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Comunidades indígenas de Guatemala luchan contra la privatización de los sitios sagrados

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Por Jeff Abbott.

Fuente: http://upsidedownworld.org

En los últimos años, la popular atracción turística de Semuc Champey en el departamento guatemalteco de Alta Verapaz se ha convertido en un punto de conflicto social para las comunidades mayas Q’eqchi indígena “que rodean el sitio. El 8 de febrero, las tensiones estallaron y condujeron a la ocupación del edificio municipio de Lanquín por más de 200 miembros de las comunidades cercanas a la atracción turística. miembros de la comunidad exigieron la recuperación del sitio. Desde ese día, los residentes han mantenido la gestión del parque.

Desde el 8 de febrero, la comunidad ha continuado recibir a los turistas al sitio Semuc Champey, así tomar las entradas y mantener el mismo terreno.
A medida que la recuperación dirigida por indígenas de este parque sigue, el conflicto ha arrojado luz sobre un dilema de muchos años en Guatemala en torno al acceso de las comunidades indígenas a los lugares sagrados.

“Estábamos aquí antes de que el estado descubrió que había algo para explotar y transformar en la ganancia monetaria,” dijo Francisco pop, un anciano residente de una de las comunidades cercanas al parque nacional. “Mi padre me enseñó que se supone que debemos proteger esta tierra, y para trabajar esta tierra para nuestros hijos y las generaciones futuras. Nuestros abuelos y abuelas nos dieron la responsabilidad de proteger los recursos naturales; no debemos permitir que el estado de sacar ganancias lo que se supone que debemos administrar “.

Semuc Champey se ha convertido en una popular atracción turística ecológica debido a la belleza natural de las piscinas que se sitúan por encima de un río subterráneo profundo de la selva del departamento de Alta Verapaz. La zona fue declarada área protegida, y el parque se colocó bajo el control y la gestión del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).

En 2000, los residentes se les dio los títulos de las tierras alrededor del sitio. Sin embargo, en 2005 el Congreso aprobó el Decreto 25-2005 sin consultar a los residentes, que declaró el área como área protegida, y amplió el suelo protegido más allá del área protegida inicial. Durante este tiempo, el municipio estaba administrando Semuc Champey, pero esto se cambió en 2013, cuando el CONAP y el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) se hizo cargo de la gestión del sitio, y prohibió las comunidades del uso de los terrenos sagrados.

Los residentes se les dijo que recibirían el empleo en el lugar, y que ellos serían capaces de entrar en el sitio, pero CONAP nunca cumplieron con estas promesas.

“Hemos ido a las calles para recuperar nuestro sitio”, dijo Crisanto Asig Pop, un miembro de 61 años de edad, de la autoridad indígena Q’eqchi ‘. “Esta es la tierra de nuestros antepasados; somos los verdaderos dueños y cuidadores de esta tierra. Si se quiere utilizar el sitio, tuvimos que pagar 30 quetzales para entrar. Es por esto que comenzamos a organizar y exigir la espalda de la tierra “.

Desde 2013, los residentes de las comunidades mayas Q’eqchi ‘de Santa María Semuc, Se Mil, Se Subín, Chiqanus, que conforman el municipio de Lanquín en el departamento de Alta Verapaz, han luchado durante años para recuperar las piscinas color turquesa sagrados que se han convertido en una atracción turística popular.

La recuperación de la Semuc Champey en febrero tras varios meses de protestas coherente a lo largo del sitio. Miles se movilizaron en septiembre de 2015 para protestar por el costo de la entrada. Meses después, en diciembre de 2015, los residentes ocuparon el edificio municipal para exigir su derecho a la zona. El mismo día las comunidades expulsadas de la Policía Nacional de Guatemala y representantes de CONAP.

Tras la recuperación del sitio, los habitantes de los pueblos vecinos han distribuido los trabajos de mantenimiento del sitio, incluyendo la limpieza de la basura, recoger las entradas de los turistas, y garantizar la seguridad de los turistas a las piscinas populares.

El apoyo a los residentes de la región ha llegado desde el otro lado de Guatemala, y especialmente otras autoridades indígenas de Guatemala.

“Estamos aquí para fortalecer la autoridad indígena de este hermoso sitio, donde las autoridades han tomado la iniciativa para recuperar la administración de su territorio”, dijo Diego Coti del Consejo de Autoridades Indígenas de maya, xinca y garífunas, que habló en frente al río Cahabón. “Las comunidades son apoyadas por leyes municipales, así como el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas dice que los pueblos (indígenas) tienen derecho a la libertad de auto-determinaciones; ellos son los que determinan cómo van a administrar y cómo van a gobernar el territorio q’eqchi ‘ “.

La recuperación no ha llegado sin represión.

El 4 de marzo, Asig Pop y Ramiro Choc Asig, otra autoridad indígena de la comunidad fueron detenidos por la Policía Nacional de Guatemala y acusados ​​de “usurpar” la tierra.

Los dos informes, había recibido una llamada temprano en la mañana de alguien que dice ser del Documento Nacional de Guatemala, Prensa Libre. Fueron recogidos por un nuevo pick-up de color gris y luego fue trasladado a un camión de la policía.
Las detenciones no son la única amenaza a la comunidad ha enfrentado. Las comunidades también se han enfrentado a amenazas de desalojo por parte de la Policía Nacional de Guatemala, así como descrédito y mala información por el Instituto Guatemalteco de Turismo, y los medios de comunicación nacional de Guatemala.

Respuesta racista de medios guatemaltecos

La decisión de la comunidad para recuperar y ocupar el destino turístico ha puesto de manifiesto aún más el racismo que se ha apoderado de Guatemala. Tras el paso de recuperar el sitio, la junta de turismo de Guatemala, INGUAT, emitió una advertencia de seguridad a los turistas interesados ​​en visitar el sitio. Los medios de comunicación guatemaltecos siguieron, y emitió una advertencia informó que no visiten el sitio, con la revista de noticias de Guatemala Diario Digital, declarando: “No viaje a Semuc Champey.”

“(Los residentes de las comunidades rurales) se han tomado las medidas que pueden afectar a la entrada y la libertad de movimientos (del sitio)”, escribió el Programa de Ayuda a los turistas de InGuate en su comunicado.
Sin embargo, las comunidades han intentado contrarrestar este miss-información de los órganos del Estado, y han mantenido que los turistas siguen siendo bienvenidos a visitar el sitio.

“Los turistas son más que bienvenidos a venir y visitar Semuc Champey,” dijo pop. “Todo el mundo es más que bienvenido a visitar uno de los lugares más bellos de toda Guatemala que sean administradas por la comunidad misma, y ​​que es la continuación de la obra que nos fue dado por nuestros abuelos y abuelas.”

Las poblaciones indígenas del hemisferio occidental se han enfrentado a un asalto en su identidad durante más de 500 años. En ninguna parte es esto más cierto que en Guatemala, donde las poblaciones indígenas mayas se han enfrentado a un ataque en curso. La expansión de las industrias extractivas en los años transcurridos desde el final del conflicto armado interno han provocado una nueva ofensiva contra las poblaciones indígenas, y se expone el racismo estructural que queda en el país.

Las comunidades indígenas que se han organizado para defender sus derechos y comunidades de la invasión de las empresas transnacionales han llegado cada vez más en contra de la hostilidad renovada por el Estado de Guatemala. Esto ha llevado a muchas organizaciones de derechos humanos afirman que el cierre del espacio impide que las comunidades indígenas de ejercer sus derechos.

Pero a medida que las comunidades se han organizado, las comunidades se han enfrentado al racismo incrustado dentro de Guatemala que ha pintado históricamente las comunidades indígenas como hacia atrás, bárbara, y anti-desarrollo.

“Ha habido instituciones que han estado hablando mal de nosotros en la radio, en la televisión, y el periódico”, dijo Asig Pop. “Ellos nos llaman ladrones, pero no son los ladrones. Nosotros, como pueblos indígenas tenemos el derecho de administrar nuestras tierras “.

La lucha contra la privatización de los sitios sagrados

La promoción del turismo a través de Guatemala facilita el despojo de las tierras de las comunidades indígenas. Pero los movimientos de recuperar territorio como Semuc Champey han tratado de recuperar estos lugares sagrados.

“Durante cientos de años, nuestros antepasados ​​se hicieron cargo de este lugar sagrado,” dijo Asig Pop. “Hay nuestras abuelas y abuelos habría celebrar ceremonias que solicitan al Gran Lajpu por las buenas cosechas. Pero nosotros no nos dejó entrar a causa de la cuota de 30 Quetzal “.

Ya que los miembros de la comunidad han sido capaces de volver al sitio sin tener que pagar. Esto ha ocurrido en parte gracias a la recuperación del lugar el 8 de febrero, que cambió la gestión de la entrada en manos de la comunidad.

Semuc Champey es un ejemplo de la continuación de la privatización de los sitios sagrados por parte del Estado de Guatemala y las empresas transnacionales como parte de la expansión del turismo en todo el país. Sitios como Tikal, Iximché en Chimaltenango, y Semuc Champey siguen teniendo gran importancia espiritual dentro de la cosmovisión maya, donde los líderes espirituales todavía llevan a cabo ceremonias, pero ahora están restringidas por las cuotas, lo que mantiene muchas de visitar los sitios sagrados, debido al costo de entrada .

Esta frustración ha impulsado el movimiento para recuperar los sitios sagrados, y que probablemente dará lugar a conflictos futuros.

“Las empresas transnacionales están llegando y desplazarnos de nuestros sitios sagrados”, dijo un guía espiritual Ixil en la comunidad serrana de Nebaj durante una ceremonia de inauguración del Año Nuevo Maya el 21 de febrero “Pero debemos y continuará protegiendo nuestros sitios sagrados “.

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La Caravana por el Buen Vivir en Monte Olivo

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Por: Rony Morales UVOC/Prensa Comunitaria.

Monte Olivo se encuentra en el municipio de Cobán -Alta Verapaz-, en el territorio del pueblo Maya Q’eqchi’. Las comunidades que se encuentran a lo largo del recorrido del Río Dolores decidieron desde hace varios años atrás fortalecer la lucha por la tierra y la defensa del río, especialmente frente a la explotación laboral, el despojo de la tierra y el saqueo de los bienes naturales. La problemática en esta región se agudiza con la compra por parte de la empresa Hidroeléctrica Santa Rita, S.A  de una parte de la finca del mismo nombre, para la construcción del proyecto hidroeléctrico Santa Rita, que pretende producir 19.47 MW sobre las aguas del río Icbolay. Este proyecto no es el único: la empresa Hidroeléctrica Raaxha, S.A, tiene planificada la construcción de otra planta hidroeléctrica más.[2] Además de estos dos, se encuentra el proyecto Central Rocjá Pontilá,de la empresa Proyecto de Desarrollo Integral Pontilá S.A.[3]

En el marco de lucha y resistencia, por medio de los colectivos Ceiba, ASOMADIC y UVOC, llega la  Caravana Mesoamericana por el Buen Vivir, que escogió Monte Olivo como una de las comunidades a visitar en un recorrido que dio inicio en Morelos –México-, pasando por diferentes pueblos que luchan, resistente  y recuperan la madre tierra.

La Caravana del Buen Vivir es una red de intercambio de experiencias, diálogos y aprendizajes; un proceso de soluciones a las problemáticas constantes del medio ambiente. Por eso decidieron trabajar en colectivos en acción por el buen vivir, para realizar diferentes tareas de gestión y comunicación que comenzaron a hacer germinar la semilla

Caravana Mesoamericana para el Buen Vivir de los Pueblos en Resistencia llega a Monte Olivo, territorio Q´eqchi´ donde las personas dependen del rio Dolores, sus bosques y la tierra para la subsistencia de esta comunidad. Este intercambio mutuo entre naturaleza y los seres humanos se ha visto amenazado  y se ha vuelto más difícil, ya que empresas que buscan quedarse con los recursos naturales han buscado saquear esta tierra y expulsar a sus habitantes.

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Durante la estancia de la caravana se dieron talleres de tecnologías socialmente apropiadas, donde construyeron un bicimolino, un bici-desgranador y una bici-licuadora que quedaron a la disposición de la comunidad para su uso.

 Así mismo, compartimos un taller de baños composteros, que evitan el drenaje y usan los desechos para abonar la tierra: una tecnología útil en una zona afectada por la privatización y contaminación de las aguas y las tierras.

Por parte de medios, se realizaron los talleres de TV comunitaria y fotoperiodismo comunitario, en el cual se habló a los participantes sobre la importancia de empoderarnos de las nuevas tecnologías de documentación, difusión y de redes sociales además de compartirles los conocimientos básicos y técnicos para tomar una fotografía y escribir un boletín de prensa, y hacer una programa de T.V con el fin de que ellos mismos escriban su propia historia y realicen contenidos desde su cosmovisión

 La radio caravana comunitaria en Monte Olivo, donde se cree que la comunicación popular es fundamental en las luchas por la autonomía, la justicia social, y la dignidad con la participación activa y consecuente de las mujeres, niñas, niños, jóvenes y los ancianos de la comunidad; gestando allí mismo el sueño de un centro autónomo de aprendizaje y conocimiento.

Ésta es una de esas maneras, las familias de Monte Olivo no sólo van encontrando la fuerza a través de la solidaridad para continuar con su lucha, sino también para mostrarle al mundo que donde la avaricia y el odio ponen sus botas, los pueblos que defienden la vida logran que vuelva la primavera.

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Tenemos que escondernos y queremos estar en paz

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Elaborado por: Comité Campesino del Altiplano – CCDA.

La comunidad Santa Elena Samanzana II, está ubicada en la región de Salaquín,  específicamente en el municipio de Cobán en el departamento de Alta Verapaz. Esta formada por 31 familias asentadas en la comunidad hace ya más de 50 años. Las familias Maya Q’eqchi’ están integradas por más de 160 personas en su mayoría mujeres y niños.

La conflictividad en el territorio de Santa Elena es histórica, pero se agudizó durante el año 2013, cuando un finquero inició una serie de acciones violentas para desalojar a la población y apropiarse de manera irregular de su comunidad.

Fue durante el 2013 cuando agentes de la seguridad privada del finquero en disputa de la tierra hirió de gravedad a uno de los comunitarios, Marvin Narciso Paau Paau quien decidió proteger sus siembras cuando los agentes de la seguridad privada intentaban destruirla.

Todo ésto ha sido denunciado por representantes de la comunidad y 4 familias que fueron desplazadas de manera forzada hacia la capital, buscan que se les pueda hacer justicia y defender la propiedad de la tierra, así lo denunciaron públicamente durante el mes de marzo y abril 2014.

Los textos: “Quiero estar en mi comunidad”   y Cobán: un nuevo caso de desplazamiento forzado documentan la denuncia hecha por la comunidad Santa Elena Samanzana II y lo que están viviendo en estos días y quienes son los principales responsables de las injusticias vividas por la comunidad.

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Una delegación llegó a Santa Elena Semanzana II, ésta estuvo conformada por agentes del Ministerio Público, defensores de Derechos Humanos, Observación internacional, representantes del Comité Campesino del Altiplano CCDA y comunicadores.

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El Ministerio Público, realizó un geoposicionamiento mediante el uso de GPS, durante varias horas recabaron evidencias para constatar las denuncias hechas por comunitarios y comunitarias que fueron desplazados forzosamente de la finca, ademas levantaron denuncias acerca de las violaciones de los derechos humanos cometidas.

Al llegar a la zona, lo primero que encontraron fue una de las 3 garitas clandestinas de seguridad construidas por el finquero, según afirman los comunitarios ésta es una de las acciones de usurpación, intimidación y violencia ejercidas  para controlarlos y agredirlos.

Adentro de una de las garitas se encontraba un agente de la seguridad privada fuertemente armado. Lo irónico es que un agente privado esté instalado en tierras del Estado para evitar el ingreso de la población, expulsarlos de la comunidad o en el peor de los casos que puedan llegar a accionar sus harmas contra sus habitantes.

La población al darse cuenta de la presencia de agentes del Ministerio Publico y de la PNC comenzaron a llegar al lugar, algunos y algunas dejaron los lugares donde se resguardaban, poco a poco se fue corriendo la voz y la población sintió seguridad para acercarse y denunciar muchos de los atropellos de los que han sido objeto, su voz y su testimonio se hicieron escuchar y sentir.

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Muchas personas llegaron, contaron que se resguardan lejos de la comunidad para que los agentes de la seguridad privada que invadió su comunidad no los localicen o les hagan daño. Mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas salieron de los lugares donde se ocultan desde el día 16 de marzo para dar su testimonio, para contar como un finquero viola sus derechos y pretende despojarlos de la tierra que los ha pertenecido por generaciones.

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Los agentes de seguridad dieron el aviso de la presencia del Ministerio Público seguramente. Al lugar se presentaron dos supuestos propietarios de los terrenos declarados propiedad del Estado de Guatemala bajo la categoría de terrenos baldíos. La posición contraria a las 31 familias argumenta su desconocimiento del estado legal de la tierra, el Estado señala que son tierras baldías y un finquero a pesar de no lograr demostrar el derecho de propiedad argumenta que le pertenece.

La mujer de camisa blanca y el hombre de gorra beige con camisa a cuadros naranjas son las dos personas que se presentaron ante el MP como “herederos” de la propiedad de la Comunidad Santa Elena Semananzá II.

Guardias de la seguridad privada que se instalaron de manera irregular  en la comunidad Santa Elena Semanzaná II:

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 En la comunidad se logro encontrar a 4 agentes de la seguridad privada de uno de los finqueros que reclama derechos sobre la tierra. Estas personas fuertemente armadas decidieron retirarse ante la presencia de la delegación de verificación. Las y los comunitarios identificaron que estas personas constantemente los amedrentan e intimidan.

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En el 2013 una personas resulto gravemente herida de bala por parte de la seguridad privada del finquero, ademas en otra incursión realizaron la destrucción de los principales cultivos de la población, destruyeron la Milpa, dejaron tirado el  maíz,  arrancaron las siembras de Cardamomo y destruyeron hortalizas y plantas que forman parte del sustento alimenticio de más de 160 personas, en su mayoría niños y niñas.

Las familias que aun permanecen en lugar tienen serios problemas alimentarios, las enfermedades están comenzando a afectaros de forma considerable, permanecen refugiados en las partes selváticas de la finca sin acceso a alimentos, medicinas, atención medica, están teniendo considerables perdidas económicas tras abandonar las tierras cultivables.

A pesar de encontrarse en condiciones de violencia y crisis humanitaria, continúan defendiendo la tierra y la comunidad, están exigiendo sus derechos y el respeto a la vida. Las cuatro familias desplazadas forzosamente de Santa Elena Semanzana II el 16 de marzo continua denunciando cada uno de las agresiones, con muchas necesidades y preocupaciones pero con  espíritu y  dignidad inquebrantables.