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Sepur Zarco: todo se motivó por el interés de los terratenientes por despojar la tierra

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Héctor Rosada Granados

Por: Nelton Rivera.

El 11 de febrero en el marco del Juicio Sepur Zarco asistió como perito Hector Rosada Granados convocado por las querellantes. El peritaje presentado fue acerca del “contexto sociológico militar de los hechos ocurridos entre 1972 a 1983 en el caserío Sepur Zarco de la finca San Miguel en el Estor Izabal”. El fue interrogado tanto por las abogadas querellantes como por los abogados defensores de los militares y presentado ante el  Tribunal de Mayor Riesgo A conformado por la jueza Yassmin Barrios y Patricia Bustamante y Gerbi Sical.

“… podemos afirmar que el sujeto activo que ejerció la violencia fue el Estado militar contrainsurgente por medio del ejército y demás actores civiles, el sujeto pasivo las personas o grupos víctimas de la acción violenta, es decir los campesinos del caserío de Sepur Zarco y el móvil del porqué de la violencia, fue la reacción de la élite local terrateniente que se sintió amenazada en sus intereses ante la organización y protesta de los campesinos que buscaban revertir el despojo histórico de sus tierras, del que sistemáticamente han sido víctimas durante siglos.”

A sus 74 años de edad Héctor Rosada Granados se especializó como investigador social y analista político en el tema militar, es decir que él conoce a profundidad las distintas dinámicas del ejército desde su fundación y las etapas de transformación del mismo y también conoce y explica de cómo este actuó estratégicamente durante la guerra en el país.

Durante varios testimonios que se han ido presentando van saliendo los nombres de las familias que “poseían” las fincas, mismas que se beneficiaron con la represión militar en Alta Verapaz e Izabal, aunque este juicio es en contra del teniente coronel Esteelmer Reyes Girón y el comisionado miliar Heriberto Valdez Asij, se va revelando la participación familias como los Meagle en Alta Verapaz y los Milla en El Estor Izabal[1], también los Overdick García, los Monzón entre otros finqueros.[2]

En sus conclusiones Rosada afirmó que la exigencia de los campesinos antes mozos colonos por recuperar las tierras que les fueron despojadas a través de la organización del Comité Pro Tierras y las gestiones que estaban realizando ante el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) fue la razón para que “la elite terrateniente local” empujara la represión en contra de ellos.

Rosada entonces ratificó ante el tribunal el peritaje que realizó. Mientras tanto varias mujeres Q’eqchis querellantes en este juicio, escuchaban con atención sus palabras, una traductora Q’eqchi hace el intento por traducirles en su idioma materno la conversación que inicia Rosada ante el tribunal.

Rosada leyó las ocho conclusiones a las que llega en su peritaje que transcribo a continuación:

  1. En este momento del análisis es fundamental llegar a establecer que la hipótesis que el disparador de toda esa tragedia fue el temor e interés de los propietarios de todas las fincas afectadas “la elite terrateniente” buscando poner fin a los reclamos de titulación de tierras que hacían los pobladores organizados en el Comité Pro tierras.Esta situación típica en varios casos de la historia contemporánea en la historia de nuestro país. Podría ejemplificar a muchos de los hechos de violencia Genocida que se perpetraron en contra de la población civil no combatiente, durante el conflicto armado. Uno de los casos que ejemplifica un modus operandi militar sería el de la matanza de Panzós perpetrada 4 años antes el 29 de mayo de 1978.
  2. Según el registro de los hechos que analizamos, derivado de la actitud y los propósitos de los finqueros “La elite terrateniente” se estimuló a miembros de las mismas comunidades afectadas para que procedieran a poner una denuncia utilizando las estructuras locales de la contrainsurgencia de la localidad, es decir los comisionados militares quienes por intermedio del S2 de la zona militar de Puerto Barrios, trasladaron el mensaje que incluía la acusación de que los denunciados eran colaboradores de la guerrilla.
  3. De acuerdo a lo anterior mente indicado según a la ley respectiva, el nombramiento de los comisionados militares y de sus ayudantes, dependía de la elección que hiciera el comandante de reservas miliares del departamento. En la mayoría de los casos los elegidos eran priorizados por ser oficiales o tropa en situación de reserva, aparte era la elección y nombramiento de los colaboradores e informantes, quienes no eran considerados como miembros del ejército, aunque quedaban tácitamente autorizados para portar armas. Este podría ser el caso de algunos administradores, caporales o trabajadores de confianza de las fincas, no descarto la posibilidad de que estos últimos, pudieran haber prestado servicio militar, posiblemente hubiera sido un inteligencia de comando S2 o un agente de inteligencia G2, y conveniente para que actuara a una posición ajena a los mandos militares o como jefes de patrulla.
  4. El procedimiento para procesar una acusación de cualquier comisionado militar, automáticamente ubicaba a los acusados y a su entorno inmediato dentro de la posición de ser enemigo interno. Según el informe del REMHI se comprobó la existencia de redes de inteligencia militar que contaban con una extensa red de comisionados militares, encargados de recoger información sobre los movimientos de la población, para su traslado para la Inteligencia de comando directamente o a través de la S5 de asuntos civiles del comando en los destacamentos militares. El informe mencionado hace énfasis de que “en los años 80 la sola acusación de un comisionado militar, suponía frecuentemente el asesinato del imputado”.
  5. Reiteramos que al comparar las acciones militares que articularon la cadena de hechos sucedidos en el caserío Sepur Zarco, antes descrita (modus operandi) podemos asegurar que se ajustan al perfil de uno de los tantos operativos tácticos registrados por la CEH, derivados de la planificación de los planes estratégicos contrainsurgentes que ejecuto el ejército de Guatemala durante la duración del conflicto armado interno.
  6. Debido a ello es procedente interpretar que, la responsabilidad superior de todos los operativos contra insurgentes efectuados en cualquier parte en el territorio nacional durante la duración del conflicto armado interno recaen en la cadena de mando en su orden, en el presidente de la república en tanto comandante general del ejército el ministro de la defensa nacional y el jefe del estado mayor general del ejército.
  7. Una aproximación hacia una visión estructural nos plantearía que la fuente de la violencia fue el Estado militar contrainsurgente a cargo del poder durante el periodo 1982-1983 los ejecutores fueron los miembros del ejército de Guatemala según los planes de campaña respectivos, las ordenes generales y la documentación que establezca el movimiento de la tropa y de actores los civiles, la asignación de destinos y las ordenes específicas que se dieron, siguiendo una jerarquía establecida siguiendo la cadena e mando. Las víctimas fueron las personas individuales o colectivas que perecieron como efecto de la acción contrainsurgente y el blanco está representado por las personas, familias y comunidades que perdieron la vida, sus bienes, la base de su organización social, su propia identidad y los fundamentos de su cohesión social.
  8. Desde una visión complementaria, podemos afirmar que el sujeto activo que ejerció la violencia fue el estado militar contrainsurgente por medio del ejército y demás actores civiles, el sujeto pasivo las personas o grupos víctimas de la acción violenta, es decir los campesinos del caserío de Sepur Zarco y el móvil del porqué de la violencia, fue la reacción de la élite local terrateniente que se sintió amenazada en sus intereses ante la organización y protesta de los campesinos que buscaban revertir el despojo histórico de sus tierras del que sistemáticamente han sido víctimas durante siglos”.

 

[1] Plaza Pública. Sepur Zarco: La violencia sexual será juzgada. Oswaldo Hernández. 15 de octubre de 2015. https://www.plazapublica.com.gt/content/sepur-zarco-la-violencia-sexual-sera-juzgada

[2] Periodismo Humano. Masacre de Panzós Cobán, Guatemala: Nos enseñaron el silencio, pero es hora de gritar. Juan Calles. http://guatemalacomunitaria.periodismohumano.com/2014/06/01/nos-ensenaron-el-silencio-pero-es-hora-de-gritar/

 

Alta Verapaz: Lágrimas de desarraigo con sabor agridulce

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Traslado indigno de 110 familias desalojadas del Valle del Polochic a la finca Sactelá de Cobán.

 Por Sara Mingorría.

El pasado 5 de agosto fueron reubicadas 110 familias Q’eqchi’ que habían sido desalojadas violentamente por la familia de los Widmann en el Valle del Polochic en marzo de 2011 para la reactivación del ingenio de caña de azúcar. La nueva comunidad recibe el nombre de El Recuerdo San Pablo y está ubicada en la finca Sactelá, a unas 4 horas de distancia de Cobán, como núcleo urbano más cercano y a unas diez horas del Valle. Fueron alrededor de 500 personas, entre mujeres, ancianas, niños y adultos de 10 comunidades Q’eqchi’ que fueron sacadas, despojadas de su territorio y trasladas a un nuevo lugar desconocido, sin luz y sin agua potable.

Desde el día anterior, las familias cargaron sus pocas pertenencias, entre muebles, gallinas y algún costal de maíz. A las 4.00 am ya del día 5 subieron a las camionetas con miradas de incertidumbre y lágrimas de tristeza. A lo largo del camino varias comunidades salieron a despedirles y fueron acompañadas por la Fundación Guillermo Toriello, el Comité de Unidad Campesina, la Plataforma de Solidaridad con Guateamala de Barcelona, Setem, Óxfan Guatemala, Veterirnarios Sin Fronteras, Trocaire y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.

No fue hasta las 23.00 de la noche cuando las familias llegaron a sus nuevas casas. El acto previsto por parte de las comunidades a las 12.00 en la plaza de Cobán tuvo que ser acortado y realizado en la entrada de Cobán, ya que según testimonios, el gobernador quiso invisibilizar el traslado y evitar actos públicos que fueran vistos por otras comunidades; sin embargo, el argumento oficial fue que la plaza de Cobán estaba ocupada por otros actos. El acto protocolario de gobernación con representantes de Copredeh, Fontierra, Secretaría de Asuntos Agrarios y el Gobernador de Cobán duró una hora en un hotel situado en la carretera de Chisec retrasando mucho la llegada.

Para llegar hasta la nueva finca se recorrió un camino de más de 3 horas de terracería viendo carteles de advertencias “no permitida la entrada a toda persona desconocida” y al mismo tiempo observando la muestra de comunidades en resistencia “ Es nuestro territorio, No a la hidro Santa Rita”. Se pasó por Monte Olivo, comunidad Q’eqchi’ donde la seguridad de la empresa hidroeléctrica asesinó el 9 de agosto del año pasado a dos niños, y actualmente gran parte de la comunidad tiene numerosas denuncias y órdenes de captura. Esta comunidad sufre diariamente amenazas y estrategias de división, pero siguen luchando para mantenerse unidos en contra de la hidroeléctrica.

Los dos microbuses que trasportaban familias y técnicos de la Secretaría tienen que ser empujados en numerosas ocasiones por quedarse atrapados en el lodo, debido a las malas condiciones del camino. En torno a las 18.00 de la noche uno de los vehículos queda definitivamente enlodado y las familias desesperadas bajan de las camionetas y comienzan a caminar buscando la nueva comunidad que se encontraba a unos 3 kilómetros todavía. Ancianas y niños quedan en el borde del camino a oscuras, esperando que alguien les ayudara a trasladarse. Era muy desolador y humillante ver a las familias cargando sus pocas pertenecías, gallinas, muebles, ropa y a sus hijitos pequeños embarrados hasta la rodilla buscando la nueva tierra donde vivir. Mientras las instituciones del estado intentando empujar y dirigir a las camionetas para sacarlos de allí y conseguir pasar los pick-ups de las organizaciones acompañantes. El gobierno tardó más de nueve meses en entregar la tierra desde que se acordó, por la excusa de que necesitaban tiempo para arreglar el camino. Entrevistando a choferes de la zona, nos contra informaron de que allá los operario de la obra sólo llegaban a trabajar el camino dos días por semana y que los dos últimos meses no había llegado nadie.

Según la Secretaría de Asuntos Agrarios se invirtieron Q8.3 millones para habilitar las condiciones de la nueva comunidad comprometiéndose a: Infraestructura y Vivienda, la construcción de viviendas dignas, servicios esenciales como agua potable, vías de acceso a la finca, así como completar el edificio de un centro educativo, puesto de salud, iglesia y campo de futbol. Sin embargo, las familias a su llegada a las 23.00 de la noche a sus nuevas casas no tenían ni el camino terminado, ni luz, ni agua potable, ni escuela, ni puesto de salud. Las instituciones del gobierno durante el acto protocolario informaron que hasta dentro de 3 meses no llevarán agua potable a la comunidad, y que mientras tanto “podrían hervir el agua del río”. En la mañana del 6 de agosto, dos representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas visitó a las familias y comprobaron que la mayoría de ellos enfermaron con diarreas por beber agua del río.

Más de 3 años han pasado de los desalojos del Valle del Polochic y sólo 140 de estas familias recibieron títulos de propiedad por parte del Gobierno el 19 de octubre de 2013. Los beneficiados se unen a otras 30 familias reubicadas en la finca San Valentín, Senahú, de la región alta verapacense. Las 629 familias que aún no han recibido ni títulos de propiedad ni vivienda mínima esperan que el gobierno cumpla con su promesa de entregarles tierras el próximo año.

 

 

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Para más información consultar los reportajes en Guatevisión y Telesur por Santiago Botón:

Comunidad San Miguelito Cotoxjá bajo amenaza de un nuevo desalojo

Alerta

Representantes de la comunidad San Miguelito Cotoxjá en el Valle del Polochic denunciaron el 1 de abril el sobre vuelo de helicópteros del ingenio Chabil Utzaj sobre su comunidad, también denunciaron la movilización de tropa militar en el área, alertando la existencia de nuevas acciones violentas para desalojarlos de su tierra.

Fue precisamente el día miércoles 2 de abril 2014 que pudieron confirmar a través de las instancias de Derechos Humanos que se ha emitido una orden de desalojo en contra de la comunidad, poniendo en riesgo la seguridad y la vida de cientos de familias Maya Q’eqchi’.

Hasta este momento a las comunidades no se les ha hecho la notificación por escrito de dicha orden de desalojo. San Miguelito Cotoxjá está ubicada en el Estor, Izabal en los límites entre entre Panzós, Alta Verapaz y El Estor Izabal.

En el 2011 durante el gobierno de Álvaro Colom se realizaron una serie de desalojos violentos de comunidades Maya Q’eqchi’ en el Valle del Polochic, el saldo fue de cientos de familias despojadas de su tierra, asesinato de líderes campesinos e indígenas, la perdida de grandes extensiones de tierra cultivada y finalmente la perdida de sus hogares.

Estos desalojos sirvieron para que los empresarios del Ingenio Azucarero Chabil Utzaj propiedad del Grupo Pellas Chamorro de Nicaragua se asegurara la propiedad de la tierra e iniciaran con el proceso de siembra de la caña de azúcar para la producción de Etanol y otros.

(Información de Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas – UVOC, 4 de abril 2014)

“VALLE DEL POLOCHIC”

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Por Radio Caminante – UVOC

SITUACION ACTUAL,  FOTOREPORTAJE
Polochic 13 de marzo de 2014 (12 Noj)

Desde los desalojos ocurridos en el año 2011 en el Valle de Polochic hasta hoy día las comunidades indígenas y campesinas de la región sigue sufriendo una violenta e infrahumana situación, la cual está siendo promovida por empresas de monocultivos y instituciones que solo dividen las comunidades.

Las amenazas, órdenes de captura, criminalización y desalojos violentos, siguen siendo el pan diario de los hermanos Q´eqchis´ de la cuenca del Polochic la cual se encuentra entre las Verapaces y el Estor Izabal.

Entrevista: Federico Quej líder Comunitario de la Región. Llevamos más de 14 años de lucha, han pasado varios gobiernos y no ha habido solución, lo que están haciendo es amenazarnos y culparnos, lamentablemente muchos compañeros han caído en las trampas de los empresarios y gobierno.

Este gobierno solo trae a muchos empresarios los cuales vienen e invierte en palma y caña de azúcar, nos hacen creer que este es un desarrollo para nosotros y la comunidad, pero con el paso del tiempo nos damos cuenta que el desarrollo solo es para ellos y no para nosotros. Nunca hay nada de bien común para los comunitarios. Por eso es que nosotros luchamos por que sabemos que nuestros abuelos trabajaron aquí! Y no ganaron ni un centavo, nuestros padres nacieron aquí y siguen luchando con nosotros para lograr esta tierra que históricamente nos pertenece, y que se nos ha negado por falta de la certeza jurídica a pesar de demostrarles que la poseemos desde hace mas 100 años. 

Pero conocemos nuestra historia y esto hace que nos organicemos y luchemos por nuestro derecho. Yo como líder comunitario vengo trabajando desde los años 80 con mi padre desde muy Pequeño me di cuenta que los finqueros explotaban a nuestros hermanos indígenas y a las comunidades quitándoles los alimentos y las tierras, cuando nuestros padres reclamaban su derecho estos terratenientes se quejaban con el ejército y ellos nos venían a golpearnos y en muchos casos a matarnos, esto hiso que me naciera las ganas de luchar.

En la actualidad: esta jodido por que los empresarios utilizan las leyes para ellos y nosotros los campesinos nunca podemos decir nada, porque para nosotros nunca hay ley. 

En varias ocasiones Después de salir de nuestro trabajadero o cuando salimos al pueblo a una reunión y regresamos a nuestras casas, miembros de la seguridad privada de las empresas, nos persiguen, nos amenazan y golpean, esto lo hacen para que nosotros tengamos miedo y agachemos la cabeza con esto buscan que no digamos nada de lo mal que le están haciendo a nuestra madre tierra.

Ahorita podemos ver que las plantaciones de Caña de Azúcar y plantaciones de Palma Africana empiezan desde Santa Catalina la Tinta y llega Hasta Rio Dulce.

Se nos hace muy feo que ahora ya estén cortando y quemando la Caña de Azúcar, esto causa grandes Calores, se secan los ríos, porque la Palma y la Caña se están llevando el agua. Muchas personas de otras comunidades de otros lugares trabajan ahí, y solo les pagan Q.30.00 el día de 6 de la mañana a 6 de la tarde.

Miramos el futuro bien jodido, porque no hay recursos para trabajar y no tenemos donde sembrar, nuestro maíz y frijol.

Los empresarios comen los tres tiempos y nosotros si bien nos va comemos solo un tiempo de comida.

Porque lucho: Por mi parte aconsejo hablo con los jóvenes, niños, niñas, con los ancianos y ancianas, para que mientras pase el tiempo sepan lo que hemos sufrido y ellos mientras vallan creciendo no sufran lo que nos está pasando y encuentren el buen vivir aquí en el valle del Polochic.

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