Privatización de conocimiento y recursos genéticos amenazan a los pueblos

Por: Rony Morales

Fue el jueves 4 de septiembre de 2015 que el Congreso de la República de Guatemala,  mediante el decreto 21-2014 y en urgencia nacional, se derogó  el decreto 19-2014, referido a la Ley para la Protección de obtenciones vegetales (ley Monsanto).

Pero aquí no terminó esta amenaza, la ratificación del convenio  sobre  diversidad biológica, a través del  decreto número 5-95 del  Congreso de la  República, propició la  adopción de  protocolos que no son más que la  legalización de un sistema de saqueo, que   formaliza  las  condiciones  de orden  administrativo por medio de instituciones gubernamentales que actualmente están promoviendo políticas públicas respecto a la regulación de los compromisos derivados del Protocolo de Nagoya. Estos protocolos únicamente generan condiciones para que las empresas nacionales y transnacionales fortalezcan las estrategias para ampliar el control sobre la mercantilización de la biodiversidad, recursos genéticos y conocimientos tradicionales.

En el caso de Guatemala, se ha otorgado al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) la discrecionalidad para el otorgamiento de contratos que faciliten la ruta de otorgamiento de concesiones, patentes, registros, cambios de regalías,  tasas de acceso y licencias de comercialización, entre algunas de las condiciones preferenciales acordadas entre el Conap y las empresas, que no representan beneficios para las comunidades indígenas.

En varias reuniones y asambleas, autoridades indígenas de la zona norte, oriente y occidente del país,no están de acuerdo con los Organismos Vivos Modificados (OVM). El reglamento y convenios internacionales que buscan patentar las semillas criollas son promovidos por el Conap. Varias autoridades indígenas muestran su preocupación debido a que estas semillas se privaticen.

Las comunidades y autoridades ancestrales presentaron una anticonstitucionalidad ya que la privatización de las semillas atenta contra el conocimiento ancestral de los pueblos ligado a la agricultura y la alimentación, incrementado la conflictividad social en los pueblos con mayor índice de pobreza, despojo, acaparamiento de tierra, agua y pérdida de la biodiversidad.

La Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente el decreto 6-2014, que desarrolla estrategias de despojo, saqueo y privatización de la biodiversidad, recursos genéticos y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas de Guatemala.

Para las autoridades ancestrales del pueblo maya q’eqchi´, miembros de  Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (Redsag) y la Alianza Nacional por la Protección de la Biodiversidad (Anaprob),al no respetarse las formas de organización comunitaria, los derechos colectivos y las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas de Guatemala, este proceso hace ilegítima cualquier negociación que involucre la privatización de la madre tierra, la biodiversidad, recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Por lo tanto el protocolo de Nagoya “es una inconstitucionalidad para la vida”.

Reiteraron  la expulsión en el ordenamiento jurídico de Guatemala del decreto 6-2014 que le dio vigencia al protocolo de Nagoya, de forma definitiva e inmediata, y exigieron  que se deduzcan responsabilidades penales para quienes cometieron la ilegalidad de su aprobación sin la mayoría calificada en el Congreso de la República.

Asimismo exigen respetar las formas de organización indígena y a sus autoridades ancestrales para la defensa de la biodiversidad, recursos genéticos (semillas nativas) y los conocimientos ancestrales que deriven de su utilización.

 A la Corte de Constitucionalidad, quieren expresarle claramente que no es una revisión por malos mecanismos de aprobación, sino una expulsión de manera definitiva del orden jurídico al decreto en referencia y por ende el protocolo como tal.