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Lima Perú: que pasa con los objetivos de desarrollo sostenible ODS para Guatemala

Por: Leopoldo Batz.

Una delegación de Guatemala viajo recientemente hacia la ciudad de Lima Perú con el objetivo de participar en el quinto taller temático del “Programa Participa”, en este encuentro los temas prioritarios y estratégicos son todos los relacionados con los pueblos indígenas.

En este encuentro participan grupos de cinco países, este se realiza desde el año 2014, este es el quinto encuentro. La delegación guatemalteca estuvo representada por varias autoridades comunitarias, de gobiernos locales, académicos, jóvenes estudiantes y representantes de medios de comunicación de los municipios de Sololá y Totonicapán, quienes participaron de esta actividad e intercambio de opiniones en grupos.

Durante el encuentro se analizaron y se presentaron propuestas para los nuevos objetivos de desarrollo sostenibles ODS recientemente consolidados y aprobados por la asamblea general de la ONU[1], especialmente sobre el cumplimiento y balance de los ODM en las comunidades indígenas.

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Tarcila Rivera una de las lideresas del pueblo Quechua en su intervención dijo: “Ya tenemos caminos abiertos; ya nos mencionan, el reto es cómo logramos e incidimos que las leyes se ejecuten y garanticen nuestros derechos colectivos.”

Distintos líderes de varios pueblos indígenas del continente compartieron  sus experiencias e identificaron los impactos sobre los pueblos originarios a partir de  medidas y políticas que afectan sus vidas, su entorno y territorios.

Después de la evaluación del impacto que ha tenido el programa PARTICIPA  en los cinco países, se detectaron  acciones de apoyo a comunidades y trabajo permanentemente por mejorar las condiciones en que las comunidades participan en los procesos políticos locales, regionales y nacionales, además se valoró el  apoyo en cuanto a la divulgación e información en medios de comunicación independientes.

Durante la jornada se realizaron varias mesas de trabajo, aquí todos participaban,  aportando desde cada espacio, desde las autoridades comunitarias, líderes, dirigentes, académicos y medios de comunicación, presentando varias propuestas en espacios de plenaria para la discusión de estas.

Finalmente en la clausura del encuentro regional existió un intercambio cultural realizado por cada una de las representaciones de los cinco países presentes en la ciudad de Lima, Perú.  La realización de este encuentro fue a través de la Fundación Konrad Adenauer y financiado por la Unión Europea.

¿Cómo se podrán implementar todos y cada uno de los objetivos de desarrollo de en el caso de Guatemala?

[1] Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS. Naciones Unidas. http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

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Caso CREOMPAZ: militares acusados de desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad

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General retirado Manuel Benedicto Lucas García – Jefe del Estado Mayor durante el gobierno de Romeo Lucas García (su hermano) de 1981 a 1982

Viernes 8 de enero de 2016. En la sala de audiencias del nivel 14 de Torre de Tribunales pudimos conocer de voz de una fiscal, que durante la guerra ocurrieron una serie de crímenes inimaginables contra población civil. Supimos que más de 500 personas fueron desaparecidas por miembros del ejército entre el año de 1981 y 1988, después fueron llevadas a la zona militar No. 21 “Antonio José de Irrisarri” ubicada en la aldea Chicoyogüito en Cobán, Alta Verapaz y que ahí fueron asesinadas y enterradas sin que sus familiares supieran sobre su paradero a pesar de que con desesperación les buscaron, que llegaron hasta esa zona militar a preguntar por sus familiares, sin que nadie les dijera nada. Años después la misma gente denunció que ahí había un cementerio clandestino, así fue como un tribunal ordenó al Ministerio Público que se realizaran investigaciones.

Durante tres años – a partir de enero del 2012 – los desaparecidos empezaron a ver la luz, ya que se encontraron varias osamentas repartidas en 4 fosas. Así fue como se encontraron 558 osamentas de 90 menores de edad, 443 adultos, 3 adultos de la tercera edad, de 22 aún no se ha determinado su edad. Hasta esta fecha se han identificado mediante pruebas de ADN 97 personas. En el lugar donde estaba la zona militar No. 21 ahora funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz – CREOMPAZ, del Ministerio de la Defensa y las Naciones Unidas.

Esto ocurre dos días después que conocimos la sorpresiva noticia de que habían detenido a altos mandos y medios del ejército después de varios allanamientos en la ciudad de Guatemala y Cobán que estuvieron activos durante los años 1981 a 1988. Estos militares están ahora en la cárcel militar dentro del cuartel Mariscal Zavala acusados de desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad.

Audiencia de primera declaración

En una jornada doble que duró desde las 8: 30 AM hasta las 18: 30 PM se llevó a cabo la audiencia de primera declaración para 14 altos mandos militares en el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Claudette Domínguez. Esto debido a una acusación presentada por la fiscalía de Derechos Humanos por violaciones a los derechos humanos, delitos contra los deberes de humanidad, desaparición forzada a partir del caso de investigación conocido como CREOMPAZ.

Los militares son:

  1. Manuel Benedicto Lucas García
  2. Byron Humberto Barrientos Díaz
  3. Gustavo Alonso Rosales García
  4. José Antonio Vásquez García
  5. Carlos Humberto Rodríguez López
  6. Ismael Segura Abularach
  7. Pablo Roberto Saucedo Mérida
  8. César Augusto Ruiz Morales
  9. Juan Ovalle Salazar
  10. Édgar Rolando Hernández Méndez
  11. Carlos Augusto Garavito Morán
  12. Luis Alberto Paredes Nájera
  13. César Augusto Cabrera Mejía
  14. Raúl Dehesa Oliva.

La sala se encontraba llena, había familiares, esposas y amistades de los militares, organizaciones de derechos humanos y prensa nacional e internacional. Al inicio de la jornada los abogados de la defensa de los militares pusieron un recurso en donde pretendían que el juzgado de Mayor Riesgo A no conociera el caso pues según ellos no era competente, que después de esto se remitiera el caso a la Corte Suprema de Justicia o a una sala y que mientras tanto quedaran en libertad sus defendidos, a esto la jueza resolvió No a lugar pues argumentó que el juzgado si es competente según la ley.

Los hechos, los crímenes

La jueza dio la palabra a cada uno de los acusados para que dijeran su nombre, el de su esposa, su dirección, su profesión y la cantidad de dinero que ganan al mes para su sobrevivencia. Conforme los iban nombrando iban saliendo de la carceleta donde se encontraban, les quitaban las esposas y pasaban por una valla de guardias penitenciarios y periodistas hasta poder sentarse en el banquillo de los acusados. Así lo hicieron la mayoría de ellos, a excepción de dos de ellos que tienen problemas de salud, uno no escucha bien y el otro tiene dificultades para caminar.

Después tuvo la palabra la fiscal del Ministerio Público para que explicara los delitos por los que están detenidos y la relación de los hechos de forma individualizada, ella fue explicando el porqué se les vinculó a este caso y el cargo que tenían al momento de ocurrir los crímenes, la temporalidad.

Estos cargos fueron desempeñados y ocupados por los militares en el marco de la guerra, dando continuidad a la política contrainsurgente desarrollando operaciones militares en donde la población civil no combatientes fue considerada enemigo interno. También explicó cómo todo esto respondió a planes militares emanados de los altos mandos, esto se confirma en documentos y planes relacionados con la llamada Doctrina de Seguridad Nacional.

Según la acusación del Ministerio Público los militares participaron de estos planes y estrategias, tuvieron conocimiento de las operaciones contrainsurgentes, y que de acuerdo a la posición de cada uno, y según sus funciones y obligaciones pudieron evitar estos crímenes.

La fiscal fue desarrollando varios casos de desaparición forzosa ocurridas en Alta Verapaz contra población civil indefensa que pertenecían a las etnias q´eqchi, pocomchi´, achí, k´iche, este día solo pudo avanzar en la imputación para los oficiales de la zona militar No. 21: Ismael Segura Abularach, Byron Huberto Barrientos Díaz, Carlos Humberto Rodríguez López, Pablo Roberto Saucedo Mérida, Juan Ovalle Salazar, César Augusto Ruiz Morales y Benedicto Lucas García, quien fuera Jefe del Estado Mayor General del Ejército en los años de 1981 y 1982.

Se fue explicando la responsabilidad de los militares que tuvieron conocimiento de éstas y en lugar de que las personas fueran puestas a disposición de un órgano jurisdiccional – si es que hubieran cometido alguna falta – fueron desaparecidas. Y si es que sus subalternos cometieron estos crímenes pudieron denunciarlo y sancionarlo como parte de sus obligaciones pero no hicieron nada.

Las pruebas sobre estos crímenes fueron analizadas por varios expertos multidiciplinarios, pruebas científicas que han sido corroboradas y contrastadas con testimonios de familiares de las personas desaparecidas que no dejan ningún lugar a dudas. Está claro que hubo detenidos de forma ilegal, que fueron ejecutados y enterrados clandestinamente. Habrá que esperar a que se haga justicia y que la verdad histórica quede clara en este proceso penal.

Valientemente las familias de las víctimas de desaparición forzada y asesinato, dieron su testimonio y denunciaron estos hechos, contaron las últimas noticias que tuvieron de ellas hasta que pudieron saber de su paradero 30 años después cuando los encontraron sus osamentas en una fosa común con los ojos vendados y argollas de plástico en las muñecas, muchos con señales de haber sido asesinados de forma violenta.

Las investigaciones realizadas hasta hoy han permitido que se individualicen 88 casos de desaparición forzada como[1]:

Hombres de Pambach

  • El 02 de junio de 1982, un grupo de soldados realizaron un operativo militar en la aldea Pambach, Santa Cruz Verapaz, Cobán, se llevaron aproximadamente 75 hombres, los más jóvenes de la aldea, indicando que iban a prestar servicio militar; mismos que fueron desaparecidos forzadamente.
  • En la fosa FAFG 1433-XVII se localizaron 64 osamentas y se han identificado por ADN a 31 hombres, se presume que las demás osamentas también pertenecen a los desaparecidos.

Río Negro San Cristóbal Verapaz

  • El 13 de mayo de 1982 elementos del ejército de Guatemala y Patrullas de Autodefensa Civil –PAC- asesinaron aproximadamente a 80 personas -población civil no combatiente- Las mujeres y niños sobrevivientes fueron trasladados por a la Zona Militar número 21.
  • En la Fosa 1433-XV se localizaron 63 osamentas, según análisis osteológico realizado corresponden a mujeres y niños.

Caserío Chituj, San Cristóbal Verapaz

  • El 04 de mayo de 1981 en el caserío Chituj, municipio de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, integrantes del Ejército de Guatemala ejecutaron un operativo militar contra población civil, llevándose a Felipe Cal López, cuya osamenta fue recuperada e identificada por ADN en la fosa FAFG 1433-V donde fueron ubicadas 36 osamentas humanas más, de las cuales han sido identificadas 9.

Chiacal San Cristóbal Verapaz

  • En diciembre de 1981, Ricardo Mis Pacay, de 28 años de edad, salió de su casa ubicada en la aldea San Lucas Chiacal, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, hacia su parcela ubicada dentro de la misma aldea, pero ya no regresó.
  • Se exhumó la osamenta FAFG 1433-V-21 y se logró identificar por ADN.

Barrio San Sebastián, San Cristóbal Verapaz

  • El 28 de diciembre de 1981 en el Barrio San Sebastián, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, el Ejército de Guatemala realizó un operativo militar llevándose al menos a 3 personas.
  • En la fosa FAFG 1433-XIV se localizaron 13 osamentas, de las cuales 3 han sido identificadas por ADN, entre éstas, Alfonso Jom Lem, Lázaro Oswaldo Morán Ical y Teresa Jul.

Hombres de Chisec

  • En febrero de 1982, hombres de Chisec fueron obligados a trasladarse a la zona militar No. 21, permanecieron un día privados de su libertad y 3 de ellos fueron desaparecidos en la misma área.
  • En la fosa FAFG 1433-XVIII se logra localizar 7 osamentas entre las cuales se encuentra la de Genaro Caal, quien fue uno de los desaparecidos.

Seguimiento de la audiencia de primera declaración lunes 11 de enero

El lunes 11 de enero continúa la audiencia de primera declaración para que les sean explicados a los militares los delitos y la relación de hechos en donde cada uno fue responsable. Por cuestiones de tiempo quedaron pendientes de esto los militares Gustavo Alonso Rosales García, José Antonio Vásquez García, Edgar Rolando Hernández Méndez, Carlos Augusto Garavito Morán, Luis Alberto Paredes Nájera, César Augusto Cabrera Mejía y Raúl Dehesa Oliva. Por último y antes que terminara la audiencia los abogados defensores de algunos de ellos pidieron que el INACIF evaluara a algunos de ellos para certificar su estado de salud, incluso uno de ellos estaba pidiendo ya que fuera trasladado al Hospital Militar.

[1] Ministerio Público. CREOMPAZ: “Con este caso estamos hablando de uno de los mayores de América Latina de desapariciones forzadas”. 6 de enero de 2016. https://www.mp.gob.gt.

Mujeres indígenas participan en el Foro “Empresas y Derechos Humanos 2013” en Naciones Unidas

Hermelinda Simon

En el Foro sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se está llevando a cabo del 2 al 4 de diciembre en Ginebra, Suiza, se encuentra participando una delegación guatemalteca, formada por representantes de organizaciones de Derechos Humanos, ambientalistas y representantes de organizaciones de mujeres indígenas como Hermelinda Simon Diego, mujer Maya Q’anjob’al de Barillas, miembra de la Asociación de Mujeres Akabal  y representante del Movimiento de Mujeres Mayas de Huehuetenango.

Hermelinda Simón se dedica a trabajar para eliminar la violencia en la vida de las mujeres y en defensa de la vida. Por esta razón fue perseguida política en el año 2012 por Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz, empresa que ha tratado de imponerse violentamente en Barillas, desde el año 2009. Resultado de esta problemática ha sido asesinado un comunitario, han resultado heridos otros dos, 13 líderes han sido criminalizados, detenidos de manera arbitraria y encarcelados y más de diez personas tienen hasta el día de hoy órdenes de detención.

Por Hermelinda Simón Diego 

“El abrumador interés suscitado por este Foro simboliza la necesidad imperiosa percibida por todas las partes (incluidas las propias empresas) de prevenir y afrontar los efectos negativos sobre los derechos humanos vinculados a la actividad empresarial. Los debates que hemos mantenido en Ginebra son un reflejo de los desafíos reales, las buenas prácticas y la experiencia adquirida sobre el terreno.”

Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Foro de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos 2012.[1]

Ginebra. Las Naciones Unidas son sede del Foro “Empresas y Derechos Humanos” del 2 al 4 de diciembre 2013.  En el primer foro realizado sobre esta temática en el año 2012 participaron unas mil personas de 85 países del mundo, especialmente representantes de comunidades de los pueblos originarios y tribales. Este foro también contó con la participación de empresarios vinculados a las actividades extractivas: mineras, hidroeléctricas, petroleras entre otras.[2]

El Foro fue establecido por el grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre las empresas y  los derechos humanos, buscando establecer principios rectores para las empresas en materia responsabilidad empresarial ante violación de los derechos humanos.[3]

“Ya van 40 años de lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas ante las Naciones Unidas.  Ahora, se ven los principios rectores como un intento de establecer un instrumento vinculante para las empresas sobre su obligación de respetar los derechos humanos.  En 2005 se nombró un representante especial sobre los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales (John Ruggie), quien formuló los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, que constituyen el nuevo instrumento que las Naciones Unidas están tratando de implementar sobre esta materia.

Los principios rectores parten del planteamiento de tres pilares planteados por Ruggie: Proteger, respetar y remediar. Se expuso que los principios rectores no se refieren explícitamente a las obligaciones de las empresas de respetar derechos humanos.  Pero, aunque no es considerando un instrumento fuertemente vinculante (el marco normativo no es lo suficientemente claro en este sentido), hace mención de todos los derechos internacionalmente reconocidos.  En cuanto a la remediación, hace falta desarrollar criterios sobre transparencia.  Por otra parte, las empresas, por sí mismas, están siendo llamadas a desarrollar sus mecanismos de remediación.

Los Principios Rectores no crean nuevas obligaciones internacionales.  Elaboran sobre lo que ya existe, pero ponen juntos, dentro de un mismo instrumento, todo lo que hay en legislación relativa a empresas y derechos humanos.  El Estado es responsable de proteger, establecer regulaciones y procedimientos judiciales, así como castigar cuando hay violaciones.  Los Principios explican cómo deben implementarse estas obligaciones. Todavía hay necesidad de regulaciones y obligaciones claramente establecidas.

Los principios rectores insisten en que las obligaciones de las empresas existen independientemente de las obligaciones de los Estados de proteger.  Esto quiere decir que, aún en Estados que no tienen fuertes regulaciones, las empresas deberían respetar los derechos humanos, en coherencia con estas obligaciones.  Se llama a éstas a respetar la debida diligencia en derechos humanos para prevenir impactos negativos de sus actividades sobre los derechos humanos.

Los principios mencionan remedios judiciales y no-judiciales.  Hay, internacionalmente, trabajo sobre regulaciones extraterritoriales, pero todavía falta desarrollar más.  Todos los Principios Rectores son relevantes para los pueblos indígenas.  Tanto en lo relativo al deber de los Estados de Proteger el ejercicio de los derechos humanos (incluidos los de los pueblos indígenas), al de las empresas de respetar los derechos de los pueblos indígenas y actuar con la debida diligencia para asegurar dicho respeto. En este contexto, será estratégico insistir en el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre previo e informado y demandar el compromiso de cumplir con este derecho.

¿Cuáles iniciativas se quieren promover en la pre-sesión de pueblos indígenas?

Se inició la discusión de los asuntos claves:

a)  Débil diligencia de derechos humanos (incluidos los derechos de los pueblos indígenas)

b)  No malinterpretar los Principios Rectores ni reducir los estándares internacionales

c) Respetar los derechos de los pueblos indígenas al consentimiento libre previo e informado, como expresión de respeto a su libre determinación.

d) Que los gobiernos y empresas desarrollen herramientas para cumplir con las normas establecidas por las Naciones Unidas.

e)    Reiterar que debe haber una agenda permanente sobre los pueblos indígenas expresada dentro del Grupo de Trabajo.

f)  Debería haber apoyo financiero para la participación de delegados indígenas en estos espacios (Foro de Empresas y Derechos Humanos).

g) Que el Grupo de Trabajo apoye proyectos de pueblos indígenas como proyectos conjuntos entre pueblos indígenas y el Grupo de Trabajo.  Porque, hasta ahora, el Grupo de Trabajo ha apoyado iniciativas de otros actores, pero no de los pueblos indígenas.

h) Que el Grupo de Trabajo haga un informe de terreno específico sobre impactos de actividades empresariales sobre pueblos indígenas (Se aclara que sólo se pueden visitar países cuando los Estados les invitan oficialmente, en caso contrario, sus informes no son oficiales; en contrapartida, si el Grupo de Trabajo tuviera un proyecto conjunto con Pueblos Indígenas, tendría que presentar información sobre éste al Consejo de Derechos Humanos).

Otras propuestas han sido sobre garantizar que las consultas incluyan la representación de mujeres, también llamar a las empresas a no ejercer injerencia sobre los sistemas de justicia de los Estados para preservar impunidad en crímenes graves cometidos contra pueblos indígenas.  También se llamó a no olvidar las obligaciones de los Estados nacionales.

También se recomienda pedir al Grupo de Trabajo que mantenga una representación indígena. Que las empresas desarrollen guías para cumplir con los Principios Rectores en respeto de los derechos de los pueblos indígenas (desarrollar políticas claras sobre el respeto de los territorios de los pueblos indígenas).

Fortalecer el acceso a la justicia para los pueblos indígenas y promover que los pueblos indígenas sean considerados como un actor diferente de la sociedad civil”.


[1] Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. http://www.ohchr.org

[2] Ibidem.

[3] Ibidem.