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Barillas de exportar café y cardamomo ahora exporta presos políticos

Por Nelton Rivera.

Barillas es un municipio de aproximadamente 129 mil habitantes, la agricultura sigue siendo una de las actividades económicas importantes, el café hasta la crisis del 2002 fue casi el más importante. Todo cultivo necesita de agua, y en este municipio el agua está en disputa. Una hidroeléctrica extranjera quiere instalarse y utilizar las cascadas del río Canbalam para producir energía y venderla fuera del país, un río poco caudaloso pero que circula por varias de las comunidades. Para funcionar la empresa recurrió a poner denuncias en contra de muchas personas, de ahí van el montón de procesos. El Ministerio Público -MP- con estos casos está lejos de ser objetivo en sus investigaciones, la empresa le da los insumos, con estos se arman casos penales y ahora hay siete líderes comunitarios en distintas cárceles del país, todos enfrentan procesos arbitrarios, así lo afirman los abogados de derechos humanos, la empresa no les perdona que hayan detenido el proyecto hasta la fecha.

 

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Ermitaño López (don Taño) y Adalberto Villatoro (don Tello) son dos agricultores que provienen de familias que por años produjeron café, seguramente sus abuelos habrán comenzado con este cultivo en Barillas.

Francisco Juan Pedro (don Chico Palas) tiene su propio negocio, una librería en el centro de la ciudad y Arturo Pablo es profesor de una escuela pública en la comunidad Recreo B, además es licenciado.  Arturo y Francisco son indígenas maya Q’anjob’al, la población mayoritaria de varios municipios del departamento de Huehuetenango.

Ellos son autoridades comunitarias, alcaldes auxiliares o COCODES, tienen en común la defensa del agua y del territorio, y todos actualmente están en prisión, para muchos de forma injusta e ilegal, para una empresa y el Estado son delincuentes o terroristas por oponerse a un proyecto que llevará el “desarrollo”, ¿Cómo? no terminan de explicarlo.

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Durante el año 2007 la gente del municipio realizó una de las primeras consultas comunitarias, muchos decidieron que los bienes naturales no pueden ser explotados industrialmente, por lo tanto las empresas no pueden llegar como si nada, instalarse y construir sin el consentimiento de la mayoría.

Barillas es un municipio en donde la producción agrícola es una de las principales actividades comerciales y de auto sustento, después de las remesas claro esta, la tierra y el agua son vitales, cultivos como el café y cardamomo necesitan del agua y de las personas también.

Ser colectivamente responsables con sus recursos hídricos y tomar decisiones para protegerlos, les enfrentaría años más tarde con la ambición de una empresa española de origen español, la empresa quiso instalarse de forma inconsulta desde el año 2011. Para adquirir la tierra mintió, luego comenzó a construir sin permiso municipal y volvió a mentir, frente a la oposición de las comunidades su estrategia se tornó cada día más violenta, mintió en los medios de comunicación, mintió en su país y hasta el día de hoy sigue mintiendo.

El empresario Luis Castro Valdivia de origen gallego tuvo el respaldo del gobierno de aquel entonces, Otto Pérez Molina cuando el se sentía en la cima del poder. Esta empresa probó de todo en el 2012; realizó denuncias que se convirtieron después en órdenes de aprensión. También hubo asesinatos, cooptación de líderes, desplazamiento forzoso, presos políticos y hasta un Estado de Sitio.

Para el año 2012 el municipio dejó de exportar café y comenzaron a exportar presos políticos, primero fueron nueve, luego entre el año 2013 al 2015 fueron siete más, don Taño, Tello, Chico Palas, Arturo, Saúl y Rogelio son el ejemplo vivo de esta experiencia, lo más terrible es que todavía hay órdenes de captura contra 23 personas más.

Barillas dejo de ser referencia por su café y cardamomo de exportación a mercados como los de Estados Unidos y Europa, ahora exporta presos políticos; pequeños o grandes productores cambiaron sus pláticas sobre el café si es Prima, extra prima, semi duro, duro fantasía, estrictamente duro, o Antigua por temas como órdenes de aprehensión, fiscales, denuncias, juzgados, jueces, casos, penas y cárceles.

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Don Tello, Arturo y don Chico Palás, están en prisión preventiva desde febrero del 2015 en la ciudad de Guatemala, un juez de Huehuetenango así lo decidió, su paso por la cabecera departamental fue corto ya que después de su detención los mandaron para la capital,  en poco tiempo se dieron cuenta que la justicia pronta y cumplida o el debido proceso no son mas que una utopía, un texto muerto.

Para el abogado Edgar Pérez del Bufete de Derechos Humanos, este caso y la participación del MP responden a otros intereses:

“Tenemos una acusación que es inobjetiva, es una acusación totalmente arbitraria, esta acusación puede ser ilegal y eso es una afrenta contra el orden constitucional, el Ministerio Público apartándose de toda objetividad presentó acusaciones ilegales…”[1]

Ocho meses han trascurrido desde que fueron detenidos, todo ha sido lento y tortuoso, sus familias tienen que viajar durante dos días para llegar a la ciudad capital desde Barillas un municipio que colinda con una de las fronteras del sur de México, fácilmente pueden hacer 14 horas de viaje si usan un solo día para moverse a la capital, la prisión injusta, la distancia, la ruptura del núcleo familiar golpean permanentemente a las familias.

La denuncia en contra de ellos la hacen varios trabajadores de la empresa, con el auxilio de un abogado pagado por la empresa. El fiscal del MP logró que los tres permanezcan en prisión preventiva en la zona 18, el proceso recientemente paso de la fase intermedia, los tres van a un juicio oral y público así lo resuelvió el Tribunal de Mayor Riesgo A, el MP no logro salirse con la suya, la jueza Carol Patricia Flores antes de ser removida del tribunal desestimo la acusacion por plagio o secuestro, ahora el tribunal esta presidido por otra jueza, el fiscal aún debe una explicación sobre como ingresó el mismo al expediente un documento titulado: «Informe Estructura Criminal. Conflicto Social Huehuetenango Mayo 2014», la empresa lo puso en las manos del fiscal.

Para Benito Morales Laynes abogado defensor: “este tipo de persecución por parte del Ministerio Público son casos políticos, porque están persiguiendo, criminalizando y juzgando a líderes comunitarios por su forma de pensar y por oponerse a empresas transnacionales y no por cometer delito alguno, qué delito existe en defender el agua de todo el mundo, además es evidente una política racista por parte del MP.”

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Las juezas van y vienen

Carol Patricia Flores presidió el Tribunal de Mayor Riesgo A en la ciudad de Guatemala, ella enfrenta un antejuicio. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG- y el Ministerio Público –MP- tienen algunos indicios que ella pudo haber hecho uso de su posición para beneficiarse económicamente, de esa cuenta que el antejuicio sea por: “delitos de lavado de dinero u otros activos; enriquecimiento ilícito, e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.”[2]

En el mes de agosto la jueza se excusó de seguir conociendo los casos de la CICIG, como el de la estructura de La Línea y el IGSS. Ella conoció el caso de la masacre de la cumbre de Alaska en Totonicapán.  Finalmente en diciembre ella salió de vacaciones, por lo que la Corte Suprema de Justicia nombro a la jueza Claudette Domínguez en su lugar para conocer los casos del tribunal de Mayor Riesgo A, ella es quien lo preside ahora.

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¿Cómo va el proceso?

Antes de cerrar el año el Tribunal ligó a proceso a los tres por los delitos de detenciones ilegales, coacción e incitación a delinquir, la jueza Carol Patricia Flores desestimó el delito de plagio o secuestro, el MP no logró demostrar con suficientes pruebas que los tres señores hubieran cometido tal delito y la jueza a regañadientes contra el fiscal lo descartó, a pesar de eso el fiscal Maynor Alfredo Aguilar Bernardino de la unidad de operadores de justicia del MP insistió en solicitar una y otra vez que todos fueran ligados por este delito, con penas de 25 años de cárcel o la pena de muerte.

Ocho meses después de haber sido detenidos en prisión a 415 kilómetros de sus hogares el profesor Arturo, don Chico Palas, y don Tello van a juicio oral y público, en enero de 2016, la jueza Claudette Domínguez así lo resolvió luego de conocer una audiencia para modificar la medida coercitiva durante los últimos días de diciembre del 2015.

Los abogados defensores argumentaron que los tres delitos por los que fueron detenidos debiera de tener arresto domiciliario argumentando que existe la posibilidad de fuga y que por ser líderes comunitarios pueden obstruir la investigación del MP, a pesar que la fiscal tuvo más de un año para realizar la investigación.

El próximo viernes 15 de enero 2016, Arturo, don Chico Palas y don Tello van a ser trasladados nuevamente desde la zona 18 de la ciudad hacia la Torre de Tribunales, el sistema penitenciario los moverá dentro de un camión, deberían estar  para una nueva audiencia, esta vez en la apertura a juicio oral y público.

Ellos siguen a la espera de poder regresar a su tierra, reencontrarse con su familia, con las comunidades, caminar por los mismos caminos, tomar el café en su taza preferida quizá antes de empezar una nueva jornada de trabajo.

Barillas seguira produciendo café y cardamomo, la problemática social provocada por la empresa lejos esta de solucionarse, y al mismo tiempo en municipios como San Mateo Ixtatán, Soloma, Santa Eulalia y San Juan Ixcoy están viviendo lo mismo, detrás están las hidroeléctricas.

[1] Audiencia de fase intermedia. Tribunal de Mayor Riesgo B. Abogado Edgar Pérez. 13 de octubre 2015.
[2] CICIG. COMUNICADO DE PRENSA 014, ANTEJUICIO CONTRA JUEZA CAROL PATRICIA FLORES POLANCO. 30 de abril 2015. http://www.cicig.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=590&cntnt01returnid=67
[3] ElPeriodico. Cesar Calderón, el abogado que Otto Pérez Molina le pago a “Eco”. Julio E. Santos. 25 de septiembre 2015.