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Chimaltenango se rebela contra los abusos del RENAP
Consejo del Pueblo Maya Kaqchikel
Por: Consejo del Pueblo Maya Kaqchikel CPMK.
Hoy todo el país se enteró que la ciudadanía kaqchikel de Tecpán, en Chimaltenango, está harta de soportar los abusos de la empresa que usufructúa el Registro Nacional de Población –RENAP- en esa cabecera. Para eso fue necesario que los vecinos salieran a la carretera Panamericana y la cortaran, porque los muchos memoriales y quejas que enviaron a las autoridades diversas en la capital no sirvieron de nada. Nunca fueron atendidas.
Pero no son sólo ellos. En el municipio también kaqchikel de San Andrés Itzapa en el mismo departamento de Chimaltenango la población también se manifestó en contra del RENAP por los altos precios y la baja calidad del servicio que prestan. Reclaman que los documentos de identidad se puedan obtener como un derecho, y no como un negocio de unos cuantos a costa de la necesidad de la mayoría.
“Denunciamos la corrupción en el RENAP, al adjudicar de forma anómala el contrato a la empresa Easy Marketing, por Q868 millones, para emitir el DPI; al pagar el alquiler de un edificio hipotecado, con US$4.3 millones por cinco años; al adquirir insumos por Q253 millones sin licitar; al favorecer la misma empresa Easy Marketing con Q218.4 millones para emitir el DPI en el extranjero y al contratar seguridad privada para las 348 sedes, con un costo de Q53.4 millones. Actos por las cuales recientemente fue detenido Rudy Gallardo director ejecutivo, señalado como el operador de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti en el RENAP. ” Comunicado del Consejo del Pueblo Maya Kaqchikel.
“No al alto precio de los documentos en el RENAP”
“Queremos documentos originales no fotocopias, juntoa ello un trámite eficaz y sin retardos”
Consejo del Pueblo Maya Kaqchikel
Consejo del Pueblo Maya Kaqchikel
San Juan Sacatepéquez: Criminalización de la lucha de las mujeres Kaqchikeles
Cobertura Colaborativa: Prensa Comunitaria y Prensa Opal.
A las 7:30 horas en el lote 226 B fue detenida doña Bárbara Díaz Surin, ella es maya Kaqchikel, ella vive en la comunidad Cruz Blanca en San Juan Sacatepéquez. Ella está siendo criminalizada por oponerse a la construcción de la planta cementera San Gabriel en su municipio, por considerar que atenta contra la vida.
Es importante mencionar que está detención no responde a lo sucedido en la comunidad Los Pajoques los días 19 y 20 de septiembre, se le acusa de asesinato en relación a hechos sucedidos meses atrás, su detención es evidentemente política por ser ella la autoridad comunitaria de Cruz Blanca y quién asume la representación de ésta en espacios públicos.
La detención fue realizada en la aldea Cruz Blanca cuando ella se dirigía a su negocio en la comunidad Pilar I, mientras ella iba a dejar desayuno a un trabajador en su terreno, iba acompañada de su pequeña hija de 9 años de edad.
La detención la realizaron un aproximado de 40 agentes de la PNC, ella narró que solamente vio a un mujer policía dentro del grupo, los agentes policiacos utilizaron la violencia para detenerla, en la piel de sus brazos son evidentes varios moretones provocados por los policías.
Doña Bárbara es autoridad comunitaria, desde hace años es presidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE.
El ambiente dentro de la cárcel es terrible, ella está sola como mujer en una cerceleta rodeada por hombres que la acosan y violentan. Ella está recibiendo agresiones verbales en éste momento, además el equipo de mujeres corresponsales que ingresaron a la carceleta para verificar las condiciones de doña Bárbara fueron acosadas sexualmente por los hombres dentro de la cárcel.
Ella pide que oren por su situación, además expresó estar contenta de que la apoyen, ante la pregunta: ¿Por qué cree que la detuvieron? doña Bárbara respondió “por defender la vida de mis hijos, es fue el motivo que cometí”.
La policía realizó la detención sin darle a conocer el motivo de la detención. Fue hasta que ella fuera ingresada al Juzgado en Mixco que le indicaron que había sido detenida por asesinato.
San Juan Sacatepéquez: informe de violaciones a los Derechos Humanos
INFORME DE VERIFICACIÓN DE SITUACIÓN EN SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, A PARTIR DE LA IMPLANTACIÓN DEL ESTADO DE PREVENCIÓN CONTENIDO EN ELACUERDO GUBERNATIVO 6-2014
Por la Convergencia por los Derechos Humanos
RESUMEN EJECUTIVO
El presente informe es producido por el equipo de la CDH desplazado a verificar los hechos y situación en San Juan Sacaatepéquez, la noche del 19 y la madrugada del 20 de septiembre de 2014.
En San Juan Sacatepéquez prevalece un clima de tensión que en la fecha indicada escaló a un conflicto con manifestaciones de violencia extrema. De acuerdo con los informes hay ocho personas fallecidas, cuatro personas heridas y varias familias desplazadas, además de la destrucción de cinco viviendas y cinco vehículos automotor.
La tragedia del 19 y 20, derivó en que el gobierno emitió el Decreto 6-2014 que impune estado de prevención (primer grado del estado de excepción) en todo el municipio aunque con ocupación territorial por ejército y Policía Nacional Civil en cuatro caseríos: Los Pajoques (lugar de los hechos), Santa Fe Ocaña y Los Pilares I y II.
Los hechos:
En diversas entrevistas realizadas por la delegación de la Convergencia por los Derechos Humanos, entre las que se incluye a familiares de las personas muertas entre el viernes 19 y sábado 20 de septiembre, así como a Alcaldes Auxiliares y comunitarios de diversas comunidades se logra establecer una línea de tiempo que se detalla a continuación.
El viernes 19 aproximadamente a las 21:30 horas tres jóvenes (uno mayor de edad y dos menores de edad) venían caminando hacia su casa, el mayor de ellos luego de culminar su jornada laboral en una maquila de San Pedro Sacatepéquez se reúne con sus dos hermanos menores de edad y caminan, cuando de pronto aparece un grupo de alrededor de 15 personas, quienes les alumbran con linterna y sinintermediar palabras les disparan, producto de lo cual cayó el mayor de edad. Los otros dos hermanos menores de edad, huyen de la escena, uno de los cuales llega hasta la casa del Alcalde Auxiliar. El Alcalde Auxiliar al ver a los dos niños heridos acude al lugar donde estos le señalan que esta su hermano. El lugar es un callejón del Caserío Los Pajoques donde se encuentra tirado el hermano mayor y observa que tiene un impacto de arma de fuego en el pecho, frente a lo cual corre a solicitar un vehículo para que puedan llevar al joven a que le atiendan médicamente.
Los otros dos hermanos, menores de edad están heridos, uno en el brazo izquierdo y el otro en un dedo de su mano. Por ese motivo, al encontrar vehículo que los traslade, suben al mayor con herida en el pecho y a los otros dos quienes son acompañados por su señor padre (José Dolores Pajoc Pirir). El joven herido con aparente proyectil de escopeta no logra llegar con vida al hospital dado que muere en el camino.
Al mismo tiempo, vecinos de Los Pajoques, al escuchar la detonación de armas de fuego y los gritos de los hermanos menores del, hasta ese momento, herido, salen de sus casas y llegan al lugar de los hechos. Mientras el vehículo que transportará a los heridos llega, uno de ellos identifica a quien presuntamente les disparo. El supuesto agresor responde al nombre de Felipe Patzan y aparentemente labora para Cementos Progreso S.A.
En este momento se hacen presentes dos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes levantan el parte policial de los hechos acontecidos y se retiran del lugar, en tanto que al momento se reportan personas heridas. Aparentemente una de las oficiales presentes en la escena es una mujer que sería la responsable de la Sub-Estación 16-71 de San Juan Sacatepéquez de nombre Blanca Asencio. Luego de esto, ya pasadas las 22:30 horas la población concentrada se entera que el joven ha muerto, motivo que da inicio a la búsqueda de los aparentes responsables de la muerte y a quienes refieren como lostrabajadores de la empresa cementera.
Los Alcaldes comunitarios y el Alcalde Auxiliar del caserío Los Pajoques llevan cabo varias acciones encaminadas a que la Policía Nacional Civil –PNC- se haga presente al lugar de los hechos, ya que Felipe Patzán y otros empleados armados se encuentran en la casa de Marcelo Pajoc y la población halogrado rodear dicha vivienda. En ese sentido, las autoridades comunitarias realizan varias llamadas al teléfono de emergencias de la PNC (110). Estas llamadas las hacen desde el número telefónico 5761- 8842. Ante la falta de atención pese a las reiteradas llamadas a la Policía, los alcaldes auxiiares llaman en varias oportunidades a las estaciones policiales de Mixco y San Pedro Sacatepéquez -en tanto
municipios cercanos a San Juan Sacatepéquez-, las cuales también resultan infructuosas.
Paralelamente a estos hechos de solicitud de auxilio por parte de las autoridades comunitarias de Los Pajoques, vecinos de la comunidad Santa Fe Ocaña (la cual se encuentra justo a la par de Los Pajoques) se dirigen al centro de San Juan Sacatepéquez para pedir el auxilio en la Sub Estación 16-71, llamado al cual tampoco acude la PNC. Cabe señalar que comunitarios de Santa Fe Ocaña refieren que al hacerse presentes en dicha sub estación se encontraba en el lugar una persona de nombre Bernardo Tzen quien aparentemente es trabajador de la empresa cementera y a quien responsabilizan de que la PNC decidiera no llegar a la comunidad Los Pajoques.
Estos llamados reiterados de la comunidad a la Policía Nacional Civil jamás son atendidos como corresponde por parte de la misma, lo cual provoca en medio de la desesperación de las autoridades comunitarias y pobladores, realizar una llamada a un Policía que era habitante de la comunidad y que se encontraba asignado a un departamento distinto. Este elemento policial también realiza llamadas sin que rindan el fruto deseado.
Cabe señalar que la PNC mantuvo una excusa para no llegar a la Comunidad Los Pajoques pues argumentó que en un caserío cercano la misma, incluso en los ingresos, había bloqueos por parte de los pobladores. En una de las llamadas intercambiadas con la oficial a cargo de la sub Estación de San Juan Sacatepéquez, esta les dijo que no podían pasar porque en el caserío previo a llegar a Los Pajoques, se encontraba la talanquera cerrada. Frente a este hecho la alcaldía auxiliar se comunicó con sus homólogos en dicho lugar y estos negaron que la talanquera estuviera cerrada. Circunstancia que deja en entredicho el pretexto policial para no acudir al auxilio de la comunidad.
Estos esfuerzos no sólo provienen de comunitarios y autoridades locales, sino también se describe que los supuestos trabajadores de la empresa cementera, realizan llamadas a la Policía Nacional Civil con el mismo propósito. Así mismo, las personas que se encontraban dentro de la casa de Marcelo Pajoc llaman a la Procuraduría de los Derechos Humanos y estos le refieren que de igual manera se comunicarán con la PNC.
Paralelamente a estos insistentes llamados de auxilio, un grupo de la población enfurecida ha destruido varias casas, aparentemente todas propiedad de trabajadores de la empresa cementera, en distintos puntos de la Comunidad Los Pajoques. También ha incendidado un camión, dos pick ups y un vehículo sedan, aparentemente propiedad de la familia de Marcelo Pajoc.
Esas circunstancias se estaban desarrollando cuando el señor Justo Raxón quien se encontraba en su vivienda, junto a su esposa y tres hijos menores de edad, sale aproximadamente a la media noche a ver a sus sobrinos, quienes viven cerca de la casa de Marcelo Pajoc donde se están dando los hechos de violencia, para verificar la situación de estos. Otra vez suenan disparos y el señor Justo Raxú muere por un disparo en la cabeza. Este hecho exacerba aún más los ánimos de la población en tanto que presumen que los disparos vienen de dentro de la vivienda de Marcelo Pajoc.
Luego de estos hechos y al filo de las 6:00 de la mañana del sábado la población enardecida logra acceso a la vivienda donde se encontraban Marcelo Pajoc y su familia, Felipe Patzán y otros supuestos trabajadores de la empresa cementera. Al lograr el acceso estas personas son asesinadas por la turba, con excepción de Felipe Patzán quien, de acuerdo con un relato realizado por comunitarios, fue salvado por una persona de nombre Carlos Guamuch, quien interviene frente a la turba y logra que Felipe huya del lugar de los hechos. Según relatos de alcaldes auxiliares de Los Pajoques, hoy Felipe Patzán no solo acusa a quien aparentemente le salvo la vida, de dirigir los hechos del zafarrancho, sino que además acompaña a la Policía Nacional Civil, con una chumpa de estos, señalando viviendas e identificando personas.
Pese a los insistentes llamados durante la crisis, desde las nueve de la noche del viernes, la Policía Nacional Civil no llega sino hasta pasada las 10:00 am del sábado. Al medio día del sábado, la información disponible hablaba de siete personas fallecidas, dos del movimiento de resistencia y cinco del grupo de apoyo a la empresa cementera.
Conclusiones y recomendaciones:
• La conflictividad social ha escalado permanentemente sin que el Estado contribuya a procurar un clima de transformación del conflicto en condiciones de equidad para todas las partes involucradas.
• Resultado de ese escalamiento son los hechos trágicos que representaron el asesinato de dos jóvenes, heridas a otros, la masacre de un núcleo familiar, el desplazamiento forzado de por lo menos un núcleo familiar (niñas y niños incluidos), así como la pérdida de su patrimonio.
• Esa falta de atención y de cumplimiento de las responsabilidades del Estado se expresan en la falta de investigación de las denuncias presentadas por las comunidades afectadas, sobre el rol de personas armadas que intimidan a las y los pobladores, así como la relación de las mismas con la empresa cementera cuya llegada coincide con el inicio de la conflictividad.
• El escalamiento de la conflictividad pudo evitarse si el Estado hubiese cumplido su papel y aportado a la solución justa y no parcializada de la problemática. La criminalización de la resistencia pacífica es un factor que alimenta la conflictividad social. El recurso exclusivo de la ley contra un actor en desventaja de poder, cuestiona la legitimad del actor estatal.
• El Estado tampoco ha analizado la responsabilidad de la compañía de cemento y las denuncias constantes sobre acciones encaminadas a dividir a la comunidad.
• La tragedia del 19 y 20 de septiembre pudo haberse evitado. El Estado de Guatemala y sus instituciones involucradas directa o indirectamente en la problemática, a lo largo de los años, tienen responsabilidad en los hechos sucedidos. En el caso concreto de los hechos trágicos, la Policía Nacional Civil (PNC), sus autoridades y el Ministerio de Gobernación, incumplieron sus deberes y al negar auxilio a todas las partes que lo pidieron, tiene responsabilidad en los sucesos.
• El Estado y sus instituciones continúan actuando con parcialidad en los hechos. No hay disposición ni siquiera a identificar a las víctimas de todos lados. Las autoridades han resaltado la tragedia vivida por la familia Pajoc Matz, pero han invisibilizado las otras muertes ocurridas, lo cual traslada un mensaje preocupante sobre víctimas de distintos niveles y eleva el nivel de ilegitimidad de la institucionalidad del Estado.
• Los hallazgos de túneles y depósitos de armas en la vivienda de Marcelo Pajoc, desde donde se produjeron los disparos, es un indicador de la existencia de grupos paramilitares que operaban integrados por personal de la empresa cementera.
• El tejido social en las comunidades afectadas está dañado debido a las prácticas de cooptación monetaria y de armamentismo, promovidas por la empresa cementera, un actor que ha utilizado sus recursos para estimular la crisis y la confrontación.
• A la Convergencia por los Derechos Humanos. Hacer público este informe, a fin de dar a conocer una versión completa y no parcializada de los hechos ni alimentadora del discurso de odio y estigmatización social.
• Continuar el monitoreo de las acciones del Estado en el marco del estado de excepción. Auditar y fiscalizar el cumplimiento de los estándares en materia de Derechos Humanos.
• Hacer requerimientos de Acceso a la Información para determinar con precisión las responsabilidades en materia de negación de auxilio.
• Investigar los patrones de comportamiento provocador y estímulo de la conflictividad en espacios de tensión social, a fin de identificar patrones que perfilen actores comprometidos en la generación de violencia.
Lea y descargue el informe completo en:
Hoy marchamos: Mi corazón es de flores y no de cemento
Por Nelton Rivera –Prensa Comunitaria.
Con la colaboración de Norma Sanrir, Lucia Ixchiu y Fernando Raxon en cobertura desde la Marcha por la Dignidad de las Flores.
El departamento de Guatemala amaneció completamente frío y nublado y la lluvia se dejó sentir por algunos momentos. En San Juan Sacatepequez, uno de los municipios vecinos de la capital, algo está pasando. La tierra tiembla
Como hormigas, la gente va saliendo de sus hogares. Unos bajan de las montañas, otros se concentran en el centro de sus comunidades. Niños, ancianos, hombres y mujeres de todas las edades prepararon sus cosas para iniciar un nuevo viaje.
Llegó la hora: 4 de la mañana. Bajo la neblina y el frío en lo alto de San Juan Sacatepéquez, las familias se despiden de sus flores, ellas saben que miles de personas viajan hoy a la capital representándolas: Sí, hoy la marcha es por “La dignidad de las Flores”.
Los caminos mojados comienzan a cubrirse de las huellas de las personas, las carreteras comunitarias son ocupadas por miles de Kaqchikeles, que van en dirección oriente buscando la ciudad capital, buscando llegar al kilómetro 0.
En el centro de San Juan Sacatepéquez, el parque se va colmando de personas: cinco, cien, mil, 10 mil almas reivindicando el derecho a la vida de una flor que crece en estas tierras, el derecho de miles de ellas y el derecho de las personas a decidir.
El clima les acompaña, una lucha por la defensa de la vida y el agua recibe en su caminar la lluvia, gotas o llovizna, el frío hace que cada metro que se gana hacia la capital sea menos cansado.
Don Isabel Turuy me comenta que en San Pedro Sacatepéquez se están uniendo otras dos comunidades: “Lo de Pajoques” y “Cruz Ayapan”- Con su serenidad hace un cálculo de cuántas y cuántos Kaqchikeles están caminando:
“…mire, luego de la segunda conferencia de prensa que vamos a realizar a las 10 de la mañana, tendré un mejor dato, pero en este momento fácilmente seremos unas 14 mil personas de las Doce Comunidades de San Juan Sacatepéquez”.
En la carretera, miles de pies van definiendo el ritmo de la marcha. Esta vez no son vehículos los que circulan, son las voces de un pueblo que está cansado de tanto atropello, de tanta agresión, de tanta impunidad. Don Isabel, me comenta
“Queremos que el Estado respete nuestros derechos, que este presidente respete los acuerdos firmados en 2009 y que detenga la criminalización de las comunidades. Tenemos 49 casos de judicialización contra lideres comunitarios”.
Recordé entonces a los presos políticos -algunos de ellos condenados a mas de 100 años de cárcel- acusados de terrorismo: ¡qué peso tienen la familia Novela Torrebiarte para condenar a gente inocente!
Una de las lideresas comunitarias leyó un comunicado de prensa y con voz firme le dijo al mundo:
“un proyecto que se ha impuesto contra nuestra voluntad, violando nuestros derechos, irrespetando la legislación nacional, las normas internacionales y al Estado de Guatemala.”
Como miles de Sanjuaneros, ella no está defendiendo solamente sus derechos y su tierra -que es totalmente legitimo-, si no que también están defendiendo a la nación cuando un gobierno está bajo el control de las empresas. Ella continua su lectura:
“Hemos estado ya en ocho procesos fallidos de dialogo con las autoridades, constantemente incumplen lo poco que se ha logrado acordar. Pero la empresa cementera, los tres poderes del Estado y la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez siempre han roto el dialogo y lanzan criminalización, persecución política contra las mujeres, niños hombres de las Doce Comunidades.”
¡Imagínese usted la voluntad de las Doce Comunidades, que durante ocho largos años hayan participado ocho veces en procesos de dialogo y solamente han recibido el engaño de dos gobiernos y la agresión permanente de la familia Novela Torrebiarte y su empresa Cementos Progreso!.
La Marcha por la Dignidad de las Flores sigue su camino. En el pueblo vecino de San Pedro Sacatepéquez, hacen un descanso. Hay que cuidar un poco los pies, no hay que forzarlos. Esta marcha no es nueva, sus abuelos y abuelas también marcharon, algunas veces a la guerra para detener al invasor en sus tierras, otras veces para -como en el 2009- cuando llegaron al Palacio Nacional a decir basta de tanto atropello.
Platicando con don Isabel, me cuenta que este gobierno construye una carretera privada, ellos la llaman Anillo Regional. No es cualquier carreta, es una megaconstrucción que servirá a la empresa cementera para sacar su producción de forma directa. Comenzaron la construcción por el kilómetro 38.5 de la Carretera Interamericana, en jurisdicción de Santo Domingo Xenacoj. Atravesará las tierras cultivadas de las comunidades, el trazo destruirá bosque y las casas de las comunidades hasta llegar a la Finca San Gabriel, propiedad de la cementera.
Una de las mujeres de San Juan que está siendo afectada por esta construcción denunció cómo trabajadores de la empresa llegaron un día, botaron los cercos de su terreno y simplemente les expropiaron la tierra. Cuando ella les preguntó por qué estaban dentro de su propiedad privada, se burlaron de ella y abusivamente dijeron que allí va a pasar la carretera de la cementera y punto.
Hace un mes visitamos, Santo Domingo Xenacoj y vimos el avance de la carretera, desde donde la seguridad de la empresa lo permite, claro. Nos llamó la atención saber que la gente en Santo Domingo Xenacoj no está conforme con la construcción: son nubes de material y polvo que el aire arroja sobre las casas y las escuelas, y los cultivos también se están afectando.
La Marcha por la Dignidad de las Flores hace un descanso a las diez de la mañana, continua sumándose gente de más comunidades, de organizaciones indígenas y campesinas.
A las once de la mañana la Marcha por la Dignidad de las Flores está a la altura de la comunidad Buena Vista y se hace una nueva parada.
Las flores les esperan de vuelta en sus comunidades.
Miles de flores en sus tierras, hacia la capital miles de personas para defenderlas.
