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Comisión interparlamentaria conocerá situación de presos políticos y violaciones de empresas extractivas

 

Por Cesia Juárez.

En cumplimiento a los acuerdos y compromisos suscritos por el Organismo Legislativo con la Marcha por el Agua, la Madre Tierra y el Territorio en Guatemala, y representantes de la Asamblea Social y Popular ASP, el Congreso de la República creó una Comisión Interparlamentaria para darle seguimiento a las demandas presentadas, en esta comisión se encuentra el diputado Leocadio Juracán de la Bancada de Convergencia CPO CRD.

El pasado 28 de mayo se apersonó la Comisión Interparlamentaria al Municipio de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, para verificar y documentar la situación denunciada por los comunitarios, en relación a los daños que las hidroeléctricas Oxec I y Oxec II están provocando en los ríos Cahabón y Oxec, del Pueblo Q’eqchí. Ésta Comisión se reunió en la iglesia de la comunidad de Champerico con líderes comunitarios, representantes y Cocodes de más de 40 comunidades del área gravemente afectados por los proyectos hidroeléctricos nombrados anteriormente. La Comisión escuchó las demandas, denuncias y preocupaciones de los pobladores de las Comunidades en mención y también de personas que viajaron desde Fray Bartolomé, Sayaxché, Chisec y Raxruhá, quienes denuncian que están siendo afectados por los monocultivos de palma africana los cuales están provocando el desvío y contaminación de sus ríos y fuentes de agua.

Una vez finalizada la reunión, los diputados que integran la Comisión Interparlamentaria, representantes de organizaciones de la Asamblea Social y Popular ASP, comunicadores sociales y un asesor del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) junto a un grupo de comunitarios se desplazaron hacia el área donde se están construyendo los proyectos hidroeléctricos Oxec I y Oxec II. La verificación transcurrió con total normalidad hasta que en el lugar conocido como El Puentón, trabajadores y personal de la seguridad privada de la hidroeléctrica, fuertemente armados salieron al paso, impidiendo la libre locomoción de la Comisión y demás personas que los acompañaban.

El diputado Juracán fue víctima de amenazas de muerte y agresiones  por parte de los trabajadores de la hidroeléctrica quienes con sus machetes desenfundados crearon tensión en el lugar. La seguridad y la integridad física de los integrantes de la Comisión estuvieron en grave peligro. Cabe destacar que a pesar de las amenazas y agresiones, el diputado Leocadio Juracán fue el mediador y consiguió que una hora después de su detención, los trabajadores y personal de la seguridad privada de la hidroeléctrica los dejaran en libertad.

“No es la primera vez que los trabajadores de la empresa hidroeléctrica nos amenazan de muerte” expresó un comunitario que acompañaba a la Comisión Interparlamentaria.

“Esperamos que el Ministerio Público actúe” agregó.

Así mismo los dirigentes de la Marcha por el Agua, demandan que el Organismo Legislativo se pronuncie en relación al tema de Presos Políticos en Guatemala, que monitoreen su situación dentro de las cárceles donde se encuentran y que verifiquen que se está respetando el debido proceso en los diferentes casos de criminalización contra defensores de Derechos Humanos.

De esa cuenta, el día Viernes 17 de junio, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y la Comisión Interparlamentaria, junto a representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Oficina Nacional de Prevención de la Tortura se reunieron con representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, para recibir información sobre los casos

El diputado Juracán hizo entrega de un listado de 7 personas detenidas de Huehuetenango, de los cuales tiene información gracias al apoyo de diferentes organizaciones de Derechos Humanos en el país que le trasladaron los datos, con éste listado suman 19  Presos Políticos en Guatemala, todos activistas de derechos humanos que han sido criminalizados por su lucha en defensa de su territorio, de los bienes naturales, del agua y la vida.

“Me preocupa enormemente que desde hace más de 1 año los hermanos de Huehuetenango fueron detenidos y me parece que hay una actitud de falta del debido proceso y perverso al estar siempre suspendiendo las audiencias”, expresó el diputado Juracán.

Hace un mes aproximadamente el Consejo de Pueblos de Occidente CPO remitió sus demandas a través de “El Memorial de los Pueblos” en donde piden la pronta libertad de los activistas detenidos, que se realice el debido proceso y que se respeten los Derechos Humanos.

“Vamos a invitar a las fiscalías del Ministerio Público que conocen estos casos para que nos den un informe de la situación actual de cada Preso Político, así mismo se creará una Comisión especial desde la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República para hacer el monitoreo correspondiente en los centros de detención donde se encuentren, para conocer su situación dentro del centro carcelario y su situaciónjurídica”, agregó Juracán.

En esta reunión participó Marcelo Sabuc, representante del Comité Campesino Del Altiplano –CCDA– e informó que en la región de Alta Verapaz hay alrededor de 82 órdenes de captura, que si no se resuelven a tiempo se materializará la detención, sumando más presos políticos en el país.

Leocadio Juracán aprovechó para invitar a todos los presentes, para que juntos acompañen a los presos políticos de Huehuetenango que iniciarán debate oral y público el día 6 de julio de 2016, en el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de la Ciudad de Guatemala, como muestra de solidaridad a la lucha de los Pueblos.

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San Juan Sacatepéquez: Mujeres vestidas de flores afectadas por la militarización

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Por Quimy De León.

Breves antecedentes:

Las Doce Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez desde el año 2007 han sufrido una serie de agresiones la mayoría alrededor de la instalación de la empresa cementera. Han existido asesinatos de comunitarios opuestos a está, el encarcelamiento de líderes comunitarios y la persecución de 36 personas más de las comunidades quienes forman parte de la oposición a la forma violenta de operar de la empresa y  de los dos proyectos en construcción; la carretera privada “Anillo Regional” y la construcción de la Planta San Gabriel.

No podemos dejar de mencionar el Estado de Sitio impuesto en el 2008 por el gobierno de Alvaro Colom, con estos antecedentes seis años despues el presidente Otto Perez decretó el Estado de Prevención para cuatro comunidades de San Juan Sacatepéquez (Santa Fe Ocaña, Los Pajoques, El Pilar I y Pilar II) a través del Decreto Gubernativo 9-2014, vigente desde el 21 de septiembre en San Juan Sacatepéquez.

“detrás de ello está la intención de contar con excusas para declarar el Estado de Prevención en San Juan Sacatepéquez, y así detener a los líderes y lideresas de la movilización contra la cementera desde el año 2006 y la construcción de la carretera privada Anillo Regional, como ya se ha empezado a hacer. aproximadamente desde el año 2007 el gobierno y la empresa Cementos Progreso, se han dado la tarea de acusar y criminalizar a diferentes actores sociales que cuestionan su accionar a través de algunos de sus operadores y diferentes medios de comunicación corporativos.”[1]

Las mujeres kaqchikeles dicen basta:

Las mujeres están cansadas de tantos abusos y es que con la imposición de un Estado de Prevención, se militariza el territorio kaqchikel y se mantiene bajo asedio, amenaza y control también el cuerpo de las mujeres.

Ellas vinieron a denunciar en conferencia de prensa el día 7 de octubre a la ciudad capital cientos de casos de violaciones de los derechos humanos cometidos por fuerzas de seguridad del Estado guatemalteco y otras cometidas por trabajadores o promotores de la empresa cementera.

Después de una visita a tres de las cuatro comunidades afectadas directamente por la militarización, Santa Fe Ocaña, Los Pajoques, El Pilar 1 y 2,  luego de escuchar sus testimonios pudimos constatar lo que ellas también han denunciado ante la Procuraduría de Derechos Humanos:

  • Amenazas de llevarse a los niños.
  • Abusos sexuales.
  • Acoso sexual a mujeres y adolescentes.
  • Abortos provocados por militarización.
  • Amenaza de abortos.
  • Allanamientos.
  • Apropiación ilegal de herramientas y enseres de cocina.
  • Contaminación del agua de varios pozos en uso de fuerzas de seguridad.
  • Enfermedad.
  • Imposibilidad de cortar leña y buscar comida.
  • Deserción escolar por miedo a interrogación e intimidación a los niños y niñas.
  • Desplazamiento forzoso.
  • Detenciones arbitrarias.
  • Las fuerzas de seguridad defecan y ensucian varios terrenos de la gente, ésto puede generar enfermedades o epidemias.
  • Escándalo de la policía en la noche (no dejan dormir).
  • Expropiación u ocupación de tierra para poner un destacamento (propiedad privada de una señora en la comunidad El Pilar 2).
  • Fotografiaron a mujeres, documentos y casas.
  • Personas golpeadas.
  • Interrogatorio de niños.
  • No pueden ejercer su religión, no pueden realizar actividades religiosas.
  • Ocupación ilegal de alcaldías auxiliares para dormitorios de la PNC.
  • Ocupación ilegal del salon comunal en Santa Fe Ocaña para instalar puesto de mando militar.
  • Ocupación de las iglesias para dormitorios de la PNC.
  • Obligaron a mujeres a firmar documentos.
  • Robo del agua u ocupación de pozos.
  • Robo  de locales comerciales.
  • Robo de cultivos.
  • Perdida de la cosecha.
  • Susto y tristeza.
  • Perdidas económicas por cierre de comercio.
  • Secuestro de una persona  de Ocaña mientras trabajaba.
  • Trabajadores de la empresa cementera vestidos de policía y señalando casasa de comunitarios.
  • Trabajadores de la empresa cementera haciendo medición de terrenos.
  • Temor a la violación sexual.
  • Uso de áreas comunales sin autorización.
  • Violación sexual de mujeres.

[1] Santiago Bastos. Muerte en Los Pajoques: Crónica desolada de la barbarie en la que vivimos. Prensa Comunitaria – Guatemala, 29 de septiembre de 2014.