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Caso CREOMPAZ: militares acusados de desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad

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General retirado Manuel Benedicto Lucas García – Jefe del Estado Mayor durante el gobierno de Romeo Lucas García (su hermano) de 1981 a 1982

Viernes 8 de enero de 2016. En la sala de audiencias del nivel 14 de Torre de Tribunales pudimos conocer de voz de una fiscal, que durante la guerra ocurrieron una serie de crímenes inimaginables contra población civil. Supimos que más de 500 personas fueron desaparecidas por miembros del ejército entre el año de 1981 y 1988, después fueron llevadas a la zona militar No. 21 “Antonio José de Irrisarri” ubicada en la aldea Chicoyogüito en Cobán, Alta Verapaz y que ahí fueron asesinadas y enterradas sin que sus familiares supieran sobre su paradero a pesar de que con desesperación les buscaron, que llegaron hasta esa zona militar a preguntar por sus familiares, sin que nadie les dijera nada. Años después la misma gente denunció que ahí había un cementerio clandestino, así fue como un tribunal ordenó al Ministerio Público que se realizaran investigaciones.

Durante tres años – a partir de enero del 2012 – los desaparecidos empezaron a ver la luz, ya que se encontraron varias osamentas repartidas en 4 fosas. Así fue como se encontraron 558 osamentas de 90 menores de edad, 443 adultos, 3 adultos de la tercera edad, de 22 aún no se ha determinado su edad. Hasta esta fecha se han identificado mediante pruebas de ADN 97 personas. En el lugar donde estaba la zona militar No. 21 ahora funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz – CREOMPAZ, del Ministerio de la Defensa y las Naciones Unidas.

Esto ocurre dos días después que conocimos la sorpresiva noticia de que habían detenido a altos mandos y medios del ejército después de varios allanamientos en la ciudad de Guatemala y Cobán que estuvieron activos durante los años 1981 a 1988. Estos militares están ahora en la cárcel militar dentro del cuartel Mariscal Zavala acusados de desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad.

Audiencia de primera declaración

En una jornada doble que duró desde las 8: 30 AM hasta las 18: 30 PM se llevó a cabo la audiencia de primera declaración para 14 altos mandos militares en el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Claudette Domínguez. Esto debido a una acusación presentada por la fiscalía de Derechos Humanos por violaciones a los derechos humanos, delitos contra los deberes de humanidad, desaparición forzada a partir del caso de investigación conocido como CREOMPAZ.

Los militares son:

  1. Manuel Benedicto Lucas García
  2. Byron Humberto Barrientos Díaz
  3. Gustavo Alonso Rosales García
  4. José Antonio Vásquez García
  5. Carlos Humberto Rodríguez López
  6. Ismael Segura Abularach
  7. Pablo Roberto Saucedo Mérida
  8. César Augusto Ruiz Morales
  9. Juan Ovalle Salazar
  10. Édgar Rolando Hernández Méndez
  11. Carlos Augusto Garavito Morán
  12. Luis Alberto Paredes Nájera
  13. César Augusto Cabrera Mejía
  14. Raúl Dehesa Oliva.

La sala se encontraba llena, había familiares, esposas y amistades de los militares, organizaciones de derechos humanos y prensa nacional e internacional. Al inicio de la jornada los abogados de la defensa de los militares pusieron un recurso en donde pretendían que el juzgado de Mayor Riesgo A no conociera el caso pues según ellos no era competente, que después de esto se remitiera el caso a la Corte Suprema de Justicia o a una sala y que mientras tanto quedaran en libertad sus defendidos, a esto la jueza resolvió No a lugar pues argumentó que el juzgado si es competente según la ley.

Los hechos, los crímenes

La jueza dio la palabra a cada uno de los acusados para que dijeran su nombre, el de su esposa, su dirección, su profesión y la cantidad de dinero que ganan al mes para su sobrevivencia. Conforme los iban nombrando iban saliendo de la carceleta donde se encontraban, les quitaban las esposas y pasaban por una valla de guardias penitenciarios y periodistas hasta poder sentarse en el banquillo de los acusados. Así lo hicieron la mayoría de ellos, a excepción de dos de ellos que tienen problemas de salud, uno no escucha bien y el otro tiene dificultades para caminar.

Después tuvo la palabra la fiscal del Ministerio Público para que explicara los delitos por los que están detenidos y la relación de los hechos de forma individualizada, ella fue explicando el porqué se les vinculó a este caso y el cargo que tenían al momento de ocurrir los crímenes, la temporalidad.

Estos cargos fueron desempeñados y ocupados por los militares en el marco de la guerra, dando continuidad a la política contrainsurgente desarrollando operaciones militares en donde la población civil no combatientes fue considerada enemigo interno. También explicó cómo todo esto respondió a planes militares emanados de los altos mandos, esto se confirma en documentos y planes relacionados con la llamada Doctrina de Seguridad Nacional.

Según la acusación del Ministerio Público los militares participaron de estos planes y estrategias, tuvieron conocimiento de las operaciones contrainsurgentes, y que de acuerdo a la posición de cada uno, y según sus funciones y obligaciones pudieron evitar estos crímenes.

La fiscal fue desarrollando varios casos de desaparición forzosa ocurridas en Alta Verapaz contra población civil indefensa que pertenecían a las etnias q´eqchi, pocomchi´, achí, k´iche, este día solo pudo avanzar en la imputación para los oficiales de la zona militar No. 21: Ismael Segura Abularach, Byron Huberto Barrientos Díaz, Carlos Humberto Rodríguez López, Pablo Roberto Saucedo Mérida, Juan Ovalle Salazar, César Augusto Ruiz Morales y Benedicto Lucas García, quien fuera Jefe del Estado Mayor General del Ejército en los años de 1981 y 1982.

Se fue explicando la responsabilidad de los militares que tuvieron conocimiento de éstas y en lugar de que las personas fueran puestas a disposición de un órgano jurisdiccional – si es que hubieran cometido alguna falta – fueron desaparecidas. Y si es que sus subalternos cometieron estos crímenes pudieron denunciarlo y sancionarlo como parte de sus obligaciones pero no hicieron nada.

Las pruebas sobre estos crímenes fueron analizadas por varios expertos multidiciplinarios, pruebas científicas que han sido corroboradas y contrastadas con testimonios de familiares de las personas desaparecidas que no dejan ningún lugar a dudas. Está claro que hubo detenidos de forma ilegal, que fueron ejecutados y enterrados clandestinamente. Habrá que esperar a que se haga justicia y que la verdad histórica quede clara en este proceso penal.

Valientemente las familias de las víctimas de desaparición forzada y asesinato, dieron su testimonio y denunciaron estos hechos, contaron las últimas noticias que tuvieron de ellas hasta que pudieron saber de su paradero 30 años después cuando los encontraron sus osamentas en una fosa común con los ojos vendados y argollas de plástico en las muñecas, muchos con señales de haber sido asesinados de forma violenta.

Las investigaciones realizadas hasta hoy han permitido que se individualicen 88 casos de desaparición forzada como[1]:

Hombres de Pambach

  • El 02 de junio de 1982, un grupo de soldados realizaron un operativo militar en la aldea Pambach, Santa Cruz Verapaz, Cobán, se llevaron aproximadamente 75 hombres, los más jóvenes de la aldea, indicando que iban a prestar servicio militar; mismos que fueron desaparecidos forzadamente.
  • En la fosa FAFG 1433-XVII se localizaron 64 osamentas y se han identificado por ADN a 31 hombres, se presume que las demás osamentas también pertenecen a los desaparecidos.

Río Negro San Cristóbal Verapaz

  • El 13 de mayo de 1982 elementos del ejército de Guatemala y Patrullas de Autodefensa Civil –PAC- asesinaron aproximadamente a 80 personas -población civil no combatiente- Las mujeres y niños sobrevivientes fueron trasladados por a la Zona Militar número 21.
  • En la Fosa 1433-XV se localizaron 63 osamentas, según análisis osteológico realizado corresponden a mujeres y niños.

Caserío Chituj, San Cristóbal Verapaz

  • El 04 de mayo de 1981 en el caserío Chituj, municipio de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, integrantes del Ejército de Guatemala ejecutaron un operativo militar contra población civil, llevándose a Felipe Cal López, cuya osamenta fue recuperada e identificada por ADN en la fosa FAFG 1433-V donde fueron ubicadas 36 osamentas humanas más, de las cuales han sido identificadas 9.

Chiacal San Cristóbal Verapaz

  • En diciembre de 1981, Ricardo Mis Pacay, de 28 años de edad, salió de su casa ubicada en la aldea San Lucas Chiacal, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, hacia su parcela ubicada dentro de la misma aldea, pero ya no regresó.
  • Se exhumó la osamenta FAFG 1433-V-21 y se logró identificar por ADN.

Barrio San Sebastián, San Cristóbal Verapaz

  • El 28 de diciembre de 1981 en el Barrio San Sebastián, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, el Ejército de Guatemala realizó un operativo militar llevándose al menos a 3 personas.
  • En la fosa FAFG 1433-XIV se localizaron 13 osamentas, de las cuales 3 han sido identificadas por ADN, entre éstas, Alfonso Jom Lem, Lázaro Oswaldo Morán Ical y Teresa Jul.

Hombres de Chisec

  • En febrero de 1982, hombres de Chisec fueron obligados a trasladarse a la zona militar No. 21, permanecieron un día privados de su libertad y 3 de ellos fueron desaparecidos en la misma área.
  • En la fosa FAFG 1433-XVIII se logra localizar 7 osamentas entre las cuales se encuentra la de Genaro Caal, quien fue uno de los desaparecidos.

Seguimiento de la audiencia de primera declaración lunes 11 de enero

El lunes 11 de enero continúa la audiencia de primera declaración para que les sean explicados a los militares los delitos y la relación de hechos en donde cada uno fue responsable. Por cuestiones de tiempo quedaron pendientes de esto los militares Gustavo Alonso Rosales García, José Antonio Vásquez García, Edgar Rolando Hernández Méndez, Carlos Augusto Garavito Morán, Luis Alberto Paredes Nájera, César Augusto Cabrera Mejía y Raúl Dehesa Oliva. Por último y antes que terminara la audiencia los abogados defensores de algunos de ellos pidieron que el INACIF evaluara a algunos de ellos para certificar su estado de salud, incluso uno de ellos estaba pidiendo ya que fuera trasladado al Hospital Militar.

[1] Ministerio Público. CREOMPAZ: “Con este caso estamos hablando de uno de los mayores de América Latina de desapariciones forzadas”. 6 de enero de 2016. https://www.mp.gob.gt.

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