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Análisis Jurídico de la Acción presentada por el General Alfredo Sosa Díaz en contra de la en contra del artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional

Víctor Ferrigno F.

Jurista, analista político y periodista.

 

 

  1. El General de División del Ejército de Guatemala, Alfredo Sosa Díaz, actual Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, presentó ante la Corte de Constitucionalidad –CC- una acción de inconstitucionalidad de carácter general parcial en contra del artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional, el cual establece que la extinción de la responsabilidad penal a que se refiere la ley, no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada.
  1. Sosa Díaz aduce que tal artículo contraviene el espíritu de la citada ley y de la Carta Magna; además, alega una serie de consecuencias políticas por su vigencia. Su propósito es que la CC expulse la norma del ordenamiento jurídico, para que los 18 ex oficiales que están siendo procesados por crímenes de lesa humanidad durante el Conflicto Armado Interno se puedan acoger a la amnistía que la citada ley otorga, por la comisión de delitos políticos y conexos.
  1. El Alto Mando del Ejército se deslindó de la acción de Sosa Díaz, y el Ministro de la Defensa declaró que analiza con sus asesores legales si el Jefe Militar será sancionado.
  1. La acción de inconstitucionalidad no tiene viabilidad jurídica, ya que la normativa y la jurisprudencia internacional prohíben amnistiar delitos de lesa humanidad que, por su naturaleza, son imprescriptibles; en ese mismo sentido se ha pronunciado la CC en varias sentencias.
  1. En los medios de comunicación se ha argumentado que el General Sosa actuó a título personal. En el siguiente apartado analizo si un oficial en activo del Ejército de Guatemala puede actuar como ciudadano, máxime si tiene a su cargo el mando de todas las unidades militares del país. La cuestión, además de las aristas jurídicas, tiene importantes efectos político-institucionales, en el marco de una coyuntura de gran tensión.
ElPeriodico

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Análisis Jurídico. 

  1. El marco legal del Ejército de Guatemala está regulado en una normativa amplia. Para el caso objeto de análisis, se considera lo establecido en:
  1. los Art. 244 al 250 de la Constitución Política de la República de Guatemala,
  2. la Ley Constitutiva del Ejército,
  3. el Código Militar,
  4. el Reglamento para el Servicio Militar en Tiempos de Paz y en
  5. el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Asamblea General de la ONU, Resolución 34/169, 17 de diciembre de 1979.
  1. La Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG), en el Arto. 244 establece que “El Ejército de Guatemala, es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Es único e indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante. […] Su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia”. (Resaltados nuestros).
  1. El Arto. Artículo 248 constitucional establece que Los integrantes del Ejército de Guatemala en servicio activo, no pueden ejercer el derecho de sufragio, ni el derecho de petición en materia políticaTampoco pueden ejercer el derecho de petición en forma colectiva. (Resaltados propios).
  1. Nótese que en este artículo y el anterior, la CPRG prohíbe que los militares ejerzan cinco derechos constitucionales (participación política, deliberación-opinión, sufragio, petición política y petición colectiva) por estar en servicio activo
  1. En el Art. 250 de la CPRG se estatuye que “El Ejército de Guatemala se rige por lo preceptuado en la Constitución, su Ley Constitutiva y demás leyes y reglamentos militares”.
  1. Los anteriores preceptos constitucionales son retomados por la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala (Decreto Legislativo 72-90); en el Artículo 1° establece que “El Ejército de Guatemala es la Institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Es único e indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante. Está integrado por fuerzas de tierra, aire y mar. Su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia. (Resaltados nuestros).

En el Arto. 3 estatuye: El Ejército de Guatemala se regirá por la Constitución Política de la República de Guatemala, la presente Ley y demás leyes y reglamentos militares. Se denominará únicamente -Ejército de Guatemala-”.

Quiénes integran el EG está normado en el Arto. 6[1]: “Son integrantes del Ejército de Guatemala, los Oficiales Generales, Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos, Caballeros Cadetes, Caballeros Alumnos de los centros de educación e instrucción militar, Especialistas, Elementos de Tropa y demás personal que pertenezca a la Fuerza Permanente”.

En el Arto. 7, taxativamente establece: “Los integrantes del Ejército de Guatemala son apolíticos, obedientes, no deliberantes y deben estar comprendidos en lo establecido por el artículo 144 de la Constitución Política de la República de Guatemala”.(Resaltado nuestro).

  1. De acuerdo a las normas supra citadas, se puede establecer que el General de División, Alfredo Sosa Díaz, actual Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, es integrante del Ejército de Guatemala y, por normas constitucionales y legales, debe ser apolítico, obediente y no deliberante. Además, pertenece a una organización que es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia.
  1. Siguiendo lo establecido en la Ley del OJ para la interpretación de la Ley, citamos que en el DRAE se define que deliberar es Considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una decisión”, lo cual está prohibido por la CPRG al EG y, por ende, a sus miembros, pues tal prohibición es la base de la obediencia y la jerarquía. En este caso, Sosa Díaz considera detenidamente el pro y el contra de una norma que le obliga, y acciona legalmente en contra de ella.
  1. El Reglamento para el Servicio Militar en Tiempos de Paz (en adelante el Reglamento) es aún más restrictivo, el cual es constitucionalmente mandatorio por la disposición del Arto. 250 de la Carta Magna. En su Arto. 333 el Reglamento establece que “El más grave cargo que se puede hacer a un oficial y muy particularmente a los que desempeñan puestos de mayor responsabilidad (como el Jefe del EMDN), es el de no haber dado cumplimiento a las leyes y reglamentos, disposiciones y órdenes vigentes de sus superiores. La más exacta y puntual observancia de ellas es la base fundamental de la disciplina y del servicio militar”.
  1. El Arto. 355 del Reglamento restringe aún más la libertad de acción de que Sosa Díaz hizo uso, al estatuir que “Queda prohibido a todo militar en servicio activo formar parte de asociaciones[2], manifestaciones políticas o de otra naturaleza[3] que se contravengan con la lealtad y subordinación que exige el ejército […] o cometer actos que relajen la subordinación inherente a un ejército. Tampoco podrá entrar en polémicas, ni externar opinión alguna por cualquier medio, sobre asuntos del servicio o que de alguna manera ataque o censure las leyes de la república o asuntos del gobierno. El que contravenga estas disposiciones debe sancionarse de conformidad con el código militar”. (resaltados propios).
  1. Las leyes y reglamentos militares limitan la libertad de acción personal de los elementos castrenses, al grado que para poderse casar, un oficial subalterno debe contar con permiso de sus superiores (Arto.782 del Reglamento); igualmente, para darse de baja del EG, cualquier oficial o especialista debe contar con aprobación del Ministerio de la Defensa (Artos, 82 y 84 de la Ley Constitutiva, respectivamente). En consecuencia, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional no puede aducir que actuó a título personal al impugnar una ley tan relevante y polémica, en una coyuntura política álgida, porque la normativa citada se lo prohíbe.
  2. De acuerdo a lo establecido en el Arto. 22 de la Ley Constitutiva del Ejército, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional tiene bajo su mando a todas las unidades militares; por consiguiente, la intervención jurídica del General Sosa Díaz en el juicio contra 18 mandos militares durante el Conflicto Armado Interno, podría tipificar una clara violación a varias garantías constitucionales, pues atenta contra la independencia del Organismo Judicial (Arto. 203), y a quien así procediera, “además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público”. Asimismo, al Jefe del EMDN, la Carta Magna le señala que como funcionarios “son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella” (Arto. 154).
  1. Además de las ilegalidades citadas, Sosa Díaz contravino normas internacionales. Como ya se citó en el numeral 2, la Carta Magna le asigna funciones de seguridad interior al EG (Arto. 244), por lo que todos los militares guatemaltecos están obligados a acatar lo establecido en el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la ONU, de acuerdo a lo establecido en el numeral b) del Artículo 1: En los países en que ejercen las funciones de policía autoridades militares, ya sean uniformadas o no, o fuerzas de seguridad del Estado, se considerará que la definición de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley comprende a los funcionarios de esos servicios”.
  1. En su Arto. 2, el Código postula que “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas”.

Los derechos humanos que Sosa Díaz está obligado a defender, están determinados y protegidos por el derecho nacional y el internacional. Entre los instrumentos internacionales pertinentes están la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, y la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Este sistema normativo condena la impunidad y establece que los crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada y el genocidio son imprescriptibles y no pueden estar contenidos en ninguna ley de amnistía, como pretende el Jefe del EMDN con su acción de inconstitucionalidad, presentada para expulsar el Arto. 8 de la Ley de Reconciliación, que precisamente reafirma esta prohibición.

  1. Finalmente, el Arto. 5 del Código supra citado, establece que “Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. (Resaltados nuestros).

Esta prohibición que el General Sosa Díaz violentó en su alegato jurídico-político, dimana de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General de la ONU.

Conclusiones

  1. Del análisis jurídico realizado, concluyo que la acción procesal del General Sosa Díaz, Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, violentó una serie de normas del ordenamiento jurídico nacional e internacional, por lo que debiera ser destituido y podría ser sancionado de acuerdo al Código Militar.
  1. Más allá de los aspectos jurídicos, que no son menores, el militar ha agravado la tensión política y, a la vieja usanza, se ha negado a someterse al imperio de la Ley, amenazando la débil institucionalidad que, con enormes esfuerzos, hemos construido, y ahora nos empeñamos en consolidar, para que haya verdad, reparación y garantías de no repetición, en la perspectiva de afianzar un Estado pluricultural y democrático de Derecho.

Guatemala, 13 de enero de 2016.

[1] Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 79-95 del Congreso de la República.

[2] Como la asociación que el Jefe del EMDN estableció con AVEMILGUA y la Fundación Contra el Terrorismo, a quienes llamó como terceros con interés.

[3] Como pedir la expulsión de una norma que impide la impunidad en casos de genocidio o desaparición forzada.

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Militares detenidos por violaciones a derechos humanos durante la guerra

Justicia mujeres

Por: Quimy De León

Miércoles 6 de enero de 2016. La fiscalía de derechos humanos del Ministerio Público detuvo esta mañana a 13 militares por desaparición forzada y deberes contra la humanidad, cometidos por los militares entre los años 1981 y 1988, luego de realizar varios allanamientos realizados en la ciudad capital y en el departamento de Alta Verapaz por ordenes emitidas por el Juzgado de Mayor Riesgo A.

Ellos son Benedicto Lucas García jefe del Estado Mayor General del Ejército durante el período 1978 a 1982 siendo su hermano presidente el general Fernando Romeo Lucas García; Manuel Antonio Callejas Callejas fue director de la Sección de Inteligencia del ejército – G-2 durante el mismo período; Francisco Luis Gordillo Martínez quien fue parte de los militares que dieron el golpe de Estado en 1982 junto a al general Efraín Ríos Montt.

Hay otros diez militares detenidos, ellos son: Ismael Segura Abularach, Pablo Roberto Saucedo Mérida, César Augusto Ruiz Morales, Juan Ovalle Salazar, José Antonio Vásquez, Gustavo Alonzo Rosales García, Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, Carlos Humberto Rodríguez López, Edilberto Letona Linares y Edgar Rolando Hernández Méndez.

Cuando Benedicto Lucas García fue jefe del Estado Mayor según diversas fuentes se diseñó una estrategia contrainsurgente que llegó hasta el genocidio arrasando comunidades indígenas mayas completas en distintos lugares del país. Sobre la desaparición el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico -CEH- registró:

“Con el estallido del enfrentamiento armado interno en 1962, Guatemala entró en una etapa sumamente trágica y devastadora de su historia, de enormes costos en términos humanos, materiales, institucionales y morales. En su labor de documentación de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia vinculados al enfrentamiento armado, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) registró un total de 42.275 víctimas (…). Combinando estos datos con otros estudios realizados sobre la violencia política en Guatemala, la CEH estima que el saldo de muertos y desaparecidos del enfrentamiento fratricida llegó a más de doscientas mil personas”[1]

Manuel Callejas y Callejas fue jefe parte del grupo de militares de línea dura conocidos como “los estratégicos“ que “enmarcaba el conflicto dentro de una polarización total (cien por ciento) de la población, estás con nosotros o contra nosotros”. [2] Fue también jefe de la agencia de Aduanas y parte de La Cofradía que era un grupo de militares “asociados con la delincuencia común y la corrupción administrativa en el período de la dictadura militar de Lucas García,” de julio de 1978 a marzo de 1982.

En el informe del REMHI “Guatemala Nunca Más” se registraron más de un millón de personas desplazadas internamente por la violencia del Estado a partir de la década de los años 80s, 400 mil personas exiliadas en México, Belice, Honduras, Costa Rica o EEUU, 45 mil refugiados legalmente en México, 150 mil refugiados de forma ilegal, además de unos 200 mil ilegalmente en EEUU, 20 mil personas en las Comunidades de Población en Resistencia CPR y otras 20 mil más viviendo en las montañas y selvas.

Datos desgarradores que se suman a los 250 mil asesinados en distintos planes de tierra arrasada, esta fue una política de exterminio étnico de todas aquellas comunidades o poblaciones que el ejército simplemente considero como grupos insurgentes, además el informe también hacen una aproximación de 45 mil detenidos desaparecidos.

Además la CEH hace un abordaje sobre los niveles de instauración de una cultura del terror de la mano de la política contrainsurgente del Estado sobre la población:

“Además de la represión y el exilio, la debilidad y fragmentación de las organizaciones sociales se deben en buena medida a la conjunción de diversos mecanismos activados por el Estado para destruirlas. (…) El terror no se redujo a los hechos violentos o a las operaciones militares; dependía además de otros mecanismos conexos como la impunidad de los ejecutores, las extensas campañas para criminalizar a las víctimas y la implicación forzada de la población civil en la cadena casual y la ejecución efectiva de atrocidades”.[3]

Estas detenciones suponen para Guatemala y la disputa por la memoria un hito importante que significa un paso más para el esclarecimiento de la verdad histórica y las posibilidades de la justicia, varias décadas después para miles de víctimas de la guerra, del genocidio y otros delitos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado y por un grupo de familias que sustentaron el poder económico en Guatemala.

[1] CIDH. caso No. 12.590, José Miguel Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) respecto del Estado de Guatemala. 18 de febrero 2011.

[2] Susan C. Peacock y Adriana Beltrán “Grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos“. Wola

[3] El contexto del conflicto armado. GUATEMALA: MEMORIA DEL SILENCIO.
Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). Ciudad de Guatemala, febrero de 1999.