En el Foro sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se está llevando a cabo del 2 al 4 de diciembre en Ginebra, Suiza, se encuentra participando una delegación guatemalteca, formada por representantes de organizaciones de Derechos Humanos, ambientalistas y representantes de organizaciones de mujeres indígenas como Hermelinda Simon Diego, mujer Maya Q’anjob’al de Barillas, miembra de la Asociación de Mujeres Akabal y representante del Movimiento de Mujeres Mayas de Huehuetenango.
Hermelinda Simón se dedica a trabajar para eliminar la violencia en la vida de las mujeres y en defensa de la vida. Por esta razón fue perseguida política en el año 2012 por Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz, empresa que ha tratado de imponerse violentamente en Barillas, desde el año 2009. Resultado de esta problemática ha sido asesinado un comunitario, han resultado heridos otros dos, 13 líderes han sido criminalizados, detenidos de manera arbitraria y encarcelados y más de diez personas tienen hasta el día de hoy órdenes de detención.
Por Hermelinda Simón Diego
“El abrumador interés suscitado por este Foro simboliza la necesidad imperiosa percibida por todas las partes (incluidas las propias empresas) de prevenir y afrontar los efectos negativos sobre los derechos humanos vinculados a la actividad empresarial. Los debates que hemos mantenido en Ginebra son un reflejo de los desafíos reales, las buenas prácticas y la experiencia adquirida sobre el terreno.”
Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Foro de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos 2012.[1]
Ginebra. Las Naciones Unidas son sede del Foro “Empresas y Derechos Humanos” del 2 al 4 de diciembre 2013. En el primer foro realizado sobre esta temática en el año 2012 participaron unas mil personas de 85 países del mundo, especialmente representantes de comunidades de los pueblos originarios y tribales. Este foro también contó con la participación de empresarios vinculados a las actividades extractivas: mineras, hidroeléctricas, petroleras entre otras.[2]
El Foro fue establecido por el grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, buscando establecer principios rectores para las empresas en materia responsabilidad empresarial ante violación de los derechos humanos.[3]
“Ya van 40 años de lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas ante las Naciones Unidas. Ahora, se ven los principios rectores como un intento de establecer un instrumento vinculante para las empresas sobre su obligación de respetar los derechos humanos. En 2005 se nombró un representante especial sobre los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales (John Ruggie), quien formuló los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, que constituyen el nuevo instrumento que las Naciones Unidas están tratando de implementar sobre esta materia.
Los principios rectores parten del planteamiento de tres pilares planteados por Ruggie: Proteger, respetar y remediar. Se expuso que los principios rectores no se refieren explícitamente a las obligaciones de las empresas de respetar derechos humanos. Pero, aunque no es considerando un instrumento fuertemente vinculante (el marco normativo no es lo suficientemente claro en este sentido), hace mención de todos los derechos internacionalmente reconocidos. En cuanto a la remediación, hace falta desarrollar criterios sobre transparencia. Por otra parte, las empresas, por sí mismas, están siendo llamadas a desarrollar sus mecanismos de remediación.
Los Principios Rectores no crean nuevas obligaciones internacionales. Elaboran sobre lo que ya existe, pero ponen juntos, dentro de un mismo instrumento, todo lo que hay en legislación relativa a empresas y derechos humanos. El Estado es responsable de proteger, establecer regulaciones y procedimientos judiciales, así como castigar cuando hay violaciones. Los Principios explican cómo deben implementarse estas obligaciones. Todavía hay necesidad de regulaciones y obligaciones claramente establecidas.
Los principios rectores insisten en que las obligaciones de las empresas existen independientemente de las obligaciones de los Estados de proteger. Esto quiere decir que, aún en Estados que no tienen fuertes regulaciones, las empresas deberían respetar los derechos humanos, en coherencia con estas obligaciones. Se llama a éstas a respetar la debida diligencia en derechos humanos para prevenir impactos negativos de sus actividades sobre los derechos humanos.
Los principios mencionan remedios judiciales y no-judiciales. Hay, internacionalmente, trabajo sobre regulaciones extraterritoriales, pero todavía falta desarrollar más. Todos los Principios Rectores son relevantes para los pueblos indígenas. Tanto en lo relativo al deber de los Estados de Proteger el ejercicio de los derechos humanos (incluidos los de los pueblos indígenas), al de las empresas de respetar los derechos de los pueblos indígenas y actuar con la debida diligencia para asegurar dicho respeto. En este contexto, será estratégico insistir en el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre previo e informado y demandar el compromiso de cumplir con este derecho.
¿Cuáles iniciativas se quieren promover en la pre-sesión de pueblos indígenas?
Se inició la discusión de los asuntos claves:
a) Débil diligencia de derechos humanos (incluidos los derechos de los pueblos indígenas)
b) No malinterpretar los Principios Rectores ni reducir los estándares internacionales
c) Respetar los derechos de los pueblos indígenas al consentimiento libre previo e informado, como expresión de respeto a su libre determinación.
d) Que los gobiernos y empresas desarrollen herramientas para cumplir con las normas establecidas por las Naciones Unidas.
e) Reiterar que debe haber una agenda permanente sobre los pueblos indígenas expresada dentro del Grupo de Trabajo.
f) Debería haber apoyo financiero para la participación de delegados indígenas en estos espacios (Foro de Empresas y Derechos Humanos).
g) Que el Grupo de Trabajo apoye proyectos de pueblos indígenas como proyectos conjuntos entre pueblos indígenas y el Grupo de Trabajo. Porque, hasta ahora, el Grupo de Trabajo ha apoyado iniciativas de otros actores, pero no de los pueblos indígenas.
h) Que el Grupo de Trabajo haga un informe de terreno específico sobre impactos de actividades empresariales sobre pueblos indígenas (Se aclara que sólo se pueden visitar países cuando los Estados les invitan oficialmente, en caso contrario, sus informes no son oficiales; en contrapartida, si el Grupo de Trabajo tuviera un proyecto conjunto con Pueblos Indígenas, tendría que presentar información sobre éste al Consejo de Derechos Humanos).
Otras propuestas han sido sobre garantizar que las consultas incluyan la representación de mujeres, también llamar a las empresas a no ejercer injerencia sobre los sistemas de justicia de los Estados para preservar impunidad en crímenes graves cometidos contra pueblos indígenas. También se llamó a no olvidar las obligaciones de los Estados nacionales.
También se recomienda pedir al Grupo de Trabajo que mantenga una representación indígena. Que las empresas desarrollen guías para cumplir con los Principios Rectores en respeto de los derechos de los pueblos indígenas (desarrollar políticas claras sobre el respeto de los territorios de los pueblos indígenas).
Fortalecer el acceso a la justicia para los pueblos indígenas y promover que los pueblos indígenas sean considerados como un actor diferente de la sociedad civil».
[1] Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. http://www.ohchr.org
[2] Ibidem.
[3] Ibidem.
Prensa Comunitaria Km. 169 