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San Juan Sacatepéquez: con machetes y palos pretendían impedir asamblea

Por Quimy De León y Nelton Rivera – Prensa Comunitaria.

Después de más de cinco años, por fin se llevaría a cabo una elección abierta y democrática. La población de San Antonio Las Trojes I elegiría a la junta directiva del Consejo Comunitario de Desarrollo – COCODE. Según varias personas de ésta comunidad, quienes eran de la junta directiva encabezada por el señor Mariano Noj, no han sido electas ni reconocidas por la mayoría, sino respaldadas por distintas autoridades municipales. Habían sido “nombrados” en medio de un Estado de Excepción instaurado en el año 2008 mientras la población vivía en medio del terror y el control militar, desde entonces estas personas se mantienen en esos cargos.

El Concejo Municipal convocó a la Asamblea comunitaria

La municipalidad a través de su Concejo Municipal “tomó la determinación como autoridad responsable que se realizara una asamblea y le designó a los alcaldes[1] hacer la convocatoria, se realizó esta convocatoria, ellos aducen que no fue hecha[2].” Lo hicieron de éste modo porque al señor Mariano Noj se le había notificado ya tres veces para que la convocara y no lo hizo “quedó claro que el no está interesado en dejar el cargo” así nos comentó el concejal Abelino Curup en una entrevista realizada en el lugar.

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Concejal Abelino Curup

“Según la ley era necesario que se realizara la asamblea”, nos dijo el concejal Guillermo Patzán. Por lo que cuatro concejales fueron delegados por el Concejo Municipal de San Juan Sacatepéquez para observar y verificar la realización de ésta, convocada con tiempo para este domingo 22 de diciembre, y que debía realizarse en horas de la mañana.

El papel que juega el Concejo Municipal además de verificar, es avalar y autorizar la elección de COCODE según los reglamentos internos de la municipalidad. Según el concejal Guillermo Patzán “Las comunidades hacen la solicitud a la municipalidad, en base a eso el Concejo delega a quienes irán a  las comunidades. Se autoriza con verificación directa del Concejo municipal” así es como se hizo en esta ocasión.

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Concejal Guillermo Patzán

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Concejal Santiago Tzoc

De cómo ocurrieron las agresiones:

Parte del equipo de Prensa Comunitaria nos conducíamos por la mañana, hacia Las Trojes para poder cubrir y documentar la asamblea, tomamos el camino que conduce de la cabecera del municipio a las comunidades de Cruz Blanca y Ocaña, en donde hay un desvío para llegar a Las Trojes. Es un camino de tierra bastante desolado, a los lados se puede observar todavía árboles de pino y vegetación, también muchos cultivos de flores. Después de unos dos kilómetros se ve una enorme construcción de concreto, la planta de Cementos Progreso, que rompe con la vista y la continuidad de la vida en la región. Pasamos frente a la entrada de ésta empresa, que pretende construir la Planta San Gabriel.

Al seguir la marcha, cuando faltaba menos de un kilómetro para llegar a la comunidad, vimos que en medio de la carretera había un grupo de unos 30 hombres armados con palos y machetes que nos detuvieron la marcha. Algunos de ellos tenían playeras de Cementos Progreso. Nos dijeron que no podíamos seguir, algunos eran amables y trataban de explicarnos que no permitirían que se realizara la asamblea porque no habían sido notificados, que ellos eran del “otro grupo“ y que por eso no podíamos pasar. Sin embargo había otros que estaban agresivos y amenazaron con voltear el carro si no nos regresábamos inmediatamente y golpeaban el suelo con sus palos.

Explicamos que éramos de medios de comunicación y que sabíamos que como estaría el Concejo Municipal, queríamos darle cobertura a la actividad. Los más agresivos insistieron en que a la prensa no se le permitiría pasar, una persona pregunto si veníamos de San Juan o si desde la capital. Entonces cuatro o cinco personas nos tomaban fotografías y video con sus celulares, al vehículo y sus placas y  a quienes viajábamos en él.  Decían que esto no era de la municipalidad sino “esto es cosa sólo de los concejales de Winaq”.

Frente a la agresividad y las amenazas decidimos regresar,  con esta acción vimos coartado el libre ejercicio de nuestro trabajo periodístico. Al retornar frente a las instalaciones de la empresa cementera pudimos observar a un grupo de 15 trabajadores con chalecos y cascos a la orilla de la carretera.

Agresiones y golpes en contra de cuatro concejales

Al regresar y caminar  unos cuantos kilómetros  nos encontramos con miembros de la Procuraduría de los Derechos Humanos – PDH, los cuatro concejales y alcaldes auxiliares de la comunidad. Les explicamos lo que había sucedido, entonces los representantes de la PDH decidieron ir a dialogar con este grupo de personas para que dejaran pasar a la delegación del Concejo Municipal.

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Al llegar los ánimos del grupo era más o menos los mismos, muy encendidos. Uno de los jóvenes que iban en el grupo quiso pasar a su comunidad y lo golpearon fuertemente, según nos comentó el delegado de la PDH.

 “Fuimos designados, conociendo que hay conflictos en el área, en un momento determinado nos avisan que hay un grupo de personas. los alcaldes auxiliares, decidieron entrar con la PDH, fueron a dialogar.

 Éste grupo parecía estar dispuesto a todo, ellos argumentaron que no habían sido convocados y que no permitirían entrar a ninguna persona extraña. Sin escuchar razón, empezaron a agredirnos, hemos sido atentados, agredieron a tres concejales y quebraron el vidrio con piedras de uno de los vehículos en donde se conducía uno de ellos.“

Uno de los argumentos del grupo, en donde se encontraba uno de los miembros actuales del COCODE es que no fueron convocados. Sin embargo los delegados del Concejo Municipal, dicen que incluso Mariano Noj respondió por escrito ante la convocatoria. Uno de ellos dijo “El señor Mariano Noj es responsable, ellos sabían que ocurriría y a eso llegaron, cuando ellos dicen que no fueron convocados, significa que si tienen noción de lo que ocurriría. Como funcionarios se nos vedó el ejercicio de nuestras funciones[3].“ Luego de entrevistar a varios de los concejales agredidos, nos confirmaron que una de las personas que lideraba este grupo en la carretera es parte de la junta directiva del COCODE que no quiere salir.

Los Concejales son Mariano Camey Caj fue agredido con machete y lo golpearon “uno de ellos me iba a degollar”  a Guillermo Patzán vicepresidente de la comisión de participación le golpearon en la cara y a Santiago Tzoc le lanzaron piedras cuando estaba dentro de su vehículo rompiendo el vidrio e hiriéndole la cabeza[4]. Afortunadamente no hirieron a Abelino Curup quien se estaba adentro de su vehículo.

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Concejal Mariano Camey

Uno de los representantes de la comunidad de Las Trojes en una entrevista nos manifestó: “El cuarto Alcalde de las Trojes fue agredido, agresiones recibieron también  los 4 concejales y otras dos personas comunitarias quienes les acompañaban. La agresión fue sumanente fuerte.

Acompañamos a los comunitarios agredidos a la Policía para hacer las denuncias que corresponden y fueron trasladados luego para que fueran revisados y curados en el Centro de Salud  de San Juan Sacatepéquez.”

Con machetes y palos pretendían impedir asamblea un grupo pequeño de pobladores, para que la población pudiera expresar su voluntad sin manipulaciones y amenazas.

 Fotografías: Cristina Chiquin y Nelton Rivera.


[1] En referencia a los alcaldes auxiliares comunitarios.

[2] Entrevista al Concejal Abelino Curup.

[3] Entrevista a Abelino Curup, concejal municipal.

[4] Entrevista a los cuatro concejales.

¿Agua o cemento?

Por Marcelo Coj.

Este fue el título de la nota de opinión que Francisca Gómez Grijalva, columnista de Prensa Libre, publicó el 6 de febrero del corriente y por la cual Cementos Progreso ha iniciado proceso judicial en su contra. No cabe duda que la finalidad es silenciarla y de esta manera negar su derecho a la libre emisión del pensamiento según establece el artículo 35 de la Constitución Política.

En dicha columna Gómez Grijalva cuestionó los abusos de fuerza, amaños legales y desinformación con los cuales cementos progreso y el gobierno municipal de San Juan Sacatepéquez han buscado imponer la minería de cemento en dicho municipio. Aún a sabiendas de que el 13 de mayo de 2007 las 12 comunidades afectadas rechazaron el proyecto minero “San José Mincesa” y la planta cementera San Gabriel en consulta de Buena Fe observada por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Universidad de San Carlos (USAC) y la Asociación de Abogados Mayas.

El propósito de estas acciones es amedrentar y callar a quienes se solidarizan y denuncian los atropellos cometidos contra la ciudadanía subalternizada –cuyo rostro es de hombres y mujeres mayas, garífunas, xinca y ladino pobre- que precisamente por su condición tiene nulas posibilidades de ejercer el derecho a la libre expresión. De ahí que “lo que está en juego de nuevo no solo es cercenar el espíritu auténtico de una profesional guatemalteca, sino las voces en defensa de la vida de las personas” (Bienvenido Argueta en su columna “En el filo de la navaja”).

Iduvina Hernández claro y conciso explica en su nota “Una mordaza de cemento”: “la empresa… responsable de la crisis social en San Juan Sacatepéquez, pretende arremeter en contra de quién critica su proceder y brinda su voz a las comunidades”. Con estas breves palabras nos recuerda que en este paíslos grandes victimarios pretenden que las víctimas y quienes las acompañan devengan en criminales, en tanto que ellos se presentan a sí mismos como víctimas. Una situación absurda que lamentablemente para la ciudadanía está siendo amparada por un sistema de justicia que, por esta razón, nada tiene de justo.

Lo sucedido a Francisca Gómez evidencia una vez más que en Guatemala no es posible la crítica y denuncia del poder económico, cuando se da tales inmediatamente procede la censura. Ya sea en la forma de judicialización –como es este incidente- o bien de amenazas, cancelación de programas radiales yen casos extremos asesinatos y desapariciones.

Como ejemplo de las amenazas tenemos la coacción e intimidación afrontadas por los comunicadores Gustavo Illescas, Nelton Rivera y Ricard Busquets a manos de agentes de seguridad de Exmingua. Ello fue al momento de cubrir el intento de desalojo violento de vecinas y vecinos maya-kaqchikel y ladino de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, quienes se encontraban realizando un plantón pacífico contra el proyecto minero “El Tambor, Progreso Derivada VII”. En tanto que del tercer caso se puede hablar de la cancelación del programa “Espacio intergeneracional” el viernes 25 de febrero de 2012 en la radio Nuevo Mundo a manos de la agencia publicitaria de la Cabcorp –la empresa fabricante y distribuidora de Pepsi en el país. Y todo porque el programa en mención iba a criticar el mensaje de la campaña publicitaria “Guatemorfosis”.

Por eso como indica Bienvenido Argueta: “esta demanda puede tener un significado preocupante, pues podría marcar la línea de prohibición que se erige desde lo privado frente a las expresiones públicas que se plantean en defensa de la sociedad. Ya hemos visto que los impuestos que pagamos todos sirven en casos límite para defender intereses ajenos a los ciudadanos de este país y en su lugar se defienden intereses de empresas trasnacionales.”

En síntesis, la libertad de expresión y por tanto la democracia y el Estado de Derecho se encuentran amenazados por el excesivo poder que gozan las grandes empresas. Poder notorio en las costosas campañas electoreras, así como en los jugosos negocios que se cuecen al amparo del Estado –van desde las privatizaciones, hasta las concesiones mineras pasando por las compras de suministros para las dependencias estatales.

La gravedad del asunto aumenta si consideramos el racismo, como nos plantea Marielos Monzón en “País de Propietarios”: “el colmo es que ahora, Francisca Gómez Grijalva, una de las pocas mujeres indígenas que cuenta con una columna de opinión, se vea envuelta en una demanda civil… O sea que los indígenas no pueden ser propietarios y tampoco pueden expresarse libremente;  si lo hacen son perseguidos y criminalizados”.

El propósito de la presente es llamar a la solidaridad y sororidad con Francisca Gómez porque como bella y enérgicamente expresa Andrea Ixchíu en su columna “Cemento vs. la palabra”:  “defender a Francisca coincide con la necesidad colectiva de defender la dignidad humana y el respeto a la palabra. Hago un llamado a todas y todos para que nos solidaricemos y nos pronunciemos al respecto. Si tocan a una, nos tocan a todos.”

Mañana habrá conferencia de prensa en Casa Cervantes a las 9:00 a.m.  La dirección es 5ta. calle 5-18 zona 1. En esta se denunciará el ataque que cementos progreso está haciendo contra la dignidad y libre expresión de Francisca Gómez Grijalva y de las grandes mayorías excluidas de la cuál ella es representativa, por su condición de mujer Maya-K’iche’ y su origen campesino.

Doce Comunidades de San Juan Sacatepéquez forma parte de los peticionarios que denunciaron al Estado de Guatemala ante la CIDH

Por Nelton Rivera -Prensa Comunitaria.

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en la Organización de los Estados Americanos OEA, se presentaron dos casos importantes de violaciones de derechos humanos contra el Estado de Guatemala: el primero es la denuncia presentada sobre Derechos Humanos y protestas social en Guatemala y el segundo la citación  de defensores y defensoras de derechos humanos en el país.

Entre los peticionarios están organizaciones campesinas e indígenas, pueblos Maya Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez, Q’eqchí del Valle del Polochic, Q’anjob’al del territorio norte de Huehuetenango, especialmente Santa Cruz Barillas, pueblo Xinca de Santa Maria Xalapan, Jalapa, entre otros.

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Foto: CIDH.

Marlen Car representante del pueblo Maya Kaqchikel de las Doce Comunidades de San Juan Sacatépequez participó en la comisión de las organizaciones y pueblos peticionarios ante la CIDH.

Se presento un informe de las agresiones y violaciones de los derechos que están enfrentando, especialmente ante la criminalización y judicialización de sus luchas por la defensa del territorio, frente al modelo de extracción y explotación de los bienes naturales en Guatemala, modelo impulsado por gobierno neoliberales, empresas nacionales y transnacionales.

La representante Kaqchikel exigió el respeto de las Consultas Comunitarias de Buena Fé, denuncio las agresiones que sufren las mujeres comunitarias como resultado de su lucha frente a las empresas. Denunció el caso de la señora Reginalda Patzan Tubac quien estuvo en prisión durante 43 días ocurrido durante la imposición del estado de prevención, la detención ilegal de varios compañeros, las agresiones que  muchas mujeres mayas sufrieron cuando se les obligo a levantarse su guipil y sus cortes para ser revisadas por elementos de la fuerza publica del Estado, hechos que quedaron en la impunidad.

Marlen Car recordó otras agresiones en contra de los pueblos de Santa María Xalapan, las comunidades del Valle del Polochic,  Santa Cruz Barillas, San Rafael Las Flores Santa Rosa, San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. Hizo mención de los presos políticos  y de las personas perseguidas políticas debido a las ordenes de captura que los tribunales emiten constantemente.

“Intimidar, encarcelar y violar a las mujeres, muestra la condición de guerra como lo demuestra la historia reciente de nuestro país, asegura  impunidad de los hechores materiales e intelectuales.  El mensaje a los empresarios  en San Juan Sacatépequez y otras comunidades, es que nuestros territorios son nuestros, nadie nos los van a quitar porque nuestros ancestros nos los dejaron.”[1]

Mauro Cosajay representante de las Doce Comunidades de San Juan Sacatepéquez manifestó que se espera que las agresiones y violaciones de los derechos humanos que ha realizado la empresa Cementos Progreso no queden en la impunidad. La empresa es responsable de muchas cosas que han sucedido en San Juan Sacatepéquez porque fueron ellos los que entraron a la fuerza.  También hacen un enérgico llamado al gobierno a darle cumplimiento a las demandas presentadas por comunidades, pueblos y organizaciones.

El representantes de las Doce Comunidades hizo ver que es evidente que el Estado, los gobiernos y la justicia en este país no son para los pueblos, por esa razón llevaron una nueva demanda ante CIDH como organismo internacional para que sea condenado el Estado de Guatemala por los delitos cometidos en contra de los pueblos.

Recordó que este pueblo ha sufrido constantemente la criminalización y represión por oponerse a la empresa Cementos Progreso, el irrespeto a su Consulta Comunitaria realizada en el año 2006, más de 86 comunitarios y comunitarias en siete años de lucha han sido injustamente encarcelados, las comunidades han gastado más de 400 mil quetzales en pago de fianzas. También recordó que 6 lideres comunitarios están injustamente detenidos en prisión y que uno de ellos tiene una sentencia de 150 años como resultado de la criminalización y judicialización de su lucha.

Paralelamente a la denuncia presentada ante la CIDH, el pueblo en San Juan Sacatepéquez fue objeto de una nueva agresión de la empresa Cementos Progreso.

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Fotos: CIDH.

Nuevas agresiones genera empresa cementera en comunidad Chivoc en San Juan Sacatepéquez

La empresa Cementos Progreso nuevamente genera un conflicto en San Juan Sacatépequez, tres comunitarios Maya Kaqchikel del caserío Asunción Chivoc resultaron heridos. Esto como resultado de ser agredidos violentamente por trabajadores de la empresa Cementera, comunitarios y comunitarias protestaban pacíficamente contra la empresa este día lunes 28 de octubre 2013, la población exige a la empresa que  pavimente la carretera comunitaria luego de varios años de ofrecimiento e incumplimiento de esta obra.

El hecho ocurrió cuando al llegar a las instalaciones de Cementos Progreso los comunitarios fueron recibidos por un grupo mayoritario de trabajadores de la empresa armados con machetes, palos, además que varios trabajadores portaban armas de fuego. Ante el Ministerio Publico y la Policia Nacional Civil fueron puestas varias denuncias en contra de los trabajadores de la empresa responsables de este ataque.

Comunitarios denunciaron que nunca se pavimento cierto tramo carretero, planificado inicialmente como parte de los accesos para la nueva planta cementera “San Gabriel” que sigue sin funcionar. Ahora con la planificación de la construcción de una carretera llamada “Anillo Regional”, Cementos Progreso pretende tener una vía exclusiva para el transporte de maquinaria y movilización de la producción de la Planta “San Gabriel”, desestimando las obras que desde el inició habría ofrecido, lo que genero malestar entre los pobladores de Chivoc.

Uno de los representantes de Doce Comunidades denuncio que la agresión se debe a que la empresa ha generado división en las comunidades, especialmente en el caserío Asunción Chivoc, en donde la empresa había logrado afinidad de la población,  “a esta comunidad llego ofreciendo varios proyectos, entre los cuales se encontraba la pavimentación del tramo carretero en esa parte del municipio de San Juan Sacatepéquez”.[2]  Ahora la empresa incumple con este proyecto lo que provocó este incidente.

Las personas agredidas colocaron las denuncias en la Policía Nacional Civil y en el Ministerio Publico, las Doce Comunidades denunciaron que a pesar que hay gente que apoya a la empresa en el Caserio Chivoc, quienes no están de acuerdo en Chivoc con Cementos Progreso constantemente reciben amenazas, son perseguidos o agredidos, pero que la población ya esta tomando conciencia.

Empresa exíge exclusividad de carreteras

Los comunitarios denunciaron que en los últimos meses la empresa Cementos Progreso ingresa diariamente más de 22 caminones, esto genera la preocupación y tensión de las comunidades, por la continuidad de los trabajos en la Planta “San Gabriel” a pesar del rechazo de la mayoría de las comunidades. Especialmente en el Caserío Asunción Chivoc hay tensión porque les estan exigiendo horarios exclusivos para que los carros o pick ups de la comunidad no circulen durante el día y que la carretera pueda servir a la empresa exclusivamente.

     

[1] Marlen Car, representante de las Doce Comunidades Maya Kaqchikel de San Juan Sacatepequez.

[2] Entrevista realizada a representante comunitario de San Juan Sacatepéquez. Prensa Comunitaria. Guatemala 28 de octubre 2013.

Judicialización y criminalización contra las Doce Comunidades Maya Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez

Por Nelton Rivera –Prensa Comunitaria.

El pueblo de San Juan Sacatepéquez sigue siendo criminalizado y judicializado por defender el territorio. Cuatro líderes comunitarios de las Doce Comunidades Maya Kaqchikel enfrentan la Causa 02036-2013, Expediente MP: 2011- ante los juzgados del municipio de Mixco, departamento de Guatemala.

Mariano Camey, Lorenzo Car Hernández, Margarito Camey Zet, Juan Zet, Oswaldo Car y Jaime Azurdia, fueron denunciados ante  la Fiscalía Distrital del Ministerio Publico por el empresario y terrateniente Guillermo Francisco Sánchez Ayau, dueño de la Finca San José Ocaña, en el municipio de San Juan Sacatepéquez. Estos líderes comunitarios  fueron acusados injustamente de los delitos de amenazas, coacción, asociación ilícita y perturbar la posesión.

Mariano Camey fue detenido el 6 de julio 2013 cuando hacía la entrega de un lote de flores resultado de su trabajo, en la Terminal de la zona 4 de la ciudad capital. Al ser informados de la detención, miembros de las Doce Comunidades de San Juan Sacatepéquez se trasladaron al Juzgado para conocer los motivos de su captura y en ese momento cuando fueron detenidos Lorenzo Car Hernández y Margarito Camey Zet.

Este miércoles 23 de octubre 2013 debía de realizarse una nueva audiencia,  pero el juez que conoce la causa, la canceló. De haberse realizado, los comunitarios podrían haber quedado absueltos de enfrentar el juicio o el juez podría haberlos ligado al mismo. Tras cancelar la audiencia, el juez fijó como nueva fecha para realizarla el 13 de noviembre 2013.

El Juzgado de Mixco realizó la primera audiencia de toma de declaración en contra de solamente 3 de líderes comunitarios detenidos el 6 de julio 2013, de 6 que fueron denunciados por el empresario. El juzgador tomó la decisión de ligarlos a proceso por el delito de perturbar la posesión, no así por los delitos de amenazas, coacción y asociación ilícita, fijando una medida sustitutiva de Q2,000.00 para salir bajo fianza.

Las Doce Comunidades Maya Kaqchikel de San Juan Sacatépequez enfrentan procesos de criminalización y judicialización en contra de autoridades, lideres y lideresas comunitarias por su oposición a la instalación de una planta para producir cemento de la empresa Cementos Progreso y por defenderse de  la destrucción de los bosques por empresas como Planta Fiesta Verde y GIARFE S.A.

Antecedentes de la conflictividad comunitaria en San José Ocaña, San Juan Sacatepéquez

Las Doce Comunidades de San Juan Sacatépequez realizaron varias movilizaciones pacíficas y plantones con la participación de más de 9 mil personas maya Kaqchikel del territorio.

El 29 de diciembre del año 2011, cuando se realizaron las movilizaciones pacíficas en San José Ocaña, las comunidades presenciaron cómo dentro de la Finca se encontraba instalado un contingente de 250 efectivos de fuerzas Anti Disturbios de la Policía Nacional Civil en resguardo del finquero y terrateniente. [1] Este fuerte contingente policial era comandado por el entonces Subdirector general de operaciones de la PNC, Telémaco Pérez, ahora Director de la PNC.

Uno de los principales responsables de la conflictividad es el empresario Guillermo Francisco Sánchez Ayau, propietario de varias fincas en San José Ocaña, y que también aparece como propietario de la empresa Plantas Fiesta Verde vinculada la actividad del mercado de la madera, aserradero y exportación.  Otra de las empresas propiedad de Sánchez Ayau es la empresa GIARFE S.A. quienes producen café en estas fincas y luego lo exportan al exterior.[2] 

Las comunidades denunciaron que entidades del Estado facilitaron permisos para la tala inmoderada de más de 40 hectáreas de bosque de bosque en San José Ocaña,[3]  lo que provocaría la destrucción del medio ambiente y dañaría seriamente los principales pozos y nacimientos del agua. Las movilizaciones para detener la tala del bosque fueron realizadas del 26 de octubre al 9 de noviembre del 2011 frente a la entrada principal de la Finca,.

La  principal beneficiaria con la tala del bosque es la empresa Plantas Fiesta Verde, la cual se dedica a la actividad de extracción de madera, cuenta con aserraderos y comercializa la madera en el exterior. También la empresa GIARFE S.A. se dedica a la producción de Café principalmente para la exportación.


[1] Vecinos rechazan tala de bosque  en una finca. Prensa Libre. 29 de diciembre 2011.

[2] Vecinos de San Juan Sacatepéquez alarmados por presencia de la PNC. Comité de Unidad Campesina CUC. 21 de diciembre 2011.

[3] Vecinos rechazan tala de bosque  en una finca. Prensa Libre. 29 de diciembre 2011.