Archivos diarios: 9 marzo, 2013
Asesinan a luchador social que dedicó su vida a defender la vida
Por: Redacción Prensa Comunitaria
Nuevamente la sociedad organizada, las comunidades que luchan, están conmocionadas e indignadas, pues pareciera que defender la vida, el agua y el territorio significa perder la propia vida. ¿A quiénes les interesa que luchadores sociales dejen de existir? ¿A quiénes les interesa disminuir y callar las voces de quienes denuncian que el saqueo y robo del agua, la tierra, los minerales afectan la vida de todos y todas?
Organizaciones sociales locales y nacionales denunciaron en conferencia de Prensa en Chiquimula el asesinato del luchador social y sindicalista Carlos Hernández Mendoza y exigieron a las autoridades su esclarecimiento inmediato. El hecho ocurrió este ocho de marzo a las 8:30 de la mañana, en El Florido -Camotán- en el km 210, cuando se dirigía hacia Chiquimula. Desde hace un año según denuncian familiares se encontraba amenazado[1].
Quién era Carlos Hernández Mendoza
Carlos Hernández Mendoza fue dirigente del sindicato de salud, trabajó en el Centro de Salud de Camotán siendo encargado de las actividades de Cultura y Deportes por el departamento de Chiquimula. También fue parte de la Asociación Campesina Camoteca, miembro de la Comisión Política y de la Coordinadora de Organizaciones Populares, Indígenas, Iglesias, Sindicales y Campesinas de Oriente (COPIISCO) e integrante del Frente Nacional de Lucha.
“Reconocido líder comunitario en Camotán, defensor de los derechos del pueblo Ch´orti´, luchó incansablemente por la defensa de los bienes naturales y de el territorio, en contra de las industrias extractivas, hidroeléctricas y mineras en la región oriente defendiendo el derecho a una vida digna y la salud de las comunidades.”[2] “Su único delito fue luchar por la justicia social por darle un gran amor al prójimo.”
“Reconocido líder comunitario en Camotán, defensor de los derechos del pueblo Ch´orti´, luchó incansablemente por la defensa de los bienes naturales y de el territorio, en contra de las industrias extractivas, hidroeléctricas y mineras en la región oriente defendiendo el derecho a una vida digna y la salud de las comunidades.”[2] “Su único delito fue luchar por la justicia social por darle un gran amor al prójimo.”
Amenazas en el territorio Ch´orti´
Esta región en la que habitan los pueblos Ch´orti´s -principalmente en los municipios de Jocotán, Camotán, San Juan Ermita, Olopa en Chiquimula y la Unión en Zacapa-, ha vivido en medio de alarma en los últimos años, debido a que forma parte de lo que el gobierno y organismos internacionales han denominado Corredor Seco, porque los problemas que ha enfrentado su población como consecuencia de la sequía son innumerables. También ha sido evidente el impacto de los problemas históricos de saqueo y despojo, que han traído consigo niveles de pobreza que, sumada a la sequía, han llevado desnutrición crónica y aguda dejando muerte y enfermedades.
Ahora resulta que sumado a esta situación, los gobiernos abren las puertas a la inversión extranjera lo cual evidencia no solo una gran irresponsabilidad histórica y política pues muestra el desinterés por resolver los problemas del país, sino que además solo beneficiarán a las empresas a costa de la vida de la población.
En esta región existen planes de construcción de tres plantas hidroeléctricas: El Puente y El Orégano en Jocotán y el proyecto Caparjá en Camotán. Todo esto forma parte del Sistema de Interconexión eléctrica para los países de América Central -SIEPAC- y el Corredor Tecnológico, que afectará a varios municipios y por su puesto a la población [3]. Uno de los problemas importantes a señalar es que, como ocurre en todo el país, la población no ha sido informada por las autoridades ni ha sido consultada sobre estos proyectos que evidentemente les afectarán.
Ahora resulta que sumado a esta situación, los gobiernos abren las puertas a la inversión extranjera lo cual evidencia no solo una gran irresponsabilidad histórica y política pues muestra el desinterés por resolver los problemas del país, sino que además solo beneficiarán a las empresas a costa de la vida de la población.
En esta región existen planes de construcción de tres plantas hidroeléctricas: El Puente y El Orégano en Jocotán y el proyecto Caparjá en Camotán. Todo esto forma parte del Sistema de Interconexión eléctrica para los países de América Central -SIEPAC- y el Corredor Tecnológico, que afectará a varios municipios y por su puesto a la población [3]. Uno de los problemas importantes a señalar es que, como ocurre en todo el país, la población no ha sido informada por las autoridades ni ha sido consultada sobre estos proyectos que evidentemente les afectarán.
El proyecto de construcción de la Hidroeléctrica El Orégano es desarrollado por la empresa Desarrollo de Generación Eléctrica y Recursos Naturales Las Tres Niñas, que a su vez forma parte de American Trans Group. Eststará ubicado entre Zacapa y Chiquimula, en Jocotán en particular, afectando a las comunidades Las Flores, Guareruche, Orégano, Tierra Blanca, Morrito, Santa Bárbara y Guaraquiche. Esta empresa instalará otro de sus proyectos en Camotán.[4]
Coincidentemente el día que asesinan a Carlos Hernández se iba a realizar una consulta comunitaria en la aldea Las Flores. Era muy especial, pues servía para que el Registro de Información Catastral – RIC- aceptara que la población sea declarada como comunidad indígena. Eso permite el ejercicio de su derecho histórico sobre su territorio y que sea realice una medición colectiva de las tierras, entrando en disputa con los intereses de dicha empresa. En esta consulta se haría en presencia de personas del RIC y del Concejo Municipal y se levantaría un acta. La actividad no se llevó a cabo pues sólo asistieron miembros del Concejo más no el RIC.
Otro caso de criminalización de la lucha
Las organizaciones sociales del área Ch´orti´, sindicatos de salud y otras organizaciones, hacen un llamado de emergencia a la comunidad nacional e internacional. También lo hacen los pueblos a lo largo y ancho del país, ante la amenaza de un nuevo despojo y el uso de la violencia indiscriminada en contra de quienes defienden con legitimidad sus derechos a vivir en estas tierras y a proteger la naturaleza y la vida.
Una de las estrategias que están usando tanto las empresas como el gobierno es la criminalización de la lucha, que va desde la estigmatización, la persecución penal, el encarcelamiento, llegando al asesinato, tal y como ocurrió hoy con Carlos Hernández Mendoza. Dirigentes sindicales en conferencia de prensa denunciaron que “hay una estrategia en contra del movimiento popular que va desde coartar o comprar y sino asesinar a los dirigentes[5]”
Una de las estrategias que están usando tanto las empresas como el gobierno es la criminalización de la lucha, que va desde la estigmatización, la persecución penal, el encarcelamiento, llegando al asesinato, tal y como ocurrió hoy con Carlos Hernández Mendoza. Dirigentes sindicales en conferencia de prensa denunciaron que “hay una estrategia en contra del movimiento popular que va desde coartar o comprar y sino asesinar a los dirigentes[5]”
“El asesinato de Carlos Hernández es una amenaza a la sociedad guatemalteca porque están asesinando a defensores de derechos humanos, aquellas personas que hablan por las mayorías que no se atreven o tienen miedo a hablar” Fue criminalizado, encarcelado y judicializado, tal como lo denuncian sus compañeros: “es algo que no se puede obviar”, pues era muy activo en su actividad como luchador social.
“Este crimen es el resultado de la campaña de estigmatización, criminalización y judicialización de las luchas sociales en favor de los derechos del pueblo en Guatemala. Esta campaña negra que pretende deslegitimar la protesta social contra el hambre, el desempleo, la destrucción de los bosques, el robo de los ríos, el despojo de tierras comunales y el saqueo de los bienes naturales que sustentan la vida de nuestros pueblos”.[6]
Y es que en Guatemala con mucha facilidad se acusa de terrorismo a cualquier persona que defiende sus derechos más elementales. Las empresas, a través de sus operadores o representantes, pueden acusar con lujo de impunidad a cualquier persona, e inmediatamente las fuerzas de seguridad del Estado y sistema de justicia se prestan para garantizar la inversión de capitales para el despojo y el saqueo al perseguir y encarcelarles.
En este mecanismo perverso, que lamentablemente se hace cada vez más común, los medios de comunicación corporativos juegan un papel clave, pues reproducen este discurso y van creando condiciones subjetivas en la población para justificar este tipo de actividades injustas y muchas veces ilegales. Este discurso culpabilizador queda claro en las declaraciones que diera Adolfo Vásquez, gerente de la mancomunidad Copán-Chortí acusando a los líderes sociales diciendo que “manipularon a los campesinos de varias comunidades, asegurándoles que el alcalde de Jocotán se había fugado a los Estados Unidos con el dinero de la venta de la tierra tras emborrachar a los participantes en una manifestación.” [7]
Y es que en Guatemala con mucha facilidad se acusa de terrorismo a cualquier persona que defiende sus derechos más elementales. Las empresas, a través de sus operadores o representantes, pueden acusar con lujo de impunidad a cualquier persona, e inmediatamente las fuerzas de seguridad del Estado y sistema de justicia se prestan para garantizar la inversión de capitales para el despojo y el saqueo al perseguir y encarcelarles.
En este mecanismo perverso, que lamentablemente se hace cada vez más común, los medios de comunicación corporativos juegan un papel clave, pues reproducen este discurso y van creando condiciones subjetivas en la población para justificar este tipo de actividades injustas y muchas veces ilegales. Este discurso culpabilizador queda claro en las declaraciones que diera Adolfo Vásquez, gerente de la mancomunidad Copán-Chortí acusando a los líderes sociales diciendo que “manipularon a los campesinos de varias comunidades, asegurándoles que el alcalde de Jocotán se había fugado a los Estados Unidos con el dinero de la venta de la tierra tras emborrachar a los participantes en una manifestación.” [7]
Algunos hechos
El 30 de marzo del 2010 hubo una concentración pública en que la población de esta región manifestó su oposición a los proyectos de interconexión eléctrica.
El 12 de octubre del 2010 hubo una concentración masiva, a la vez hubo una serie de hechos que concluyeron en la quema de la Municipalidad de Jocotán. Los medios de comunicación corporativos nacionales señalaron de estos hechos a Carlos Hernández, Omar Jerónimo e incluso a la iglesia católica; mientras Saul Oswaldo Rodríguez, el Síndico de Jocotán, les acusó de “mal informar a la a la población sobre el corredor tecnológico, lo cual fue utilizado para incitar a los pobladores a quemar la municipalidad y otros edificios”. [8].”
Carlos Hernández Mendoza había recibido desde entonces constantes amenazas, vigilancia e intimidaciones incluso de grupos armados, lo cual motivó el acompañamiento internacional de instancias de derechos humanos como Brigadas de Paz.
El 13 de octubre se emitieron órdenes de captura en contra de Carlos Hernández y Santos Vásquez. Los medios de comunicación les habían señalado por los hechos ocurridos el día anterior y se le acusó de haber quemado la municipalidad de Jocotán. Sin embargo miembros de la Asociación Campesina Camoteca denuncian que fue encarcelado por haber participado en una manifestación que había ocurrido meses antes.
El 15 de noviembre de 2010 fueron detenidos Carlos Hernández junto a Santos Vásquez, acusados de actividad en contra de la seguridad interior de la nación, reuniones y manifestaciones ilícitas.
El 16 de noviembre de 2010 fueron liberados. El juez los ligó a proceso, fijó una fianza y arresto domiciliario, teniendo que presentarse al juzgado cada 15 días y les prohibió “promover o participar en actividades ilícitas.” Esto muestra cómo el enjuiciamiento es una estrategia de criminalización que pretende frenar las luchas sociales legítimas.
Abril de 2011 se otorgó la licencia para la instalación a la empresa Las Tres Niñas S.A.
2011 El Frente Nacional de Lucha puso un recurso de exhibición personal para Carlos Hernández, sin embargo las autoridades nunca constataron ni investigaron nada al respecto.
La población Ch´orti´, organizaciones sociales y sindicales y los pueblos en general en Guatemala, exigen a gritos que cese la persecución y la criminalización de las luchas sociales y que se respete la vida y el territorio, pues estamos viviendo momentos difíciles en donde parece que por encima de la vida están los intereses económicos. Estamos ante un nuevo despojo y una ola de violencia que es preciso detener.
[1] Mi Chiquimula. http://www.michiquimula.com.
[2] Declaraciones de organizaciones sociales en conferencia de prensa. Chiquimula, 8 de marzo de 2013.
[3] Brigadas Internacionales de Paz – Proyecto Guatemala. Paquete de Información mensual sobre Guatemala. Marzo de 2011.
[4] Con información de la nota de prensa de El Periódico el 20 de abril del 2011.
[5] Luis Lara en conferencia de prensa. Chiquimula, 8 de marzo de 2013.
[6] Omar Jerónimo en conferencia de Prensa. Chiquimula, 8 de marzo de 2013.
[7] Arce, Alberto. Primer enfrentamiento con comunidades por el corredor. Plaza Pública.
[8] Prensa Libre,14 de octubre de 2010
Escuche el audio de la Conferencia de Prensa realizada en el departamento de Chiquimula, Guatemala en relación al asesinato de Carlos Hernández, líder campesino, indígena y sindical de la región:
“Al pueblo Chortí le hacemos un llamado para fortalecer la unidad para la defensa del territorio frente a las grandes amenazas de hidroeléctricas y minería para salvaguardar la vida, los bienes naturales y la cultura, para no olvidar el trabajo realizado por el compañero Carlos Hernández que dio su vida por el bien del pueblo.” Omar Jerónimo dirigente campesino e indígena.
Escucha el audio de las declaraciones de Omar Jerónimo dirigente campesina e indígena:
Declaraciones de Luis Lara del FNL sobre el asesinato de Carlos Hernandez:
