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Continúa proceso penal contra oficiales del ejército por casos de desaparición forzada en Cobán

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Por: Quimy De León.

En el Tribunal de Mayor Riesgo del grupo A en la ciudad de Guatemala este miércoles 25 de mayo continua la Audiencia de discusión del Acto Conclusivo en el causa penal en contra de 10 oficiales del Estado Mayor del ejército acusados por los delitos de lesa humanidad durante la guerra contra la población civil maya Q’eqchi, Achi, Pocomchi, Ixil y Kiche: delitos como desaparición forzada y deberes contra la humanidad.

El Ministerio Publico y las organizaciones de detenidos desaparecidos y víctimas del conflicto armado en Alta Verapaz buscan el esclarecimiento de la desaparición de 565 personas durante los años 1981 a 1987 en la zona militar No. 21 “Coronel Antonio José de Irisarri” y exhumadas en el año 2012 en zona militar de Cobán Alta Verapaz ahora CREOMPAZ.

 

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Militares fueron acusados formalmente por desaparición forzada y delitos de lesa humanidad en el caso CREOMPAZ

Prensa Comunitaria Km 169

Prensa Comunitaria Km 169

Por: Nelton Rivera.

En una audiencia histórica el Ministerio Publico MP responsabilizó esta tarde formalmente a diez altos mandos del ejército de Guatemala, como los responsables de haber cometido los delitos de desaparición forzada y delitos de lesa humanidad contra 565 personas de distintos pueblos indígenas durante la década de los años 80 en el departamento de Alta Verapaz. Hechos ocurridos  mientras los oficiales tuvieron a su cargo la base militar No. 21 “Coronel Antonio José de Irisarri” ahora Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz CREOMPAZ.

Desde Alta Verapaz llegaron familiares de detenidos desaparecidos durante la guerra, especialmente el pueblo maya Q’eqch’i, Achí y Pocomochí, quienes están presentes en la sala de audiencias, esta sala se ubica en el nivel 14 de la Torre de Tribunales y está completamente llena, con poca ventilación y espacio, las altas temperaturas que afecta al país también afecta a quienes asistieron a la sala.

Los oficiales procesados son Manuel Benedicto Lucas García, quien fue jefe del Estado Mayor General del Ejército e Ismael Segura Alburalach, Byron Humberto Barrientos Díaz, Gustavo Alonso Rosales García,  José Antonio Vásquez García, coronel Carlos Humberto Rodríguez López, coronel Pablo Roberto Saucedo Mérida, coronel César Augusto Ruiz Morales, comandante de batallón Juan Ovalle Salazar, Édgar Rolando Hernández Méndez comandante de la zona militar No. 21, Carlos Augusto Garavito Morán, Luis Alberto Paredes Nájera, César Augusto Cabrera Mejía y Raúl Dehesa Oliva.

La fiscalía de derechos humanos del MP, individualizó todos los delitos imputados a cada uno de los militares acusados durante esta audiencia de Fase Intermedia, realizada en el Tribunal de Mayor Riesgo A este 3 de mayo 2016, el periodo investigado es a partir de los años 1978 a 1982, aunque algunos oficiales permanecieron en la zona militar hasta 1987.

El MP solicitó que la Juez Claudette Domínguez resolviera la falta de mérito para dos oficiales que no fueron ligados a proceso en enero del 2016, el MP consideró que por el momento no había pruebas suficientes para ligarlos a proceso, los dos oficiales son Édgar Rolando Hernández Méndez y Carlos Humberto Rodríguez Lópe.

En el caso del coronel Luis Alberto Paredes Nájera, éste permanecerá en el hospital Militar en la zona 16 por el estado crítico de su salud, la doctora Anabella Brox de Arévalo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF- determinó a través de un informe médico forense del día 22 de abril 2016 que el militar no se encuentra en condiciones físicas y psicológicas para enfrentar este proceso penal.

Razón por la cual la juez ordenó que se conforme una comisión con dos especialistas del Hospital Mental Nacional “Carlos Federico Mora” y otro especialista aportado por los querellantes para determinar el estado actual del oficial y si finalmente podrá enfrentar o no el proceso penal en su contra.

A las 10 de la mañana todos los militares fueron retirados de la sala de audiencias en el nivel 14 y trasladados por el Sistema Penitenciario a la Brigada Militar “Mariscal Zabala”; lugar en el que se encuentran recluidos bajo prisión preventiva.

Fue a partir de las 3 de la tarde que la fiscal Gilda Pineda de la fiscalía de Derechos Humanos del MP comenzó a individualizar los delitos a cada uno acusados en el Caso Creompaz, fueron presentados 20,818 folios que forman parte de los medios de investigación, por los hechos cometidos en la década de los años 80 contra 565 personas halladas en 85 fosas clandestinas dentro de las instalaciones de la base militar No. 21 ahora llamada CREOMPAZ.

Estas osamentas corresponden a las personas que fueron detenidas, desaparecidas y ejecutadas por el ejército, los análisis forenses permitieron conocer que las osamentas pertenecen a indígenas maya Achí, Q’eqchi, Pocomochí, Ixil y Kiché.

La audiencia estuvo prevista para comenzar a las 8 de la mañana en el Tribunal de Mayor Riesgo A, iniciando con una hora de retraso, la seguridad en la Torre de Tribunales aumentó sus controles de ingreso al edificio de justicia, afuera de los tribunales un grupo de familiares de los militares procesados, acompañados por militares de baja y varias personas que llegaron también de Alta Verapaz manifestaron su rechazo al proceso penal que enfrentan los altos mandos del ejército.

Esta audiencia podría finalizar a las 10 de la noche de este martes 3 de mayo.

 

 

 

Caso Molina Theissen: suspenden audiencia que podría enviar a juicio oral y público a oficiales del ejército

Prensa Comunitaria Km 169

Fotografía de Nelton Rivera (Prensa Comunitaria Km 169)

Por Nelton Rivera.

La juez Judith Secaida quien preside el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal  decidió suspender durante la mañana de este martes 19 de abril 2016 la audiencia de presentación del Acto Conclusivo del Ministerio Público (MP) o de Fase Intermedia que estaba programada para hoy en el caso Molina Theissen.

La Juez argumentó que desde su criterio se debe sanear el proceso, con esto se refiere a que aún existen vario recursos pendientes sin resolver que podrían de continuar con la audiencia que el proceso deba anularse y retrotraerse, a este criterio la familia Molina Theissen quien actúa como querellante en el proceso se opuso.

Uno de los recursos que están pendientes de resolverse fue solicitado por la defensa de uno de los militares acusados, Edilberto Letona Linares segundo comandante de la zona militar de Quetzaltenángo, quien planteó un recurso de Cuestión Perjudicial ante la Sala 3ª de la Corte de Apelaciones y la resolución de la CSJ sobre la competencia ampliada que le fue requerida a la corta anteriormente. La Juez esperará a que ambas cortes resuelvan para nuevamente fijar la fecha para que el MP presente su acto conclusivo y se puede conocer la apertura a juicio.

A esta decisión se opuso la familia Molina Theissen quienes actúan como querellantes en contra de varios oficiales del ejército guatemalteco: Manuel Antonio Callejas Callejas general de división y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas oficial S2 fueron ligados por el delito de desaparición forzada. Francisco Luis Gordillo comandante de la Base Militar de Quetzaltenángo y Edilberto Letona segundo comandante de la zona y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas fueron ligados a proceso por el delito de deberes contra la humanidad; todos por la detención y desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen en 1981.

Con información de CALDH.

Diario Militar: el ejército siempre negó la existencia de los planes militares

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Por Nelton Rivera.

“Los militares sabían lo que hicieron, sabían de la existencia de los planes, de todos estos planes que hicieron como estrategia para poder destruir a la población, de antemano lo sabíamos, porque de alguna manera el ejército específicamente Oscar Mejía Víctores desde 1983 siempre lo negó, siempre nos negó a los familiares la existencia de información.

Él nos dijo aquí no es Chile, no es Argentina, no es Perú, no es Bolivia, para tener películas ni mucho menos libros, haciendo referencia a otros documentos desclasificados en Sudamérica. Con esto demostramos los familiares de los detenidos desaparecidos que la verdad que siempre la hemos dicho sobre el señalamiento que los hechores intelectuales y materiales siempre han sido los ellos, los militares.”[1]


El ejército de Guatemala  no ha desclasificado sus archivos militares, durante décadas ha negado la existencia de documentos que detallen las operaciones militares contrainsurgentes de los años de 1960 a 1996 que comprenden 36 años de guerra. Fue en 1997 cuando apareció el Plan de Campaña “Victoria 82”, sustraído de forma clandestina del ejército, este documento los utilizó la Comisión del Esclarecimiento Histórico para la elaboración del informe “Guatemala Nunca Más.”

El plan de Operaciones “Sofía” contiene las comunicaciones internas del ejército durante las operaciones realizadas en la región Ixil en el departamento del Quiche durante los primeros años de la década de los 80.  Como un paso previo para materializar el Plan de Campaña Victoria 82, y el Plan de Campaña “Firmeza 83”. En la ejecución de los mismos estuvieron los oficiales: mayor Arango Barrios y el mayor Otto Pérez Molina.[2]

Los documentos secuestrados por el Tribunal de Mayor Riesgo B en marzo de 2016, 19 años después del aparecimiento de los primeros planes son el Plan de Campaña Firmeza 83- 1, Plan de Campaña Reencuentro Institucional 84, Plan de Campaña Estabilidad 85, Plan de Campaña Consolidación 86,  Plan de Campaña Fortaleza 87, Plan de Campaña Unidad 88, Plan de Campaña Institución 89 y el Plan de Campaña Avance 90.

Para los familiares de las personas detenidas desaparecidas estos documentos pueden dar más elementos para esclarecer la actuación del ejército implicado en delitos de lesa humanidad y Genocidio, información que podría servir para esclarecer la verdad, estos planes comprenden los regímenes del general José Efraín Ríos Montt, Oscar Humberto Mejía Víctores y Marco Vinicio Cerezo Arévalo. Estos planes fueron secuestrados por un juez en Guatemala para incorporarlos dentro de la investigación del Caso Diario Militar, un documento del ejército en el que se documentó la detención y desaparición forzada de 182 guerrilleros de distintas organizaciones entre los años 1983 y 1984.


La audiencia del caso Diario Militar  

El secuestro se realizó el día 9 de marzo 2016 en una diligencia realizada por el juez del Tribunal de Mayor Riesgo B en las instalaciones del Estado Mayor de la Defensa en la zona 10 de la ciudad de Guatemala.

Como era de esperarse, el ejército intento que el juez no realizara la diligencia, varios abogados del ejército se presentaron argumentando que los planes eran documentos “secretos”, que de por medio estaba la seguridad nacional, pero finalmente no pudieron retenerlos.

Previo a que el Tribunal de Mayor Riesgo B presidido por el juez Miguel Ángel Gálvez realizara la audiencia del día 31 de marzo 2016 los querellantes del proceso conocido como Caso del Diario Militar no tenían la seguridad que esta audiencia se realizara.

Finalmente la audiencia comenzó a las 11 de la mañana en la Torre de Tribunales, para Mario Polanco director del Grupo de Apoyo Mutuo GAM esta es una audiencia histórica, por tener a la mano la continuidad de los planes militares que permanecieron ocultos, hasta que el Juez Gálvez realizó el secuestro de ocho planes de campaña del ejército que comprenden el período de 1983 a 1990.

Estos planes fueron incorporados al proceso del Caso Diario Militar “José Miguel Gudiel Álvarez” contra el Estado de Guatemala, en la audiencia estuvo presente el Ministerio Público –MP-, la representación del GAM, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desparecidos de Guatemala –FAMDEGUA- y la Asociación Verdad y Justicia AVEJA quienes actúan como querellantes en este caso, la audiencia finalizó a las 5 de la tarde.

Aura Elena Farfán

“Este es un momento histórico, este momento es de gran trascendencia para nosotros como familiares de las personas detenidas desaparecidas, especialmente para las familias de los casos del Diario Militar. Para todos en general, por los más de 45 mil guatemaltecos y guatemaltecas, niños y niñas que años atrás los capturaron y los desaparecieron.

Para mí ha significado una mezcla de sentimientos, de saber de lo que fueron capaz, o de lo que es capaz el ejército de elaborar esos planes para destruir a la población, solo porque creían o pensaban que ellos eran el enemigo interno.  Para mí es bastante significativo y espero que no solo sirva para el caso del Diario Militar sino para todos los procesos por las violaciones que se dio en el Conflicto Armado Interno, específicamente con las masacres con la tierra arrasada en Guatemala.”

Mario Polanco

“hoy es un día histórico porque por fin las asociaciones de víctimas estamos teniendo acceso a la información que el Ministerio de la Defensa de Guatemala había dicho reiteradamente que no existía, que no la tenían, o que había sido destruida. Esperamos analizar la información para trabajar activamente en beneficio de la justicia, en favor de que los violadores de los derechos humanos vayan a prisión, esperamos que aporten información valiosa los documentos, esperaremos a conocer el contenido pero es un paso trascendental la que vivimos hoy.

El caso sigue abierto, estamos querellados dentro del caso Diario Militar, seguiremos recopilando pruebas para poder individualizar las responsabilidades y eventualmente poder emitir ordenes de aprensión.”

 

Para saber más sobre el caso del Diario Militar puede visitar: Guatemala: el Diario Militar una historia de desapariones y muerte 

 

[1] Entrevista a Aura Elena Farfán directora de la FAMDEGUA. Audiencia presentación de Planes de Campaña militar de 1983 a 1990. Tribunal de Mayor Riesgo B. 31 de marzo 2016.

[2] Albedrio. Plan Sofía y Victoria 82. ¿Prueba o farsa?. Andrea Orozco. 10 de mayo 2010. http://www.albedrio.org/htm/noticias/lh100510.htm