Justicia: Mataquescuintla dignidad y lucha por la defensa del territorio

Por Nelton Rivera –Prensa Comunitaria.

Llanto de alegría, emoción y las sonrisas radiantes en los rostros de cinco comunitarios de Mataquescuintla Jalapa, tras recibir el fallo del juez de Jalapa, quienes fueron criminalizados, perseguidos y encarcelados de forma ilegal e injusta durante 7 meses.  Guillermo, Gilberto, Gustavo, Cristian y Laura lograron su libertad y demostrar su inocencia tras una larga lucha contra toda la estructura judicial de este país.

Fue durante la audiencia celebrada este jueves 21 de noviembre del 2013 en el Juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra la naturaleza del departamento de Jalapa, el juez  Braulio Hernández Ramírez, tras realizar un análisis y rechazar  la petición del fiscal del Ministerio Publico, decidió declarar el Sobreseimiento ante la falta de certeza y por la debilidad de los medios de prueba presentados por el ente investigador.

Todos  permanecen bajo prisión preventiva en la ciudad capital de Guatemala, Guillermo Enrique Carrera, Gilberto Valenzuela Lima, Gustavo Adolfo Cruz Albizures, Cristian Aroldo Pivaral y Laura Lorena Vásquez Pineda, pobladores del municipio de Mataquescuintla deberán de recuperar su libertad dentro de 3 días cuando la sentencia quede en firme.

Pobladores y pobladoras de Mataquescuintla esperaban a las afueras del juzgado, ubicado en el centro de Jalapa,  aproximadamente a  las 3:30 de la tarde, el Juez declaro su decisión de sobreseimiento del caso, en ese momento el abogado Carlos Bezares envió el aviso al celular de la hija de doña Lorena. Afuera del Juzgado aguardaban varios vecinos y vecinas de Mataquescuintla quienes recibieron con abrazos a los cinco comunitarios. El equípo de abogados de la defensa de los cinco comunitarios fue integrado por: Carlos Manuel Bezares, Noel Eloy Cordero, Lucia Xiloj, Oscar Gelberto Cruz, Pedro Rafael Maldonado, Oscar Jose Basto, Sergio Agustin.

Esta sentencia es una victoria para la resistencia pacifica de los pueblos de Jalapa y Santa Rosa, es un paso más de su lucha contra la extracción minera, demostrando que el gobierno y sus instituciones están al servicio de los intereses de las empresas nacionales y transnacionales.

“Doy gracias a Dios por recuperar mi libertad… no tengo más palabras” fueron las palabras de doña Lorena al salir de juzgado de Jalapa, junto a su hija y otros familiares.

“Bendito sea nos fue rebién, Dios al fin se hizo justicia,  esta experiencia fue lo mas horrible de mi vida, realmente nosotros somos personas trabajadores, nunca hemos participado en la delincuencia como ellos nos dijeron, que nosotros habíamos hecho de lo peor, al fin se hizo justicia”.  Fueron las palabras de Cristian Aroldo Morales Pivaral.

“Aquí a ellos los culparon hasta que hoy seis meses después pudieron demostrar que son inocentes y que la justicia llega a mediano plazo, porque creemos que no fue tan tarde. Creemos que fue una lucha y estamos concientes de las vicisitudes que pasaron ellos y ella en la cárcel, que fue muy duro. La angustia que paso la familia y el pueblo de Mataquescuintla muy apesarado y con muchas oraciones hacia nuestros hermanos detenidos, pero que hoy los abogados lograron demostrar con todas las pruebas, mas el juez que fue muy objetivo quien les otorgo la libertad.” Dr. Hugo Loy, alcalde municipal de Mataquescuintla, Jalapa.

La defensa de doña Laura

“Durante 7 meses el expediente lo tuvo la fiscalía de Crimen Organizado, lo que sucedió que durante toda la tramitación del expediente interpuso una serie de recursos que no nos permitía hacer la defensa. Porque elevaban el expediente a Sala y se ampara como 4 o 5 veces y al final se logro el traslado de la fiscalía de crimen organizado a derechos humanos con fiscal Maynor Aguilar.  

Lo que tengo que decir es que este fiscal es super objetivo, esta fiscalía solicito la clausura provisional de este caso,  porque no existían elementos suficientes para generar una acusación.

La propia fiscalía general estaba conciente de que el caso no daba para una acusación y que las personas que están en la cárcel eran totalmente inocentes. Porque incluso el armamento de la policía lo entrego la comunidad de Santa María Xalapan y todos los sindicados eran de San Rafael y de Mataquescuintla y era materialmente imposible que estuvieran en el lugar.

El MP pidió la clausura y toda la defensa lo que pidió fue el Sobreseimiento que quiere decir el fin absoluto del proceso, con esto quedan libre todo problema los sindicados, entonces lo que aun es mejor el resultado que el Caso de Barillas, creo que hemos tenido un actuar objetivo del Ministerio Publico, exceptuando el actuar de la fiscalía del Crimen Organizado.

A partir de ahora efectivamente tenemos ahora liberada a Laura que era lo que nosotros pretendíamos en este caso, veníamos preparados para destrozar la acusación, pero como el fiscal renuncio a presentar acusación si no que pidió la clausura, efectivamente lo que procedió fue el Sobreseimiento que fue lo que solicito toda la defensa.”[1]

«En el caso mal llamado ANTIMINEROS, no se hizo justicia, cesó la injusticia contra los sindicados a quienes se les fraguó una incriminación por conveniencia de algunas instituciones del Estado y de la explotación minera. Vamos a analizar que medidas tomar para que se les repara el daño, que la dignidad les fue mancillada.» Abogado Noé Loy, defensa de Gilberto Valenzuela Lima.

La conflictividad en Jalapa

La instalación de la empresa canadiense Tahoe Resources junto a la empresa subsidiaria Minera San Rafael en el municipio en el departamento de Jalapa provoco en un corto tiempo la conflictividad social y comunitaria en este departamento tras la construcción del proyecto minero “El Escobal”.

Como resultado de las formas violentas de operar de la empresa Minera San Rafael, se criminaliza la lucha comunitaria en contra de la minera San Rafael, se judicializar a lideres  y lideresas comunitarias, existen 5 presos políticos y persisten las ordenes de captura en contra de otros lideres comunitarios, especialmente el presidente del Parlamento Xinka y lidere de la Montaña de Santa María Xalapan, don Roberto Ucelo. El Estado de Guatemala lejos de resolver la conflictividad puso al servicio de las empresas mineras toda su estructura institucional.

Durante los primeros días del mes de mayo del 2013 el gobierno de Otto Pérez Molina implemento un nuevo Estado de Sitio en contra de las comunidades de los municipios de Jalapa y Mataquescuintla, del departamento de Jalapa, y en los municipios de Casillas y San Rafael Las Flores, del departamento de Santa Rosa.

Criminalización

Este gobierno lanzo una feroz campaña mediática para criminalizar a las comunidades en oposición a la empresa Mina San Rafael, el mismo presidente justifico el Estado de Sitio como “Estado de Sitio contra el Crimen”[2]. Utilizando la figura de “Estado de Sitio” fuertemente criticado por comunidades, pueblos, organizaciones populares, campesinas, indígenas, de derechos humanos y de la comunidad internacional por ser una figura que no esta contenida dentro de la normativa constitucional de Guatemala.

En el medio de comunicación oficial del Estado fueron criminalizadas todas las personas capturadas durante el Estado de Sitio en Jalapa y en Santa Rosa “Los grupos criminales que operan en Jalapa y Santa Rosa atacaron a un grupo de agentes de la PNC y quemaron tres autopatrullas.”[3]

Es en esa misma vía que el jefe de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado  del Ministerio Publico, Ronny López reafirma esta versión oficial “se presume que en estos lugares opera una estructura criminal, porque se ha registrado diversos actos fuertes, que han afectado la vida y la integridad de las personas, la propiedad privada e incluso tienen conocimiento de que ha habido amenazas contra los pobladores, pero eso es un extremo que estamos investigando”.[4]

En los medios de comunicación empresariales la empresa canadiense y la Minera San Rafael gastan miles de quetzales diarios tras pautar anuncios en televisión, radio e impresos promoviendo su campaña “orgulloso de ser minero”.

“Son criminalizados, porque los agarraron cuando fue el Estado de Sitio como chivos expiatorios, los tomaron a ellos y les querían implicar los hechos que jamás habían cometido. Fue un proceso que le llaman en términos legales “retardo malicioso”, el ministerio publico los estuvo criminalizando supuestamente por hechos que no cometieron. Queda demostrado todo lo contrario.”[5]

“Jamás habíamos vivido esto, es primera vez en la vida, primera vez en la historia, estamos viviendo una zozobra constante, tenemos la presión y la represión de ellos (Minera San Rafael), sabemos que son ellos los que están de tras esas situaciones y que para ellos seria felicidad que los procesaron y que los siguieran criminalizando por hechos que jamás habían cometido.”[6]

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[1] Entrevista al abogado Carlos Bezares, defensa legal de la señora Laura Lorena Vásquez Pineda. Jueves 21 de noviembre 2013.

[2] Portada del Diario de Centroamérica. Viernes 3 de mayo del 2013.

[3] Decretan Estado de Sitio y capturan a 14. Diario de Centroamérica, Pág. 2 viernes 3 de mayo 2013.

[4] Ibídem.

[5] Entrevista con el alcalde de Mataquescuintla, Dr. Hugo Loy. Jueves 21 de noviembre 2013.

[6] Ibídem.