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Sepur Zarco: “les dije soy una autoridad comunitaria y nunca me creyeron”

Don Manuel Sepur Zarco 1

Don Manuel Cu ante el Tribunal de Mayor Riesgo A

Por: Nelton Rivera.

“Viví un gran sufrimiento, me trataron como a un animal, como si fuera un coche, me tiraron al lado, me orinaban adentro de mi boca, nunca me respetaron como la autoridad comunitaria que era.”

Manuel Cu fue el quinto testigo que declaró ante el Tribunal de Mayor Riesgo A el día 2 de febrero 2016, presidido por la juez Yassmin Barrios, e integrado por los jueces Patricia Bustamante y Gerbi Sical en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia.

Don Manuel nació en el municipio de Senahú del departamento de Alta Verapaz, él es maya Q’eqchi, es agricultor, toda la vida se dedicó a trabajar la tierra y en los momentos más difíciles de la guerra exigió y peleó la propiedad de la misma.

Viajó desde su comunidad en Panzós Alta Verapaz hasta la ciudad capital, con seguridad no es la primera vez que lo hace, esta vez, dará su testimonio frente a la juez Yassmin Barrios, declarará sobre los hechos ocurridos en 1982 en su comunidad San Miguelito, hablará sobre las atrocidades cometidas por el ejército de Guatemala en contra de la población civil.

Su piel es oscura, su pelo está cubierto ya de canas blancas, él es testigo, vivió en carne propia la crueldad del ejército, frente a él se encuentra el teniente coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón y el ex comisionado militar Heriberto Valdez Asij, el temido “Canche Asij.”

Manuel con su semblante de hombre adulto se mantuvo sereno, en su rostro se marcan ya los surcos de toda una vida de trabajo en el campo y del avance de los años, pasaron ya 34 años cuando conoció a los dos personajes que están siendo juzgados por delitos de lesa humanidad, deberes contra la humanidad, desaparición forzada, esclavitud y violación sexual entre otros, don Manuel era joven cuando todo esto sucedió en 1982.

De la detención arbitraria a la tortura

Don Manuel fue electo como alcalde de su comunidad en San Miguelito, como autoridad comunitaria planificó un viaje al municipio de El Estor en el departamento de Izabal en el caribe guatemalteco.

Su viaje tuvo como motivo el nombramiento de un nuevo comisionado militar para su comunidad, al llegar al destacamento militar en El Estor se presentó como Alcalde Auxiliar de la comunidad, “el jefe de comisionados militares me dijo, vos no tenes nada que hacer aquí, vos no sos autoridad de nada, lo que sos es un delincuente”, don Manuel decidió retirarse del destacamento.

Unos pocos minutos habían pasado de su desencuentro con el jefe de comisionados militares, cuando se percató que varios soldados venían detrás de él, lo alcanzaron, lo detuvieron y lo llevaron al destacamento militar de vuelta.

Sin ningún motivo, lo amarraron contra un tubo en el interior de la instalación militar, los soldados comenzaron a golpearlo, “fui embrocado contra el piso, me patearon en el estómago, en la espalda, en los brazos”, luego sintió como lo golpeaban nuevamente con los extremos de sus armas.

“me amarraron las manos contra los pies y ahí me retuvieron, me dijeron los soldados vas a tener que esperar a que regrese el oficial, salió de patrullaje al Polochic y tenés que esperar a que regrese.”

Pasaron las horas, don Manuel seguía tirado con las manos y pies amarrados, cuando el oficial volvió de patrullar, fue golpeado de nuevo, escuchó varias voces que le gritaban “vos venís de la montaña.”

Luego escuchó la orden “un día más y te vas en el guardacostas para Pataxté”, el “guardacostas” es un buque militar encargado del patrullaje de la costa del Atlántico o del Pacifico del país.

Lo trasladaron en el buque, al llegar lo siguieron golpeando, de los golpes pasaron a la tortura, “me colocaban un hule en el cuello, mis ojos comenzaron a ver luces de colores”, así lo hicieron varias veces, durante varios días. Don Manuel recuerda que lo tiraron adentro de una lona y ahí lo tuvieron.

“Viví un gran sufrimiento, me trataron como a un animal, como si fuera un coche, me tiraron al lado, me orinaban adentro de mi boca, nunca me respetaron como la autoridad comunitaria que era.”

Para él fue muy doloroso el volver a recordar todo el sufrimiento que vivió retenido por los militares, “para mí es como lastimarme el pie y arrancarme de golpe la costra, uno vuelve a sangrar.”

“Esto vengo a declarar en esta ocasión, lo que me hicieron fue muy doloroso. Yo les decía soy una autoridad comunitaria, nunca me creyeron y todo eso fue muy doloroso.”

El ejército lo retuvo durante 45 días con algodones puestos sobre los ojos, para sostenerlos los amarraron con cinta adhesiva, él desconoce hasta la fecha por qué lo detuvieron y lo acusaron de ser un delincuente, si él al igual que otros líderes comunitarios estaban realizando las gestiones ante el Instituto de Transformación Agraria -INTA-, la comunidad estaba exigiendo la legalización de la tierra de San Miguelito, luego entendió que el ejército estaba ahí para defender a los terratenientes.

El destacamento militar de Sepur Zarco

Él supo que construyeron un destacamento militar en Sepur Zarco, supo también que los soldados que lo golpearon y torturaron múltiples veces eran de ese destacamento, también que el oficial que estaba al mando era el teniente coronel Esteelmer Reyes, mientras estuvo ahí detenido escucho muchas veces su nombre.

Un día los soldados lo sacaron del destacamento y lo llevaron a la comunidad San Miguelito, su comunidad, ellos querían que don Manuel señalara a otras personas, los militares esperaban dar con los guerrilleros. “Ellos querían que diera el nombre de las personas que vivían en ese lugar y yo no lo hice porque todos somos hijos de Dios. Sé que la gente de la comunidad está agradecida conmigo porque yo los protegí y por eso ellos también están vivos.”

Recuerda que en ese período, en 1982, el presidente era Ríos Montt, por eso lo responsabiliza de todo el daño que él sufrió, y del daño que sufrió el pueblo Q’eqchi en las comunidades.

Mientras don Manuel va narrando, el traductor va haciendo la pausa para traducir del idioma Q’eqchì al castellano, mientras eso sucede en la sala, varias mujeres con sus rostros cubiertos por telas dejan escuchar su llanto.

Recuerda que en su comunidad don Santiago fue nombrado comisionado militar, a él lo capturó el ejercito, lo desapareció y nunca supieron en donde quedó su cuerpo, la gente por el temor de correr con la suerte de muchos detenidos desaparecidos, decidieron huír de las comunidades, subieron a la montaña para esconderse.

También supo de una señora que era hija de doña Julia, ellas eran mozos colonos en la finca, las trasladaron a la comunidad en donde ellos vivían, era una mujer con varios hijos. Cuando don Manuel regresó del destacamento militar supo que a ella los soldados la mataron.

Don Manuel retoma su declaración, “el Canche es responsable de muchas vidas allá” una afirmación que deja en silencio por completo la sala. La gente de su comunidad le pidió que se mantuviera en el cargo a pesar de haber vivió la tortura en el destacamento militar, de esa cuenta don Manuel terminó su período como alcalde auxiliar de San Miguelito.

Respondió a las preguntas de la fiscal del Ministerio Público, también a las preguntas de las abogadas querellantes y la de los abogados defensores de los dos acusados, se levantó, camino hacia uno de los costados de la sala de audiencias y salió.

Sepur Zarco, 34 años después.

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Por: Andrea Ixchíu Hernández.

Este 1 de febrero de 2016 ha dado inicio el Juicio dentro del Caso Sepur Zarco, dónde se busca juzgar las violaciones sexuales cometidas contra 15 mujeres indígenas q’eqchís en un destacamento militar ubicado entre Alta Verapaz e Izabal durante el año de 1982. Este destacamento era utilizado como “área de descanso y recreación” de los militares, durante los años más duros de la guerra.

En Torre de Tribunales, en la Sala de Vistas se desarrolla la audiencia de primera declaración, presentación de pruebas y alegatos iniciales del caso, el cual es conocido por las jueces Patricia Bustamante, Yassmin Barrios y el juez Gerbi Sical, del Tribunal A de Mayor Riesgo y dónde se encuentran presentes el Ministerio Público, las organizaciones querellantes y de representación de las víctimas, así como también la defensa de los militares acusados; el teniente Steelmer Reyes Girón y el ex comisionado militar Heriberto Valdez Asij, quienes son acusados de Delitos contra deberes de la humanidad, desaparición forzada y asesinato.

Después de 34 años se juzga en Guatemala por primera vez la Violación Sexual en Conflictos Armados, la cual se ha demostrado por medio de peritajes, informes y exhaustivas investigaciones, la intención de destruir a las comunidades, alterar la composición étnica de la siguiente generación, infectar de enfermedades de transmisión sexual y causar infecundidad entre las mujeres de la comunidad que se pretende destruir, todo esto como producto de la implementación de políticas contrainsurgentes por parte de algunos Estados en época de conflicto.

Al escuchar el relato de testigos, se escuchan frases como:

“Ellos, los soldados sabían que mujeres ya no tenían esposos y decían que las mujeres solas, eran mujeres disponibles”.

O el relato de una testigo a quién dijeron: “Ya nos llevamos a tu esposo, ahora sos de nosotros”.

Por eso se afirma que este tipo de abusos se basan en el tipo de masculinidad prepotente y aplastante que odia y desprecia a la mujer. Algunos de estos testimonios se encuentran relatados en el octavo tomo del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico – REMHI-.

Las mujeres tuvieron que hacer turnos para lavar uniformes y cocinar a los soldados sin remuneración alguna, además sufriendo violaciones sexuales en repetidas ocasiones. Esta violencia sexual fue usada por el ejército como forma de control de cualquier mujer organizada percibida como “enemiga” o “subversiva”, ya que, según los relatos de estas mujeres, muchos de los esposos, hermanos o familiares suyos estaban organizados y luchando por su derecho a la tierra. Se entiende entonces que a las mujeres se les violó para “castigar a los varones” que reclamaron sus derechos y aterrorizar a la población.

Los delitos de violación y esclavitud sexual en contextos de guerra constituyen Delitos de Lesa Humanidad, que no prescriben aún con la Amnistía otorgada con la firma de la Paz. El caso de Sepur Zarco es uno de los muchos casos de violaciones sexuales durante la guerra en Guatemala y es una manifestación del papel evidente que juega el patriarcado en los conflictos armados. Porque el patriarcado y la militarización van estrechamente de la mano. Se han agredido mujeres, percibidas como posesiones masculinas y cómo una forma de humillar simbólicamente al enemigo. Y en Guatemala, ha quedado demostrado en cientos de libros, peritajes e informes, el enemigo del ejercito eran las comunidades indígenas.

Cuando violan a una mujer toda la sociedad se empobrece, el machismo es enemigo de la conciliación, no permite diálogo y no permite construir la paz. Cuando violan a una mujer todas las mujeres sufrimos, nos desvalorizan, se refuerza así la lógica de la guerra, aún en tiempos de paz.

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Hoy uno de los testigos y sobreviviente. Rogelio Hüitz Chon afirmò con contundencia los delitos cometidos por el ejército en Sepur Zarco, fue su testimonio, lo que él mismo vivió en carne propia señalando al agresor, el militar sentado en esa misma sala, ahora en el lugar de los acusados.

Caso Sepur Zarco: organizaciones internacionales celebran el inicio del juicio

Guatemala, Washington D.C. y San José, 1 de febrero de 2016.- Hoy comienza el debate oral y público del caso conocido como Sepur Zarco, por actos de violencia sexual y esclavitud doméstica y sexual cometidos por miembros del Ejército de Guatemala entre 1982 y 1986 contra mujeres de dicha comunidad maya Qeqchi, así como por la desaparición forzada de varios hombres. Los acusados son el exmilitar Esteelmer Francisco Reyes Girón y el excomisionado militar Heriberto Valdez Asig.

Esta será la primera vez en el mundo que se juzgue en una corte nacional la esclavitud sexual en un contexto de guerra otros casos han sido conocidos por tribunales penales internacionales y la primera vez que en Guatemala se juzguen delitos de violencia sexual como crímenes internacionales. El sistema judicial guatemalteco ha sido pionero en la investigación de estos crímenes complejos demostrando que otros países que enfrentan desafíos similares también pueden hacerlo, puntualizó Leonor Arteaga, oficial de programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

La violencia contras las mujeres en el conflicto armado guatemalteco fue una herramienta de terror y dominación que por largo tiempo fue invisibilizada. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico determinó que la violación sexual durante el conflicto armado interno fue utilizada de forma generalizada, masiva y sistemática, como parte de la política contrainsurgente del Estado, dijo Jo-Marie Burt, investigadora principal de WOLA.

Durante décadas, casos como el de Sepur Zarco y otros, se mantuvieron en el silencio y la impunidad. Recientemente, algunos procesos judiciales por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, han avanzado a pesar de las resistencias y los obstáculos, gracias a los esfuerzos encabezados por el Ministerio Público y los tribunales de Mayor Riesgo.

El caso Sepur Zarco constituye un ejemplo de perseverancia y valentía por parte de las mujeres sobrevivientes y los grupos que las acompañan, quienes superaron el miedo y emprendieron el camino hacia la justicia, señaló Kelsey Alford-Jones, Directora Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (GHRC).

Las organizaciones firmantes nos solidarizamos con las personas sobrevivientes, especialmente con las mujeres que brindarán su testimonio en el debate, por su valentía y fortaleza, y lamentamos los mensajes de algunos sectores que pretenden desacreditarlas. También expresamos nuestro respaldo al colectivo Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad que viene acompañando a las víctimas en su búsqueda de justicia.

Guatemala está obligada a garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual. Hacemos un llamado a las autoridades para que se respete la independencia judicial, se garantice el debido proceso y, particularmente, se eviten prácticas dilatorias que impiden la sanción de los responsables de estos graves hechos, dijo Marcia Aguiluz, Directora del programa para Centroamérica y México del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Finalmente, saludamos la decisión de la Corte Suprema de Justicia de permitir el uso de la sala de vistas para el desarrollo de este juicio, a fin de facilitar la publicidad del proceso y las muestras de solidaridad; considerando que este juicio -de interés nacional e internacional- representa una nueva oportunidad para Guatemala de avanzar en su obligación de saldar sus deudas de verdad, justicia y reparación, visibilizando y sancionando la violencia contra las mujeres durante el conflicto y evitando la repetición de tan aberrantes crímenes.