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Presos políticos: “nadie es superior a la justicia” solo los operadores de justicia
Fotografía de Nelton Rivera.
La jueza Claudette Domínguez de forma contundente en la sala de audiencias en el nivel 14 de la Torre de Tribunales, se dirigió a todas las personas en la sala: “nadie es superior a la justicia”.
Estas seis palabras encierran mucho para Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, quienes llevan un año con tres meses en prisión. La resolución de la jueza en esta audiencia les demostró todo lo contrario: los operadores de justicia sí están por encima de la justicia.
Personas como Rigoberto Juárez trabajaron por muchos años para que el sistema de justicia guatemalteco reconociera el papel que juega el sistema de justicia indígena, incluso la fundación del Centro de Administración de Justicia (CAJ) para descentralizar y atender de forma directa las necesidades de ocho municipios indígenas en el norte de Huehuetenango fue el resultado de muchos años de trabajo de los pueblos indígenas en el país. Hoy, los mismos operadores de justicia, entre ellos la fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), irrespetan y violentan el papel de las autoridades ancestrales en la mediación y resolución de los conflictos en estos territorios, criminalizándolos y castigándolos por hacerlo.
“Esto sienta un mal precedente para un supuesto modelo democrático de justicia en el país, especialmente para el pueblo maya, suman ya más de 492 años que hemos padecido de esto, eso es sumamente sintomático, los grupos económicos de poder no permiten que hayan reformas a la justicia, menos el reconocimiento del sistema indígena. Nosotros tenemos que llevar este tipo de sufrimientos con tal que nuestra situación se aclare, llevamos 15 meses de estar en prisión sin que el MP tenga pruebas que demuestren que nosotros somos culpables de algún delito”. Rigoberto Juárez.
Luego de cuatro meses de espera, la jueza pudo realizar la audiencia de presentación del acto conclusivo, en la que finalmente estuvieron presentes todos los querellantes. A la fiscalía de Derechos Humanos del MP no le quedó otro camino que presentar su investigación, de esa forma, el fiscal Maynor Alfredo Aguilar Bernardino presentó la acusación por los delitos de detención ilegal, coacción e instigación a delinquir.
Litigar de forma maliciosa no es una acción exclusiva de los abogados. La fiscalía del MP permitió que los querellantes realizaran una serie de acciones que bloquearon las audiencias, como no presentarse en reiteradas ocasiones, obligando al tribunal a suspender y reprogramar durante cuatro meses la misma audiencia. Con esto evitaron que esta etapa se realizara desde febrero de 2016, retardando el proceso y prolongando el castigo en prisión para las dos autoridades ancestrales.
La jueza resolvió en la tarde del 8 de junio la apertura a juicio oral y público por estos tres delitos. Ahora un tribunal de sentencia deberá conocer este caso con un plazo de 10 días. Específicamente será el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo del grupo A. Rigoberto Mateo y Domingo Baltazar seguirán en el Preventivo de la Zona 18 mientras dure el juicio. Lo más preocupante es que el MP pretende activar la tercera causa penal contra Rigoberto Juárez.
Elnaño pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se denunció la existencia de 20 denuncias en su contra. De algunas de ellas, no se puede ubicar en qué fiscalía se realizaron. Detrás de todas estas denuncias podrían estar varias empresas con intereses en megaproyectos en Huehuetenango.
Litigio malicioso
La audiencia inició a las 14:00 horas del 8 de junio de 2016. Se realizó en esa fecha debido a que Diego Marcos Pedro, alcalde de Santa Eulalia y querellante en el proceso no se presentó el 19 de mayo, ni tampoco lo hizo su abogado. Una audiencia anterior a la del 19 de mayo también fue reprogramada debido a la ausencia de otro querellante, Pascual Tiu Zapeta, director de CAJ de Santa Eulalia.
Las inasistencias de ambos querellantes en nada incomodan al MP, al contrario pareciera que se alternaron entre ellos para evitar que las audiencias se realizaran. Para los abogados defensores, este comportamiento responde al ejercicio del litigio malicioso de los querellantes, sus abogados y el fiscal.
Iniciada la audiencia a las dos de la tarde, la jueza permitió que las dos autoridades comunitarias se sentaran junto a sus abogados y no dentro de la carceleta, como lo hicieron en las audiencias anteriores. En la sala del tribunal estuvieron sus esposas, Juana Méndez y Juana López Francisco. Desde Santa Eulalia llegaron también varios de sus familiares, observadores de derechos humanos, la Procuraduría de Derechos Humanos y la oficina la OACNUDH.
La audiencia duró tres horas. Al terminar quedaban pocas personas en la Torre de Tribunales, un edificio de 15 niveles del cual los pasillos quedan abandonados después de cierta hora, y solo el movimiento en el juzgado de turno da cuenta de lo que sucede durante la noche y madrugada, cuando ingresen más personas detenidas por cualquier delito.
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¿es el MP objetivo en su investigación?
Maynor Aguilar Bernardino es el fiscal del MP que atiende los procesos en contra de la mayoría de presos políticos de Huehuetenango. Pertenece a la unidad de delitos contra operadores de justicia adscrita a la unidad especial de derechos humanos del MP.
Es un abogado egresado de la facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) en 2004[1]. Con el título de profesional, aplicó ese mismo año a la convocatoria de plazas para la carrera judicial[2]. De 2010 a 2012 trabajó en la unidad distrital del departamento de Suchitepéquez[3].
Este fiscal rechazó dos de los tres peritajes propuestos por la defensa de Rigoberto Juárez con el argumento de que hablaban sobre el contexto sociohistórico de la conflictividad en el norte de Huehuetenango. Según el fiscal, este tema está fuera de lugar, ya que no explica específicamente los hechos sucedidos en el CAJ el 19 de marzo de 2015. Por otro lado, rechazó que dos autoridades ancestrales se presentaran durante el juicio oral y púbico para atestiguar y confirmar que Rigoberto Juárez era una autoridad ancestral, y que por lo tanto tiene un papel importante que jugar frente a momentos complicados como los que se viven en esa región.
Aguilar Bernardino rechazó que se incorporara como medio de prueba un documento utilizado por él y la fiscalía del MP como base de sus investigaciones. El documento se titula: Informe Estructura Criminal Conflicto Social Huehuetenango. Mayo 2014. Este fue elaborado por la empresa Hidro Santa Cruz y entregado por el abogado Víctor Hugo Ma Villatoro al fiscal Aguilar Bernardino en 2014 y este la introdujo ilegalmente a la fiscalía de Operadores de Justicia del MP.
En este documento se identifican como delincuentes o criminales a los principales líderes comunitarios del territorio norte de Huehuetenango. Entre ellos Rigoberto Juárez, Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan Pedro; todos están actualmente detenidos mientras que el resto de líderes y lideresas tienen órdenes de aprehensión.
¿Qué objetividad pueden tener las investigaciones del MP, si basa su investigación en documentos elaborados extrajudicialmente por el abogado de una empresa?
Lo curioso es que en esta misma fiscalía del MP, no avanza ninguna de las investigaciones en contra del exalcalde Diego Marcos Pedro y otras personas afines a él por muchos delitos cometidos en los últimos años, específicamente por los hechos ocurridos entre el 19 y 20 de febrero de 2015: un atentado armado, amenazas de muerte, el asesinato de un joven comunitario, el secuestro de una mujer perteneciente al Cocode a quien había amenazado con desnudarla y arrancarle el pelo en medio del parque central, frente a cientos de personas, por oponerse a la hidroeléctrica. Además también se le atribuye el cierre ilegal y violento de la radio comunitaria, y el hecho de que varias personas fueron golpeadas. En fin, se trata de un personaje que, tras un año de haber sido denunciado por delitos graves, se presenta en un tribunal de mayor riesgo en la ciudad capital con total impunidad y en coordinación con el MP.
Fiscal del MP.
Otra vez se le niegan los derechos
La jueza en su resolución aceptó la petición del MP de negar varias de las pruebas testimoniales y peritajes propuestos por la defensa de Rigoberto Juárez, pero a solicitud del MP sí acepto a los 26 testigos, todos trabajadores del CAJ: abogados del Bufete Popular, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), jueces del Organismo Judicial y fiscales del MP, entre otros.
La resolución de la jueza a las cinco de la tarde causó un acalorado debate con el abogado Benito Morales, quien la rechazó a través de un recurso de reposición parcial, por considerar que la jueza estaba afectando de forma directa los derechos de defensa Rigoberto Juárez, al dejar fuera pruebas testimoniales y documentales importantes para probar la tesis de su defensa. Pruebas que sí fueron aceptadas en otra causa penal vinculada a los procesos penales contra los presos políticos de Barillas, en donde también están involucrados varios de los querellantes de esta causa penal.
La discusión entre la jueza y el abogado Morales se agravó cuando él solicitó a la juzgadora que le permitiera a Rigoberto Juárez manifestarse en la audiencia, un derecho que se garantiza para los sindicados, esto por la alusión hecha por el abogado de Diego Marcos Pedro, quien lo señaló de forma directa. La jueza se negó a darle la palabra.
Finalizada esta etapa en este juzgado será el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo del grupo A quien confirme la fecha de apertura a juicio para las dos autoridades ancestrales. Mientras todo esto sucede, deberán seguir en prisión preventiva. La primera semana del mes de julio se abre el juicio oral y público para Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro y Arturo Pablo, líderes comentarios de Barillas.
Al final de la tarde, la audiencia terminó. Los agentes del sistema penitenciario trataban apurados de retirar a las dos autoridades ancestrales fuera da la sala y llevarlos al sótano para esperar el traslado al Centro Preventivo de la Zona 18.
Así finalizó un proceso que deja más cuestionamientos sobre la objetividad del fiscal, que certezas para los ciudadanos para creer en el sistema de justicia guatemalteco.
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[1] Biblioteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Biblioteca Central – Sección Tesis 5to. Nivel – Item: 4701227184.
[2] Diario de Centro América DCA. MINISTERIO PÚBLICO CONVOCATORIA No. 01-2004 TRIBUNAL DE ONCURSO MINISTERIO PÚBLICO LISTA DE MERITO. Año 2004.
[3] Organismo Judicial. Expediente 108-2010. Sala regional mixta de la Corte de Apelaciones de Rethalhuleu. 6 de octubre 2010.
Totonicapán: conmemoran el primer aniversario de la Consulta Comunitaria
Por: Leopoldo Batz.
A un año que se celebrara la consulta comunitaria en la cabecera municipal de Totonicapán, autoridades del área urbana, la Coordinador de Autoridades Comunitarias de Totonicapán y el Consejo de Autoridades del departamento, exigieron se respete la decisión emitida por 6,981 vecinos que acudieron a emitir su sufragio el 3 de mayo del 2015.
El 98% de los votantes dijeron NO a la instalación de los proyectos geotérmicos, minería, hidroeléctricas, la empresa TRECSA, la Ley Monsanto y la Ley de Telecomunicaciones.
Según las autoridades la lucha continuará y al mismo tiempo piden ser partícipes de la toma de decisiones para velar por los intereses de todo el pueblo para que no se lesionen sus intereses comunitarios.
«Nos hemos pronunciado rotundamente contra a la minería y otras leyes que han disfrazado y cambiado de nombre. Con este acto estamos demostrando que estamos al pendiente de cualquier decisión que se tome a nivel nacional», así comentó doña Julia García De López, Alcaldesa comunal de la zona 3.
En su intervención David Coxaj quien preside el Consejo Departamental de Autoridades Comunitarias de Totonicapán dijo con estas actividades el pueblo está haciendo presión; «los ministros y el presidente en turno, saben muy bien que Totonicapán nunca va permitir el ingreso de proyectos de extracción.» El departamento cuenta con muchos recursos hídricos y recursos boscosos, para nosotros es la vida y no podemos permitir que se violente nuestra territorialidad y la vida misma de la población.»
Esta es la cuarta consulta comunitaria realizada en el departamento, anteriormente los municipios de Momostenango, Santa María Chiquimula y San Francisco el Alto, se habían pronunciado de la misma manera.
Al finalizar el acto conmemorativo los asistentes presentaron una ofrenda floral ante el monumento del primer líder comunitario Atanasio Tzul de Chui meq´ja´.
La migración es una realidad que los Estados ya no pueden seguir ocultando
Por: Marta Karina Fuentes.
En la ciudad de Guatemala, durante tres días varios representantes de las organizaciones que hacen trabajo con los migrantes en los países de México, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, se reunieron en el marco del Encuentro Regional: “Los Derechos de las Mujeres y las Niñas en la Migración.”
En este encuentro también participaron varias personas delegadas de las Universidades de San Carlos de Guatemala y Rafael Landívar y representantes de la embajada de Noruega, finalmente el viernes 29 de abril fue clausurado el Encuentro Regional, luego de 3 días de reflexiones, análisis, discusiones y articulación de acciones.
Una de las principales coincidencias fueron los desafíos regionales y cómo articular las distintas estrategias de atención a la población migrante a lo largo de toda la ruta migratoria. Estas estrategias incluyen medidas y acciones de protección, defensa, denuncia, e incidencia en legislación y políticas públicas a favor de las mujeres y niñas en la migración. Todas estas medidas deben fortalecerse e implementarse tanto en el país de origen de las personas como en los países de tránsito y de destino.
Otra de las preocupaciones regionales de los migrantes, sus familias y las organizaciones que trabajan con estas es el estatus de refugiado que adquieren miles de personas que se encuentran a lo largo del Corredor Migratorio Centroamericano. Son grupos de personas y personas individuales que están huyendo de condiciones de violencia social y económica.
Millones de personas migrantes han sigo obligadas a salir de sus tierras, comunidades y ciudades, deben dejar sus condiciones de vida, sus relaciones sociales y sus medios de sustento y se encuentran huyendo dentro de otros países, esa condición que los vulnera les convierte en refugiados y por lo tanto los gobiernos de los países de tránsito deben establecer medidas inmediatas para otorgar visas humanitarias y generar condiciones para el refugio digno.
La estrategia regional debe incluir medidas de retorno dignas al país de origen, evitar la represión de los gobiernos a través de sus fuerzas de seguridad, las redadas, los encarcelamientos, la tortura y las deportaciones, acciones de control y represión que violentan los derechos humanos de las personas migrantes.
Es necesario señalar que en los casos de deportaciones desde Estados Unidos y México, se debe exigir el cese inmediato de estas políticas de miedo y terror, porque son un trato inhumano, indigno y violatorio de los derechos fundamentales de los seres humanos.
Para las delegaciones reunidas en este encuentro regional es prioritario aumentar la denuncia y el rechazo, junto a la condena de cualquier acción que criminalice a las personas migrantes, a sus familias.
Estados como México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua deben de crear programas y planes que les permitan atender de manera integral e inmediatamente a las personas están siendo deportadas, al momento del retorno a los países de origen deben muchas personas hacen su inserción a la vida social, política y económica de manera violenta con fuertes secuelas emocionales y psicológicas luego de pasar por los procedimientos migratorios para las deportaciones.
Actualmente muchas de las organizaciones sociales, religiosas, pueblos y comunidades a lo largo de la ruta migratoria, accionan en función de proteger y apoyar a las personas en migración, poniendo atención especial a mujeres y niñas. Es necesario redoblar la información para las personas dispuestas u obligadas a migrar, haciendo evidente la existencia de los centros de apoyo y casas del migrantes en Guatemala y México.
Las cifras son alarmantes en el tema migratorio, los casos de violaciones a los derechos humanos también, la atención y visibilización que de manera urgente necesitan las mujeres y niñas en migración no puede seguir estando si abordarse desde los gobiernos, queda a los gobiernos de la región poner atención y solución al problema para legislar y evitar la migración forzada y permitir la libre migración de hombres, mujeres, niños y niñas.
En toda América Latina, los gobiernos criminalizan a los movimientos sociales para silenciar a las resistencias
Parque San Miguel en Totonicapán, 5 de octubre 2012.
Por Jeff Abbott. / Texto publicado en el sitio http://wagingnonviolence.org/
Por debajo de la Torre de Tribunales en la ciudad de Guatemala, en el sótano del estacionamiento, están las celdas o carceletas en donde deben de esperar los detenidos el momento de la audiencia. En la puerta de una de las celdas se encuentra Rigoberto Juárez, de 62 años de edad, maya q’anjab’al, autoridad indígena y guía espiritual de Santa Eulalia en el departamento de Huehuetenango. A su lado se encuentra Baltazar Domingo, otro líder de la misma comunidad.
En las mismas carceletas hay muchos presos, a diferencia de estos los dos fueron acusados de cometer crímenes horribles por el liderazgo de la lucha de su comunidad contra las empresas transnacionales que buscan la construcción varias hidroeléctricas en sus comunidades.
«Durante 10 meses hemos estado encarcelados sin ninguna prueba», dijo Juárez, después de una audiencia en enero de 2016. «Creo que el Ministerio Público está tratando de alargar este proceso, ya que, en los últimos 10 meses, han sido incapaces de aportar una sola prueba en contra de nosotros. Es absolutamente injusto”.
Tanto Juárez como Baltazar se enfrentan a una larga lista de cargos, incluyendo: plagio o secuestro, asalto agravado, instigación a cometer un delito, la obstrucción de la acción penal, en contra posición el Ministerio Publico no investiga el intento de asesinato de dos jóvenes la madrugada del 20 de enero de 2015, según los testigos los disparos se realizaron desde un vehículo tipo picop agrícola asociado con el ex alcalde de Santa Eulalia, a pesar que la gente hizo las denuncias.
La historia de la penalización refleja las prolongaciones que tiene el gobierno de Guatemala para a garantizar que estos líderes permanezcan en prisión. Tanto Juárez y Baltazar fueron detenidos en la ciudad de Guatemala el 24 de marzo 2015, caminaban por la calle en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Dos días después, un juez los liberó, tanto Juárez y Baltazar ordeno que permanecieran bajo arresto domiciliario a la espera de una investigación realizada por el Ministerio Público de Guatemala. Pero al salir de la corte, fueron detenidos por nuevos cargos.
Desde 2007, Juarez, Baltazar y sus comunidades del norte de Huehuetenango han mantenido su resistencia a la construcción de hidroeléctricas por las empresas transnacionales en la región. Ese año, 46.481 residentes participaron en una consulta sobre la expansión de los proyectos hidroeléctricos. El resultado final de la votación, 46.472 habían declarado su oposición a la construcción de cualquier proyecto minero o hidráulico.
El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala ha mostrado poca intención de respetar las inquietudes de las comunidades de las poblaciones indígenas en gran medida de Huehuetenango. En 2009, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó la licencia para la construcción de un proyecto hidroeléctrico en Santa Cruz Barillas a la empresa española Ecoener Hidralia Energía, que también incluye las inversiones de los miembros de la oligarquía nacional de Guatemala.
El proyecto de Santa Cruz Barillas es uno de varios proyectos en la región, incluyendo el de Hydro Ixquisis, que es propiedad de la empresa Promoción y Desarrollos Hídricos S.A. en San Mateo Ixtatán, y la Hidro San Luis en Santa Eulalia, que es propiedad de CINCO M S.A.
«Hay intereses políticos y económicos detrás de los recursos naturales en nuestros territorios», dijo Juárez. «A medida que más y más autoridades líderes [indígenas] se mueven para defender sus derechos, su vida y su territorio, los intereses políticos y económicos estarán allí para encarcelar a ellos, como nos tienen.»
Y hay intereses involucrados en estos proyectos que se extienden mucho más allá de Guatemala.
Esta expansión de la producción de energía se constata cuando el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Washington han reiterado tanto sus llamados a un aumento de la producción de energía en Guatemala y la creación de un «mercado regional de la energía» como parte del Plan Mesoamérica, que aboga por la integración regional de infraestructuras. El plan apunta a interconectar los sistemas de energía de América Central a través del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central.
Las comunidades indígenas y mestizas han expresado su oposición a estos proyectos, porque las comunidades serían desplazadas de sus tierras, y que muchos lugares sagrados se perderían.
«En el contexto de la defensa de nuestro territorio, estamos hablando de la protección del agua, la protección de las colinas, la defensa de las montañas, y que significa, por supuesto, la defensa del aire que todos respiramos; y todos necesitamos de oxígeno», dijo Juárez. «El Q’anjob’al y las antiguas naciones mayas están defendiendo precisamente este derecho a la vida, el oxígeno y el agua que todos necesitamos. Estamos haciendo uso de este derecho para defender el derecho del agua.»
Juárez y Baltazar no son los únicos para enfrentar la penalización por su resistencia a la construcción de centrales hidroeléctricas en su comunidad. Actualmente hay otros cuatro líderes de la comunidad de otro municipio vecino (Santa Cruz Barillas) – Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Juan Francisco, y ermitaño Bernardo López Reyes – todos se enfrentan a cargos de plagio o secuestro, asalto agravado, instigación a delinquir, y obstrucción a la persecución.
La clasificación como una organización criminal
A medida que las comunidades se han resistido, el gobierno y los intereses empresariales de Guatemala han utilizado cada vez más el lenguaje del conflicto armado interno para etiquetar los defensores de derechos humanos como «guerrilleros» y «terroristas», y se han asociado estos términos con la defensa de los derechos humanos con la «lucha armada». Con estas etiquetas se han presentado cargos legales contra activistas de las comunidades.
Inicialmente, el MP utilizó cargos de «terrorismo» contra los líderes de la comunidad. Uno de estos casos es el de los cinco líderes de la comunidad de San Rafael las Flores que han estado activos en la lucha contra la Mina de Plata Tahoe Resources. En 2011, los líderes de la comunidad de edad avanzada fueron falsamente acusados de secuestro, terrorismo y asociación ilícita para el secuestro de 22 inversores canadienses que estaban visitando la mina. Más tarde fueron absueltos de los cargos.
Hubo un cambio en el año 2014 cuando el Ministerio Público retiró los cargos de terrorismo contra los líderes de los movimientos, pero dejó los cargos de secuestro, asociación ilícita y la draconiana «intención de cometer un crimen.»
«[Desde 2014], se ha producido un aumento de la agresión por parte del sistema judicial para perseguir a los líderes de la comunidad por diversos delitos, entre ellos el secuestro de los funcionarios públicos», dijo Benito Juárez, un abogado que ha representado a muchos de los presos políticos de Guatemala que se han enfrentado la penalización para la defensa del medio ambiente. «Las personas que defienden sus territorios están exigiendo que la función del sistema judicial, pero se están dando cuenta de que el sistema judicial está siendo puesto en los servicios de las empresas transnacionales con el fin de procesar a los líderes, para acusar a las comunidades [de la resistencia] de crímenes y estigmatizar a las comunidades».
Como se hizo este cambio de táctica, se preparó un informe extrajudicial en el mes de mayo de 2014 hecho por la empresa española Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz para mapear el movimiento social en el norte de Huehuetenango que se resiste a la construcción de la presa y clasificarla como una organización criminal. El documento, que se titula «La estructura criminal del norte de Huehuetenango,» luego se convirtió en la columna vertebral de la persecución de los líderes del movimiento en contra de la expansión de la energía hidroeléctrica en la región.
Según el documento, la persona que se encuentra en la parte superior de la pirámide de la supuesta organización criminal afirma que es Rigoberto Juárez.
«El Ministerio Público da utilización de este documento como medio para ordenar las detenciones y acusan a los líderes del movimiento», dijo Morales. «La compañía está bombardeando el Ministerio Público con información sobre las actividades de los líderes.»
Criminalización generalizada contra los movimientos en Guatemala
Pero la situación en Guatemala para los activistas – especialmente para las comunidades que se interponen en la resistencia a la expansión de las industrias extractivas, tales como el aceite de palma, la minería y la producción de energía – se ha convertido cada vez más grave.
Según Unidas para la Defensa de los Defensores de los Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), defensores de los derechos humanos en Guatemala se ha producido un deterioro de la situación. Según datos de la organización, para el año 2010, el número de casos de criminalización contra los movimientos sociales había empezado a declinar a partir de 182 en 2007 a sólo 26 en 2009. Pero en 2013, el número de casos de criminalización aumentó constantemente a casi 300.
«[Los cargos criminales] todos vienen con la intención de dañar el tejido social y la organización social,» escribió la Convergencia por los Derechos Humanos, una alianza entre organizaciones de derechos humanos con sede en Guatemala, de los cuales UDEFEGUA es miembro. La amenaza de los cargos y el enjuiciamiento crea temor en las comunidades que están ejerciendo sus derechos.
Otros líderes y movimientos se han enfrentado a la penalización y los cargos por su lucha contra la expansión de las industrias extractivas en el país.
Otro objetivo de la penalización es el Comité de Unidad Campesina (CUC) y su líder Daniel Pascual. Ambos han sido acusados por el ala de la derecha de Guatemala por ser una «organización terrorista» a causa de su apoyo a las comunidades kaqchikeles indígenas de San Juan Sacatepéquez y su resistencia a la construcción de una fábrica de cemento, que es propiedad de una de las familias más poderosas de Guatemala, en su territorio.
En 2011, la Fundación contra el Terrorismo presentó cargos contra Pascual y la organización campesina, incluidos los cargos de terrorismo. El caso ha llegado tan lejos como la corte constitucional del país. En 2015, Pascual llevó el caso, junto con otros tales casos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, DC.
«Este no es un cargo por un delito, se trata de un cargo por lo que pienso y lo que digo en público», dijo Pascual. «Hay un costo político si no se tumba este cargo. Se establece un precedente peligroso en contra de defensores de los derechos humanos de lo que pensamos y lo que decimos en los medios de comunicación. Es muy peligroso.»
La criminalización de activistas en toda América Latina
Brasil
La criminalización de activistas en Guatemala es algo que es un reflejo de una tendencia que se está produciendo en todo el hemisferio occidental. Cada vez más, la criminalización de activistas ha comenzado a seguir la narrativa de la guerra global contra el terrorismo de Washington. En toda la región, tanto de los gobiernos progresistas y de derecha en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Paraguay, Ecuador, Colombia y Argentina, entre otros, han aprobado leyes antiterroristas draconianas sobre la base de la influencia de Washington, lo que ha supuesto un retorno a los climas de conflictos y enemigos de la guerra sucia de los años 1970 y 1980.
El Congreso brasileño está debatiendo actualmente una propuesta de modificación de las leyes contra el terrorismo por parte de la presidente Dilma Rousseff. Estos cambios tienen lugar antes de los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro, pero los partidos de izquierda de Brasil han criticado las leyes antiterroristas del Partido Obrero, que dicen que son «demasiado restrictiva».
«El texto [de la ley] dará lugar a la criminalización de las protestas sociales,» así lo afirmó uno de los líderes brasileños del Partido Comunista, Jandira Feghali dijó al medio de noticias Sputnik.
El Estado brasileño ha aprobado una serie de leyes, ya que ganó por primera vez el derecho a organizar la Copa del Mundo. En 2014, el Ministerio de Defensa de Brasil publicó un manual titulado «Cómo garantizar la ley y el orden», que expone cómo responderían las fuerzas armadas si se le pide durante la Copa del Mundo o Juegos Olímpicos. El documento afirma que su objetivo durante los juegos es «preservar el orden público y la seguridad de las personas y los bienes» a través del uso de la fuerza militar.
Una de las principales preocupaciones planteadas en este documento es la definición del gobierno de Brasil de «enemigo». Regresando a los años de la dictadura militar en Brasil, la definición establecida por el Ministerio de Defensa, se puede aplicar a los «movimientos u organizaciones», o » organizaciones criminales, las bandas de traficantes de drogas» que se involucran en acciones como «bloquear pasillos públicos» o » incitar a disturbios urbanos».
Estas leyes y planes militares han dado lugar a una atmósfera de represión y violaciones de los derechos humanos por las fuerzas del Estado contra los manifestantes. Un estudio realizado por la organización brasileña libertad de organización Artículo 19 determina que entre enero de 2014 y julio de 2015, las fuerzas policiales y estatales fueron responsables de más de 849 detenciones arbitrarias y violaciones de los derechos humanos durante 740 protestas.
Chile
El uso de leyes contra el terrorismo en América Latina se remonta al experimento neoliberal de Chile. Hoy en día, las leyes contra el terrorismo no han estado en el centro del debate en la administración de Michelle Bachelet, que ha mirado para reformar la ley.
La ley se remonta a la dictadura militar de Augusto Pinochet, que tomó el poder tras un golpe apoyado por los EE.UU. contra el gobierno socialista democráticamente elegido de Salvador Allende. La ley fue aprobada originalmente por la dictadura en 1984 en un momento en que se enfrentó a las protestas y las pequeñas insurrecciones armadas.
Pero desde 1984, los tribunales chilenos han utilizado estas leyes contra el terrorismo para criminalizar y demonizar a las comunidades indígenas mapuches que han estado luchando para defender sus derechos como pueblos indígenas, así como su territorio.
En 2014, Celestino Córdova, una comunidad mapuche de 27 años de edad y líder espiritual, fue acusado como un «incendio terrorista» y condenado a 18 años de prisión por su presunta participación en matar una pareja de ancianos en un incendio en su casa. Pero los abogados de Córdova han argumentado que no hay evidencia sustancial para sostener que fue el líder espiritual responsables del incendio.
Desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington, DC, ha denunciado el uso de las leyes antiterroristas contra comunidades mapuches y líderes como Córdoba. En 2011, el tribunal revocó siete casos contra dirigentes mapuches acusados de terrorismo.
En su decisión, el tribunal declaró, «la ley penal es contrario al principio de legalidad, con una serie de irregularidades que afectan el debido proceso, y teniendo en cuenta su origen étnico [los cargos son] injustificada y discriminatoria cuando se aplica.»
Agregaron, «Las víctimas fueron juzgados y condenados sobre la base de una legislación que tiene una serie de ambigüedades que permitieron la caracterización de la supuesta conducta como delitos terroristas.»
A pesar de estas irregularidades, la ley sigue vigente hoy en día, y refleja la historia oscura de la dictadura apoyada por EE.UU. Cientos de activistas mapuches todavía se enfrenta a cargos por terrorismo.
Desafiando la criminalización de los movimientos sociales
De vuelta en Guatemala, las comunidades del territorio norte de Huehuetenango y algunos activistas hacen trabajo para apoyar a los presos políticos como Rigoberto Juárez, al igual que el gobierno ha aumentado su campaña contra los movimientos en las comunidades.
«Hemos tratado de mantener casos como el de Rigoberto, tanto en los medios de comunicación nacional e internacional a través de la organización de festivales y presionar a los políticos», dijo Andrea Ixchíu, activista y periodista independiente en Guatemala. «De esta manera somos capaces de aumentar lo que la defensa está haciendo. Como hemos visto en los últimos 10 meses, el Ministerio Público no tiene realmente un caso en contra de Rigoberto, por lo que estamos tratando de mantener la presión sobre el Estado».
Acciones recientes colocan en la opinión internacional el tema de los presos políticos, la visita de la premio Nobel de la Paz 1992 Rigoberta Menchú, a través de grupos de presión constante y a través de los medios alternativos y comunitarios se hace presión para exigir la libertad de todos los presos políticos. Los activistas también han hecho constantemente contactos en los medios de comunicación nacionales, para mantener las historias de los presos políticos y estas puedan llegar a más gente a través de las noticias, este ha sido un trabajo que Andrea Ixchiu periodista independiente ha logrado colocar. Esto ha llevado a los medios de comunicación nacionales guatemaltecos a informar sobre la visita de delegados de la Unión Europea al centro preventivo durante una visita a Juárez, y una visita reciente de Menchu junto a la premio Nobel de la Paz 1997 Jody Williams en febrero de 2016.
En distintos momentos se ha logrado la articulación de varios movimientos y colectivos junto a las comunidades para apoyar a los presos políticos, esto ha llevado a varias victorias legales contundentes y a la liberación de muchos presos políticos desde el año 2012. Por ejemplo el 14 de enero, Guatemala inició con un nuevo presidente, Jimmy Morales, en ese mismo momento dos presos políticos de Santa Cruz Barillas, Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, fueron liberados de la prisión después de casi tres años de prisión por cargos falsos de feminicidio. Los dos habían sido absueltos de los cargos en octubre de 2015, después de un corte en la segunda mayor ciudad de Quetzaltenango de Guatemala los absolvió de los cargos.
Acciones como las impulsadas desde los colectivos artísticos, como los festivales solidarios, acciones directas de la solidaridad internacional, o las visitas que se impulsaron para que dos mujeres importantes como las dos premios Nobel 1992 y 1997 se reunieran con los cinco presos políticos de Huehuetenango detenidos en la ciudad capital, son avances para este movimiento por la liberación de los presos políticos de Guatemala.
Santa Eulalia: a un año del asesinato del joven Pascual Basilio y sigue impune
Por: David Diego Marcos
Este 16 de marzo, en Santa Eulalia, Huehuetenango, se conmemoró el primer aniversario del asesinato de Pascual Basilio, víctima de un tiroteo provocado por Diego Marcos, ex alcalde del municipio.
Después de un año sigue sin esclarecerse este brutal acto.
Para no dejar pasar este día se reunieron familiares y personas cercanas para rendirle un homenaje a través de la música con guitarras y violines.
Antecedentes
Pascual Basilio, un año después de su asesinato y la justicia aún no ha llegado
PrensaLibre
Por Nelton Rivera.
Dos hermanos maya Q’anjob’al de la aldea Molná salieron una tarde de su casa en apoyo a la movilización de las autoridades comunitarias de su municipio, ya que se encontraban detenidos dos jóvenes maya Chuj de San Mateo Ixtatán y la gente aguardaba en las afueras del juzgado esperando que se resolviera la situación de los dos chicos. la preocupación grande era que ellos habían sido detenidos por la policía en San Mateo Ixtatán por oponerse a una hidroeléctrica y nadie sabía el lugar a donde los habían llevado hasta que se supo que estaban presos en Huehuetenango.
La noche del 19 enero en Santa Eulalia Huehuetenango la gente esperaba afuera del Centro de Administración de Justicia -CAJ-, porque de ese lugar salieron las ordenes de detención, esa noche apareció el alcalde municipal Diego Marcos Pedro y su hijo bajo efectos de alcohol y dispararon contra la población, los dos hermanos de Molná resultaron heridos de gravedad, solo uno sobrevivió, Pascual Basilio el más joven no lo logró.
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En Jolom Konob’ (Santa Eulalia) los ancianos a quienes la gente los reconoce como autoridad ancestral “Alcaldes rezadores” realizaron una ceremonia maya durante la madrugada del miércoles (20 de enero 2016), llevaron con ellos el fuego ceremonial, el frío que en las madrugadas de Jolom Konob’ hace en uno de los lugares más altos de la Sierra de los Cuchumatanes fácilmente desciende bajo los cero grados, a pesar del frío se reunieron.
Los Alcaldes rezadores llegaron a recoger el espíritu de Pascual Basilio Pascual Diego un joven comunitario que fue asesinado un año atrás, Pascual Basilio tenía 19 años y toda una vida por delante. Desde la cosmovisión del pueblo Maya Q’anjob’al cuando una personas fallece la familia inmediatamente llega al lugar y recoge su espíritu.
Por eso los alcaldes rezadores llegaron a las 4:30 de la mañana a la Casa Ceremonial del 20 de enero de este año, juntos salieron a levantar el espíritu de Pascual Basilio en el lugar en donde un año atrás él fue gravemente herido junto a su hermano, irónicamente en este lugar está a escasos metros de las instalaciones del –CAJ-, y de la subestación de la Policía Nacional Civil –PNC-, el día del ataque armado, un año atrás, los policías, jueces y agentes fiscales del MP supieron quienes habían disparado en contra de los jóvenes, ya paso un año y la justicia simplemente se olvidó de Pascual Basilio, de su hermano y de otros hechos delictivos cometidos por el alcalde y su gente.
Los alcaldes rezadores finalizaron con la ceremonia maya, hablaron con el fuego, con los nahuales ahí presentes, interpretaron el mensaje del fuego y los ancianos conmemoraron un año del asesinato de uno de los jóvenes de la aldea Molná, uno de las vícitmas colaterales de la problemática por la instalación de hidroeléctricas en toda la región.
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Mucha gente en Santa Eulalia supo quiénes fueron los responsables de la muerte de Pascual Basilio, el día de los hechos, los pocos agentes de la policía que se encuentran en el municipio no pudieron detener a los responsables, la familia de Pascual Basilio y los representantes del movimiento social responsabilizaron directamente a Diego Marcos Pedro, a su hijo y a un grupo de personas que los acompañaban esa madrugada, “del carro del alcalde salieron los disparos”; cuanta uno de los testimonios.
Unos pocos minutos después del ataque armado, a las 5 de la mañana de ese mismo día, otro grupo de personas enardecidas que apoyaban al alcalde intentaron obligar a Lorenzo Francisco Mateo, uno de los directores de la radio comunitaria que les entregara la radio, bajo amenaza de lincharlo quisieron quitarles las llaves de la sede de la radio, pero no pudieron hacerlo. Luego llegaron los insultos, golpes, amenazas de muerte y decidieron bloquear el ingreso de la sede de la radio en uno de los locales comerciales municipales, uno de los agresores colocó otro candado en la puerta principal, desde esa madrugada la radio Snuq’ Jolom Konob’ fue censurada por el alcalde, cumplió un año cerrada ilegalmente.
Cuándo el sol comenzó a calentar sobre el municipio, alcalde municipal acompañado por simpatizantes del partido político LIDER con el que buscó reelegirse tomaron el pueblo, cerraron los caminos, golearon a varias personas acusándolas de ser opositores de las hidroeléctricas, retuvieron violentamente en el Parque Central a Dominga Juan alcaldesa del COCODE de una comunidad, estuvieron a punto de desnudarla y cortarle el pelo, el alcalde la acusó de ser opositora a su gestión, ella logró librarse de sus captores por el anuncio de la llegada de obispo Álvaro Ramazzini, minutos más tarde el obispo llegó en un helicóptero al centro de Santa Eulalia y conversó con las autoridades de la municipalidad, el alcalde y un grupo de pobladores que los respaldaba, de esa forma la tensión bajo por unos momentos solamente.
Las autoridades comunitarias y del Gobierno Plurinacional habían viajado en la madrugada a San Pedro Solomá para pedir apoyo a la PNC de este municipio vecino, los autores del atentado armado debían de ser capturados, cuándo regresaron de Solomá a 20 minutos de camino fueron recibidos por los simpatizantes del alcalde, en ese momento comenzó una persecusión armada, 30 autoridades comunitarias tuvieron que huir por la montaña a otras comunidades para no ser alcanzados por “la gente del alcalde”.
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El 15 de enero 2016 Diego Marcos Pedro dejó de ser alcalde municipal, perdió las elecciones con el partido LIDER quedando en un quinto lugar, algunos vecinos comentaban que él había invertido muchísimo dinero en esta campaña, había matado una cantidad grande de reces para la fiesta de su “victoria”, pero luego del conteo de votos, con el primer informe del TSE la celebración no se realizó. Con la derrota electoral ya no goza del derecho de antejuicio, la familia de Pascual Basilio y otras personas que junto al movimiento social denunciaron en el 2015 al alcalde ante la Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH-, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos -OACNUDH o el MP de Huehuetenango y en la ciudad capital esperan que las fiscalías actúen y detengan de inmediato al alcalde y a otras personas implicadas en los ataques del 19 de enero del 2015.
Un año después el padre de Pascual Basilio y su familia siguen esperando que se haga justicia, Diego Marcos Pedro y su hijo siguen libres. Contrario a lo que todo el pueblo de Santa Eulalia espera, el MP acusó a dos autoridades ancestrales por estos hechos, el alcalde Diego Marcos Pedro incluso es querellante en uno de los procesos judiciales que están abiertos en contra de Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar, en prisión desde el mes de marzo 2015 en el Preventivo para hombres de la zona 18 en la ciudad capital, ambos son presos políticos.
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En detalle lo ocurrido el 19 y 20 de enero en Santa Eulalia
Pascual Basilio Pascual Diego de 19 años de edad al igual que muchas personas de la comunidad Molná en Santa Eulalia se enteraron a través de varios medios de comunicación de radio, televisión y redes sociales que en la madrugada del 19 de enero 2015 había llegado la Policía a la aldea de Pojom en San Mateo Ixtatán, habían lanzado gases, lastimado personas y detenido a dos jóvenes opositores de una hidroeléctrica, sin que nadie supiera el paradero de los dos detenidos.
La Radio Snuq’ Jolom Konob’ estuvo todo el día dando la cobertura de lo que estaba sucediendo en Pojom, fue el único medio en FM y en su página digital que desmintió la versión de los medios comerciales, no había existido enfrentamiento con la población y los dos jóvenes detenidos habían sido detenidos de forma arbitraria por la policía.
Al finalizar la tarde Pascual Basilio y su hermano asistieron al centro del pueblo, estuvieron afuera del CAJ a la espera de que finalizara una audiencia celebrada por el juzgado por el caso de Pojom, la población estaba a la espera que los dos jóvenes detenidos en la mañana aparecieran, estuvieran bien y que pronto pudieran regresar a San Mateo Ixtatán.
Finalmente se supo que la policía los había llevado en una avioneta privada a Huehuetenango, varios testigos dijeron que los habían obligado a usar uniforme militar al momento de sacarlos del municipio.
En el CAJ de Santa Eulalia todo se había desarrollado con tranquilidad por la noche, a excepción de un primer incidente, el alcalde Diego Marcos Pedro en compañía de uno de sus hijos habían regresado de una fiesta en un pueblo vecino, bajo efectos de alcohol el hijo había intentado usar un arma de fuego en contra de un grupo de personas que estaban reunidas cerca del CAJ, ambos fueron desarmados y la PNC del lugar resguardo el arma.
Minutos antes de terminar la audiencia el alcalde municipal decidió retirarse del CAJ, ya era la madrugada del día 20 de enero, la PNC le devolvió el arma y este se comprometió a no volver a amenazar o agredir a ningún poblador, unos minutos después a las 4 de la mañana Diego Marcos Pedro y su hijo dispararon en contra la población y dos jóvenes fueron heridos.
Pascual Basilio y su hermano no se imaginaron que iban a ser atacados por el alcalde municipal, ambos junto a otras personas iban caminando sobre la carretera de regreso a su comunidad, en una de las calles del pueblo se encontraba el picop del alcalde, un vehículo agrícola último modelo, uno de los testigos recuerda que habían unas 15 personas más con él, en cuestión de segundos se escucharon las primeras detonaciones de arma de fuego.
En el ataque resultaron heridos de gravedad los dos hermanos Pascual Diego, uno de ellos fue atendido en el pueblo, Pascual Basilio por la gravedad de las heridas fue auxiliado por la población y la PNC, lo trasladaron inmediatamente hasta la cabecera departamental en Huehuetenango, dos meses después Pascual Basilio falleció en el hospital nacional de Quiche. En Huehuetenango no tenía condiciones de seguridad y su familia tenía miedo por su vida, un estando Pascual Basilio en el hospital nacional de Huehuetenango el hijo del alcalde de Santa Eulalia ingresó al hospital para buscarlo.
Oscar Figueroa un periodista local confirmó la muerte del joven en una publicación del 17 de marzo en Prensa Libre, Pascual Basilio Pascual Diego había fallecido en el departamento Santa Cruz del Quiché.
En un documento que fue publicado por el Gobierno Plurinacional se explican los hechos ocurridos en Santa Eulalia el 19 y 20 de enero 2015, ellos reconstruyeron lo ocurrido a pesar que varios de los líderes comunitarios tuvieron que huir por la montaña, otros tuvieron que esconderse en sus casas bajo la amenaza de ser detenidos por la gente del alcalde municipal.
Prensa Comunitaria Km. 169 