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San Pedro Ayampuc, Guatemala: se oponen a la instalación de un destacamento militar

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Por Selvyn Suruy.

Miercoles 20 de marzo 2016. Pobladores de las comunidades del municipio de San Pedro Ayampuc en el departamento de Guatemala se reunieron en la entrada de la cabecera municipal para manifestar su inconformidad con la imposición de un destacamento militar de la Primera Brigada de Infantería Mariscal Zavala.

En oportunidades anteriores se ha intentado imponer dicha base militar y en esta ocasión llegaron a las 2 de la mañana dos camiones con efectivos del ejército de Guatemala, por lo que la gente de las comunidades de San Pedro Ayampuc y miembros de la Resistencia Pacífica La Puya y La Laguna se manifestaron frente a la entrada de San Pedro Ayampuc y se encaminaron expresándose a través de algunas consignas en defensa del territorio y los recursos.

También piden que se respete la decisión de las comunidades de no tener un destacamento militar, ya que consideran que comprometería la resistencia a los megaproyectos de minería y transmisión de energía de alta tensión que tanto les preocupa.

Ante esto el Ministerio de la Defensa emitió un comunicado en el que se informa que se suspendía la actividad de inauguración programada para el día de hoy, esto ocurrió en conferencia de prensa en las intalaciones de la comuna.

Se conformó una comisión para dialogar con el alcalde Fredy Peláez Avalos pero este no se encontraba en el edificio municipal. La población espera que a mañana sea posible tener este diálogo.

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Intervención del Gobierno Plurinacional ante Foro Permanente de Naciones Unidas

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Palabras de Andrés Tomás León, Gobierno Plurinacional.*

“En estos momentos nuestro hermano Rigoberto Juárez, es quien debiera  estar dando este informe, sin embargo con honor lo representamos en este momento.”

En relación a los presos políticos y la criminalización, el Estado de Guatemala se ha aliado con las empresas para poder utilizar el sistema de justicia, perseguir y criminalizar a nuestros líderes, lideresas y autoridades indígenas que defienden su territorio, los derechos individuales y colectivos.

Hay dos maneras de cómo se realiza esta criminalización: a través de la forma de la disuasiva que pretende la desarticulación e inmovilización  de los pueblos indígenas, la tendencia punitiva que pretende  eliminar y acallar a los pueblos indígenas, solo en el caso q’anjob’al  en los últimos cuatro años se ha estigmatizado a trescientas setenta y un personas, sesenta y ocho mujeres y trecientos tres hombres de los cuales, seis han sido asesinados, cuarenta y uno han sido heridos, setenta y tres son ordenes de captura, treinta y uno han sido encarcelados, de ellos aún quedan siete en calidad de presos políticos.

Los principales actores de esta criminalización han sido los ex militares, paramilitares, sicarios, candidatos de partidos políticos, alcaldes municipales, diputados, gobernadores, periodistas, fiscales del Ministerio Público, jueces, jueces de Primera Instancia, policías estatales y privados, empresarios, inversionistas y medios de comunicación. Los empresarios han acusado a nuestros hermanos de diferentes delitos, entre ellos terrorismo, asociación ilícita, detención ilegal, plagio y secuestro, usurpación e instigación a delinquir, asesinato, etc.

Tenemos más de cien prisioneros políticos y más de mil perseguidos legales, en relación a la tierra y el territorio. Nuestra relación con la madre tierra como nuestro espacio, donde desarrollamos nuestra cosmovisión, es el fundamento del ser, es ahí donde desarrollamos nuestra identidad, donde desarrollamos nuestra historia y donde regresamos a nuestra forma de vida, sin embargo nuestras tierras están en desprotección jurídica.

También se ha propiciado un sistema de despojo y  la reconcentración de tierras en manos de capitales nacionales y transnacionales, al 2 de abril del 2014 existía un total de 65 licencias de explotación minera, 280 licencias de explotación, a ellas se suma 448 solicitudes de licencias de explotación y 138 de explotación en trámite.

Solo en el área q’anjob’al tenemos 27 licencias de actividad minera y 24 de hidroeléctricas, con esto podemos darnos cuenta que nuestro territorio ha sido y está en constante despojo y de tal manera eso tiene como efecto la falta de tierra, conflictos territoriales porque escasean  los alimentos y los recursos para que nuestro pueblo pueda vivir.

En el tema de las consultas  comunitarias, nosotros como mayas,  parte de nuestra práctica y  de nuestra forma de vivir, es el consultar sobre las decisiones más importantes de nuestro pueblo, sin embargo este derecho ha sido violentado por el mismo gobierno de Guatemala, puesto que desde el 2004 a 2015 se han contabilizado 80 consultas comunitarias que reflejan la opción de nuestro pueblo y en estas consultas no se ha aprobado ni se ha autorizado la explotación de los bienes naturales de los pueblos consultados.

Al mes de abril de 2014 existía un total de 65 licencias de explotación minera, 280 licencias de explotación, 448 solicitudes de licencia de exploración y 138 de explotación en trámite, lo que ha sucedido es que el Estado ha irrespetado la decisión de nuestros pueblos indígenas, no ha tomado en cuenta ni en consideración la decisión al otorgar licencias y concesiones o permisos a estas empresas y no ha solicitado la presentación de estudios de impacto ambiental.

La Corte de Constitucionalidad en algún momento ha ordenado la suspensión de una actividad extractiva, sin embargo las empresas han hecho caso omiso a esta decisión, entonces vemos que el tema de la consulta sigue siendo una controversia en su interpretación, por lo tanto es necesario que la consulta merezca una interpretación intercultural y multicultural.

*Gobierno Plurinacional de la nación Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Popti y mestiza del territorio norte de Huehuetenango.

Barillas: las fuerzas de seguridad del Estado al servicio de las hidroeléctricas

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Por Imox.

Recordamos como en Santa Cruz Barillas desde el año de 2012 la seguridad privada de la empresa española Hidro Santa Cruz S.A. / Ecoener Hidralia Energía el 1 de mayo realizo un atentado armado dirigido a uno de los principales líderes Q’anjob’ales el señor Pablo Antonio Pablo, en el atentado armado lograron salvar su vida Esteban Bernabé y Pablo Antonio Pablo lanzándose al río Qambalam, pero los atacantes lograron asesinar a Andrés Pedro.

El atentado armado logro justificar la respuesta violenta del gobierno de Otto Pérez Molina, la empresa y el Estado impusieron el estado de sitio en mayo 2012, que duró 15 días y que costó para los guatemaltecos más de cinco millones de quetzales y solo sirvió para cuidar los trabajos de Hidro Santa Cruz, intimidar y perseguir a los líderes comunitarios del municipio que no están de acuerdo con el proyecto hidroeléctrico de la empresa, nuevo fueron los detenidos de forma arbitraria por paramilitares.

Una muestra de la complicidad del gobierno fueron la militarización y el acompañamiento de las fuerzas Antimotines de la PNC para resguardar y proteger el ingreso del empresario español Luis Castro Valdivia dueño de Hidro Santa Cruz, acompañado de su jefe de seguridad el militar Juan Roberto Garrido en el año 2012.

Cuatro años después del atentado armado aún no se ha hecho justicia por el asesinato de Andrés Pedro Miguel, los dos autores del asesinato, ambos trabajadores de la empresa española siguen en libertad.