolvió lo poco o mucho de la acumulación de la fuerza histórica de luchas sociales. Cooptó a las principales organizaciones sindicales, convirtió a los movimientos indígenas y campesinas en ONGs funcionales al sistema. Desvaneció las fronteras y diferencias ideológicas y conductuales entre la derecha y la izquierda política, al límite de convertir a las insignificantes organizaciones políticas de izquierda en electoreros agentes neoliberales.

El mayor legado de la democracia representativa excluyente en Guatemala es y será el haber establecido en las estructuras psicológicas de las personas la colonialidad política. El haber instalado en el alma de las y los empobrecidos, incluso en nichos sociales de la clase media profesional, un amor apasionado y casi existencial por los colores y los rostros photoshop de sus caciques y amos políticos. Verdaderos modelos de vida a imitar.

En la retórica cotidiana se detesta a todo Diputado por ser sinónimo de ladrón, pero, en los hechos, casi todos los empobrecidos con ascenso social sueñan con ser diputados. Eso explica el por qué indígenas con cierto ascenso social, cultural, económico, etc., sueñan con coronar su vida con “una diputación”.

¡Cuánto más corrupto o sospechoso son los candidatos políticos por su pasado o intenciones, más idolatrados y preferidos son por sus potenciales víctimas!. Esto explica el por qué el voto duro de los partidos políticos más déspotas, racistas o corruptos, se encuentra justamente en regiones más empobrecidas del país. Un pueblo que idolatra a un potencial delincuente o corrupto, es un pueblo enfermo.

Casi ningún candidato de elección popular a cargo público se presenta con la honesta intención de hacer el bien al país. Todos/as van buscando la apetecida “inmunidad” para los cuatro años, porque aquí, como en otros lares, la inmunidad es sinónimo de impunidad ante la Ley.

En estas perversas condiciones, Guatemala, una vez más, está “obligada” a votar, el próximo 6 de septiembre, por “su” Presidente y Vicepresidente, “sus” 158 diputados nacionales, “sus” 338 gobiernos municipales y “sus” diputados al Parlamento Centro Americano, de los 24 partidos políticos que compiten a nivel nacional. Uno de los rituales electorales más repudiados por las y los indignados en la historia nacional, donde se pronostica que el vencedor seguro será el abstencionismo y el voto nulo.

Desde meses atrás, el electorado urbano venía exigiendo reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, no para transitar hacia una democracia participativa, sino para rescatar la democracia representativa viciada. Pero, ni eso les conceden los 158 “soberanos” e “inmunes” Padre de la Patria.

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Poderes regionales y distorsión ilícita de la Democracia guatemalteca

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Por Harald Waxenecker

Introducción

La coyuntura que se desató a partir de abril de 2015, tras conocerse públicamente sobre el funcionamiento de estructuras de corrupción en y desde los niveles más altos del Estado, no solamente dio lugar a la expresión pública de repudio e indignación, sino también abre un paréntesis oportuno de reflexión sobre la experiencia democrática durante las últimas tres décadas en Guatemala.

En efecto, “ya no basta con argumentar, con la complacencia de hace algunos años, que nunca en Centroamérica se había vivido, en toda ella y de manera continua, un periodo de más de 25 años de democracia (Torres-Rivas, 2010: 1). En las vísperas de cumplir casi 30 años de gobiernos civiles y 20 años de paz en Guatemala, es necesario reflexionar sobre las concepciones y realidades del paradigma liberal de democratización, que ha transcurrido en un complejo contexto de rupturas y continuidades de estructuras y redes de poder a nivel nacional.

Asimismo, en las pancartas de rechazo a la corrupción, -especialmente en las manifestaciones pacíficas que han tenido lugar en varias cabeceras departamentales-, han aparecido de manera recurrente los nombres de legisladores distritales y autoridades municipales, reflejando la percepción de la población sobre la actuación aparentemente anómala de estos personajes regionales y
locales. Esa percepción parece confirmar que “…las ocultas relaciones de poder, son encubiertas por sus propios actores. Sin embargo, pueden ser percibidas a través de sus manifestaciones por terceros dando lugar a hipótesis sobre su existencia (…) Podrán haber existido, existir y en un futuro también podría darse este tipo de relaciones de poder que nunca sean descubiertas. Pero, por lo general son descubiertas por su actuar ya grosero e insultante por su inmoralidad” (Robles, 2000: 171).

Desde ese punto de vista, el presente ensayo problematiza entorno a la sistematicidad de la perpetuidad de poderes regionales y su interrelación con un sistema democrático que se caracteriza por ser unipolar, fraccionado, apolítico y clientelar. Se argumenta la existencia de al menos 34 Grupos de Poder Regional (GdPR), -consolidados y en formación-, cuyo poder está arraigado en prácticamente todos los departamentos del país, y donde han conformado complejas redes público-privadas que controlan y manipulan el negocio de la obra pública y tejen influencias de micro-captura del Estado.

Una selección de 69 constructoras regionales demuestra que a través de estas redes se han canalizado al menos Q.10 mil millones (US$ 1,3 billones) en contratos públicos entre 2004 y 2015, y de esta manera diversos contratistas y grupos empresariales se han constituido en el engranaje privado de estas redes. Especialmente en lo regional se ha configurado una economía informal o subterránea, en la cual la triangulación política-crimen-negocio se presenta en forma de una compleja interacción entre lo público y lo privado, lo lícito y lo ilícito, así como lo formal y lo informal.

Estos poderes se han perpetuado en y desde el Congreso de la República, -implicando alrededor del 30% de las diputaciones-, conduciendo hacia una situación endémica que es comparable con el nivel de incidencia que ha alcanzado la parapolítica en Colombia. Es una paradoja que afecta la legitimidad y legalidad del Legislativo y desnaturaliza la institucionalidad estatal en las regiones.

En otras palabras, se trata de la distorsión ilícita de la democracia guatemalteca. Este tipo de fenómeno, -descrito por CICIG como Red Político-Económica Ilícita (RPEI)-, no puede analizarse al margen de poderes políticos, económicos, (ex)militares y criminales que en su conjunto crearon y consintieron zonas grises en un escenario de corrupción sistémica, desmantelamiento arbitrario del Estado y criminalidad compleja en Guatemala.

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