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Quiché: Lolita Chávez y la batalla por los bosques

Por: Nelton Rivera.

“En el pueblo del Quiché se está librando la guerra, en defensa de la tierra y el pan para no morir, en el pueblo del Quiché. Pueblo aguerrido y valiente, que en tus montañas dormidas, el despertar de la vida y el nuevo canto se siente…” Kin Lalalat.

En los últimos dos meses en el Quiché uno de los departamentos del país, la batalla por la protección de los bosques y contra la tala inmoderada de estos es una de las luchas principales de las comunidades del pueblo maya K’ich’e, del Consejo de los Pueblos K’ich’es –CPK- y de Aura Lolita Chávez Ixcaquiq.

Algo está pasando en el Instituto Nacional de Bosques (Inab) los encargados para este departamento de ésta institución realizan acciones en contra del CPK y de una de las mujeres que les representa, la batalla por los bosques es una de las luchas que se libran en este territorio, empresarios y delegados de los programas del INAB aumentan sus esfuerzos por deslegitimar y desacreditar el derecho de las comunidades para defender los bosques y el territorio, al mismo tiempo que personalizan las agresiones en contra de Lolita Chávez.

Frente a la diversidad de negocios que se generan con  la tala inmoderada de los bosques, el CPK y Lolita Chávez hacen frente a otra de las formas de despojo que se vive en Guatemala, en palabras de Rigoberto Juárez Mateo una autoridad ancestral maya Q’anjob’al uno de los presos políticos del país: “estamos viviendo el sexto despojo, el de nuestros bienes naturales”.

La movilización comunitaria puso públicamente ante la sociedad guatemalteca uno de los tantos temas que las autoridades gubernamentales y sus instituciones hacen de oídos sordos, el negocio ilegal de la tala de los bosques. Detrás podría estar la corrupción facilitandose desde distintas redes de empresas y empresarios que se benefician de la tala de los bosques, con la complicidad de los funcionarios públicos.

En el departamento del Quiché existe una de las redes  criminales más sofisticadas, en el año 2015 se publicó una investigación que confirma la existencia de esta red: En Guatemala, el viejo poder paramilitar reencarna a favor de los megaproyectos describe quiénes son las principales figuras de estas estructuras.

Aquí se mezclan y complementan viejas estructuras militares y paramilitares vinculadas a los años de mayor represión contra el pueblo K’ich’e e Ixil durante la guerra y que actualmente se entrelazan con los partidos políticos, funcionarios públicos, con la presencia de empresas nacionales y transnacionales vinculadas a los proyectos extractivos o megaproyectos, y si esto fuera poco al negocio de la tala inmoderada e ilegal de madera y las actividades que de esta se desprenden.

La problemática social en este departamento es seria, hidroeléctricas, represas, fincas, la Franja Transversal del Norte FTN, los ejecutores del Genocidio, sumado a la presencia de organizaciones criminales como los partidos políticos Partido Patriota PP y a personajes vinculados con el general Otto Pérez Molina.

Desde las comunidades y sus formas de autoridad y organización comunitaria la voz de alerta esta puesta, los señalamientos van directamente contra funcionarios del INAB y personeros de varios programas en el departamento del Quiché.

Las amenazas de muerte en contra de Lolita Chávez

El día jueves 23 de junio 2016 sobre la carretera en Santa Cruz del Quiché vieron transitar uno de esos tantos camiones que transportan grandes cantidades de árboles talados, las comunidades dieron el aviso y minutos despues el camión fue detenido para que el personal del Iban revisara la cantidad de madera en su interior. Representantes del CPK llamaron inmediatamente a varios delegados del INAB para que hicieran la cubicación de la totalidad de la madera que transportaban, por alguna razón estos delegados demoraron mucho tiempo en llegar.

Paralelamente fueron avisados los dueños del camión, esto se confirma porque un grupo de hombres armados llego desde la carretera interamericana hasta Santa Cruz del Quiché, Lolita Chávez narró que eran aproximadamente 10 y que varios de ellos iban armados. Luego en el MP se presentó el señor Oscar Montealegre proietario del camión que transportaba la madera quién presentó otra denuncia en contra de varias personas del CPK.

Lolita Chávez se encontraba en el Parque Central a la espera que los delegados del INAB se presentaran, dos hombres se acercaron a ella, uno de estos de forma violenta le gritó:

“¿Y vos quien sos para hacer lo que haces? Vas a ver que no vales nada. El otro de los sujetos estando tan solo un paso atrás del primer atacante le grito: “a esta mujer le vamos a quebrar el culo”.

Lolita inmediatamente busco auxilio, a escasos 10 metros habían varios agentes de la Policía Nacional Civil –PNC-, varias personas que la acompañaban al darse cuenta de las agresiones y amenazas la acuerparon, llamaron a la PNC, haciéndoles presión los agentes le pidieron a los dos hombres que se identificaran, el más viejo se negó en todo momento a presentar sus documentos.

Bajo la presión de los agentes otro de los agresores  finalmente entrego su DPI y dió los datos del otro atacante, resultaron ser padre e hijo: Francisco Par Bala y su hijo Sergio Orlando Par Reyes, del resto de hombres que llegaron con estos dos señores la PNC se negó a identificarlos.

Lolita ahí mismo les explico a los agentes las amenazas de muerte en su contra y de las agresiones verbales hechas por los dos sujetos, varias autoridades comunitarias tuvieron que hacer presión  para que los agentes de la PNC asumieran atender el llamado de auxilio hecho por Lolita Chávez, no es la primera vez que los agentes de la PNC desatienden los llamados de Lolita Chávez.

Varios comunitarios denunciaron que desde ese día (23 de junio) varios sujetos armados anduvieron por varios lugares del Quiché amedrentando con sus armas a los comunitarios, exigiendo que vendieran sus tierras, los testimonios de varias personas señalan que los mismos sujetos que llegaron a amenazar a Lolita Chávez estuvieron presentes en una de las concentraciones organizadas por los trabajadores del INAB el día 4 de julio 2016. Una concentración organizada por el INAB para acusar y amenazar directamente a Aura Lolita Chávez de expulsarla del departamento por denunciar la tala ilegal de árboles.

¿Qué está pasando con el INAB?

Fue desde el día de la concentración organizada por esta institución el día 4 de julio, varios representantes de los Comités Municipales de Desarrollo COMUDES del departamento le avisaron a Lolita Chávez que Byron Lec y Abelardo Monjaras, están llegando para difamarla y acusarla frente a los beneficiarios de los programas del INAB, buscan a través del recurso del rumor desinformar a las personas y crear división comunitaria. Byron Lec fungía como Director regional del INAB del Quiché  y Abelardo Monjaras es director subregional.

Las comunidades saben que hubo recientemente cambios en el interior del INAB del Quiché, al parecer removieron a Byron Lec del puesto y nombraron al ingeniero Carlos Castillo como director regional.

Las comunidades han denunciado varias veces que el INAB desatiende las denuncias por los casos de tala ilegal de los bosques, contrario a esto, están intentando incitar a los beneficiarios de los programas para agredir e intimidar a Lolita Chávez y a quienes forman parte del  CPK.

En el reportaje Quiché: realizan nuevas amenazas en contra de Aura Lolita Chávez defensora del territorio se explica la continuidad de las agresiones y amenazas en contra del CPK y específicamente en contra de la integridad de Lolita Chávez. Detrás de las agresiones están los representes de los programas del INAB en el departamento del Quiché.

Varios representantes de los programas del INAB son señalados de promover el traslado de beneficiarios de los programas para realizar concentraciones en el centro de Quiché, la primera la realizaron el día 4 de julio, durante esta concentración públicamente los señores Jorge Quezada representante de regentes forestales, Vitalino Muchuch, representante de Silvicultores y Benedicto Pérez Azañon, representante de la RED PINPEP, fueron vistos haciendo uso del sonido y lanzando serios señalamientos en contra de la integridad de Lolita Chávez.

¿Quién esta dando los fondos para pagar el traslado de los beneficiarios de estos programa? ¿La alimentación? ¿Alquiler de un sonido móvil?

En la concentración del 4 de julio también apareció Ana Rivera Bernal, quien dice representar a la junta directiva del PINPEP de ese departamento[1], es una de las principales detractoras del CPK por el trabajo que impulsa para detener la tala ilegal de los bosques, durante la concentración ella también emitió oponión sobre Lolita Chávez y el CPK. Rivera Bernal aparece en documentos del ministerio de educación como directora contratada, también tienen una relación laboral con la Fundación CALMECAC en 2015.

¿Qué papel está jugando el Ministerio Público?

Lolita Chávez luego de las amenazas de muerte recibidas por Francisco Par Bala y su hijo Sergio Orlando Par Reyes se dirigió a denunciarlos ante la fiscalía del MP en el departamento del Quiché, de esa denuncia se abrió un expediente. Lolita Chávez cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH emitidas desde el año 2005.

El día 11 de julio, Lolita Chávez recibió una citación de la fiscalía distrital del departamento del Quiché, en el documento el MP la convoca para el día miércoles 13 de julio para una reunión de conciliación por dos hechos distintos, uno es una denuncia que ella interpuso en el MP contra dos personas por amenazarla de muerte el día 23 de junio 2016 en el Parque Central de Quiché y el otro caso corresponde a una denuncia hecha en su contra por un trabajador del INAB y el representante legal de varias fincas que forman parte de los programas de esta institución.

La fiscalía distrital conexo dos expedientes entro del MP226-2016-2134 que contiene las denuncias  MP226-2016-2184 y el MP226-2016-2207. Una de las causas penales es por amenazas de muerte recibidas en el mes de junio 2016 por los señores Francisco Par Bala y Sergio Orlando Par Reyes.

La otra causa penal que el MP conexo es una denuncia hecha en contra de Aura Lolita Chávez, Rubén Samayoa y Martín Grijalva, el documento no explica porque tipo de delito fueron señaladas,  los denunciantes son Jorge Efraín Montealegre Vicente y Byron Felipe Lec De León.

Montealegre Vicente es representante legal de dos de las fincas de Juan Pu en El Rincón, Chicaman con expedientes (PO-2156 y 2157) también es representante legal una finca de la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CHIMEL -ASODICH- en la aldea Chimel, Uspantan y finalmente aparece como propietario de dos fincas en la aldea XIX en Chajul Quiché.[2]

Lolita Chávez acudió a la fiscalía distrital pero no le entregaron una copia del expediente completo, tampoco describe porque delitos es que esta citando el MP a una primer reunión de conciliación, sin describir a que personas convocó la fiscalía distrital.

[1] Prensa Libre. Exigen la continuidad del Inab en Quiche. Oscar Figueroa. 4 de julio 2016.

[2] INAB. Documento de Plantaciones Obligatorias.

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Día cinco del debate oral contra las autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango

Por: Nelton Rivera.

Este martes 12 de julio 2016 se realizó la quinta jornada durante el Debate Oral y Público que se abrió en contra de siete autoridades comunitarias y ancestrales del norte de Huehuetenango.

Estas siete personas: Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar, Adalberto Villatoro, Ermitaño López, Mynor López, Arturo Pablo y  Francisco Juan Pedro fueron acusados por varias empresas que pretenden instalar varios proyectos de hidroeléctricas en el departamento, algunas de estas también podrían estar preparando condiciones para extracción de minerales como el caso de Hidro Santa Cruz con el proyecto Qanbalam.

Durante toda la mañana rindió su testimonio el fiscal del MP, el señor René Maldonado Maldonado, en su declaración acuso de forma insistente a las autoridades comunitarias, califico de violentos a la comunidad Q’anojb’al de Santa Eulalia y otros municipios, acusándolos de haber rodeado el CAJ muchas personas, con armas como machetes, palos, piedras y galones de combustible; con el objetivo de asesinar a todos los trabajadores del CAJ, específicamente a él. “La consigna que llevaban era que debía de correr sangre” refirió el fiscal.

René Maldonado cuando comenzó la interpelación de los abogados defensores de las siete autoridades comunitarias comenzó a contradecirse con su propia versión de lo ocurrido en el CAJ en enero del 2014, cuando modificó el expediente agregando el delito de plagio o secuestro en esa audiencia.

La acusación de los testigos del MP, la mayoría trabajadores del Organismo Judicial, Bufete Popular, Ministerio Publico y Policía Nacional Civil en el CAJ de Santa Eulalia se ha ido desvaneciendo con las contradicciones de los mismos testigos del MP, las pruebas presentadas testimoniales y documentales por parte de la defensa.

Durante la tarde se presentó el abogado Pedro Rubel Toledo, propuesto por la defensa de las autoridades comunitarias, Pedro Rubel es uno de varios abogados que intervinieron en la defensa de dos jóvenes de Pojom detenidos de forma arbitraria el 19 de enero del 2015. Pedro Toledo fue criminalizado por ejercer la defensa de los opositores a otra hidroeléctrica en Pojom, fue detenido en la ciudad de Huehuetenango. La nota Huehuetenango: detenido el abogado Pedro Rubel Ovidio Toledo y Toledo por defender a líderes comunitarios explica cómo fue su detención.

Pedro Rubel es un ejemplo claro de cómo la justicia en Huehuetenango pareciera tener fuertes vínculos con las empresas extractivas, Santa Eulalia: Abogado Q’anjob’al Pedro Toledo regresa a su territorio se explica cómo finalmente el juez Miguel Ángel Gálvez presidente del Tribunal de Mayor Riesgo B ordeno el cierre de la persecución penal en su contra.

David Diego Marcos periodista comunitario y miembro de la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ también se presento ante el tribunal para atestiguar a traves de su trabajo cuando durante la cobertura de la reunión entre autoridades comunitarias del Gobierno Plurinacional con el director del CAJ Pascual Tiu Zapeta, el corresponsal grabo un video que documento como se realizo la reunión entre autoridades y el director del CAJ el dia 19 de enero del 2015, este material audiovisual como prueba desmintió la acusación del MP al afirmar que al director del CAJ se le había agredido, amenazado y golpeado durante las horas que permaneció en el interior del centro.

Son tres las causas penales existentes, pero el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A presidido por la juez Yassmin Barrios decidió conexar los tres procesos por los que están siendo procesados las autoridades comunitarias y reunirlos a todos en un mismo debate oral y publico.

  1. Año 2013: la empresa española Hidro Santa Cruz / Ecoener Hidralia Energía acuso a Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Mynor López y a Francisco Juan Pedro de haber secuestrado, coaccionado y amenazado a 11 trabajadores de la hidroeléctrica en el lugar conocido como Poza Verde, Barillas cercano al ingreso del terreno de la empresa.

Francisco Juan Pedro no estuvo en ese lugar, el 22 de abril 2013, cuando las autoridades mediaron para que se retiraran los trabajadores de la empresa que habían instigado a la población de las comunidades que permanece en un plantón permanente.

  1. Año 2014: el Ministerio Público inicio un proceso penal en contra de Ermitaño López Reyes acusándolo de haber “retenido” a los trabajadores del CAJ de Santa Eulalia el día 23 de enero 2014, cuando al celebrarse una audiencia por el caso de la hidroeléctrica en Barillas el fiscal del MP, René Maldonado Maldonado modificó la acusación del expediente de las autoridades comunitarias, en un procedimiento que muchos consideran ilegal pide sean detenidos por Plagio o Secuestro, delito que no existían en el expediente.

Esa misma tarde se realizó una segunda audiencia a través de la cual un juez de Santa Eulalia ordeno que las autoridades no fueran detenidos de forma preventiva como intentaba el fiscal del MP horas antes.

  1. Año 2015: por varias órdenes emitidas por un juez de Santa Eulalia las fuerzas de seguridad en la madrugada del 19 de enero, ingresaron violentamente en las comunidades de Pojom en San Mateo Ixtatán, deteniendo a dos jóvenes y trasladándolos de forma arbitraria por helicóptero hasta la comisaria 431 de Huehuetenango, las comunidades sin saber el paradero de los dos jóvenes fueron al CAJ en Santa Eulalia lugar natural al que debieron los fiscales del MP y agentes de la PNC trasladar a los dos hermanos detenidos en Pojom.

La tercera acusación hecha por los funcionarios del CAJ se centra en Rigoberto Juárez Mateo, Ermitaño López y Domingo Baltazar, este último nunca estuvo en el CAJ por un accidente sufrido trabajando la tierra.

El MP los acusa de haber “retenido” a todos los trabajadores del CAJ considerándolo el delito de Plagio o Secuestro.

Escuche la transmisión en vivo del debate oral y púbico caso #PresosPolliticos

Escuche la transmisión aquí:

http://paraqueseconozca.blogspot.com/ 

Presos políticos: cuarto día de debate oral contra autoridades comunitarias

Boletín sobre la audiencia del día 11 de julio 2016

El lunes 11 de julio 2016 se realiza el cuarto día de audiencia dentro de la etapa de Debate en el Juicio Oral y Público contra autoridades comunitarias de Santa Eulalia y Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.

En el cuarto día de audiencia continúan rindiendo su testimonio los testigos propuestos por el Ministerio Público (MP), siendo ellos trabajadores del CAJ (Organismo Judicial, Bufete Popular, trabajadores adminstrativos) y personas allegadas al ex-alcalde de Santa Eulalia Diego Marcos Pedro.

La Secretaria del CAJ, Sandra Pascual García, afirmó haber sido secuestrada y retenida violentamente por los manifestantes, sin embargo durante su declaración se contradijo al decir que se pudo mover con libertad durante los hechos. Indicó que manifestantes de San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia portaban lazos y machetes durante manifestación y aseguró que la población maya Q’anjob’al de Santa Eulalia es violenta y que ella tenia mucho miedo.

Acusó a Rigoberto Juárez Mateo autoridad ancestral de agresiones verbales y de agredirla físicamente, sin embargo no cuenta con medios contundentes para probar estos hechos. La testigo además indicó no ser testigo presencial de las amenazas de las cuales se acusa a Rigoberto Juárez de cometer contra el Juez de Paz y el coordinador del CAJ.

Posteriormente declaró José Teófilo Marines, empleado del CAJ quién declaró que la gente de Huehuetenango es violenta, que fue golpeado, sin embargo no puede identificar a ninguno de los hoy detenidos como sus agresores.

David Rivera, secretario del Juzgado de Primera Instancia de Santa Eulalia, asegura haber sido golpeado por Rigoberto Juárez, declaró además: “La gente Q’anbjobal es violenta”. Y puede identificar únicamente a Rigoberto Juárez, Domingo Baltazar y Ermitaño López durante los hechos y no a los demás sindicados.

Bartolo Sebastián Diego, ex comisionado militar y vecino de Santa Eulalia testificó acusando a las autoridades comunitarias de contratar gente para manifestarse contra el CAJ y trasladarlas en vehículos, pero no tiene pruebas para sustentar su declaración. Durante el interrogatorio de los abogados de la defensa de las autoridades comunitarias dijo que a él no le constan ninguno de los hechos por los cuales él testifica y fue contradictorio para responder a la pregunta sobre su licencia para portar de armas de fuego.

El señor Sebastiśn Diego, es allegado y está vinculado al ex-alcalde de Santa Eulalia, Diego Marcos Pedro y laboró con anterioridad para la empresa Hidroeléctrica CINCO M / Hidro San Lauis, que intentó instalarse en el municipio de Santa Eulalia. Durante su intervención dio respuestas contradictorias, sobre todo a la pregunta de uno de los abogados de la defensa sobre su licencia para portar armas de fuego. Negó poseer una, luego se contradijo.

Además, Sebastián Diego esta vinculado con agresiones vividas el 19 de marzo del 2015, cuando amenzaó a varios miembros del equipo de Prensa Comunitaria mientras realizaban la cobertura del intento de reapertura a la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ cerrada arbitrariamente por el ex-alcalde de Santa Eulalia, Diego Marco Pedro, este caso que se encuentra documentado y denunciado ante la fiscalía de delitos contra el periodista del Ministerio Público, sin que la investigación avance.

A las 2:40 de la tarde comenzaron a pasar los primeros testigos convocados por la defensa de las autoridades comunitarias de Huehuetenango.

Jueza presidenta del Tribunal A de Mayor Riesgo suspende audiencia por receso para ingerir alimentos.

A partir de las 2 de la tarde, la Juez Yassmin Barrios presidenta del Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo grupo A en la ciudad capital, reinicio el debate oral y público que enfrentan siete autoridades comunitarias y ancestrales del norte de Huehuetenango, de los municipios de Barillas y Santa Eulalia.

El primero de los testigos fue el señor Samuel Pedro Nicolás, quien es actualmente autoridad comunitaria y miembro de la junta de seguridad comunitaria de una de las comunidades de Santa Eulalia, quien narró como a petición del director del Centro de Administración de Justicia CAJ el señor Pascual Tiu Zapeta en Santa Eulalia se conformó una comisión en la noche del 19 de enero 2015, a petición del director del CAJ, esta comisión acompañó a Tiu Zapeta para que el mismo fuera a traer a cada uno de los trabajadores del MP, Juzgado y otros del CAJ para realizar la segunda audiencia el día 19 de enero.

El testimonio de Samuel Pedro Nicolás contradijo la afirmación del mismo Pascual Tiu Zapeta querellante en este proceso contra la autoridad comunitaria, quien afirmo desde el inicio que fue supuestamente agredido, obligado y amenazado.

El segundo testigo Eduardo Pablo es autoridad comunitaria del municipio Q’anjob’al de San Juan Ixcoy, él explica al tribunal el papel que jugaron ese día todas las autoridades comunitarias y ancestrales que asistieron al CAJ el 19 de enero luego de las agresiones y detenciones arbitrarias hechas por la PNC y el MP en San Mateo Ixtatán, la autoridad demandó una explicación a las autoridades del CAJ por el paradero de dos jóvenes detenidos ese día, quienes no aparecían.

“Nuestro papel todo el tiempo es el de beneficiar al dialogo para la resolución de cualquier tipo de problemática social, teníamos un proceso de revisión y coordinación con las autoridades del CAJ planteadas en distintos momentos con ellos para avances en la aplicación del derecho indígena y el derecho occidental, la tranquilidad de la población y el respeto de los funcionarios públicos del Estado.”

“El director del CAJ, Pascual Tiu Zapeta trató a las autoridades comunitarias y ancestrales como ignorantes, negó en todo momento encontrar una solución por las detenciones de jóvenes en Pojom, por intereses de las empresas hidroeléctricas y eso complicaba la situación en toda la región.”

“En ningún momento agredimos a nadie, no insultamos a ningún funcionario público, todo el tiempo solicitamos información de manera respetuosa al director del CAJ y este todo el tiempo nos engañó y no nos dio información.”

Presos políticos: inicia debate oral contra siete autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango

Este 6 de julio del 2016 y a pesar del retraso en el traslado a las autoridades comunitarias criminalizadas de Santa Eulalia y Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, por parte del sistema penitenciario, dio inicio la primera audiencia del Debate Oral y Público en el Tribunal de Sentencia “A” de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Yasmín Barrios cerca de las 10 horas, a pesar de haber estado citada para las 8:30 horas.

La audiencia se desarrolló con una gran afluencia de personas, entre familiares, vecinos de las comunidades a las que pertenecen las autoridades, también se hicieron presentes miembros de otros pueblos y comunidades solidarias, como La Puya y observadores de Derechos Humanos.

La Jueza Yasmín Barrios quién preside el Tribunal de Sentencia “A” anunció la solicitud de renuncia de la empresa hidroeléctrica Hidro Santa Cruz como querellantes adhesivos en el proceso penal en contra de  las siete autoridades comunitarias, así mismo el ex-alcalde de Santa Eulalia, Diego Marcos Pedro ha sido desligado en su calidad de querellante y ahora es testigo dentro del proceso.

El Ministerio Publico presento sus argumentos de acusación, en dónde acusa a las autoridades de los delitos de instigación a delinquir, coacción y detenciones ilegales, aunque en cada uno de los procesos intento en reiteradas ocasiones imputarles el delito de Plagio o Secuestro como un delito grave, buscando la pena de 25 años de prisión.

Los abogados defensores presentaron sus argumentos en favor de las autoridades comunitarias, alegando el uso del sistema de justicia en favor de las empresas hidroeléctricas, por medio del Ministerio Público, quien aplica a las autoridades la doctrina del Derecho Penal del Enemigo, los criminaliza y persigue judicialmente, para eso la prisión preventiva juega el papel de castigo, muchos de ellos tienen un año y cuatro meses, Maynor López cumplió tres años de estar detenido en Huehuetenango.

Uno a uno, los señores Arturo Pablo, Adalberto Villatoro, Francisco Juan, Mynor López, Ermitaño López y Rigoberto Juárez presentaron sus argumentos de defensa y atendieron a cada una de las preguntas de los fiscales y abogados defensores.

Las autoridades comunitarias fueron enfáticas en señalar su inocencia y todos concordaron en que esta persecución criminal en su contra es resultado de su trabajo comunitario en el cuidado del ambiente y su abierta oposición a los proyectos hidroeléctricos que de forma violenta se han instalado en sus territorios.

#LibertadPresosPoliticos #JusticiaYa