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San Mateo Ixtatán: los proyectos hidroeléctricos son sinónimo de violaciones a los derechos humanos

Pojom 3

Destacamento militar dentro de las instalaciones de la empresa PDHSA en Yich Kisis, San Mateo Ixtatán.

Por: Tik Laz y Nelton Rivera.

La vida en las comunidades de la microrregión de Yich Kisis en el municipio de San Mateo Ixtatán en los últimos 4 años han sido difíciles para los pobladores de las aldeas de Pojom, Varsovia, Río Negro, Concepción, Yul Chen, El Platanar y Bella Linda; la paz y tranquilidad que poco a poco fueron recuperando después de la firma de los acuerdos de paz al finalizar la guerra en 1996 la perdieron.

Con la llegada de la empresa Proyectos de Desarrollo Hídricos S.A. (PDHSA) al municipio todo cambio, al conocerse la intención de la empresa para desarrollar varias plantas hidroeléctricas sobre el río Pojom alerto a la población indígena Chuj y Q’anjob’al sobre los peligros que la empresa representaría para las comunidades. Y así fue, comenzó la división comunitaria, la presencia de ex comisionados militares señalados de desaparición forzada años atrás y su vinculación con la empresa fueron algunas de las cosas que las autoridades comunitarias comenzaron a denunciar.

El día 8 de abril del 2016 llegamos hasta la región de Yich Kisis en San Mateo Ixtatán, el municipio está a 3 horas 38 minutos de la cabecera departamental Huehuetenango, son aproximadamente 116 kilómetros sobre la Sierra de los Cuchumatanes.

Este día no un día común en las comunidades, un día antes por alguna extraña razón los gerentes de la empresa PDHSA ordenaron que la maquinaria del proyecto fuera retirada de Yich Kisis y trasladada a una comunidad en el municipio vecino de Ixcan Quiche, a pesar que la empresa es resguardada y protegida por un destacamento militar y una comisaria de la PNC las 24 horas del día.

También publicaron un el 6 de abril un Campo Pagado en El Periódico un diario que circula en la ciudad capital, en esta publicación de una página completa supuestos “COCODES” que apoyan a la empresa y a sus proyectos, hacen eco de la presencia de una supuesta guerrilla que les amenazó días antes, y a grupos delincuenciales que aseguran son externos a la región[1]; todo esto en el marco de la visita de una delegación que verificó la situación de los derechos humanos de las comunidades y su población.

La gente de nuevo volvió a denunciar las agresiones y ataques de la empresa

El domingo 8 de abril finalmente llegamos a Yich Kisis, eran las 10 de la mañana, un día antes estuvimos en la conmemoración del tercer aniversario de la resistencia pacífica “Nuevo Amanecer” en Santa Cruz Barillas, un campamento comunitario que logró detener de forma pacífica las operaciones de la empresa española Ecoener Hidralia- Hidro Santa Cruz.

Llegamos bajo el calor de estos días de abril, en un valle cercano  a las instalaciones de la empresa PDHSA se encontraba ya reunida la población, habían representantes de varias comunidades y autoridades comunitarias, llegamos hasta la región de Yich Kisis porque del 2014 hasta la fecha, la única presencia del Estado en la región son los militares y los policías, pero estos están para custodiar a la empresa y no para dar seguridad a la población, como lo confirmaron los testimonios de las personas.

El Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos PDH se retiraron de la región, dejando el camino libre para que la empresa y grupos afines a esta actúen con total impunidad, el resultado ha sido las constantes violaciones a los derechos humanos en Yich Kisis.

Los vecinos, alcaldes comunitarios y autoridades de la comunidad de Yich Kisis y de las otras comunidades cercanas manifestaron su rechazo a los megaproyectos, recordaron que en el año de 2009 realizaron la Consulta Comunitaria[2] a través de la rechazaron la construcción de proyectos hidroeléctricos y mineros privados y que los resultados de la consulta no son respetados.

Sus denuncias no son nuevas, hasta enero del 2015 muchas de estas eran tomadas por la Radio Comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ en Santa Eulalia por su trabajo periodístico la gente uso la radio para que sus denuncias llegaran a otros lugares, la radio comunitaria fue cerrada después de denunciar la detención arbitraria de dos jóvenes de Pojom.[3]

Una de las principales preocupaciones de la gente son los trabajos de la empresa que pretende desviar el caudal del Río Pojom del que muchas comunidades hacen uso para abastecerse del agua, ellos contaron que por las noches la policía y la seguridad privada de la empresa sale a intimidarlos por las noches, sembrando el terror.

Muchas han sido las denuncias de la existencia de un grupo paramilitar que realiza disparos durante las noches en las comunidades, otras veces han realizado detenciones arbitrarias, llegan hasta los hogares buscando a los hombres o líderes comunitarios opuestos al proyecto. Una mujer que no quiso dar su nombre por temor a represalias por parte de la empresa expreso: “se puede observar que faltan pocos metros para que la zanja llegue al río el cual será desviado por medio de esos tubos enormes, una vez que eso se lleve a cabo, ya no quedara agua para los habitantes tanto como las personas, animales y arbustos”.

El desvió del río Pojom en Yich Kisis no solo es una violación a los derechos de los vecinos sino también es un atentado contra todos los seres vivos, la tierra y el ecosistema. Privatizar el caudal del río pone en riesgo el abastecimiento de las comunidades, el cultivo y las cosechas pero fundamentalmente alteraría el ecosistema dañando a miles de personas.

Para conseguir que los trabajadores puedan actuar con impunidad funciona dentro de la empresa PDHSA el destacamento y la comisaria de la Policía Nacional Civil (PNC), la gente denunció que la PNC ha hecho detenciones ilegales a muchas personas: “solo con pasar por el camino cercano a la empresa ya los consideran como una amenaza, otras veces nos cierran los caminos de uso comunitario y para pasar nos exigen firmar papeles de apoyo a la empresa” afirmó un muchacho que ya no puede ir a buscar y a traer leña por el temor a que lo arresten.

El sentimiento es generalizado, la gente está cansada de las amenazas constantes de los policías y del ejército,  afirmaron que sienten como que si estuvieran viviendo la represión militar de  los años 80, y no quieren emigrar a México nuevamente como en aquel entonces para encontrar refugio.

Luego de algunas horas de escucharlos detallando algunas de los casos que pudieron contar, retornamos nuevamente, fueron pocas horas para todos los testimonios de tantas personas que sufrieron más de alguna amenaza, intimidación, agresión o ataque.

Mientras que estuvimos en el lugar, hubo gente desde adentro de la empresa que estuvo grabando video a quienes llegamos hasta el lugar, también fue evidente una personas armada con un rifle desde uno de los techos.

Los gigantescos tubos eran más que evidentes, los grandes surcos hechos por la maquinaria pesada fueron la prueba contundente del próximo desvió del río Pojom y la construcción de un gigantesco embalse de la hidroeléctrica también está casi finalizado.

Sus autoridades comunitarias hacen esfuerzos grandes por denunciar las violaciones de los derechos humanos, mientras tanto el descontento y el cansancio crece en toda la región norte de Huehuetenango.

Berta Cáceres una de las principales lideresas indígena del pueblo Lenca en Honduras manifestó: Despertemos, despertemos humanidad ya no hay tiempo.” haciendo referencia a la lucha por la defensa del agua y el territorio.

[1] Comunicado de prensa. Campo Pagado. El Periódico. 6 de abril 2016.

[2] LO QUE REALMENTE ESTA PASANDO EN EL PUEBLO CHUJ DE SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO, GUATEMALA. Gobierno Plurinacional Q’anjobál, Popti, Chuj, Akateko y Mestizo. 7 de mayo 2014. http://www.cpo.org.gt/index.php/articulos/157-gobierno-plurinacional-q-anjob-al-popti-chuj-akateko-y-mestizo

[3] Informe sobre casos de violación a la Libertad de Expresión en Guatemala. Edison Lanza relator de Libertad de Expresión de la CIDH. Año 2015.

 

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Prisión política: Rigoberto Juárez y su historia

Rigoberto Juarez

Rigoberto Juárez Mateo

Con información de su familia.

Es representante del Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Popti y Mestiza, órgano presente en 16 municipios de Huehuetenango, criminalizado por el Estado y las empresas por defender el territorio y el agua.

Rigoberto Juárez Mateo ha tenido una vida dedicada al servicio de las comunidades, especialmente los pueblos indígenas en Guatemala, ha ocupado muy diversos cargos en instituciones dedicadas a velar por los pueblos mayas. Con 17 años trabajó en la hidroeléctrica municipal que operaba en Santa Eulalia y después salió a estudiar Técnico en Salud Rural en el departamento de Izabal. Al recibirse en 1978, ejerció este puesto en el vecino municipio de San Mateo Ixtatán, hasta que la fuerte represión del ejército le obligó a salir a México en 1980. Desde ahí se incorporó a la emisora clandestina Voz Popular, que transmitía desde las faldas del volcán Tajumulco, donde trabajó en la comunicación radial hasta que se firmaron los Acuerdos de Paz en 1996.

Al volver a Guatemala, se dedicó de lleno a poner en marcha los derechos de los pueblos indígenas. Fue coordinador del departamento de comunicaciones de la Comisión para la Defensa y Promoción de los Derecho Específicos del Pueblo Maya Wuqub’ N’oj. Más tarde fue coordinador general de COPMAGUA, de la Asociación MUJB’AB’L YOL, y miembro del Consejo Nacional de Principales del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco. También fue Secretario de la Junta Directiva del Consejo Superior de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, Director Administrativo y Director Financiero de la misma institución.

Todo ello no le hizo separarse de su tierra natal. Ejerció como primer Presidente de la Comunidad Lingüística Q’anjob’al con sede en Santa Eulalia y en 1999, junto con Daniel Pedro Mateo, Domingo Baltasar y otros líderes comunitarios fundaron la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ para que sirviera para la preservación de la cultura maya Q’anjob’al y la comunicación de todos los q’anjob’ales del norte de Huehuetenango, más los que estaban en México y en los Estados Unidos, desde ese entonces son 16 años de trabajo comunitario de la radio, censurada desde 2015 por informar a la población sobre la presencia de los megaproyectos en la región.

En 2006 Rigoberto Juárez participó en la organización de la Consulta Comunitaria a través de la cual el pueblo q’anjobál de Santa Eulalia expresó con absoluta rotundidad su negativa a la presencia de las mineras y otras industrias extractivas en su territorio, y  más tarde en la formación del Paqt’un, el Parlamento Q’anjobal, que agrupaba a las autoridades de los municipios del norte de Huehuetenango.

Desde el año 2011 Rigoberto viajó en varias ocasiones a Ciudad de Guatemala para denunciar los atropellos que cometen las empresas hidroeléctricas en todo el territorio maya Q’anjob’al.  En el caso de Santa Eulalia, es la empresa CINCO M – Hidro San Luis la que, de acuerdo con los líderes comunitarios, esta empresa atenta contra los derechos de las comunidades opuestas al proyecto hidroeléctrico, sumado a esto también denuncia el papel de la empresa Ecoener Hidralia Energía – Hidro Santa Cruz en Barillas y la empresa Proyectos de Desarrollo Hídricos S.A. PDHSA con el proyecto Pojom en San Mateo Ixtatán.

En septiembre de 2013 Rigoberto Juárez, en su calidad de autoridad ancestral Q’anjob’al, formó parte de la comisión que estableció una primera mesa de diálogo y  acercamiento con el presidente Otto Pérez Molina, el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, el ministro de la defensa y el ministro de Medio Ambiente. En esta mesa se alcanzaron acuerdos que el gobierno central no respetaría meses después, originando la incursión militar y policial sin coordinación con las autoridades comunitarias, y llegando a las aprensiones contra líderes y lideresas. Del proceso de organización y autodefensa de los pueblo del norte del departamento en esas fechas, que llevó a esas reuniones surgió el Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Popti y Mestiza.

El 24 de marzo del 2015 Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar –también líder comunitario de Santa Eulalia-  fueron detenidos de forma arbitraria al salir de la oficina de una organización de derechos humanos por agentes de la Policía Nacional Civil, quienes con todo el uso de la fuerza le capturaron, convirtiéndolo así en un nuevo preso político del Estado guatemalteco.

Rigoberto Juárez cumplió un año de estar en prisión, él es uno de los presos políticos del Estado guatemalteco.

Campaña Internacional: ¡Libertad para los presos políticos en Guatemala!

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La existencia de presos políticos en un país es un claro síntoma de la falta de libertades políticas en la defensa de derechos humanos, de la vida y de los recursos naturales, una situación propia de las dictaduras o de los regímenes no democráticos.

De forma conjunta Prensa Comunitaria, Festivales Solidarios, Tierra Lanuda, Realizadores Tzikin, Raquio Snuq’ Jolom Jonob’, la Federación de Escuelas Radiofónicas de Guatemala FGER y Grupo de Mujeres Ixchel lanzamos la campaña internacional: “Libertad para los presos políticos en Guatemala”, una campaña que visibiliza y demuestra la persecución y la criminalización contra autoridades indígenas y líderes comunitarios, miembros de resistencias y organizaciones comunitarias en defensa de los derechos humanos, la vida y los recursos naturales.

Esta es una acción de nosotras y nosotros que amamos la vida y lo hacemos desde lo que sabemos hacer, es decir, el periodismo independiente comunitario y alternativo y el arte para tomar conciencia y construir una sociedad antiautoritaria, solidaria e incluyente. Invitamos a todas y todos a sumarse y denunciar estas gravísimas violaciones a los derechos humanos en Guatemala.

Ellos no son delincuentes, son defensores de la vida.

¡Libertad para los que defienden la vida, el agua y los recursos naturales!
¡Libertad para los presos políticos!

#LibertadParaLosPresosPolíticos

Líderes comunitarios Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, ligados a debate oral y público con procesos penales de dudosa contundencia

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Por: Simón Antonio.

Entrevista con el abogado Benito Morales Laynes.

El 24 de marzo 2015 en horas de la tarde fueron detenidos en la ciudad de Guatemala las autoridades comunitarias, Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar, dirigentes de las luchas por la defensa del agua y el territorio en los municipios del norte de Huehuetenango. Ante la instalación de empresas como la Hidro Santa Cruz en Barillas, Hidro San Luis de la empresa Cinco M S.A. en Santa Eulalia y PDH, S. A. en San Mateo Ixtatán.

A un año de su detención difundimos una entrevista que se realizó en el noticiero Maya K´at de FGER[1] en 29 de febrero, días después de haber sido enviados a juicio oral y público los líderes comunitarios.

  1. ¿Cuáles son los procesos por los que Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar están detenidos y bajo qué cargos?

En el caso de Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar, ahora mismo hay en concreto dos proceso que tienen un avance significativo en términos de tiempo. Uno tiene que ver con un tiempo que ya dilucidó en etapa preparatoria y ya se ordenó a conocer en debate oral y público programada para febrero de 2017. Este caso tiene que ver con las denuncias de trabajadores de una empresa hidroeléctrica de nombre Cinco M S.A. ubicado en Santa Eulalia, Huehuetenango.

Los delitos por los se les envía a juicio es por detenciones ilegales e instigación a delinquir.

Luego hay otro proceso que está conociendo la jueza Claudett Domínguez, titular del juzgado de mayor riesgo grupo A, el cual fue el pasado viernes (26 de febrero) ella tomó la decisión de que deben enfrentar juicio oral y público por los delitos de detenciones ilegales, coacción e instigación a delinquir.

  1. ¿Podemos decir que Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar fueron enviados a juicio oral y público por los dos casos?

 Efectivamente, porque es la última decisión tomado el viernes pasado (29/02/2016) ellos van a juicio por este delito y falta concluir una fase determinada que es el ofrecimiento de pruebas, que está programado para el día 16 de marzo donde se van a determinar con cuales pruebas se va al debate oral y público, y se va a determinar una fecha tentativa para ese debate[2].

  1. ¿Cuando el abogado Edgar De León habló sobre este caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, agregó que sobre Rigoberto Juárez existen otros casos penales, usted nos podrá mencionar ¿cuáles son y cuántos?

Hay varios procesos, los dos anteriores pues ya son fases avanzados en el que existen fechas en el inicie el debate oral y público. En el caso de Rigoberto Juárez también está acusado por el Ministerio Público, por unos hechos acaecidos en el día 23 de enero del año 2014 en el Centro de Administración de Justicia CAJ de Santa Eulalia.

Por este mismo proceso está en la cárcel el hermano Ermitaño López, que está en Huehuetenango y también el 1 de febrero se le acusó y atribuyeron esos hechos también a las tres personas que guardan prisión aquí en el Centro Preventivo de la zona 18, son originarios de Barillas, hablo de don Sotero Alberto Villatoro, Arturo Pablo Juan y Francisco Juan, ese es el otro proceso en el cual Rigoberto Juárez está acusado.

También tenemos conocimiento que  por lo menos hay dos o tres procesos e investigaciones que se siguen en su contra, nosotros no tenemos mayores detalles. En este momento podemos hablar de tres procesos, en particular en donde Rigoberto Juárez Mateo está siendo acusado.

  1. En todos estos procesos ha habido varias suspensiones de audiencias ¿Qué valoraciones hacen al respecto?

Aquí hay que decir una cosa que es muy evidente y clara,  que he repetido varias veces en las audiencias y he afirmado claramente con la jueza, lo que hay aquí es la implementación de una estrategia, en donde el fin último es a toda costa que Domingo Baltazar, Rigoberto Juárez Mateo, Ermitaño López y las otras tres personas de Barillas no salgan de la cárcel.

Yo puedo asegurar por las incidencias del proceso, particularmente por los intereses que hay alrededor de estos casos,  que hay sectores económicos interesados que pretenden imponer proyectos  a toda costa en nuestros territorios como pueblos indígenas y que entonces el tema de la criminalización pasa a ser parte de esta estrategia de imponer los proyectos.

  1. ¿Ustedes tienen conocimiento de cada uno de estos casos que menciona el abogado?

Sí tenemos conocimiento, porque efectivamente existe la orden de aprehensión donde varias mujeres y hombres están acusados de delitos tan graves como el plagio y secuestro. Cuando uno analiza esto fríamente se percata que entonces  el que se les acuse de estos delitos es no salir de la cárcel.

Afortunadamente con un trabajo riguroso que hemos estado realizando, desde que estas acusaciones fueron hechas,  empieza a tomar forma de que es en  contra de los líderes y de las autoridades. Hemos logrado en el caso del Tribunal de Mayor Riesgo, cuando todavía la anterior jueza Carol Patricia Flores, desvirtuar los delitos de plagio y secuestro y que la actual jueza comprendiera que de ninguna manera puede atribuirle hechos y acusaciones tan graves como el plagio y secuestro.

Sin embargo cambiaron a Flores y la actual jueza Claudette Domínguez, con los meses que lleva conociendo los casos, lo que hemos podido constatar es que,  por un lado es bastante incompetente y por otro  hay una clara intención, con una actitud totalmente parcial en el análisis de estos casos y a quienes les está beneficiando es a  las empresas vinculadas con el territorio.

  1. En la audiencia donde fue enviado de igual manera a debate oral y público Francisco Juan, Adalberto Villatoro y Arturo Pablo; mencionó la existencia de un documento sobre Redes Criminales en Barillas, Huehuetenango ¿Qué lectura política y jurídica hace a este documento y si tienen conocimiento de quién lo redactó?

 Tenemos conocimiento pleno de ese documento porque forma parte del expediente de estas tres personas de Barillas. Apareció de la nada, lo obtuvimos del expediente de investigación del Ministerio Público y fue el propio MP quien nos lo entregó.

Ellos se niegan regirse de ese documento porque la boca dice muchas cosas, sin embargo a la hora de mirar a quienes aparecen en ese documento resultan ser las personas ya capturadas o con orden de captura.

Entonces nuestra lectura jurídica al respecto es preocupante porque el Ministerio Público en este caso, pierde total objetividad en el trabajo que le corresponde hacer y prácticamente se deja regir por ese tipo de documento. Por otro lado, que la empresa Hidro Santa Cruz haya presentado ese documento al MP, es precisamente una clara injerencia en la investigación, que no debe hacerse de esa manera, donde indica que existe una estructura criminal en el norte de Huehuetenango y que está liderada por las personas que se mencionan ahí, los tres de Barillas, Rigoberto Juárez Mateo y otras personas más.

Lo que queda claro es que  quien está marcando las pautas de investigación, es este tipo de empresas y lo lamentable aquí, es que el MP se pega a esos intereses y es lo que estamos constatando a la fecha.

  1. Ante estos procesos de persecución contra líderes comunitarios tanto de Barillas, Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán ¿cuál es el llamado de los abogados defensores al MP de alguna manera y a la comunidad internacional?

 Lo que tiene que quedar claro es que estamos ante la repetición de la historia de opresión contra los pueblos indígenas en Guatemala, es decir, aquí lo que hay es una práctica reiterada de actos realizados durante el conflicto armado interno, donde evidencia que la historia de los pueblos indígenas no ha cambiado en lo absoluto. Si en aquellos tiempos era el tiempo de los salarios y la usurpación de las fincas y el ejemplo reciente es el caso Sepur Zarco, y al traerlo a la realidad es exactamente lo mismo con otros matices.  Ahora la disputa es el territorio vinculado con el aprovechamiento y el saqueo de los bienes naturales de nuestro territorio.

Hay una teoría aplicable, que establece que el derecho penal de la acusación de una persona en un momento determinando, deber ser la última instancia que se utilice por parte de los Estados para abordar una problemática.

Es evidente que lo que presenciamos es una problemática de tipo social, es el resultado de una Estado excluyente  que no ha garantizado los derechos de los pueblos indígenas. Entonces lo que ha hecho por medio de estos procesos es orillar a los pueblos indígenas y que esta problemática de tipo social, como lo he reiterado ante la jueza, no debe tener un abordaje de tipo penal, sin embargo la justicia y el derecho penal se está utilizando a beneficio de los intereses de empresas transnacionales y locales, para enviar un mensaje a las comunidades de que no tenemos derechos a levantar la voz, ni exigir nuestros derechos y no tenemos derecho a cuidar los bienes que nos pertenecen.

[1] Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FGER 50 Años.

[2] Esta audiencia no se llevó a cabo.

Huehuetenango: atentado cotra sacerdote Pablo Chum párroco de San Mateo Ixtatán

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INFORMACIÓN: POR AGUACATAN
Repudiable ataque contra el Sacerdote Pablo Chum (originario de Aguacatán) Párroco de San Mateo Ixtatán.

El día 18 de marzo de 2016, durante las festividades en honor a San José, el vehículo donde viajaba el Padre Pablo Chum, recientemente trasladado de la Parroquia de Chiantla a la Parroquia de San Mateo Apóstol, llegando a Pojom, en el cruce de Xhun Palxhun, recibió un impacto de bala en la parte derecha donde iba un acompañante.

No es la primera vez que pasa esto. Lo mismo pasó con Mat Xhun, el Párroco anterior, y el Obispo Alvaro Ramazzini. Han sido atacados en Ixquisis, hasta con golpes, porque han denunciado los fraudes, la corrupción y las violaciones que la Empresa PDHSA (Promoción de Desarrollo Hídrica, S.A.) comete en el Norte de Huehuetenango.

La empresa ha amenazado varias veces al Obispo Ramazzini y al Sacerdote Xhun por lo que los pobladores también le atribuyen éste ataque para intimidar al nuevo Párroco, quién es conocido por sus pronunciamientos contra las injusticias.

Fotos e Información de Comunidad Pojom y radio Encarnación Aguacatán.