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Diario Militar: el ejército siempre negó la existencia de los planes militares

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Por Nelton Rivera.

“Los militares sabían lo que hicieron, sabían de la existencia de los planes, de todos estos planes que hicieron como estrategia para poder destruir a la población, de antemano lo sabíamos, porque de alguna manera el ejército específicamente Oscar Mejía Víctores desde 1983 siempre lo negó, siempre nos negó a los familiares la existencia de información.

Él nos dijo aquí no es Chile, no es Argentina, no es Perú, no es Bolivia, para tener películas ni mucho menos libros, haciendo referencia a otros documentos desclasificados en Sudamérica. Con esto demostramos los familiares de los detenidos desaparecidos que la verdad que siempre la hemos dicho sobre el señalamiento que los hechores intelectuales y materiales siempre han sido los ellos, los militares.”[1]


El ejército de Guatemala  no ha desclasificado sus archivos militares, durante décadas ha negado la existencia de documentos que detallen las operaciones militares contrainsurgentes de los años de 1960 a 1996 que comprenden 36 años de guerra. Fue en 1997 cuando apareció el Plan de Campaña “Victoria 82”, sustraído de forma clandestina del ejército, este documento los utilizó la Comisión del Esclarecimiento Histórico para la elaboración del informe “Guatemala Nunca Más.”

El plan de Operaciones “Sofía” contiene las comunicaciones internas del ejército durante las operaciones realizadas en la región Ixil en el departamento del Quiche durante los primeros años de la década de los 80.  Como un paso previo para materializar el Plan de Campaña Victoria 82, y el Plan de Campaña “Firmeza 83”. En la ejecución de los mismos estuvieron los oficiales: mayor Arango Barrios y el mayor Otto Pérez Molina.[2]

Los documentos secuestrados por el Tribunal de Mayor Riesgo B en marzo de 2016, 19 años después del aparecimiento de los primeros planes son el Plan de Campaña Firmeza 83- 1, Plan de Campaña Reencuentro Institucional 84, Plan de Campaña Estabilidad 85, Plan de Campaña Consolidación 86,  Plan de Campaña Fortaleza 87, Plan de Campaña Unidad 88, Plan de Campaña Institución 89 y el Plan de Campaña Avance 90.

Para los familiares de las personas detenidas desaparecidas estos documentos pueden dar más elementos para esclarecer la actuación del ejército implicado en delitos de lesa humanidad y Genocidio, información que podría servir para esclarecer la verdad, estos planes comprenden los regímenes del general José Efraín Ríos Montt, Oscar Humberto Mejía Víctores y Marco Vinicio Cerezo Arévalo. Estos planes fueron secuestrados por un juez en Guatemala para incorporarlos dentro de la investigación del Caso Diario Militar, un documento del ejército en el que se documentó la detención y desaparición forzada de 182 guerrilleros de distintas organizaciones entre los años 1983 y 1984.


La audiencia del caso Diario Militar  

El secuestro se realizó el día 9 de marzo 2016 en una diligencia realizada por el juez del Tribunal de Mayor Riesgo B en las instalaciones del Estado Mayor de la Defensa en la zona 10 de la ciudad de Guatemala.

Como era de esperarse, el ejército intento que el juez no realizara la diligencia, varios abogados del ejército se presentaron argumentando que los planes eran documentos “secretos”, que de por medio estaba la seguridad nacional, pero finalmente no pudieron retenerlos.

Previo a que el Tribunal de Mayor Riesgo B presidido por el juez Miguel Ángel Gálvez realizara la audiencia del día 31 de marzo 2016 los querellantes del proceso conocido como Caso del Diario Militar no tenían la seguridad que esta audiencia se realizara.

Finalmente la audiencia comenzó a las 11 de la mañana en la Torre de Tribunales, para Mario Polanco director del Grupo de Apoyo Mutuo GAM esta es una audiencia histórica, por tener a la mano la continuidad de los planes militares que permanecieron ocultos, hasta que el Juez Gálvez realizó el secuestro de ocho planes de campaña del ejército que comprenden el período de 1983 a 1990.

Estos planes fueron incorporados al proceso del Caso Diario Militar “José Miguel Gudiel Álvarez” contra el Estado de Guatemala, en la audiencia estuvo presente el Ministerio Público –MP-, la representación del GAM, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desparecidos de Guatemala –FAMDEGUA- y la Asociación Verdad y Justicia AVEJA quienes actúan como querellantes en este caso, la audiencia finalizó a las 5 de la tarde.

Aura Elena Farfán

“Este es un momento histórico, este momento es de gran trascendencia para nosotros como familiares de las personas detenidas desaparecidas, especialmente para las familias de los casos del Diario Militar. Para todos en general, por los más de 45 mil guatemaltecos y guatemaltecas, niños y niñas que años atrás los capturaron y los desaparecieron.

Para mí ha significado una mezcla de sentimientos, de saber de lo que fueron capaz, o de lo que es capaz el ejército de elaborar esos planes para destruir a la población, solo porque creían o pensaban que ellos eran el enemigo interno.  Para mí es bastante significativo y espero que no solo sirva para el caso del Diario Militar sino para todos los procesos por las violaciones que se dio en el Conflicto Armado Interno, específicamente con las masacres con la tierra arrasada en Guatemala.”

Mario Polanco

“hoy es un día histórico porque por fin las asociaciones de víctimas estamos teniendo acceso a la información que el Ministerio de la Defensa de Guatemala había dicho reiteradamente que no existía, que no la tenían, o que había sido destruida. Esperamos analizar la información para trabajar activamente en beneficio de la justicia, en favor de que los violadores de los derechos humanos vayan a prisión, esperamos que aporten información valiosa los documentos, esperaremos a conocer el contenido pero es un paso trascendental la que vivimos hoy.

El caso sigue abierto, estamos querellados dentro del caso Diario Militar, seguiremos recopilando pruebas para poder individualizar las responsabilidades y eventualmente poder emitir ordenes de aprensión.”

 

Para saber más sobre el caso del Diario Militar puede visitar: Guatemala: el Diario Militar una historia de desapariones y muerte 

 

[1] Entrevista a Aura Elena Farfán directora de la FAMDEGUA. Audiencia presentación de Planes de Campaña militar de 1983 a 1990. Tribunal de Mayor Riesgo B. 31 de marzo 2016.

[2] Albedrio. Plan Sofía y Victoria 82. ¿Prueba o farsa?. Andrea Orozco. 10 de mayo 2010. http://www.albedrio.org/htm/noticias/lh100510.htm

“Ríos Montt tiene una amnistía de facto”

GUATEMALA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

A 34 años de la masacre de la embajada de España en Guatemala, en la que murieron 37 personas, se lanza una plataforma para apoyar la lucha contra la impunidad en este país, en especial en el caso del exdictador Efraín Ríos-Montt.

Emma Gascó Redacción
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Para denunciar la política de “tierra arrasada” y las masacres, una delegación de campesinos mayas ixiles y k’iches del Comité de Unidad Campesina (CUC) ocupó pacíficamente la embajada de España junto con un grupo de estudiantes. Pese a las gestiones del embajador Máximo Cajal por evitar la matanza, las fuerzas de seguridad incendiaron el edificio. Los gritos de auxilio se escuchaban desde afuera, pero no los dejaron salir, ni permitieron que los bomberos, que esperaban en la puerta del edificio, extinguieran el fuego. Era el 31 de enero de 1980. El padre de la premio nobel de la paz Rigoberta Menchú murió en aquel incendio, que todavía no ha sido esclarecido. Poco después de los asesinatos, el CUC decidió integrarse en una de las guerrillas.

34 años después, Máximo Cajal, que consiguió salir de la embajada casi de milagro, escucha las palabras de Sofía Duyos durante el primero de una serie de actos para acompañar a las organizaciones de derechos en Guatemala, celebrado el jueves 30 de enero. “El juicio a Efraín Ríos-Montt ha sido histórico”, explica Duyos, litigante en el caso. Tras más de una década de trabajo y amenazas, y con más de cien recursos en contra, el 10 de mayo de 2013 el ex dictador fue condenando a 80 años de cárcel inconmutables. “Se estima que durante su gobierno se produjeron 420 masacres y 400 aldeas fueron arrasadas”, recuerda Duyos.

El veredicto, además, ordenaba investigar a todos los responsables de las matanzas, lo que significaba un mandato legal para iniciar la investigación sobre la responsabilidad del actual presidente Otto Pérez Molina. La importancia de la sentencia trascendía las fronteras de Guatemala. Era la primera vez en América Latina que un jefe de Estado era condenado por genocidio.

Trabas a la condena

La alegría no duró demasiado. A los diez días de la sentencia, la Corte de Constitucionalidad anulaba todo el proceso realizado desde el 19 de abril en adelante, lo que incluía la condena. Pero, en su última maniobra, el equipo defensor ha llegado mucho más allá, hasta retrotraer el juicio a noviembre de 2011, cuando todavía Ríos-Montt no había sido encausado y no se habían presentado todavía los testimonios.

“En la actualidad está en la Corte de Apelaciones, pero esta resolución puede durar meses. Sesenta magistrados se han negado a integrar la corte. Así que tenemos una amnistía de facto”, expone Sofía Duyos. Para entender el entramado, conviene tener en cuenta que Francisco García Budiel, el principal abogado defensor del exdictador, es un “reconocido abogado de los Zetas, de los narcos”, recuerda la abogada. “Y desde 2011, la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, Avemilgua, ha dicho que está dispuesta a empuñar las armas de nuevo. Es decir, mantienen la amenaza”, explica Prudencio García, que formó parte del Comité de Esclarecimiento Histórico que investigó los crímenes del conflicto.

“Si no acompañamos y les damos visibilidad a los testigos, van a ir desapareciendo, los van a ir matando”

Duyos hace hincapié en que “los jueces se están jugando la vida, así como los testigos”. Por este motivo, Marta Casaús, profesora y experta en el caso, insiste en la necesidad de apoyar a las organizaciones que se enfrentan a la impunidad en Guatemala: “No van a matar a una jueza, porque nos vamos a enterar. Pero si no acompañamos y les damos visibilidad a esas víctimas [que testificaron en el juicio], van a ir desapareciendo, las van a ir matando”. A muchas de las mujeres violadas, explica Casáus, las volvieron a buscar a sus aldeas y las volvieron a violar para impedir que fueran a declarar. Aún así, testificaron.
“Llamamos a formar una red de apoyo de las víctimas para darles seguridad. Es necesario que se realice este acompañamiento hasta que se cumpla la sentencia”, dice Casaús. Juan Pablo de Laiglesia, que fue embajador en Guatemala entre 1988 y 1992, recuerda el papel que tuvieron, por ejemplo, las brigadas internacionalistas para “romper el aislamiento” y “brindar seguridad” en aquella época anterior a los acuerdos de paz de 1996. “Éste es el inicio de una serie de acciones”, explica Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar, presidenta de la Coordinadora de las ONG para el Desarrollo.

Comunidades frente a una empresa gallega

“El mapa de las masacres que se produjeron durante el conflicto coincide con los territorios donde se quieren imponer megaproyectos, como hidroeléctricas y minas”, explica Ángel Poyato. La impunidad de ayer se vincula con la actual, viene a decir Poyato. Desde 2005, se han realizado, según Naciones Unidas, 74 consultas comunitarias para decidir si se quiere o no la implantación de estos proyectos. En muchos casos, las comunidades, amparadas por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los han logrado frenar.

En el norte del departamento de Huehuetenango el conflicto sigue abierto. Las comunidades, que han expresado su rechazo al proyecto hidroeléctrico Cambalam, han sufrido el asesinato dos personas visibles en la oposición y el encarcelamiento de muchas otras. En este caso, el “acompañamiento” implica presionar a la empresa gallega Ecoener- Hidralia Energía, responsable del proyecto, y al Gobierno español. Con este objetivo, otra red de apoyo, la Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala, ha recogido 1.900 firmas para entregar ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, la embajada de Guatemala e Hidralia Energía.

2013: el pueblo Ixil tejió nuestra historia

Este año para quienes vivimos en Guatemala ha sido bastante significativo y trascendental, un pueblo valiente como muchos otros, tejió nuestra historia, abrió y escribió una parte de nuestra memoria colectiva. Con mucha dignidad lograron contar, sacar del silencio la barbarie vivida por ellos, por ellas y por todo un pueblo: El genocidio.

En el 2013: el pueblo Ixil tejió nuestra historia.

El 10 de mayo del 2013, la jueza Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo leyó ante el mundo la sentencia en donde se condenó a Efraín Ríos Montt quie fue presidente de facto entre marzo de 1982 y agosto de 1983. Esta condena es por ser responsable del genocidio perpetrado en contra del pueblo Ixil en calidad de autor. Fue condenado a 80 años de prisión, 50 por delitos contra deberes de la humanidad y 50 por genocidio.

Queremos rendir un homenaje al pueblo ixil, a través del aporte de varias personas que por medio de sus palabras, sus acciones, sus pasos, sus imágenes contribuyeron también a recuperar la memoria.

Visite la página aquí: Pueblo Ixil 
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Justicia: Plantón contra la impunidad

Quimy De León – Prensa Comunitaria

Un buen grupo de personas se movilizó  a las seis de la tarde del miércoles 23 de octubre, movidos por la indignación y el rechazo a la noticia que circuló en medios corporativos, respecto de la posible Amnistía para Efraín Ríos Montt, un ex militar golpista sentenciado por Genocidio el 10 de mayo de 2013,  por la jueza Yasmin Barrios en una sentencia histórica.

Prensa Libre y otros medios de comunicación corporativos, publicaron una supuesta resolución de la Corte de Constitucionalidad,  mal interpretando la mismo y creando la incertidumbre ante la posibilidad que la CC otorgaba la amnistía a Ríos Montt.

Para organizaciones de derechos humanos tanto el genocidio como los delitos contra los deberes de humanidad NO SON AMNISTIABLES[1]. Un aspecto relevante es que la Corte está pidiendo al Tribunal de Mayor Riesgo A que fundamente respecto al decreto 8-86 y no está pidiendo amnistía. El  mal manejo de la información  nuevamente está generando desinformación y zozobra pues la información no había sido oficial y esta ya circulaba, a pesar de que aún no se ha resuelto nada.  “Ramón Cadena director de la CIJ –Comisión Internacional de Juristas– para Centroamérica, indica que el Decreto 8-86, fue prácticamente una “auto amnistía” que se decretó el Ejército y los militares que gobernaron durante la dictadura militar[2].“ y que ya no está vigente.

Por esta clara intención de confundir y aplicar la justicia,  hubo  movilización ante la CC “Porque no puede aplicarse amnistía a casos de Genocidio“ era una de las consignas, “Todos y todas contra la impunidad”,  estos hechos auto convocaron a manifestarse  frente a la Corte de Constitucionalidad.  Finalmente fue la Corte y cinco de sus magistrados de siete, quienes ordenan a la sala primera emita una resolución en la que se analice el alcance de las amnistías decretadas, la corte no le indica a la sala como debe resolver.

Fue un grupo de estudiantes quienes se auto convocaron en redes sociales, dijeron que esta era la primera de varias acciones que harán para mostrar su descontento y fijar sus posturas de rechazo frene a las resoluciones sesgadas de la CC. Más de cincuenta personas estuvieron ahí, también hubo representación de organizaciones de derechos humanos y de mujeres.

Las palabras tomaron su espacio en forma de poesía, muchos y muchas leyeron, también hubo discursos y pronunciamientos, quedan a la espera de la resolución del tribunal respecto de lo que le ordenara la Corte de Constitucionalidad, con su presencia dijeron ¡Si hubo Genocidio! ¡ No hay Amnistía!

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[1] AMNISTÍA NO ES APLICABLE A DELITOS DE GENOCIDIO Y
DELITOS DE LESA HUMANIDAD. Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos. Guatemala, 23 de octubre 2013.

[2] Figura de amnistía no es factible para Ríos Montt. La Hora, 23 de octubre de 2013.