Desde hace años, el gobierno y la empresa Cementos Progreso, se han dado la tarea de acusar y criminalizar a diferentes actores sociales que cuestionan su accionar a través de algunos de sus operadores y diferentes medios de comunicación corporativos, Las Doce Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez y algunas de las personas u organizaciones que les apoyan han sido objeto de esta campaña, también formada por pasquines y documentos anónimos.
De cómo se crea un escenario falso mediante campañas sucias, rumores y difamaciones
Después de los lamentables hechos del 19 y 20 de septiembre -en donde murieron más de ocho personas-, las acusaciones en contra de quienes en determinado momento se han solidarizado con la lucha pacífica de las Doce Comunidades Kaqchikeles, no solamente han sido absurdas, sino delicadas y a veces muy cerca de la calumnia.
Una de las estrategias utilizadas en San Juan Sacatepequez, así como en otros lugares del país, es producir y expandir el rumor y la difamación como medio para provocar division comunitaria, descomposición social y crear un escenario que justifique la criminalización que ha implicado que incluso gente inocente vaya a la cárcel o muera asesinada.
Un ejemplo en este caso es cuando, tras los sucesos de Los Pajoques, el Viceministro de Gobernación acusó a los opositores a la cementera de haber quemado la casa de las víctimas para favorecer su expulsión de la comunidad, en una acción planificada. Emisoras Unidas, Siglo 21 y La Hora se hicieron eco de las declaraciones,[1] pero Nuestro Diario lo convirtió de forma irresponsable en el titular de la noticia, añadiéndole todos los perversos términos utilziados en estos casos: “Querían expulsarlos. Turba invade propiedad, la quema y lincha a familia porque vendió terreno”.[2] Por lo que sabemos ninguna de estas acusaciones gratuitas es verdad.[3]
Además de los medios corporativos impresos, radiales y televisivos, también se han usado varias páginas web, páginas de facebook como “chapinespadelante”, volantes, pasquines y comunicados anónimos para crear un escenario de conflictividad entre comunitarios y justificar las acciones represivas.
Estas páginas, junto a operadores de las empresas ubicados en los medios de comunicación corporativos, la Fundación contra el Terrorismo y obviamente la misma empresa, se ha dado a la tarea de difundir estos mensajes para confundir a la población y culpar a quienes apoyan las demandas de los pueblos indígenas y aislarles para finalmente implementar de ésta manera sus proyectos económicos. Han ido más allá, como cuando la Liga Pro Patria, a través de Gilda Aguilar, puso una demanda a Daniel Pascual «por los disturbios registrados el pasado 19 de septiembre en la aldea Los Pajoques» [3b]
Con ello han buscado amedrentar e infundir miedo entre ellos y ellas, y así aislar a la organización comunitaria. No aceptan a quienes han rechazado el modelo de acumulación y a las empresas que llegan a sus lugares y comunidades a causar problemas tan serios, como los que se están viviendo actualmente.
Desde el gobierno, el mismo presidente Otto Pérez Molina dijo en su programa De Frente con el Presidente:
“la presencia en la zona de organizaciones cuyo fin no es el de fomentar el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, y han desencadenado una serie de situaciones inadmisibles y que han provocado que para restablecer la calma y el orden se haya decretado en consejo de ministros el Estado de Prevención en la zona[4].”
Según la Convergencia por los Derechos Humanos[5] la parte gubernamental ha dejado mucho que desear en el conflicto de San Juan Sacatepéquez:
“lejos de constituirse en un actor que contribuya a la mediación, dados los elementos ya descritos, la figura gubernamental se ha constituido en un actor más que incrementa los niveles de poder de una de las partes (Cementos Progreso), en detrimento de la otra (las comunidades).»
El Sistema Nacional de Diálogo y la distorsión de la verdad
El Sistema Nacional de Diálogo, que es el órgano gubernamental encargado de esta mediación, no ha cumplido su papel. Más bien se ha dedicado a dilatar los procesos sin ofrecer soluciones.[6] Incluso ha vertido versiones contradictorias que no sólo muestran falta de seriedad en el análisis sino que sirve de justificación para acciones extremas como la militarización y los Estados de Prevención.
Como vemos en el cuadro que sigue, con ocasión de los hechos en los Pajoques, distintas personas del gobierno y Cementos Progreso dieron declaraciones coincidentes y falsas acerca del diputado Amilcar Pop de la formación Winaq, y las Doce Comunidades. Afirmaron que habían estado requiriendo listados de personas relacionados con la carretera. La empresa no solamente lo dice, sino que anexa copia de la solicitud del diputado Amilcar Pop de Winaq. La solicitud se dio, pero en ningún lado aparece que el diputado solicitara listados ni nombres de personas.
Pocos días después de declarado el Estado de Prevención por internet -en algunos sitios como el llamado Plaza de Opinión,[10] empezó a circular un comunicado anónimo –firmado por unos supuestas “víctimas del terror de San Juan Sacatepéquez”. En él se difama al “CUC y los abogados mayas» al calificarles públicamente como «incitadores» y provocadores de los hechos violentos ocurridos en San Juan. En concreto de armar y entrenar “a estos encapuchados” para acabar con los trabajadores de la empresa y con “aquellos que vendieron sus terrenos para construir la carretera”
El día 16 de octubre cuando la bancada Winaq y la de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca – URNG citó a Miguel Ángel Barcárcel y se le preguntó respecto a las declaraciones vertidas por el Sistema Nacional de Diálogo, el mismo Balcárcel se desmintió públicamente diciendo que “ningún comunitario, ni diputado y dirigentes sociales han solicitado listado de nombres sobre la construcción del anillo metropolitano en la comunidad Los Pajoques, en San Juan Sacatepéquez.”
Amílcar Pop aprovechó la ocasión para denunciar que el comunicado anónimo “fue producido en una computadora del Sistema Nacional del Diálogo, lo que pone en duda la efectividad con que actúa dicho ente para evitar conflictos sociales” [11], pues las investigaciones realizadas permitían afirmar que en las propiedades de este anónimo aparece como autor la unidad 11 del SNDP -como se aprecia en lado derecho de la fotografía anterior-.
De hecho, en su informe de verificación, la Convergencia por los derechos humanos ya mencionaba este punto
“Resulta preocupante la actitud del Sistema Nacional de Diálogo Permanente (SNDP), una instancia gubernamental que ha tenido a su cargo la atención a este y otros procesos. En las propiedades del documento que contiene un comunicado que circuló sin firma pero que responsabiliza a varios liderazgos comunitarios de la tragedia del 20 de septiembre, sin mencionar los asesinatos del 19, se identifica como autor a SNDP-11.
Otros documentos ubicados en el sitio electrónico del SNDP tienen propiedades similares. Es decir, autoría con identificación SNDP más un guión y un número, el cual, según un experto informático entrevistado indica que correspondería al número de estación en la red de la entidad.
De ser cierto el vínculo entre la entidad gubernamental responsable del diálogo y quien elaboró un comunicado que reproduce una única versión de los hechos estaríamos ante un actor que debe ser mediador pero que en la práctica actúa en función de la más poderosa de las partes. en este conflicto escalado a la violencia. Amén de que el Estado también incumple sus funciones de atención a la problemática, desde la perspectiva jurídica, cuando de conocer denuncias de las comunidades se trata.” [12]
Amílcar Pop hizo puntualizaciones más concretas sobre la responsabilidad del Sistema Nacional de Dialogo, las coincidencias entre los textos mencionados y la manipulación de los hechos por diverso actores. Respecto al anónimo, afirmó:
“Lo relevante es el origen del documento y eso no es alterable. Este comunicado no es del Sistema Nacional de Dialogo. El comunicado es de un grupo de personas que trabajan para la empresa.
Hoy el Sistema Nacional de Diálogo promueve esto. Recursos del estado que se están poniendo al servicio para generar conflicto en el área”.
¿Qué significa todo esto?
No estamos ante un hecho aislado, como lo demuestra la similitud de discursos y de acusaciones entre las diferentes partes, que ya es común en este tipo de situaciones.
Tanto las empresas –en este caso Cementos Progreso- como las instancias gubernamentales que les apoyan –en este caso el Sistema Nacional de Dialogo – difunden por diferentes medios la imagen un enemigo para ellos: –armado, atroz, capaz de todo,- como justificación para crear un escenario para militarizar los territorios, terminar con la organización legítima y pacífica y finalmente imponer los intereses de una empresa por encima del bien común.
Pero ese enemigo no existe. Se trata de las comunidades que llevan años intentando resolver su situación por vías legales y pacíficas; y las organizaciones y actores que les apoyan, todos ellos legales, abiertos e incluso elegidos por los guatemaltecos para que les represente en el Congreso de la República.
Huehuetenango: Rigoberto Juárez es representante del pueblo Maya Q’anjob’al del territorio Norte de Huehuetenango. Participó en la realización de este nuevo acercamiento entre los Pueblos y las Comunidades de la región norte de los pueblos Maya Q´anjob´al, Chuj, Akateko y no indígena del norte de Huehuetenango y compartió sus observaciones sobre el resultado de una infructuosa reunión con el gobierno de Guatemala.
“Enviemos a los medios de comunicación nuestra versión porque no llega a todos. En primer lugar quisiéramos agradecer la presencia de ustedes en este tipo de reuniones, de alguna manera permite hacer llegar a la población lo que esta sucediendo, particularmente en el Territorio Q’anjob’al y la región norte de los pueblos Maya Q´anjob´al, Chuj, Akateko y no indígena del norte de Huehuetenango.
Venimos a esta otra reunión que para nosotros no hay nada nuevo nosotros. Vinimos el 8 de octubre como resultado de una reunión que tuvimos aquí con el ministro de gobernación y ministro de defensa para que de alguna manera se atienda las razones y raíces de la conflictividad en el territorio.
Sin embargo cuando vino el señor presidente no obtuvimos ni una respuesta, entregamos dos memoriales y ya pasó el tiempo correspondiente y ¡la respuesta que se nos está dando! Estamos de nuevo en una situación como si estamos retornando para atrás. No hay respuesta y de esa cuenta es que nosotros como pueblos y representantes de los pueblos hemos decidido no recibir ese documento al que ellos dicen que es como un documento oficial. Porque no nos indica acá nada nuevo, al contrario se nos esta tratando de persuadir de una manera subliminal, para que estemos aceptando la entrada de las empresas y los pueblos ya han decidido que no.
No fuimos nosotros los que les dimos permiso a estas empresas, también se nos trata de decir que es el Estado el que va ha pagar la multa si no entran los empresarios. Por supuesto el pago tendrá que salir del bolsillo de los guatemaltecos, pero desgraciadamente es por ellos y quienes nos comprometen la responsabilidad de pagar eso son los gobiernos.
Nosotros hemos dicho desde un inicio que estamos abiertos al diálogo siempre y cuando esté la mesa limpia. ¿Qué significa eso? que las empresas tienen que salirse del territorio. Ahora bien si el presidente o el gobierno o el Estado no se siente en la capacidad de promover el desarrollo para nuestros pueblos, entonces nos obliga a sacar a las empresas. Si el Estado no tienen la capacidad para propiciar esto ,podemos entonces nosotros constituirnos en comunidades como lo han hecho nuestros ancestros para propiciar su desarrollo propio, .
No tenemos fecha de próxima reunión, los conflictos están allí. El problema es que hemos tratado de detener que estallen, pero los responsables de provocar que esto estalle son las autoridades del gobierno, la responsabilidad es de las instituciones del Estado, no somos nosotros, estamos haciendo todo lo posible para detener que estallen las cosas.
Desde un inicio dijimos que el diálogo y la discusión de los problemas tienen que darse sobre el terreno, sobre el territorio, insistimos si el gobierno quiere de verdad propiciar un ambiente de dialogo y de confianza debe de retornar el dialogo sobre el territorio. Pero con una condición básica: la suspensión de las licencias de las empresas. Mesa limpia es lo que decimos, significa que deben de estar fuera las empresas de nuestros territorios. Si no, no hay diálogo.
No tiene sentido dialogar cuando nos están escarbando nuestros bienes y se los están llevando, qué sentido tiene el dialogo, entonces no es dialogo, es persuasión. Ya nuestros pueblos están cansados de que los anden persuadiendo para que se puedan enriquecer esas personas.”
Redacción Prensa Comunitaria y comunicadores Q’anjob’al del territorio norte Huehuetenango
Huehuetenango, 18 de noviembre. Los pueblos del territorio norte de este departamento fueron convocados por el gobierno de Guatemala a una reunión en donde éste debía de entregar respuestas a las exigencias de los pueblos y comunidades en lucha y defensa del territorio. Esta actividad dio inicio hasta las 10 y media de la mañana y se caracterizó por la ausencia del presidente, quien no presentó ninguna excusa del porqué de su inasistencia.
En la mesa principal estuvieron autoridades representantes del gobierno. Estuvo presente Miguel Ángel Valcarcel, director del Sistema Nacional de Dialogo, y hubo representación del ministro de energía y minas y otras instituciones de gobierno. Para esta segunda reunión, como observadores del proceso, participaron el representante de Naciones Unidas; Alberto Brunori y el obispo de Huehuetenango monseñor Álvaro Ramazzini.
En representación de los pueblos, comunidades y municipios del área Norte de Huehuetenango participaron los representantes del territorio Q’anjob’al, que en reuniones previas decidieron que su representación se denominaría Asamblea Permanente del Territorio Q’anjob’al, integrada por los mayas Chuj, Q’anjob’al, Akateco y no indígenas.
El objetivo de la reunión era dar seguimiento a la reunión anterior mantenida el 8 e octubre con el presidente, en la cual se le entregaron dos memoriales, uno de los alcaldes y otro de la sociedad civil. En ellos se rechazaban todos los proyectos en el norte del departamento; hidroeléctricos, mineros, petroleros u otros, sean estos nacionales o transnacionales que afectan a la población.
No existe respuesta alguna del gobierno
Es importante señalar que, pese a este objetivo, en esta segunda reunión el Sistema Nacional de Dialogo evadió su responsabilidad aludiendo al discurso de que fueron muchas las demandas que se habían presentado. El SND manifestó que unas demandas fueron de los alcaldes otras de las sociedad civil, y que una de las demandas principales perseguía la cancelación de las licencias en toda la región, proyectos hidroeléctricos, mineros u otros.
Estos temas son los que se ha venido tratando por los movimientos que están en contra de transnacionales. El SND fue tajante que esta reunión sólo sería de carácter informativo y que “sugería” que las autoridades lo que deben de hacer es informar a los pueblos que no se pueden cancelar esas licencias, porque no se cuentan con pruebas que muestren que las empresas hayan transgredido o no hayan cumplido con los reglamentos nacionales o transgresiones en materia de laboral.. Así, el gobierno mantiene su postura de no cancelar las licencias o los proyectos.
Otro de los temas importantes que el gobierno tampoco atendió fue la existencia de los presos políticos, argumentando de que no hay persecución política. En respuesta cuando tuvieron su tiempo, las comunidades volvieron a argumentar que la criminalización y persecución contra lideres y comunitarios si es política.
Las autoridades de los pueblos pidieron discutir la exigencia de un resarcimiento a las victimas, como en el caso de Barillas o el caso de otros municipios en donde murieron personas o personas que fueron a la cárcel. El gobierno simplemente manifestó que no pudieron comprobar nada, y que al final no hay resarcimiento para ellos. El gobierno afirma que no hay nada en concreto sobre este tema y se limitaron a hablar del resarcimiento de los Acuerdos de Paz y que este si se esta dando. Fue evidenteque el gobierno no trabajó una respuesta específica para el caso provocado por las hidroeléctricas y la minería en Huehuetenango.
Incumplimiento del presidente
Con relación del incumplimiento del compromiso asumido por Otto Pérez Molina de estar en persona, como lo había prometido la vez anterior, no dieron una sola razón de la no presencia y participación del presidente.
Es importante mencionar que Miguel Ángel Valcarcel manifestó que la empresa Hidro Santa Cruz les había entregado varios memoriales. Pero no transparentó su contenido, no dieron a conocer estos memoriales y sí asegurò que en base a todo eso es que ellos dan una respuesta.
Los representantes de las asociaciones microrregionales de Barillas –que según la población estas personas están siempre a favor de las empresas- no estuvieron presentes, solamente un COCODE de segundo nivel de la cabecera municipal que manifestó que ellos están a favor del diàlogo, pero que primero debía de cancelarse primero la licencia o expulsar a la empresa Hidro Santa Cruz de Barillas para poder sentarse al dialogo. Las microrregionales no se tomaron como parte del municipio porque eran sólo asociaciones -a algunas les falta personería jurídica- y por eso ya no se permitió que asistieran a esta segunda reunión.
Posicionamiento de los pueblos
Como supuesta muestra del cumplimiento a lo acordado en el mes de octubre 2013, el gobierno de Guatemala entregó un documento conteniendo “sus respuestas” al obispo Ramazzini y al representante de las Naciones Unidas, Alberto Brunori. Frente a esta acción, la sociedad civil se reunió y decidió no recibir ese documento como muestra de rechazo, para y manifestar que esas no habían sido respuestas a las principales demandas.
Los pueblos y comunidades lamentan la posición del gobierno, que llegaron incluso hasta finalizar la reunión con posiciones totalmente condicionadas bajo las reglas del Sistema Nacional de Dialogo.
Frente a la posición del gobierno y el incumplimiento y poca voluntad política para dar respuesta a las demandas de los pueblos y comunidades en el territorio norte de Huehuetenango, existe un sentimiento de inconformidad por parte de la población. Las autoridades y representantes de los pueblos van ha realizar una conferencia de prensa para hacer oficial a través de un comunicado con la posición del territorio norte del departamento y su posición en relación a la respuesta que se da por parte de este gobierno.
La postura de la población es firme: cancelación total de todas las licencias como el caso de Barillas y otros. En eso no se va a retroceder.
“Como sociedad civil no se recibió ninguna respuesta de parte del gobierno, entonces ahorita son medidas las que se van a tomar, medidas de presión para que el gobierno pueda acceder, con todas las personas involucradas puedan hacer esas cancelaciones de las licencias de las empresas.”[1]
En esta conferencia de prensa se informará a los pueblos y comunidades, se van a plantear las medidas que se harán próximamente para hacer presión al gobierno.
«Detener las operaciones de las empresas mientras se hace un proceso de dialogo muy serio, lo que quiere decir dialogar con los participantes que tienen que tomar parte en este dialogo y entonces ir buscando los asuntos más de fondo. Ésa es la recomendación que le pediría al gobierno central y sobre todo al Congreso de la República, porque creo que quien tiene autoridad en dar decretos y leyes que obligan a toda la nación es el Congreso de la República.
Lamento y lo tengo que decir aquí, lamento muchísimo que en toda esta problemática al menos aquí en todo este territorio, no he visto acciones contundentes y decisivas de los 10 diputados de Huehuetenango. No me consta, si lo han hecho no me consta. La percepción que tengo es que no han hecho en el pleno del Congreso lo que tienen que hacer para entrar a resolver una coyuntura de conflictividad como la que estamos viviendo.
Durante 36 años vivimos en guerra, perdimos la capacidad de dialogar y perdimos esa capacidad de entendimiento. Dada la situación nacional en donde hay violencia donde hay tantas injusticias es muy fácil que las personas acudan a esos sentimientos de inconformidad y de cólera que muchas veces van a ir reprimidos. Siempre he dicho que Guatemala necesita programas de salud mental para lograr alcanzar la paz en los corazones, especialmente la religión cristiana que es la mayoritaria en este país no esta ayudando en estos procesos».
[1] Declaraciones de representante de los pueblos en la reunión entre gobierno y pueblos del territorio norte de Huehuetenango. 18 de noviembre 2013.
[2] Entrevista a Álvaro Ramazzini. Comunicadores del territorio norte de Huehuetenango. 18 de noviembre 2013.
Prensa Comunitaria Km. 169 