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RESISTIR O MORIR Campaña de Mugarik Gabe de apoyo a las comunidades en resistencia

VEA EL VIDEO

Dentro de la campaña que hemos organizado, hemos hecho una animación que sirva de denuncia contra las actuaciones irracionales de las transnacionales y por la defensa del territorio. Evidentemente, el pueblo Chiacté no existe y su nombre pretende representar a todos los pueblos indígenas en lucha.

Por favor, difundir en lo posible.
MUGARIK GABE
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Las grandes empresas multinacionales son responsables de robo de tierras, expulsión de pueblos indígenas de sus territorios, amenazas y daños irreversibles a la naturaleza. El pueblo Chiacté en Guatemala lo vive de primera mano y lucha por sus derechos:

BIDEOA / VIDEO:
¡Pronto más información!
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La Tumba

 


Hace 34 años un 31 de enero de 1980, un grupo de hombres ymujeres indígenas maya Kiché de Uspantán y Chimel, en su mayoría campesinos y campesinas, junto a estudiantes universitarios y obreros guatemaltecos tomaron la Embajada de España.

La dictadura de la época, respondió incendiando la sede diplomática, esta es la historia del único sobreviviente de esta masacre, treinta y siete personas más fueron masacrados en el interior de la embajada, hasta el día de hoy no se ha hecho justicia y varios de los responsables materiales e intelectuales permanecen en libertad, otros fallecieron de vejez protegidos por la impunidad.

Documental dirigido por Juan Calles… 

La masacre  de la Embajada de España

… no nos ha quedado otra alternativa que permanecer en la Embajada de España como la única manera de hacer llegar nuestras denuncias a todo el pueblo de Guatemala y a los pueblos del mundo”[1]

A las once de la mañana del jueves 31 de enero de 1980, 27 personas la mayoría de ellos  indígenas y representantes de organizaciones populares de Quiché, y algunos estudiantes ingresaron de forma pacifica  en la Embajada de España.”[2]

 “…Toda esta injusticia, toda esta maldad y toda esta cobardía del Ejercito Nacional es lo que venimos a denunciar a la capital, pero también aquí fuimos perseguidos y amenazados por las fuerzas represivas. Los periódicos y las radios no querían publicar nada porque también sus trabajadores han sido amenazados de muerte por el Gobierno …por todos estos hechos no nos ha quedado otra alternativa que permanecer en la Embajada de España como la única manera de hacer llegar nuestras denuncias a todo el pueblo de Guatemala y a los pueblos del mundo. Estamos firmemente decididos a permanecer dentro de la embajada hasta que las peticiones que les hacemos a ustedes sean resueltas favorablemente.”[3]

La petición del diplomático español no fue atendida. Decenas de agentes uniformados y algunos de civil de la Policía Nacional, judiciales y miembros de Inteligencia del Ejercito, fuertemente armados, dieron inicio al asalto de la sede, infringiendo la inviolabilidad que ampara a los agentes diplomáticos y al local de su respectiva misión,[4] al hacerlo ante la clara oposición de su titular.”[5]

¿Quién es Juan Calles?

Juan Calles

 Juan Calles es un aprendiz de todo, esta siempre en proceso de aprendizaje y asombro.

¿Cuál ha sido tu experiencia como artista audiovisual?

Mi experiencia ha sido de espera y paciencia. Busco hacer trabajos 100% independientes lo que ha significado esperar para obtener los recursos para echar a andar los proyectos audiovisuales. La paciencia me ha ayudado a saber en cual es el mejor momento para rodar.

¿Cómo surge “La Tumba“ y qué aporte quisiste hacer con ella, respecto de la memoria y la historia?

Cuando estudié en la USAC existía una especie de leyenda urbana que contaba sobre la existencia de una tumba en el campus. Fue hasta el 2008 mientras documentaba el foro social de las Américas en la USAC que pregunté por que hacían una ceremonia maya en la plaza entre Económicas y Derecho.

Un vendedor me respondió que allí estaba la tumba de Gregorio Yujá y se extendió con lagrimas en los ojos contándome que el estuvo presente en el entierro que hicieron los estudiantes. Pero que en realidad ese no era el lugar correcto; que la tumba estaba en otro lugar. Allí inició la investigación y el desarrollo del documental.

Quise aniquilar la leyenda urbana y contar la verdad y dar a conocer que uno de los héroes de la Embajada de España estaba enterrado en el Campus Central de la Universidad de San Carlos  y cual era el lugar exacto de la tumba de Gregorio Yujá. Que los estudiantes conozcan esta historia y respeten el lugar en donde descansan los restos de Yujá.

Ese documental fue hecho bajo per-versa pero eso ya no existe, ahora somos iconoclasta producciones que es mas bien un colectivo de chavos y chavas que hacen cosas diferentes desde música pasando por la poesía el teatro y el audiovisual


[1] Declaración pública de las comunidades indígenas que tomaron la embajada, con fecha 31 de enero 1980.

[2] Guatemala Memoria del Silencia. Tomo VI Casos Ilustrativos Anexo I. Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico CEH. 1999.

[3] Declaración pública de fecha 31 de enero de 1980 suscrita por las comunidades campesinas  de Chajul, Nebaj, Cotzal y San Miguel Uspantán.

[4] Artículos 22, 27 y 29 del Convenio de Viena, ratificado por Guatemala el primero de octubre de 1963, sobre relaciones diplomáticas, que establece la prohibición de penetrar en sedes diplomáticas sin el consentimiento del jefe de la misión, y la obligación del Estado de proteger tanto el recinto diplomático como a sus agentes.

[5] Guatemala Memoria del Silencia. Tomo VI Casos Ilustrativos Anexo I. Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico CEH. 1999.

Totonicapán: “Justicia por la masacre contra el pueblo es lo que buscamos”

Por Nelton Rivera –Prensa Comunitaria.

Martes 19 de noviembre: representantes y autoridades comunales de los autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán asistieron a la vista publica por la acción de inconstitucionalidad planteada contra la resolución de sentencia de la jueza Carol Patricia Flores emitida el 8 de agosto del 2013. Esta acción de inconstitucionalidad es  promovida por la Fiscalía  de la sección de delitos contra la vida e integridad de la persona del Ministerio Publico.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG y el Ministerio Publico se constituyeron como Apelantes  en este recurso de inconstitucionalidad contra el Juzgado Primero de Mayor Riesgo grupo A de la ciudad de Guatemala. La Jueza Carlo Patricia Flores modificó los delitos de Ejecución Extrajudicial y Ejecución Extrajudicial en grado de tentativa imputados por el MP al Coronel del ejercito Juan Chiroy Sal junto a 8 soldados y realiza la modificación de cambio de la clasificación jurídica al delito de Incumplimiento de deberes.

Los procesados por la masacre de 6 personas maya Kiché de Totonicapán asesinados en el kilómetro 169 de la carretera interamericana a la altura del lugar conocido como “Alaska” en el departamento de Totonicapán son los soldados: Marcos Chun Sacul, Felipe Chub Choc, Dimas García, Abner Enrique Cruz Pérez, Abraham Gua Cojoc, Ana Rosa Cervantes, Manuel Lima Vásquez, Edin Adolfo Agustín, todos bajo el mando del coronel Juan Chiroy Sal.

El abogado de las victimas de la masacre del día 4 de octubre del 2012, abogado Pedro Ixchiu y José Santos Sapón presidente de los 48 Catones de Totonicapán lamentaron profundamente que debido a los formalismos legales de la Corte de Constitucionalidad no se le haya permitido al abogado de las victimas intervenir en la vista publica.

“Los 48 Cantones van a estar siempre en lucha por la defensa de su dignidad, en esta ocasión la corte de constitucionalidad se le hizo ver y se le expuso cual es su motivo realmente de este proceso y de este caso, lo que pedimos es el acceso a la justicia que realmente sea aplicado como corresponde.” [1]

Exigencia de los 48 Catones de Totonicapán

“Venimos a una audiencia publica en la Corte de Constitucionalidad en donde el ministerio publico solicita que se retorne a la clasificación jurídica del caso de la masacre de Alaska tipificado como de Ejecución extrajudicial y Ejecución Extrajudicial en grado de tentativa en contra de nueve militares encabezados por el Coronel Juan Chiroy.  

En esta oportunidad comparecimos a la audiencia en sus intervenciones el Ministerio Publico y la CICIG se pidió se confirmara el tipo penal por el cual se inicio este proceso, sin embargo la defensa argumentó todo lo contrario, que los soldados tuvieron miedo ante tanta población con palos y  piedras según ellos, que fueron “emboscados”, términos que no se utilizan por parte de la población civil.

En segunda instancia queremos manifestar nuestra inconformidad, lamentamos profundamente los excesivos formalismos que se utilizan dentro del sistema de justicia constitucional en virtud que a raíz de esto no se permitió que el abogado de las victimas interviniera en esta audiencia.

Las razones por las cuales no llegaron las victimas a esta audiencia es por la distancia, por los recursos que se necesitan para su traslado y obviamente el pueblo de Guatemala es en un 70% de población pobre, población que vive en las áreas rurales. Lo que significa que para el pueblo de Guatemala pobre e indígena se le niega su derecho de acceso a la justicia constitucional.

Por otra parte se nos negó el derecho de participar como 48 Cantones en todo este proceso, este servidor y quienes me acompañan estamos interviniendo en este proceso, se nos dio la oportunidad de intervenir dentro de la vista publica, pero no como terceros interesados como pretendíamos hacerlo.

Que significa eso, que los descendientes directos del invasor son quienes nos nieguen el derecho de participar a los legítimos herederos de este territorio, eso si lamentamos profundamente.

Esperamos que esta corte en su resolución final pueda cambiar estos paradigmas antojadizos, arbitrarios y abusivos de interpretar el derecho, que se nos conceda ese derecho de acceder a la justicia constitucional y legítimamente por somos los herederos de los propietarios legítimos de la tierra mesoamericana, de la cual nosotros tenemos inclusive los títulos reales que conquistamos del invasor.

Este es uno de los pesares que nos mueve en este día y repito que lamentamos que se haya dado, repito la corte de constitucionalidad tienen todas las facultades para cambiar esa forma anacrónica de interpretar el derecho y cambiar lo que señalaron los comisionados del esclarecimiento histórico que este Estado es racista y discriminador de hecho y de derecho.” José Santos Sapón, presidente de los 48 Cantones del pueblo Kiché de Totonicapán.

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[1] Declaraciones del  presidente de los 48 Cantones de Totonicapán 2013-2014. Prensa Comunitaria. 19 de noviembre 2013.

Sus leyes y su Estado, son un obstáculo para el caminar de los pueblos

Por Nelton Rivera -Prensa Comunitaria.

Representantes de los pueblos Maya Achí, Ixil,  Kaqchikel, K´iché, Mam, Popti´, Sipakapense y Xinka, comparecieron ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), para interponer una demanda contra el Estado de Guatemala.

La demanda, responde a la finalización de todas las instancias legales que permite la  Constitución Política de la República, para defender los derechos colectivos de los pueblos originarios. El Estado de Guatemala a través de la Corte de Constitucionalidad,  emitió un  fallo contrario a la petición de los pueblos, el 28 de febrero del 2013.

La Corte de Constitucionalidad, declaró “inexistente” la inconstitucionalidad parcial o total de la Ley de Minería,  contenida en el decreto 48-97 del Congreso de la República, sin la consulta previa e informada de los pueblos originarios de Guatemala.

Los pueblos fundamentan esta demanda contra el Estado por las reiteradas violaciones de los derechos colectivos e individuales de los pueblos, derechos políticos, derechos de igualdad ante la ley, derecho a las garantías judiciales y protección judicial.[1]

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“La invasión, el despojo y el saqueo de nuestros bienes naturales, ha representado  históricamente, violaciones a nuestros derechos colectivos en forma sistemática, es imposible entonces vivir en tales condiciones, no podemos convivir con masacres, no podemos convivir con torturas, violencia sexual, asesinatos crueles y otros crímenes”[2]

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Hacemos un llamado a los pueblos del mundo, como Pueblos Maya y Xinka,  constituidos en Consejo de los Pueblos Indígenas de Guatemala, asumiendo claramente nuestra existencia como sujetos de derechos, mujeres y hombres. Reconociendo que somos los y las herederas de nuestro territorio, entendido este como la máxima expresión de nuestra cultura, de nuestra política, de nuestra espiritualidad y de nuestra organización comunitaria.”[3]

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 “Dejamos bien claro, que cuando hablamos los pueblos de territorio, no estamos hablando simplemente, de un terreno, o de una expresión de un espacio específico simple, hablamos de la coexistencia en su máxima expresión.”[4]

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  “Hoy les decimos, que sus leyes y que sus instancias de Estado, son un obstáculo claro para el caminar de los pueblos, porque hoy estamos expresando que mantienen una clara expresión política de todos los gobiernos de turno de seguir arrodillados ante las empresas transnacionales, llámense minería, hidroeléctricas, monocultivos, petróleo y otras. Por encima de todos nuestros derechos elementales, inclusive el derecho a la vida”.[5]

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Síntesis de la demanda

El abogado maya Gudiel Miranda,  dio a conocer los fundamentos de la demanda internacional que los pueblos originarios de Guatemala establecieron ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en contra del Estado  guatemalteco:

Lea y descargue  aquí el Comunicado de Prensa de CPO


[1] Petición ante la Comision Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Consejo de Pueblos de Occidente CPO. Guatemala 2013.
[2] Lolita Chávez. Representante del Consejo de Pueblos Kichés CPK. Guatemala 03 de septiembre 2013.

[3] Ibidem.

Juicio por asesinato en Barillas: Ex trabajador del INACIF evade declarar

Por Quimy De Leon / Nelton Rivera / Santiago Bastos  – Prensa Comunitaria.

Entrevistamos a Benito Morales y Lucía Xiloj abogados querellantes del juicio por asesinato de Andrés Pedro Miguel y el atentado en contra de Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé Mateo ocurrido el 1 de mayo de 2012.

jueza

El caso 118-2012 se está llevando a cabo en la Sala del Tribunal A de Mayor Riesgo, presidida por la jueza Patricia Bustamante García en Torre de Tribunales de la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Guatemala. Este juicio está por finalizar, se espera que haya sentencia condenatoria este viernes 6 de septiembre.

Los acusados son dos trabajadores de la empresa española Ecoener Hidralia Energía – Hidro Santa Cruz: Ricardo Arturo García López y Óscar Armando Ortiz Solares. El crimen del que se les acusa fue cometido alrededor de la problemática generada por esta empresa y la construcción de un proyecto hidroeléctrico al que la población de Barillas se opone por considerarlo dañino para la vida y el agua, además por la serie de actos que esta ha cometido que van desde amenazas hasta el asesinato. A continuación los principales elementos:

acusados hidro santa cruzRicardo Arturo García López  y Óscar Armando Ortiz Solares,

trabajadores de Hidro Santa Cruz.

El 16 de agosto del 2013 inició este juicio oral, el proceso transcurrió sin mayores limitaciones, tanto el Ministerio Publico, abogados querellantes y abogados de la defensa plantearon una serie de testigos y peritos para profundizar en la aclaración de los hechos ocurridos el 1 de mayo. “Fueron dilucidándose y verificándose todas la pruebas ofrecidas durante el proceso”.[1]

El día lunes 2 de septiembre se tenía programado iniciar la audiencia de Fase Conclusiva con la intervención de un perito y una testigo propuestos por el Ministerio Público y la misma defensa de los procesados.  Pero tuvo que ser suspendida por la Jueza Patricia Bustamante, pues el perito Doni Winston Cardona Díaz, quien fue Médico Forense del INACIF, delegado en Huehuetenango en el 2012,  no se presentó a dar declaración ante este tribunal.


abogados 1Abogados Benito Morales Lainez y Edgar  De León Chacaj.

¿Qué ocurre si no se presenta este perito?

“Ésta es una prueba a la que no podemos renunciar, pues es clave para poder aclarar el caso, y para que el tribunal pueda emitir sentencia”.[1]

 Según la abogada Lucía Xiloj, del equipo de abogados de los querellantes adhesivos, si Doni Winston Cardona se niega a hablar sobre el dictamen forense que emitió al realizar la necropsia de Andrés Pedro Miguel, estaría incurriendo en el “delito de obstruccion a la justicia y falso testimonio.”

La importancia de esta declaración es que esta persona pudo determinar en base a su pericia la causa de la muerte de Andrés Pedro Miguel, y determinó que fue un proyectil de arma de fuego que la ocasionó. Encontró la evidencia (el proyectil) en el cuerpo, después ésta fue remitida como corresponde al INACIF.

Este informe es fundamental precisamente para demostrar la responsabilidad de los acusados y que el Tribunal emita sentencia.

Doni Winston Cardona está “prácticamente evadiendo su responsabilidad de comparecer, hay información de que él ya no la labora como funcionario del INACIF, pero independientemente de eso tiene la obligación de comparecer ante el tribunal, porque ha sido notificado y citado debidamente”.[2] Incluso se le ha enviado a conducir[3].

¿Casualidad?

Esta claro que el funcionario del INACIF está evadiendo su responsabilidad. Esta actitud es preocupante pues su residencia está perfectamente ubicada y no se ha podido hacer nada para que comparezca. La Policía Nacional Civil de Huehuetenango ha sido notificada por el Tribunal de Sentencia que conoce el caso.

Coincidentemente, este hecho ha retrasado esta fase importante del juicio y en consecuencia ha impedido que se emita sentencia, justo un día antes de que tenía previsto Otto Pérez Molina una visita a Barillas para intentar resolver en una “mesa de diálogo” el conflicto con la hidroeléctrica. Sin embargo el detalle que faltaba en esta actividad convocada por el Ejecutivo, fue invitar a las comunidades y sus representantes, especialmente porque han reiterado una y otra vez no estar de acuerdo con este proyecto.[4] En esta visita el presidente hizo alusión a la resolución del juicio para el día viernes.

Pareciera ser una estrategia para evadir la responsabilidad de este crimen que en voz de los testigos que acudieron al tribunal a dar su declaración, queda perfectamente claro de la participación de los dos procesados y la vinculación de la empresa, “al final buscan dejar impune un hecho, que provocó y generó consecuencias muy graves”

¿Funcionará la justicia a favor de los pueblos?

Al finalizar esta entrevista el abogado Benito Morales nos dijo: “Vamos a esperar que la justicia funcione, seguimos a la espera, nosotros no vamos a renunciar a esta prueba, vamos a esperar que la justicia funcione. Esperamos que el Ministerio Público de oficio actúe, pues esta persona tiene que responder por obstruir la justicia”.


[1] Entrevista al abogado Benito Morales Lainez quien es abogado querellante en el juicio de la causa 118-2012 que enfrentan trabajadores de la empresa española Hidro Santa Cruz.

[2] Ibidem.

[3] En entrevista con la abogada Lucía Xiloj. Abogada querellante en el juicio de la causa 118-2012 que enfrentan trabajadores de la empresa española Hidro Santa Cruz.

[4] “Mesa de Diálogo” pero sin participación de comunidades en resistencai de Barillas. Prensa Comunitaria. 3 de septiembre 2013.