Archivos diarios: 26 junio, 2016

Privatización de conocimiento y recursos genéticos amenazan a los pueblos

Por: Rony Morales

Fue el jueves 4 de septiembre de 2015 que el Congreso de la República de Guatemala,  mediante el decreto 21-2014 y en urgencia nacional, se derogó  el decreto 19-2014, referido a la Ley para la Protección de obtenciones vegetales (ley Monsanto).

Pero aquí no terminó esta amenaza, la ratificación del convenio  sobre  diversidad biológica, a través del  decreto número 5-95 del  Congreso de la  República, propició la  adopción de  protocolos que no son más que la  legalización de un sistema de saqueo, que   formaliza  las  condiciones  de orden  administrativo por medio de instituciones gubernamentales que actualmente están promoviendo políticas públicas respecto a la regulación de los compromisos derivados del Protocolo de Nagoya. Estos protocolos únicamente generan condiciones para que las empresas nacionales y transnacionales fortalezcan las estrategias para ampliar el control sobre la mercantilización de la biodiversidad, recursos genéticos y conocimientos tradicionales.

En el caso de Guatemala, se ha otorgado al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) la discrecionalidad para el otorgamiento de contratos que faciliten la ruta de otorgamiento de concesiones, patentes, registros, cambios de regalías,  tasas de acceso y licencias de comercialización, entre algunas de las condiciones preferenciales acordadas entre el Conap y las empresas, que no representan beneficios para las comunidades indígenas.

En varias reuniones y asambleas, autoridades indígenas de la zona norte, oriente y occidente del país,no están de acuerdo con los Organismos Vivos Modificados (OVM). El reglamento y convenios internacionales que buscan patentar las semillas criollas son promovidos por el Conap. Varias autoridades indígenas muestran su preocupación debido a que estas semillas se privaticen.

Las comunidades y autoridades ancestrales presentaron una anticonstitucionalidad ya que la privatización de las semillas atenta contra el conocimiento ancestral de los pueblos ligado a la agricultura y la alimentación, incrementado la conflictividad social en los pueblos con mayor índice de pobreza, despojo, acaparamiento de tierra, agua y pérdida de la biodiversidad.

La Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente el decreto 6-2014, que desarrolla estrategias de despojo, saqueo y privatización de la biodiversidad, recursos genéticos y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas de Guatemala.

Para las autoridades ancestrales del pueblo maya q’eqchi´, miembros de  Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (Redsag) y la Alianza Nacional por la Protección de la Biodiversidad (Anaprob),al no respetarse las formas de organización comunitaria, los derechos colectivos y las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas de Guatemala, este proceso hace ilegítima cualquier negociación que involucre la privatización de la madre tierra, la biodiversidad, recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Por lo tanto el protocolo de Nagoya “es una inconstitucionalidad para la vida”.

Reiteraron  la expulsión en el ordenamiento jurídico de Guatemala del decreto 6-2014 que le dio vigencia al protocolo de Nagoya, de forma definitiva e inmediata, y exigieron  que se deduzcan responsabilidades penales para quienes cometieron la ilegalidad de su aprobación sin la mayoría calificada en el Congreso de la República.

Asimismo exigen respetar las formas de organización indígena y a sus autoridades ancestrales para la defensa de la biodiversidad, recursos genéticos (semillas nativas) y los conocimientos ancestrales que deriven de su utilización.

 A la Corte de Constitucionalidad, quieren expresarle claramente que no es una revisión por malos mecanismos de aprobación, sino una expulsión de manera definitiva del orden jurídico al decreto en referencia y por ende el protocolo como tal.

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Santa Eulalia: la reforma al sistema de justicia y mega proyectos reúne a autoridades comunitarias y municipales

Por: Lorenzo Francisco.

La corporación municipal presidida por el alcalde Diego Domingo Pedro, Movimiento Social, miembros del Gobierno Plurinacional Q’anjoba’l (Yajawil Payxa Konob’). Convocaron a hoy domingo 26 de junio a autoridades comunitarias, Cocodes, líderes de diferentes  iglesias y organizaciones que existen en Santa Eulalia para informar, análisis y tomar decisiones importantes.

Uno de los objetivos de esta reunión es la de informar sobre la comisión que viajó a la ciudad capital el pasado 24 de mayo a Ministerio de Energía y Minas (MEM), Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y Congreso de la República y Derechos Humanos, con la finalidad de presentar un memorial para impugnar la resolución número 003658 emitida por el MEM con fecha del día de 10 de octubre del 2015.

Esta resolución fue notificada el 17 de mayo de 2016, misma que atiende al memorial presentado el 11 de diciembre del 2014, relacionado a la oposición de la población a la construcción del proyecto de la  hidroeléctrica San Luis de la empresa Cinco M S.A. con capacidad de 12.2 MW. El MEM resolvió que agotado el procedimiento que hizo para otorgar la licencia a la empresa Cinco M S.A. nada puede hacer para revocarla, y ordenó entonces archivar el memoria de petición del pueblo Q’anjob’al.

Julio Mateo, representante de la iglesia católica enfatizó sobre su preocupación por la emboscada que sufrieron los de la comisión  de parte de la Policía Nacional Civil en la entrada a la ciudad de Huehuetenango durante las horas de la madrugada del día en que se dirigían a la ciudad capital.

Esto cuando aproximadamente a las 2 de la madrugada los detuvo una radio patrulla de la PNC posicionándose frente al microbús que los transportaba, y de inmediato fue rodeado el microbús por tres agentes más que aparecieron en diferentes direcciones, poniendo en riesgo a la delegación de representantes que viajaban a la capital.

Esto demuestra que la fuerza pública están haciendo operaciones de control y vigilancia de  los representantes del pueblo maya Q’anojb’al fuera de las atribuciones constitucionales de brindar seguridad ciudad en democracia.

Otro de los puntos importantes a tratar en la agenda de este día, se hizo un análisis sobre las licencias de exploración y explotación de minería e hidroeléctricas en el territorio Maya Q’ANJOB’AL y en específico del pueblo de Jolom Konob’. Asimismo se analizaron las propuestas del pueblo maya Jolom Konob’  para la reforma constitucional del sistema de justicia guatemalteco, presentadas por el Gobierno Plurinacional en las mesas de dialogo nacionales para esta reforma.

El territorio norte de Huehuetenango ha sido de los territorios más afectados por la criminalización y persecución penal, especialmente por la función que asumen los operadores de justicia en contra de la organización comunitaria. Un ejemplo claro de todo esto son los 7 presos políticos del territorio en distintas cárceles del país.

 

MEMORIAL CONSEJO DE COMUNIDADES INDIGENAS DE LA SIERRA DE LAS MINAS PURULHA, BAJA VERAPAZ, GUATEMALA

 “El mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos.
La patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas,
que todos los pasos la caminen, que todos la rían, que la amanezcan todos.”
(Sub Comandante Marcos)

 

Señor Alcalde Municipal, de Purulha, Baja Verapaz,
Señor Gobernador Departamental de Baja Verapaz,
Señores Diputados y señoras diputadas,
Señor Director de la Secretaria de Asuntos Agrarios,Señor Director del Fondo de Tierra,
Señor Representante del Ministerio de Energía y Minas,
Señor Representante del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales,
Señor Representante del Ministerio de Educación,Señor Auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos,
Señor Juez de Paz,
Señor Representante del Consejo Nacional de Areas Protegidas (CONAP),
Señor Representante del Instituto Nacional de Bosques (INAB),
Señor Representante de la Fundación Defensores de la Naturaleza,
Señor Representante de la Federación de Cooperativas de la Verapaz (FEDECOVERA),

 

Señores y Señoras:

Nosotros representantes de nuestras comunidades, hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, niños y niñas, ancianos y ancianas.  Amparados en los siguientes artículos de la Constitución Política de la República:  Artículo 1.- Protección a la Persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. Artículo 2.- Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarles a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.   Los artículos 3, 4, 5, 12, 23, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 44, 46.  57, 58, 60.   Ls artículos 66, 67, 68 referente a comunidades indígenas.

El Código Municipal y la Ley de Consejos de Desarrollo nos reconoce el derecho que tenemos para decidir sobre nuestro propio futuro y a participar en las decisiones de las municipalidades y del Estado de Guatemala en igualdad de condiciones, sobre todo lo relacionado al presupuesto, obras y proyectos.

El artículo 46 constitucional manifiesta la, Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio general de que, en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.  Hemos comprendido que, como pueblos indígenas, tenemos todos los derechos reconocidos en los diferentes instrumentos internacionales que el Estado de Guatemala ha firmado y ratificado, como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales. La Convención Internacional sobre discriminación étnico-racial, la Convención Internacional sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura, el genocidio y la desapareció forzada.  Así como las declaraciones que, sobre ambiente, tierra, territorio, cambio climático, entre otros, en las que Guatemala, como Estado es parte.

Guatemala, es miembro de los Comités Internacionales que velan por los Derechos Humanos y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, al mismo tiempo que está bajo intervención internacional, manifestado en un primer momento, por los relatores especiales y temáticos del Sistema de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos.  Y actualmente por la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), quien junto al Ministerio Público está investigando casos de corrupción, no solo relacionado a las acciones de los anteriores funcionarios, sino también sobre los actuales, no solo por el manejo del presupuesto, sino también por inversiones que hicieron empresas nacionales e internacionales, personas individuales, en la última  campaña electoral, a cambio de eso, las autoridades conceden licencias de exploración, explotación y construcción, de minería, hidroeléctricas, producción de monocultivos, entre otros.  Como sucedió con la mayor parte de candidatos en la campaña recién pasada, incluso el Señor Sebastián Castro, actual alcalde recibió financiamiento de las empresas hidroeléctricas, Fuerza Hídrica, Saqha, el Cafetal, Matanzas, etc.

Amparados en la legislación anterior, como comunidades indígenas, manifestamos que estamos de acuerdo en las mejoras que se le pueda hacer a nuestras vías de acceso (carreteras, caminos comunitarios), centro de salud, escuelas, trabajo.  También, que se planifiquen proyectos denominados de desarrollo para nuestras comunidades, sobre todo lo relacionado a la mitigación del hambre, puesto que nuestras comunidades están catalogadas como las más desnutridas de la región, a pesar, que, en el gobierno anterior, lo presentaron como un caso importante en el Plan Hambre Cero.   Pero no estamos de acuerdo, que estas se ejecuten, con dinero que provengan de acuerdo previos con empresas, para conceder licencias para hidroeléctricas, minería, palma africana u otros proyectos extractivistas, que en vez de mejor nuestra vida,  la empeoran, como está pasando con las hidroeléctricas ya construidas en la región, que ha traído odio, desconfianza, miedo, criminalización y rivalidades entre nosotros, así como los proyectos de monocultivo como el PINFOR y otros, que solo han beneficiado a las grandes empresas de madera y a unos cuantos intermediarios, que también aprendieron a vivir de la tala ilegal de bosque.  Eso quiere decir, que los proyectos deben hacerse de forma participativa y en consulta permanente con las comunidades, no solo con los presidentes de los COCODES, según lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, donde establece que se debe consultar de forma previa e informada, tomando en cuenta todas las estructuras organizativas de las comunidades, respetando sus formas culturales para tomar decisiones.

Nadie es superior a la ley, reza nuestra legislación nacional, por tal razón, ninguna institución del Estado y por lo consiguiente tampoco ninguna institución privada (ONG; FUNDACION, ASOCIACION), nacional o internacional, puede tomar decisiones sobre nosotros y nuestras comunidades, solo porque nos consideran pobres e ignorantes.  Nosotros ya conocemos nuestros derechos y por eso es que defendemos y protegemos nuestra tierra, nuestro territorio, nuestros bienes naturales.  Por eso mismo, no aceptaremos ningún proyecto, que venga a destruir lo que durante años hemos cuidado, protegido y defendido.  Y tampoco aceptaremos que, por esta decisión tomada en comunidad, nos quieran obligar trayendo policías y militares a nuestra región. Aunque entren con la excusa de hacer proyectos de beneficio comunitario.  Nosotros sabemos que los proyectos y programas para la comunidad, los debe de hacer el Estado y no empresas, ni ONG.  Es deber de todos Ustedes programarlo con nosotros y por eso exigimos que haya diálogo constante entre nosotros, pero no en Purulha, ni en Salamá, sino aquí en nuestra región, porque nosotros queremos que todos escuchen el compromiso de Ustedes.

Si en caso quieren que lleguemos a acuerdos, sobre programas, proyectos u otras cosas que quieran traer a la región, exigimos que los diálogos, no sean conducidos por las empresas, ONG; asociaciones, grupos u otros, sino que sea el Estado y por medio de Ustedes quienes están aquí y principalmente por la Municipalidad y su Consejo,  quienes tendrán que informarnos, sobre los estudios técnicos y políticos, que tengan, porque hasta el momento no conocemos ningún estudio sobre los proyectos que ya están en ejecución como las Hidroeléctricas el CAFETAL; SAQHA, FUERZA HIDRICA, PANIMA y otros que piensan construir.  Además, que nos expliquen sobre los beneficios no solo temporales, sino también permanentes que traen para nosotros.  Al mismo tiempo que no se valgan de personas individuales, para traernos la información, como lo han hecho hasta el momento utilizando a personas non gratas en la región como el Señor Celso Caal Ayu y compañeros, así como la organización CONIC, quienes, en vez de ayudar a las comunidades, han sido cómplices de la destrucción de nuestra región.

La Constitución del clara sobre las tierra de cooperativas y comunidades indígenas, donde el Estado se compromete a respetarla y reconocerse, por eso, exigimos a FEDECOVERA, que nos explique sobre la situación de nuestras tierras, que aún los tiene bajo resguardo y no para dar en garantías a los bancos para créditos que nunca nos han beneficiado, por eso, solicitamos a los señores y a las señoras diputadas, iniciar una auditoria a FEDECOVERA y a otras Cooperativas de la región y que nos den un informe sobre nuestras tierras y recursos, porque cuando nosotros pedimos información, nos amenazan y nos intimidan y al mismo tiempo nos dicen que debemos mucho dinero, cuando nunca lo hemos tenido en nuestras manos, este es el caso de la Cooperativa Panchisivic, que ha hecho negociaciones con FUERZA HIDRICA, vendiendo o regalando nuestras tierras, sin beneficio para nosotros, o vendiendo o regalando nuestros bosques a las empresas de madera.

A todos y todas Ustedes, les informamos que no aceptaremos ningún nuevo proyecto hidroeléctrico en nuestro territorio, ni de minería, ni de monocultivo.  Si realmente esta fuera la solución de que no tenemos energía eléctrica, con las que están ya tendríamos energía eléctrica todos nosotros y a bajo precio.  Pero el Plan del Estado y del modelo económico,  es para vendérselos a las empresas y estas a otros países.  Pero la destrucción si la cosecharemos todos aquí en un término de 20 o 30 años, cuando nuestros hijos sufran por el agua y luego estarán corriendo buscando nuevos lugares para vivir. Por eso solicitamos a Defensores de la Naturaleza, INAB, CONAP, para que nos apoyen limitando a las empresas la utilización del agua y de la tierra.

Toda institución privada o pública debe informarnos sobre los beneficios que obtiene sobre nuestros recursos y nuestras comunidades.  Hasta el momento, si la Sierra de las Minas se ha conservado en parte, ha sido por el trabajo que hemos realizado nosotros, pero nunca hemos recibido beneficios económicos sobre eso.  Exigimos a Defensores de la Naturaleza, INAB, CONAP; que nos informen cuales son los beneficios obtenidos hasta hoy, por proteger el ambiente y la naturaleza, porque nunca ha repercutido en mejoras en educación y salud, principalmente.  Defensores de la Naturaleza ha estado aquí desde finales de 1990, casi más de 20 años, pero nunca hemos visto un beneficio sustantivo que provenga de ellos.

Sobre educación, en la región lo maestros vienen día martes y regresan día jueves y muchas veces lo hacen en complicidad con los funcionarios de educación de Purulha y Salamá y si les exigimos que trabajen, repercute en violencia contra nuestros hijos, por eso, exigimos a las autoridades de educación, que verifiquen no solo la presencia de los maestros, sino también sus cualidades y ética, porque en vez de formar a nuestros hijos con valores y principios morales, lo pueden formar como delincuentes y pandilleros.

Salud, estamos peor.  En el centro de salud, nos han comunicado que tenemos que comprar un panel de luz solar y que tenemos que dar los recursos como comunidad.  Tampoco tenemos medicinas.  Por eso, exigimos y demandamos al ministerio de Salud para que provea los insumos necesarios para que tengamos un centro de salud, acorde a nuestra situación.

 Exigimos y demandamos a la municipalidad de Purulha, Baja Verapaz, para que abra el libro de registros para comunidades indígenas, porque es un derecho adquirido y que nadie puede violarla, según el código municipal y toda la legislación nacional e internacional existente.

Todos y todas quienes asistimos a esta Asamblea Territorial Comunitaria, manifestamos que estamos cansados de tantas mentiras que luego nos trae problemas en las comunidades y todas ellas vienen principalmente de las autoridades que como Ustedes tienen como función velar por el bien común, porque para eso fueron electos o contratados.  Pero en realidad, cada vez nos decepcionan y nos frustran, porque en vez de dialogar con nosotros, nos acusan, nos amenazan y nos criminalizan.  Por eso hemos acudido al Sistema de Justicia para denunciar todos los abusos emprendidos contra nosotros, que no solo es violencia psicológica, sino también física.

En tal virtud, solicitamos a la Auxiliatura de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, para que se constituya en un garante de nuestros derechos.  A los diputados del Legislativo a revisar todo el marco jurídico sobre áreas protegidas y de conservación, sobre tierra y recursos naturales.  Al representante del Sistema de Justicia a ejercer su función aplicando la justicia pronta en favor de los más pobres.  Al señor Alcalde para que cumpla su función de ser el garante de la Unidad del municipio y no con favoritismo.  Al señor Gobernador, para que ejerza su función de favor de los más pobres y no de la injusticia desarrollista y que su papel en el CODEDE se para beneficiar a las comunidades y no a las empresas.  A todos y todas, que no ejerzan su función con prepotencia, sino respetando nuestros derechos.

Desde hoy como Consejo de Comunidades Indígenas de la Sierra de las Minas, declaramos el territorio, libre de minería, de hidroeléctrica y de palma africana.  Nos constituimos en Asamblea Permanente, para defender nuestros derechos a la autonomía y a la libre determinación.

Sutam rej Rex Awaj, Sierra de las Minas, Purulha Baja Verapaz,

23 de junio de 2016

 

 

 

San Mateo Ixtatán: verifican el desvío de tres ríos en Ixkisis para una hidroeléctrica

Por: Nelton Rivera.

Empresas como Proyectos de Desarrollo Hídricos S.A. (PDHSA) en el municipio de San Mateo Ixtatán en el territorio norte de Huehuetenango ejemplifican las formas violentas del modelo extractivo en Guatemala, múltiples han sido las denuncias de la población por las violaciones a los derechos humanos que constantemente comente la empresa y sus operadores, además del daño a la naturaleza que provocan.

El Estado guatemalteco se desentendió de atender las demandas de las comunidades del pueblo maya Q’anjob’al y Chuj de cancelar los permisos a estas empresas, la Policía Nacional Civil (PNC) y el ejército se instalaron nuevamente en la región, dejando de lado su mandato de brindar seguridad ciudadana o para salvaguardar la frontera del país con México, contrario a esto sirven de instrumentos de control y represión contra aquellas personas que se oponen pacíficamente a la construcción de las hidroeléctricas o mineras.

Leocadio Juracan diputado de izquierda en el Congreso de la república realizó una visita de verificación de la situación de los derechos humanos en San Mateo Ixtatán, especialmente por el desvío de tres ríos que abastecen del vital líquido a las comunidades, de esa cuenta se reunieron con autoridades comunitarias y líderes.

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Visita de verificación

En los últimos cuatro años las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos hechas por las autoridades comunitarias en  la Microregión de Ixkisis en San Mateo Ixtatán y la fuerte problemática social que se vive en las comunidades del municipio por la instalación de la empresa PDHSA motivó la visita de uno de los parlamentarios que forman parte de una comisión interparlamentaria del Congreso de la república para atender este tipo de denuncias.

Leocadio Juracan diputado por Convergencia, representantes de organizaciones sociales y algunos delegados del Ministerio de Medio Ambiente (MARN) visitaron recientemente esta región, uno de los municipios que son frontera con México a unos 116 kilómetros de la ciudad de Huehuetenango que son 3 horas y media de camino y a unas 10 horas de distancia de la ciudad capital.

El diputado llegó el día viernes 24 de junio, se reunió con los representantes de las comunidades afectadas por la instalación de la empresa PDHSA que tiene relación directa con Ecoener Hidralia Energía / Hidro Santa Cruz para realizar la construcción de los proyectos Pojom I y II.[1] Estas empresas junto a la CINCO M con el proyecto Hidro San Luis en Santa Eulalia fueron señaladas de daños ambientales y otras graves violaciones, asesinatos, amenazas, criminalización y la prisión política de varios líderes de la región.

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El desvío de los ríos

Son miles de familias de distintas comunidades en San Mateo Ixtatán que dependen de los afluentes de agua de los ríos Pojom, río Negro y río Yalwitz que abastecen del vital líquido a sus habitantes, además del uso que hacen para la agricultura de auto consumo y para el comercio de la región.

La empresa PDHSA realiza la construcción de un canal gigantesco que desvía el cauce de los tres ríos, dirigiéndolos al lugar en donde instalaran la infraestructura y maquinaria para hacer funcionar la hidroeléctrica, recientemente las comunidades denunciaron el desvío de estos ríos: San Mateo Ixtatán: los proyectos hidroeléctricos son sinónimo de violaciones a los derechos humanos

Durante el gobierno del general Otto Pérez Molina ahora en prisión por dirigir estructuras criminales, se instaló el destacamento militar en Ixkisis dentro de las instalaciones de la empresa PDHSA en el año 2013, luego a finales del año 2015 el ministerio de Gobernación instaló una segunda comisaria de la PNC en las instalaciones de la misma empresa, la población entiende que estas son acciones para proteger los intereses y capitales de estas empresas.

Varios funcionarios del MARN pudieron verificar el desvío del cauce de los tres ríos en la región, también realizaron una visita del lado mejicano porque el desvío pone en riesgo a las comunidades que están ubicadas en territorio de México.

“Según el ministro del Medio Ambiente, el impacto provocado por esta empresa es nacional y transfronteriza, razón, por la que estuvieron presentes representantes de las colonias mexicanas de Benito Juárez y San Pedro, para llevar un proceso legal sobre este gran problema.”[2]

En distintos momentos los líderes comunitarios demandaron al Estado que interviniera para encontrar una salida a la problemática social, en 2013 formaron parte de la delegación que integro el Gobierno Plurinacional durante la instalación de una mesa de acercamiento con el gobierno de Otto Pérez Molina, en ese momento se alcanzaron varios acuerdos que no fueron respetados por las empresas y por las instituciones del Estado.

La Procuraduría de los Derechos Humanos PDH, se retiró de la región, dejando desatendida la observación en todo el territorio norte de Huehuetenango, muchas de las denuncias de la población no son recibidas, otras permanecen estancadas en las fiscalías en el Ministerio Publico, mientras todo esto ocurre bajo la mirada de la PNC y del ejército, instituciones que han participado en distintos momentos para realizar detenciones arbitrarias o para ejecutar varias órdenes de allanamiento.

Los trabajos realizados por la empresa como la remoción de la tierra y el desvío de estos tres ríos se realizan sin la supervisión del Estado, hasta el año 2015 la empresa no había logrado obtener los permisos municipales para trabajar, especialmente por la oposición del alcalde municipal quien respeto la decisión de las autoridades comunitarias y la Consulta Comunitaria realizada en al año 2009: Pojom, la historia de una agresión: la consulta comunitaria

[1] El caso de la empresa Ecoener – Hidralia  en el norte de Guatemala. Alianza por la tierra. http://www.alianzaporlasolidaridad.org/wp-content/uploads/Informe-Hidralia.pdf

[2] Noti Pojom Official. AUTORIDADES VISITAN IXQUISIS POR EL DESVÍO DE TRES RÍOS. 25 de junio 2016. https://www.facebook.com/notipojom.org.np/