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La Puya: demandan el cierre definitivo de empresas mineras en Guatemala
Fotografía de Nelton Rivera.
Por: Nelton Rivera.
“Estamos haciendo un emplazamiento a la licenciada Annabella Morfin, Procuradora General de la Nación para que se despoje y deje atrás las relaciones profesionales que tuvo con la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala EXMINGUA y proceda en representación del Estado y pida la caducidad del proyecto que ella en un momento dado asesoro a la empresa.”[1]
El Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala CALAS y la resistencia pacífica La Puya presentaran este miércoles 20 de julio 2016 ante el Ministerio de Energía y Minas (MEM) un nuevo memorial para demandar que esta institución acate la resolución de la Corte Suprema de Justicia que ordenó el cierre total de la mina “El Tambor” en los municipios de San José Del Golfo y San Pedro Ayampuc.
También entregaran ante la Procuraduría General de la Nación (PGN) otro memorial para que la procuradora general acciones en contra de la empresa minera por no acatar la resolución de la corte.
En ese mismo sentido se accionara para que el Estado guatemalteco garantice el cierre de los proyectos mineros “El Escobal” en San Rafael Las Flores, el proyecto Sechol de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN en El Estor Izabal y el proyecto minero Niquegua Montufar II otorgado a la misma empresa.
“Haciendo uso del artículo 28 de la Constitución Política de la Republica le pedimos al ministro de Energía y Minas proceda en menos de un mes a la suspensión total de la los dos proyectos mineros, de no hacerlo él ministro de Energía y Minas estaría violentando la Constitución, violentando la ley y sería responsable penalmente por la omisión de dichos actos.”
“Los proyectos mineros de explotación deben de ser detenidos inmediatamente y deben de firmar su clausura… el MEM y el ministro deben actuar administrativamente y caducar el proyecto minero “El Tambor, Progreso VII derivada” Rafael Maldonado, abogado CALAS.
Minería criminal en Guatemala
La actividad minera de empresas canadienses y estadounidenses se ha implementado de forma ilegal en algunos casos, en otros con la complicidad de funcionarios públicos y en otros casos de manera criminal.
En San Rafael Las Flores en el departamento de Santa Rosa, la empresa minera San Rafael es uno de los ejemplos claros de como las empresas nacionales y transnacionales actúan de forma ilegal y criminal, la misma dinámica adopto la empresa EXMINGUA en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc en el departamento de Guatemala.
Frente a la imposición de estos proyectos extractivos, las comunidades y pueblos en estos territorios se organizaron, informaron y tomaron acciones para detener la construcción de ambos proyectos mineros, en San Rafael lograron avanzar con la explotación de minerales, para hacerlo recurrieron a la violencia política contra autoridades comunitarias opuestas al proyecto, acusaciones, criminalización y prisión para otros, incluso la imposición de un Estado de Sitio durante el gobierno del general Otto Pérez Molina.
En la Puya la historia es parecida, las transnacionales canadienses y ahora la norteamericana Kappes Kassiday & Associates KCA junto a la EXMINGUA repitieron patrones similares a la Minera San Rafael, llegaron a provocar la cooptación de personas, división comunitaria, criminalización de mujeres con liderazgos importantes en la resistencia pacífica, hubieron asesinatos de representantes de las comunidades en La Puya y varios intentos de desalojos violentos.
Frente a la dinámica de las empresas mineras, la resistencia en La Puya y El Escobal lograron articular fuertes movilizaciones, plantones pacíficos y en materia legal el reconocimiento de las formas ilegales y arbitrarias de obtención de las licencias de exploración y explotación mineras otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas, Medio Ambiente y Recursos Naturales durante los gobiernos de Álvaro Colom y Otto Pérez Molina.
Una batalla que han librado pacíficamente desde el año 2011 al 2016, las municipalidades, juzgados, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad resolvieron que los proyectos mineros “Mina El Tambor, Progreso VII Derivada” y “El Escobal con minera San Rafael” deben de ser cerrados inmediatamente.
Las autoridades en el MEM y el MARN se niegan a acatar las resoluciones de las cortes, no atienden las peticiones de las comunidades.
Extracción ilegal
Desde el año 2012 las comunidades en resistencia pacífica denunciaron el otorgamiento ilegal de la licencia de exploración y explotación mineras para la mina “El Tambor”, la empresa obtuvo a través del MEM el Estudio de Impacto Ambiental EIA con serias deficiencias y graves errores, demostrado en una evaluación hecha por dos especialistas y presentadas públicamente: “OBSERVACIONES PRELIMINARESPROYECTO PROGRESO VII DERIVADAANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL”
Durante el año 2015 la Municipalidad de San Pedro Ayampuc en una resolución del Consejo Municipal negó cualquier tipo de trabajo interno y de construcción a la empresa minera, luego la Corte Suprema de Justicia ordenó el cierre del proyecto minero.
El Ministerio Público detuvo a personal de la mina extrayendo mineral de forma ilegal, decomisaron cientos de miles de quetzales en concentrado de oro y plata entre febrero y mayo de 2016. La Puya: detienen a cuatro trabajadores de EXMINGUA por delitos medio ambientales
“Él ministro de forma inmediata y de oficio tuvo que haber resuelto estos cierres, la directora general de minería afirmo que no van a cerrar las licencias mineras, en una clara violación de la ley. Esperamos que derivadas de estas acciones se suspendan de forma definitiva la actividad minera y el cese de la actividad minera en Guatemala.” Rafael Maldonado, abogado CALAS.
[1] Entrevista al abogado Rafael Maldonado de CALAS, Guatemala 20 de julio 2016.
Santa Eulalia: la reforma al sistema de justicia y mega proyectos reúne a autoridades comunitarias y municipales
Por: Lorenzo Francisco.
La corporación municipal presidida por el alcalde Diego Domingo Pedro, Movimiento Social, miembros del Gobierno Plurinacional Q’anjoba’l (Yajawil Payxa Konob’). Convocaron a hoy domingo 26 de junio a autoridades comunitarias, Cocodes, líderes de diferentes iglesias y organizaciones que existen en Santa Eulalia para informar, análisis y tomar decisiones importantes.
Uno de los objetivos de esta reunión es la de informar sobre la comisión que viajó a la ciudad capital el pasado 24 de mayo a Ministerio de Energía y Minas (MEM), Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y Congreso de la República y Derechos Humanos, con la finalidad de presentar un memorial para impugnar la resolución número 003658 emitida por el MEM con fecha del día de 10 de octubre del 2015.
Esta resolución fue notificada el 17 de mayo de 2016, misma que atiende al memorial presentado el 11 de diciembre del 2014, relacionado a la oposición de la población a la construcción del proyecto de la hidroeléctrica San Luis de la empresa Cinco M S.A. con capacidad de 12.2 MW. El MEM resolvió que agotado el procedimiento que hizo para otorgar la licencia a la empresa Cinco M S.A. nada puede hacer para revocarla, y ordenó entonces archivar el memoria de petición del pueblo Q’anjob’al.
Julio Mateo, representante de la iglesia católica enfatizó sobre su preocupación por la emboscada que sufrieron los de la comisión de parte de la Policía Nacional Civil en la entrada a la ciudad de Huehuetenango durante las horas de la madrugada del día en que se dirigían a la ciudad capital.
Esto cuando aproximadamente a las 2 de la madrugada los detuvo una radio patrulla de la PNC posicionándose frente al microbús que los transportaba, y de inmediato fue rodeado el microbús por tres agentes más que aparecieron en diferentes direcciones, poniendo en riesgo a la delegación de representantes que viajaban a la capital.
Esto demuestra que la fuerza pública están haciendo operaciones de control y vigilancia de los representantes del pueblo maya Q’anojb’al fuera de las atribuciones constitucionales de brindar seguridad ciudad en democracia.
Otro de los puntos importantes a tratar en la agenda de este día, se hizo un análisis sobre las licencias de exploración y explotación de minería e hidroeléctricas en el territorio Maya Q’ANJOB’AL y en específico del pueblo de Jolom Konob’. Asimismo se analizaron las propuestas del pueblo maya Jolom Konob’ para la reforma constitucional del sistema de justicia guatemalteco, presentadas por el Gobierno Plurinacional en las mesas de dialogo nacionales para esta reforma.
El territorio norte de Huehuetenango ha sido de los territorios más afectados por la criminalización y persecución penal, especialmente por la función que asumen los operadores de justicia en contra de la organización comunitaria. Un ejemplo claro de todo esto son los 7 presos políticos del territorio en distintas cárceles del país.
San Mateo Ixtatán: verifican el desvío de tres ríos en Ixkisis para una hidroeléctrica
Por: Nelton Rivera.
Empresas como Proyectos de Desarrollo Hídricos S.A. (PDHSA) en el municipio de San Mateo Ixtatán en el territorio norte de Huehuetenango ejemplifican las formas violentas del modelo extractivo en Guatemala, múltiples han sido las denuncias de la población por las violaciones a los derechos humanos que constantemente comente la empresa y sus operadores, además del daño a la naturaleza que provocan.
El Estado guatemalteco se desentendió de atender las demandas de las comunidades del pueblo maya Q’anjob’al y Chuj de cancelar los permisos a estas empresas, la Policía Nacional Civil (PNC) y el ejército se instalaron nuevamente en la región, dejando de lado su mandato de brindar seguridad ciudadana o para salvaguardar la frontera del país con México, contrario a esto sirven de instrumentos de control y represión contra aquellas personas que se oponen pacíficamente a la construcción de las hidroeléctricas o mineras.
Leocadio Juracan diputado de izquierda en el Congreso de la república realizó una visita de verificación de la situación de los derechos humanos en San Mateo Ixtatán, especialmente por el desvío de tres ríos que abastecen del vital líquido a las comunidades, de esa cuenta se reunieron con autoridades comunitarias y líderes.
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Visita de verificación
En los últimos cuatro años las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos hechas por las autoridades comunitarias en la Microregión de Ixkisis en San Mateo Ixtatán y la fuerte problemática social que se vive en las comunidades del municipio por la instalación de la empresa PDHSA motivó la visita de uno de los parlamentarios que forman parte de una comisión interparlamentaria del Congreso de la república para atender este tipo de denuncias.
Leocadio Juracan diputado por Convergencia, representantes de organizaciones sociales y algunos delegados del Ministerio de Medio Ambiente (MARN) visitaron recientemente esta región, uno de los municipios que son frontera con México a unos 116 kilómetros de la ciudad de Huehuetenango que son 3 horas y media de camino y a unas 10 horas de distancia de la ciudad capital.
El diputado llegó el día viernes 24 de junio, se reunió con los representantes de las comunidades afectadas por la instalación de la empresa PDHSA que tiene relación directa con Ecoener Hidralia Energía / Hidro Santa Cruz para realizar la construcción de los proyectos Pojom I y II.[1] Estas empresas junto a la CINCO M con el proyecto Hidro San Luis en Santa Eulalia fueron señaladas de daños ambientales y otras graves violaciones, asesinatos, amenazas, criminalización y la prisión política de varios líderes de la región.
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El desvío de los ríos
Son miles de familias de distintas comunidades en San Mateo Ixtatán que dependen de los afluentes de agua de los ríos Pojom, río Negro y río Yalwitz que abastecen del vital líquido a sus habitantes, además del uso que hacen para la agricultura de auto consumo y para el comercio de la región.
La empresa PDHSA realiza la construcción de un canal gigantesco que desvía el cauce de los tres ríos, dirigiéndolos al lugar en donde instalaran la infraestructura y maquinaria para hacer funcionar la hidroeléctrica, recientemente las comunidades denunciaron el desvío de estos ríos: San Mateo Ixtatán: los proyectos hidroeléctricos son sinónimo de violaciones a los derechos humanos
Durante el gobierno del general Otto Pérez Molina ahora en prisión por dirigir estructuras criminales, se instaló el destacamento militar en Ixkisis dentro de las instalaciones de la empresa PDHSA en el año 2013, luego a finales del año 2015 el ministerio de Gobernación instaló una segunda comisaria de la PNC en las instalaciones de la misma empresa, la población entiende que estas son acciones para proteger los intereses y capitales de estas empresas.
Varios funcionarios del MARN pudieron verificar el desvío del cauce de los tres ríos en la región, también realizaron una visita del lado mejicano porque el desvío pone en riesgo a las comunidades que están ubicadas en territorio de México.
“Según el ministro del Medio Ambiente, el impacto provocado por esta empresa es nacional y transfronteriza, razón, por la que estuvieron presentes representantes de las colonias mexicanas de Benito Juárez y San Pedro, para llevar un proceso legal sobre este gran problema.”[2]
En distintos momentos los líderes comunitarios demandaron al Estado que interviniera para encontrar una salida a la problemática social, en 2013 formaron parte de la delegación que integro el Gobierno Plurinacional durante la instalación de una mesa de acercamiento con el gobierno de Otto Pérez Molina, en ese momento se alcanzaron varios acuerdos que no fueron respetados por las empresas y por las instituciones del Estado.
La Procuraduría de los Derechos Humanos PDH, se retiró de la región, dejando desatendida la observación en todo el territorio norte de Huehuetenango, muchas de las denuncias de la población no son recibidas, otras permanecen estancadas en las fiscalías en el Ministerio Publico, mientras todo esto ocurre bajo la mirada de la PNC y del ejército, instituciones que han participado en distintos momentos para realizar detenciones arbitrarias o para ejecutar varias órdenes de allanamiento.
Los trabajos realizados por la empresa como la remoción de la tierra y el desvío de estos tres ríos se realizan sin la supervisión del Estado, hasta el año 2015 la empresa no había logrado obtener los permisos municipales para trabajar, especialmente por la oposición del alcalde municipal quien respeto la decisión de las autoridades comunitarias y la Consulta Comunitaria realizada en al año 2009: Pojom, la historia de una agresión: la consulta comunitaria
[1] El caso de la empresa Ecoener – Hidralia en el norte de Guatemala. Alianza por la tierra. http://www.alianzaporlasolidaridad.org/wp-content/uploads/Informe-Hidralia.pdf
[2] Noti Pojom Official. AUTORIDADES VISITAN IXQUISIS POR EL DESVÍO DE TRES RÍOS. 25 de junio 2016. https://www.facebook.com/notipojom.org.np/
La Puya: “crónica de una muerte anunciada”
Por Nelton Rivera.
“Estamos hablando de la crónica de una muerte anunciada” la frase al escucharla de inmediato nos lleva a pensar en una de las novelas del escritor Gabriel García Márquez, la crónica de un suceso que terminará con un desenlace fatídico, mismo que todo el mundo conoce y sabe que deberá llegar en cualquier momento.
Con esta el abogado Rafael Maldonado del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) comenzó a narrar como esta mañana el Ministerio Publico (MP) realizó tres allanamientos[1] dentro de la finca e instalaciones de la mina “El Tambor” Progreso VII Derevida de la empresa Kappes Kassiday & Assocciates (KCA) con sede en EEUU. El resultado de las investigaciones del MP luego de varios años que la resistencia pacífica de La Puya insistiera en denunciar el saqueo de la empresa minera, esta podría tener un desenlace terrible.
Este lunes 6 de junio 2016 el MP constato que la empresa EXMINGUA-KCA continuó explotando de manera ilegal, “esto nos confirma el carácter criminal de esta empresa, al no acatar las resoluciones de la Corte Suprema de justicia, lo más impactante es que el MP no ha solicitado aún las ordenes de captura nacionales e internacionales contra de los gerentes y empresarios socios. Nos encontramos con una verdadera estructura criminal que se dedica al tráfico ilegal del patrimonio cultural que no declararon al Ministerio de Cultura y Deportes.”
La fiscal Aura Marina López en una conferencia de prensa realizada en el MP describió que los delitos cometidos por los personeros de la mina podrían tener una pena de 2 a 5 años de prisión por la explotación ilegal de recursos naturales, momentos antes la secretaria General del MP, Mayra Véliz anuncio los detalles de los allanamientos por la continuidad de las operaciones de la empresa EXMINGUA a pesar de la suspensión de la licencia de explotación que la Corte Suprema de Justicia y la Municipalidad de San Pedro Ayampuc que ordenaron meses atrás.[2]
Las comunidades en los dos municipios afectados por la empresa llevan años denunciando la forma ilegal y violenta de las operaciones de la empresa encargada de los trabajos de explotación EXMINGUA en dos fe los municipios del departamento de Guatemala.
En San Pedro Ayampuc por ejemplo el pueblo maya Kaqchikel demandó el respeto a su territorio junto a las comunidades mestizas en el mismo municipio y en San José del Golfo, el Estado simplemente protegió los intereses de los empresarios, hoy el MP confirmó el saqueo de varias piezas arqueológicas que pertenecen al pueblo Maya en esa región.
“… las empresas mineras en Guatemala no respetan el ordenamiento jurídico nacional, y solo ven como explotar y robar la riqueza natural del país. Como CALAS vamos a constituirnos como querellantes adhesivos en el proceso penal para buscar el castigo por los delitos cometidos por esta empresa y este es momento para que la nueva procuradora general de la nación busque el proceso administrativo para investigar y ordenar la caducidad en definitiva de los derechos mineros de esta empresa.”
Todo esto está sucediendo a escasos 20 kilómetros de la ciudad capital, idéntico al mismo pueblo pequeño y aislado como el pueblo de la novela de García Márquez en la costa del Caribe.
[1] Ministerio Público. https://twitter.com/MPguatemala/status/739900142963195904
[2] Conferencia de Prensa por allanamientos en mina “El Tambor” en San Pedro Ayampuc. Ministerio Público. https://twitter.com/MPguatemala/status/739893505544179712
El nuevo campamento de la resistencia pacífica de La Puya
Por: Nelton Rivera.
Frente al Ministerio de Energía y Minas MEM, la cotidianidad cambio completamente, ya no es común ver el paso de los carros en una de las principales avenidas de la zona 11, ahora el movimiento frente el MEM es distinto, la cantidad vehicular puede que sea la misma o más, pero quienes circulan frente al ministerio se detienen, usan sus bocinas para saludar y aprobar la resistencia pacífica que se instaló frente a su ingreso principal.
Los vecinos de la resistencia pacífica “La Puya” instalaron un nuevo campamento frente al MEM, las carpas se levantaron de inmediato, la cocina, la despensa, un dormitorio improvisado, un baño, el área de lavado, un altar maya y el católico quedaron instalados desde el día 3 de marzo 2016.
Un plato de comida no le falta para quienes cubren los turnos, o para quienes llegan a solidarizarse con esta lucha que busca proteger el agua, no solo de sus comunidades sino de toda la ciudad capital, siempre hay una tortilla, un plato de comida, cafè o fresco.
Los comunitarios hacen turnos para cubrir el campamento, ahora seguro son dobles porque hay que cubrir “La Puya” y también en el MEM, dos meses y ya son varias las agresiones que han sufrido pero esto no los ha hecho retroceder, de marzo a mayo los días han sido calurosos, posiblemente se registraron las temperaturas más altas en el país por la destrucción del ambiente.
Las lluvias de mayo comenzaron esta semana, el campamento de la resistencia deberá enfrentarse al viento, a la lluvia que seguramente entrara por los techos de vinil de las carpas improvisadas, el agua correrá por el asfalto mojando todo lo que encuentre a su paso.
Quienes en este nuevo campamento resisten le exigen al ministro de energía y minas, cumpla con la ley guatemalteca, la CC les ordenó suspender las operaciones de la empresa por violar las normas y leyes del país, la municipalidad también lo ordenó, pero fundamentalmente es la decisión de la gente quienes les exige suspendan a una empresa que ha cometido violaciones a los derechos humanos y que pone en riesgo el agua de todo un departamento.
Más de 76 días frente al MEM y el ministro no da su brazo a torcer, prefiere irrespetar las resoluciones de las cortes.
La CC ya dio una resolución
Recientemente la Corte de Constitucionalidad CC, resolvió que la licencia de explotación de la mina “El Tambor” Progreso VII Derivada debe de suspenderse por ilegalidades cometidas para el funcionamiento de la misma.
La resolución señalo que una de las principales ilegalidades que cometió la empresa minera fue incumplir con la consulta a las comunidades de los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo para solicitar la licencia de exploración y explotación de minerales en estos dos municipios del departamento de Guatemala.
La municipalidad de San Pedro Ayampuc en una resolución del consejo municipal también ordenó el cierre de la mina “El Tambor” en manos de la empresa EXMINGUA-KCA porque no tiene permisos municipales para la construcción en este municipio.
La empresa minera sigue operando, ahora de manera ilegal totalmente, cuenta con el respaldo del Ministerio de Gobernación, un puesto policial protege las instalaciones y al personal de la mina, de testimonios de los vecinos se sabe que acosan e intimidan a quienes llegan a la resistencia pacífica.
La resistencia pacífica “La Puya” nació en el año 2012 para defender el agua en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc del departamento de Guatemala, una empresa canadiense en el año 2010 llegó a los realizar estudios a las montañas de los dos municipios, la gente se enteró que quien había adquirido una finca era una de las empresas mineras más fuertes del continente, la Radius Gold Inc.
La organización comunitaria tuvo impacto, comunidades Kaqchikeles y mestizas lograron en “La Puya” contener el proceso acelerado de construcción de la planta de explotación para oro a cielo abierto, durante cuatro años muchas cosas han pasado y la organización comunitaria lejos de desarticularse ha logrado permanecer haciendo retroceder en las cortes el embate de la empresa.
Las acciones ilegales de la empresa KCA-EXMINGUA encontraron eco en las posiciones públicas del CACIF, quienes ven un peligro en la exigencia de la población y las resoluciones de las cortes que reafirmaron el derecho de consulta de la gente y las ilegalidades cometidas por las empresas mineras al rededor de la mina «El Tambor».
Prensa Comunitaria Km. 169 