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Caso Creompaz: la cara de la represión y los vínculos con el gobierno

Prensa Comunitaria Km. 169

Prensa Comunitaria Km. 169

 

Por: Nelton Rivera.

Dos días le ha tomado a la fiscalía del Ministerio Publico MP individualizar las responsabilidades penales a cada uno de los 10 de 14 oficiales del alto mando del ejército guatemalteco involucrados en varios delitos de desaparición forzada, delitos de deberes contra la humanidad considerados de lesa humanidad y crímenes de guerra, la fiscalía aún no concluye. Estos delitos fueron cometidos durante los años de 1978 a 1982 en Alta Verapaz y Baja Verapaz, como epicentro la zona militar No. 21. Los militares querían “quitarle el agua al pez”; una estrategia conocida como tierra arrasada contra la población civil con el pretexto de combatir a las guerrillas, lo ocurrido en la Zona Militar No. 21 “Coronel Antonio José de Irisarri” es un claro ejemplo de las dimensiones desproporcionadas de la represión contra el pueblo maya Q’eqchi, Achí, Pocomochí, Ixil y Kiché en esta área.

Durante largas jornadas de 10 o 12 horas el Tribunal de Mayor Riesgo “A”,  ha escuchado a las dos fiscales del MP describir la acusación delito por delito, caso por caso, a varios de los oficiales, aún no concluye el MP y las familias de sobrevivientes de la guerra aun aguardan por la justicia o por lo menos que el proceso avance.  El Caso Creompaz como se le llama al proceso penal contra 14 oficiales detenidos en enero del 2016 se encuentra en la etapa intermedia o fase conclusiva, en esta etapa la fiscalía ira detallando los medios de prueba, el paso siguiente será que la Juez Claudette Domínguez quien preside el Tribunal de Mayor Riesgo A decida enviar a los 10 militares acusados de ir a un juicio oral y público ante un tribunal de sentencia.

Varios de estos militares acusados tienen vínculos con el partido político FCN, fueron sus financistas, tienen vinculación con el ahora presidente James Ernesto Morales “Jimmy Morales”, con alcaldes, gobernadores y diputados en el Congreso de la República electos por ese partido.

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Van dos días de fase intermedia  

Los abogados de la defensa, abogados de los querellantes, fiscales del MP, oficiales del Organismo Judicial, familiares de los desaparecidos y víctimas de la guerra, observadores de derechos humanos y la prensa fueron testigos del segundo día dedicado a la fase intermedia este jueves 5 de mayo en la sala de audiencias del nivel 14 de la Torre de Tribunales en la ciudad capital.

La audiencia fue programada para las 8 de la mañana, pero nuevamente comenzó con una hora de retraso, la primera etapa de esta audiencia se realizó el martes 3 de mayo, las dos audiencias han sido completamente maratónicas, jornadas de 12 horas ha realizado la juez Claudette Domínguez para garantizar la justicia pronta y cumplida insiste la juez.

El cansancio en las audiencias es notorio en los abogados, en los de la defensa y en los que querellantes, a cada jornada hay que sumarle el calor que azota al país, las altas temperaturas registradas se hacen sentir en una sala cuya ventilación es limitada, luego del medio día, en el público se van cerrando los ojos de algunas personas, otras caen ante el cansancio y el sueño provocado por el calor de la sala, más de alguno de los asistentes se queda dormido por algunos instantes, durante el segundo día de la fase intermedia quedaron muchas sillas vacías, quienes apoyan a los militares procesados esta vez no asistieron a la sala.

La audiencia finalizo a las 5 de la tarde, la juez la suspendió para continuarla  el viernes 6 de mayo a las 8 de la mañana.

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¿Quiénes son los militares acusados?

Los oficiales procesados son Manuel Benedicto Lucas García, quien fue jefe del Estado Mayor General del Ejército e Ismael Segura Alburalach, Byron Humberto Barrientos Díaz, Gustavo Alonso Rosales García,  José Antonio Vásquez García, coronel Carlos Humberto Rodríguez López, coronel Pablo Roberto Saucedo Mérida, coronel César Augusto Ruiz Morales, comandante de batallón Juan Ovalle Salazar, Édgar Rolando Hernández Méndez comandante de la zona militar No. 21, Carlos Augusto Garavito Morán, Luis Alberto Paredes Nájera, César Augusto Cabrera Mejía y Raúl Dehesa Oliva.

El MP solicitó que la Juez Claudette Domínguez resolviera la falta de mérito para dos oficiales que no fueron ligados a proceso en enero del 2016, el MP consideró que por el momento no había pruebas suficientes para ligarlos a proceso, los dos oficiales son Édgar Rolando Hernández Méndez y Carlos Humberto Rodríguez López.

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La comunidad “Los Encuentros” de Río Negro Baja Verapaz

La presentación de todos los casos por los que el MP está  acusando al oficial Cesar Augusto Cabrera Mejía, le tomo dos días, sobre él pesan la detención y desaparición de 128 casos de indígenas Pocomchí, Achí y Q’eqchí identificadas entre 588 osamentas que fueron exhumadas en el año 2012 en 85 fosas clandestinas dentro de la zona militar No. 21 actualmente Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz –CREOMPAZ-, más del 50% de las osamentas develaron señales de tortura, la mayoría tenia vendados los ojos, mordazas en la boca y las manos amarradas con lazos sintéticos.

De los hechos más impactantes descritos en estas audiencias está la masacre de la comunidad Los Encuentros en Río Negro en Rabinal Alta Verapaz en mayo de 1982, de cómo fueron trasladas en helicópteros artillados muchas personas para la base  militar en Cobán Alta Verapaz y de como nunca regresaron hasta el año 2012 cuando se realizó la exhumación de 85 fosas clandestinas en esa zona militar, 64 osamentas fueron halladas en la fosa número 17, las mujeres que se opusieron fueron violadas por los soldados.

Desde el día 3 de mayo inicio la acusación contra Cesar Augusto Cabrera Mejía, pero fue hasta  las cuatro de la tarde del jueves 5 de mayo que la fiscalía del MP concluyo con la acusación de Cabrera Mejía, luego llegó el turno del coronel Juan Ovalle Salazar, quien era el comandante del batallón, el MP lo responsabilizo de los hechos ocurridos en Agosto de 1982 en la Aldea de Pambach en Santa Cruz Alta Verapaz.

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La Aldea de Pambach en Santa Cruz Alta Verapaz

La fiscalía del MP realizó la imputación de los delitos contra Juan Ovalle Salazar; fue detallando los casos de los hombres detenidos desaparecidos de la Aldea Pambach en Santa Cruz Alta Verapaz cuando el ejército en agosto de 1982 secuestro a 80 hombres de la aldea, los masacro y luego los traslado a la zona militar en Cobán para ocultarlos ahí. Finalmente la fiscalía detallo los casos de violación sexual masivas de niñas, adolescentes y mujeres indígenas cometidas por el ejército en esas comunidades.

La detención arbitraria de 80 hombres maya Q’eqchi de la Aldea Pambach en agosto de 1980, el ejército llego de manera imprevista a la aldea, los soldados sacaron violentamente a los hombres de sus casas, fueron llevados a la escuela pública de la aldea, ahí los amarrón, algunos fueron golpeados y luego fueron trasladados por la tropa a una finca cercana.  A las mujeres les dijeron que los llevarían a la zona militar para que prestaran el servicio militar, nunca más los volvieron a ver.

Ese día el ejercito los llevó a una finca cercana, ahí los asesinaron brutalmente, cuando entro la noche del 2 de agosto, en camiones comando el ejército lanzo los cuerpos ya sin vida, los llevaron a la zona  militar número 21 en Cobán Alta Verapaz y ahí los enterraron en varias fosas clandestinas.

Todos los hombres que fueron secuestrados y desaparecidos en la Aldea de Pambach fueron exhumados en la fosa No. 17 en donde hallaron 64 osamentas en la zona militar No. 21 Creompaz, Ovalle Salazar también es responsable por las violaciones sexuales que el ejército cometió el día de la detención de los hombres de la aldea, violaron sexualmente a muchas mujeres, el MP narro como se dio el caso de varias niñas de 12 años quienes fueron violadas frente a sus madres, cuando al mismos tiempo eran violadas por otros soldados.

Ovalle Salazar dispuso el traslado de los cuerpos de los hombres asesinados, enterrados dentro de la zona militar en Cobán Alta Verapaz, con el aval y respaldo de los jefes superiores de Ovalle Salazar.

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Algunos nombres de quienes no pudieron ocultar

Emilio Velásquez, Alberto Chub Quin, Mateo Chub Ich, Juan Chub Ich, Leoncio Chub Ich, Miguel Jalal Jalach, Oscar de la Cruz Chomo, Isabel Ti Gualin madre de Marcela Ti (hija), Hugo Rolando Coy Cu, Martina Rojas, Magdalena Chen Iboy, Filiberto Pocasangre Hernández, Juan Caal Calal, Abelino Cojoc, Pedro Chiquin Bin, Baldomero Chiquin, Domingo Cho Cuc, Santiago Gualib, Rigoberto Moz Caál, Santiago Gualib, Rigoberto Moz Caál, Calistro Chiquin, Eleuterio Caál Quib, Juan Calel Cal, Atanasio Xuc Mos, Alberto Batz Cal, Andrés Max Benito Jalal, Julián Caál Chiquín, Fernando Choc Cuc, Arnoldo Max Tot, Alfonso Cho Já, Esteban Tul, Héctor Mos Caál, Paulino Xoná Coy, Martín Caál Tul, Francisco Já Gualib, Ricardo Caál Mox, Domingo Mos Caál, Tomás Mos Coc, Fernando Cal Jalal, Clemente Choc Cuc, Juan Jalal Caál, Santiago Max Tul, Oscar Max Tot, Vicente Caál Mo, Julian Calach Calal, Alberto Cal Xuc, Federico Tul Coy, Emilio Velásquez Tilom, Alberto Chub Quim, Juan Chub Quim, Lorenzo Chub Quim, Mateo Chub Quim, Cristobal Moran Mo, Leonzo Chub Quim, Mateo Chub Ix, Miguel Jalal Calach, Francisco Jalal Velasquez, Felipe Suram Gualib, Heriberto Can.

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Cesar Augusto Cabrera Mejía, FCN y el gobierno de Jimmy Morales

En las elecciones recientes en 2015, la creación de un partido nuevo, Frente de Convergencia Nacional FCN salto inmediatamente a la opinión pública al revelarse la presencia de oficiales del ejército vinculados a la zona militar No. 21 de Cobán Alta Verapaz y del pasado de terror que muchos de estos oficiales tienen pendiente aún con la justicia.

 “elPeriódico trató de entrevistar al general Luis Felipe Miranda Trejo y al coronel César Augusto Cabrera Mejía, quienes de acuerdo a documentos desclasificados y recopilados por el National Security Archive (NSA), dirigieron la Sección de Inteligencia (S2) del destacamento de Cobán entre 1982 y 1983.

Cabrera Mejía estuvo en la Zona Militar 21 entre 1982 y 1983, donde ocupó los cargos de oficial de inteligencia (S2), de personal (S1) y logística (S4). Él fungió, además, como jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional (1989-1990) y director de Inteligencia (D2), entre 1990 y 1991, y pasó por gran parte de los destacamentos del país.”

Con Cabrera Mejía también se encuentra en el partido FCN Edgar Justino Ovalle Maldonado, quien fungió como Oficial de Operaciones (S3) en la zona militar No. 21 en Cobán Alta Verapaz, ahora es diputado electo en el Congreso de la Republica, es secretario general del partido FCN y es quien conduce las riendas de ese partido, incluso de la agenda del presidente,  el MP no logró retirarle el derecho de antejuicio.

En una investigación hecha por El Observador se describe un listado de oficiales del ejército vinculados con el presidente Jimmy Morales, mismo que negó en repetidas ocasiones que FCN tuviera vínculos con militares:

“Muy cercano a Morales estaría César Augusto Cabrera Mejía, militar de la Promoción 72, la misma de Quilo Ayuso. Morales lo había mencionado, de ser electo Presidente de la República, como su Ministro de Gobernación. En el gobierno de Otto Pérez Molina y el PP, Cabrera Mejía ha sido asesor del Ministerio de Salud.

Con sobrenombre Nito, Cabrera Mejía fue Subjefe del Departamento de Seguridad Presidencial y Director de la G-2 durante el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo (1986-1990) y de la Desaparecida Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG). De esa cuenta, fue parte de esa estructura político-militar que estaba a cargo de la seguridad del Estado en momentos en que ocurrieron varios asesinatos prominentes como los de la antropóloga Myrna Mack y del periodista Julio González Gamarra, así como también el atentado contra el periodista Byron Barrera en el que perdió la vida su esposa, hechos que ocurrieron en 1989.”[1]

Fotografías de Nelton Rivera.

[1] Telesurtv. Los nexos de Jimmy Morales que no causan risa. http://www.telesurtv.net/telesuragenda/Nexos-de-Jimmy-Morales-que-no-dan-risa-20151023-0096.html

Caso CREOMPAZ: militares acusados de desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad

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General retirado Manuel Benedicto Lucas García – Jefe del Estado Mayor durante el gobierno de Romeo Lucas García (su hermano) de 1981 a 1982

Viernes 8 de enero de 2016. En la sala de audiencias del nivel 14 de Torre de Tribunales pudimos conocer de voz de una fiscal, que durante la guerra ocurrieron una serie de crímenes inimaginables contra población civil. Supimos que más de 500 personas fueron desaparecidas por miembros del ejército entre el año de 1981 y 1988, después fueron llevadas a la zona militar No. 21 “Antonio José de Irrisarri” ubicada en la aldea Chicoyogüito en Cobán, Alta Verapaz y que ahí fueron asesinadas y enterradas sin que sus familiares supieran sobre su paradero a pesar de que con desesperación les buscaron, que llegaron hasta esa zona militar a preguntar por sus familiares, sin que nadie les dijera nada. Años después la misma gente denunció que ahí había un cementerio clandestino, así fue como un tribunal ordenó al Ministerio Público que se realizaran investigaciones.

Durante tres años – a partir de enero del 2012 – los desaparecidos empezaron a ver la luz, ya que se encontraron varias osamentas repartidas en 4 fosas. Así fue como se encontraron 558 osamentas de 90 menores de edad, 443 adultos, 3 adultos de la tercera edad, de 22 aún no se ha determinado su edad. Hasta esta fecha se han identificado mediante pruebas de ADN 97 personas. En el lugar donde estaba la zona militar No. 21 ahora funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz – CREOMPAZ, del Ministerio de la Defensa y las Naciones Unidas.

Esto ocurre dos días después que conocimos la sorpresiva noticia de que habían detenido a altos mandos y medios del ejército después de varios allanamientos en la ciudad de Guatemala y Cobán que estuvieron activos durante los años 1981 a 1988. Estos militares están ahora en la cárcel militar dentro del cuartel Mariscal Zavala acusados de desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad.

Audiencia de primera declaración

En una jornada doble que duró desde las 8: 30 AM hasta las 18: 30 PM se llevó a cabo la audiencia de primera declaración para 14 altos mandos militares en el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Claudette Domínguez. Esto debido a una acusación presentada por la fiscalía de Derechos Humanos por violaciones a los derechos humanos, delitos contra los deberes de humanidad, desaparición forzada a partir del caso de investigación conocido como CREOMPAZ.

Los militares son:

  1. Manuel Benedicto Lucas García
  2. Byron Humberto Barrientos Díaz
  3. Gustavo Alonso Rosales García
  4. José Antonio Vásquez García
  5. Carlos Humberto Rodríguez López
  6. Ismael Segura Abularach
  7. Pablo Roberto Saucedo Mérida
  8. César Augusto Ruiz Morales
  9. Juan Ovalle Salazar
  10. Édgar Rolando Hernández Méndez
  11. Carlos Augusto Garavito Morán
  12. Luis Alberto Paredes Nájera
  13. César Augusto Cabrera Mejía
  14. Raúl Dehesa Oliva.

La sala se encontraba llena, había familiares, esposas y amistades de los militares, organizaciones de derechos humanos y prensa nacional e internacional. Al inicio de la jornada los abogados de la defensa de los militares pusieron un recurso en donde pretendían que el juzgado de Mayor Riesgo A no conociera el caso pues según ellos no era competente, que después de esto se remitiera el caso a la Corte Suprema de Justicia o a una sala y que mientras tanto quedaran en libertad sus defendidos, a esto la jueza resolvió No a lugar pues argumentó que el juzgado si es competente según la ley.

Los hechos, los crímenes

La jueza dio la palabra a cada uno de los acusados para que dijeran su nombre, el de su esposa, su dirección, su profesión y la cantidad de dinero que ganan al mes para su sobrevivencia. Conforme los iban nombrando iban saliendo de la carceleta donde se encontraban, les quitaban las esposas y pasaban por una valla de guardias penitenciarios y periodistas hasta poder sentarse en el banquillo de los acusados. Así lo hicieron la mayoría de ellos, a excepción de dos de ellos que tienen problemas de salud, uno no escucha bien y el otro tiene dificultades para caminar.

Después tuvo la palabra la fiscal del Ministerio Público para que explicara los delitos por los que están detenidos y la relación de los hechos de forma individualizada, ella fue explicando el porqué se les vinculó a este caso y el cargo que tenían al momento de ocurrir los crímenes, la temporalidad.

Estos cargos fueron desempeñados y ocupados por los militares en el marco de la guerra, dando continuidad a la política contrainsurgente desarrollando operaciones militares en donde la población civil no combatientes fue considerada enemigo interno. También explicó cómo todo esto respondió a planes militares emanados de los altos mandos, esto se confirma en documentos y planes relacionados con la llamada Doctrina de Seguridad Nacional.

Según la acusación del Ministerio Público los militares participaron de estos planes y estrategias, tuvieron conocimiento de las operaciones contrainsurgentes, y que de acuerdo a la posición de cada uno, y según sus funciones y obligaciones pudieron evitar estos crímenes.

La fiscal fue desarrollando varios casos de desaparición forzosa ocurridas en Alta Verapaz contra población civil indefensa que pertenecían a las etnias q´eqchi, pocomchi´, achí, k´iche, este día solo pudo avanzar en la imputación para los oficiales de la zona militar No. 21: Ismael Segura Abularach, Byron Huberto Barrientos Díaz, Carlos Humberto Rodríguez López, Pablo Roberto Saucedo Mérida, Juan Ovalle Salazar, César Augusto Ruiz Morales y Benedicto Lucas García, quien fuera Jefe del Estado Mayor General del Ejército en los años de 1981 y 1982.

Se fue explicando la responsabilidad de los militares que tuvieron conocimiento de éstas y en lugar de que las personas fueran puestas a disposición de un órgano jurisdiccional – si es que hubieran cometido alguna falta – fueron desaparecidas. Y si es que sus subalternos cometieron estos crímenes pudieron denunciarlo y sancionarlo como parte de sus obligaciones pero no hicieron nada.

Las pruebas sobre estos crímenes fueron analizadas por varios expertos multidiciplinarios, pruebas científicas que han sido corroboradas y contrastadas con testimonios de familiares de las personas desaparecidas que no dejan ningún lugar a dudas. Está claro que hubo detenidos de forma ilegal, que fueron ejecutados y enterrados clandestinamente. Habrá que esperar a que se haga justicia y que la verdad histórica quede clara en este proceso penal.

Valientemente las familias de las víctimas de desaparición forzada y asesinato, dieron su testimonio y denunciaron estos hechos, contaron las últimas noticias que tuvieron de ellas hasta que pudieron saber de su paradero 30 años después cuando los encontraron sus osamentas en una fosa común con los ojos vendados y argollas de plástico en las muñecas, muchos con señales de haber sido asesinados de forma violenta.

Las investigaciones realizadas hasta hoy han permitido que se individualicen 88 casos de desaparición forzada como[1]:

Hombres de Pambach

  • El 02 de junio de 1982, un grupo de soldados realizaron un operativo militar en la aldea Pambach, Santa Cruz Verapaz, Cobán, se llevaron aproximadamente 75 hombres, los más jóvenes de la aldea, indicando que iban a prestar servicio militar; mismos que fueron desaparecidos forzadamente.
  • En la fosa FAFG 1433-XVII se localizaron 64 osamentas y se han identificado por ADN a 31 hombres, se presume que las demás osamentas también pertenecen a los desaparecidos.

Río Negro San Cristóbal Verapaz

  • El 13 de mayo de 1982 elementos del ejército de Guatemala y Patrullas de Autodefensa Civil –PAC- asesinaron aproximadamente a 80 personas -población civil no combatiente- Las mujeres y niños sobrevivientes fueron trasladados por a la Zona Militar número 21.
  • En la Fosa 1433-XV se localizaron 63 osamentas, según análisis osteológico realizado corresponden a mujeres y niños.

Caserío Chituj, San Cristóbal Verapaz

  • El 04 de mayo de 1981 en el caserío Chituj, municipio de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, integrantes del Ejército de Guatemala ejecutaron un operativo militar contra población civil, llevándose a Felipe Cal López, cuya osamenta fue recuperada e identificada por ADN en la fosa FAFG 1433-V donde fueron ubicadas 36 osamentas humanas más, de las cuales han sido identificadas 9.

Chiacal San Cristóbal Verapaz

  • En diciembre de 1981, Ricardo Mis Pacay, de 28 años de edad, salió de su casa ubicada en la aldea San Lucas Chiacal, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, hacia su parcela ubicada dentro de la misma aldea, pero ya no regresó.
  • Se exhumó la osamenta FAFG 1433-V-21 y se logró identificar por ADN.

Barrio San Sebastián, San Cristóbal Verapaz

  • El 28 de diciembre de 1981 en el Barrio San Sebastián, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, el Ejército de Guatemala realizó un operativo militar llevándose al menos a 3 personas.
  • En la fosa FAFG 1433-XIV se localizaron 13 osamentas, de las cuales 3 han sido identificadas por ADN, entre éstas, Alfonso Jom Lem, Lázaro Oswaldo Morán Ical y Teresa Jul.

Hombres de Chisec

  • En febrero de 1982, hombres de Chisec fueron obligados a trasladarse a la zona militar No. 21, permanecieron un día privados de su libertad y 3 de ellos fueron desaparecidos en la misma área.
  • En la fosa FAFG 1433-XVIII se logra localizar 7 osamentas entre las cuales se encuentra la de Genaro Caal, quien fue uno de los desaparecidos.

Seguimiento de la audiencia de primera declaración lunes 11 de enero

El lunes 11 de enero continúa la audiencia de primera declaración para que les sean explicados a los militares los delitos y la relación de hechos en donde cada uno fue responsable. Por cuestiones de tiempo quedaron pendientes de esto los militares Gustavo Alonso Rosales García, José Antonio Vásquez García, Edgar Rolando Hernández Méndez, Carlos Augusto Garavito Morán, Luis Alberto Paredes Nájera, César Augusto Cabrera Mejía y Raúl Dehesa Oliva. Por último y antes que terminara la audiencia los abogados defensores de algunos de ellos pidieron que el INACIF evaluara a algunos de ellos para certificar su estado de salud, incluso uno de ellos estaba pidiendo ya que fuera trasladado al Hospital Militar.

[1] Ministerio Público. CREOMPAZ: “Con este caso estamos hablando de uno de los mayores de América Latina de desapariciones forzadas”. 6 de enero de 2016. https://www.mp.gob.gt.