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La Puya: demandan el cierre definitivo de empresas mineras en Guatemala
Fotografía de Nelton Rivera.
Por: Nelton Rivera.
“Estamos haciendo un emplazamiento a la licenciada Annabella Morfin, Procuradora General de la Nación para que se despoje y deje atrás las relaciones profesionales que tuvo con la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala EXMINGUA y proceda en representación del Estado y pida la caducidad del proyecto que ella en un momento dado asesoro a la empresa.”[1]
El Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala CALAS y la resistencia pacífica La Puya presentaran este miércoles 20 de julio 2016 ante el Ministerio de Energía y Minas (MEM) un nuevo memorial para demandar que esta institución acate la resolución de la Corte Suprema de Justicia que ordenó el cierre total de la mina “El Tambor” en los municipios de San José Del Golfo y San Pedro Ayampuc.
También entregaran ante la Procuraduría General de la Nación (PGN) otro memorial para que la procuradora general acciones en contra de la empresa minera por no acatar la resolución de la corte.
En ese mismo sentido se accionara para que el Estado guatemalteco garantice el cierre de los proyectos mineros “El Escobal” en San Rafael Las Flores, el proyecto Sechol de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN en El Estor Izabal y el proyecto minero Niquegua Montufar II otorgado a la misma empresa.
“Haciendo uso del artículo 28 de la Constitución Política de la Republica le pedimos al ministro de Energía y Minas proceda en menos de un mes a la suspensión total de la los dos proyectos mineros, de no hacerlo él ministro de Energía y Minas estaría violentando la Constitución, violentando la ley y sería responsable penalmente por la omisión de dichos actos.”
“Los proyectos mineros de explotación deben de ser detenidos inmediatamente y deben de firmar su clausura… el MEM y el ministro deben actuar administrativamente y caducar el proyecto minero “El Tambor, Progreso VII derivada” Rafael Maldonado, abogado CALAS.
Minería criminal en Guatemala
La actividad minera de empresas canadienses y estadounidenses se ha implementado de forma ilegal en algunos casos, en otros con la complicidad de funcionarios públicos y en otros casos de manera criminal.
En San Rafael Las Flores en el departamento de Santa Rosa, la empresa minera San Rafael es uno de los ejemplos claros de como las empresas nacionales y transnacionales actúan de forma ilegal y criminal, la misma dinámica adopto la empresa EXMINGUA en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc en el departamento de Guatemala.
Frente a la imposición de estos proyectos extractivos, las comunidades y pueblos en estos territorios se organizaron, informaron y tomaron acciones para detener la construcción de ambos proyectos mineros, en San Rafael lograron avanzar con la explotación de minerales, para hacerlo recurrieron a la violencia política contra autoridades comunitarias opuestas al proyecto, acusaciones, criminalización y prisión para otros, incluso la imposición de un Estado de Sitio durante el gobierno del general Otto Pérez Molina.
En la Puya la historia es parecida, las transnacionales canadienses y ahora la norteamericana Kappes Kassiday & Associates KCA junto a la EXMINGUA repitieron patrones similares a la Minera San Rafael, llegaron a provocar la cooptación de personas, división comunitaria, criminalización de mujeres con liderazgos importantes en la resistencia pacífica, hubieron asesinatos de representantes de las comunidades en La Puya y varios intentos de desalojos violentos.
Frente a la dinámica de las empresas mineras, la resistencia en La Puya y El Escobal lograron articular fuertes movilizaciones, plantones pacíficos y en materia legal el reconocimiento de las formas ilegales y arbitrarias de obtención de las licencias de exploración y explotación mineras otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas, Medio Ambiente y Recursos Naturales durante los gobiernos de Álvaro Colom y Otto Pérez Molina.
Una batalla que han librado pacíficamente desde el año 2011 al 2016, las municipalidades, juzgados, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad resolvieron que los proyectos mineros “Mina El Tambor, Progreso VII Derivada” y “El Escobal con minera San Rafael” deben de ser cerrados inmediatamente.
Las autoridades en el MEM y el MARN se niegan a acatar las resoluciones de las cortes, no atienden las peticiones de las comunidades.
Extracción ilegal
Desde el año 2012 las comunidades en resistencia pacífica denunciaron el otorgamiento ilegal de la licencia de exploración y explotación mineras para la mina “El Tambor”, la empresa obtuvo a través del MEM el Estudio de Impacto Ambiental EIA con serias deficiencias y graves errores, demostrado en una evaluación hecha por dos especialistas y presentadas públicamente: “OBSERVACIONES PRELIMINARESPROYECTO PROGRESO VII DERIVADAANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL”
Durante el año 2015 la Municipalidad de San Pedro Ayampuc en una resolución del Consejo Municipal negó cualquier tipo de trabajo interno y de construcción a la empresa minera, luego la Corte Suprema de Justicia ordenó el cierre del proyecto minero.
El Ministerio Público detuvo a personal de la mina extrayendo mineral de forma ilegal, decomisaron cientos de miles de quetzales en concentrado de oro y plata entre febrero y mayo de 2016. La Puya: detienen a cuatro trabajadores de EXMINGUA por delitos medio ambientales
“Él ministro de forma inmediata y de oficio tuvo que haber resuelto estos cierres, la directora general de minería afirmo que no van a cerrar las licencias mineras, en una clara violación de la ley. Esperamos que derivadas de estas acciones se suspendan de forma definitiva la actividad minera y el cese de la actividad minera en Guatemala.” Rafael Maldonado, abogado CALAS.
[1] Entrevista al abogado Rafael Maldonado de CALAS, Guatemala 20 de julio 2016.
Santa Eulalia: la reforma al sistema de justicia y mega proyectos reúne a autoridades comunitarias y municipales
Por: Lorenzo Francisco.
La corporación municipal presidida por el alcalde Diego Domingo Pedro, Movimiento Social, miembros del Gobierno Plurinacional Q’anjoba’l (Yajawil Payxa Konob’). Convocaron a hoy domingo 26 de junio a autoridades comunitarias, Cocodes, líderes de diferentes iglesias y organizaciones que existen en Santa Eulalia para informar, análisis y tomar decisiones importantes.
Uno de los objetivos de esta reunión es la de informar sobre la comisión que viajó a la ciudad capital el pasado 24 de mayo a Ministerio de Energía y Minas (MEM), Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y Congreso de la República y Derechos Humanos, con la finalidad de presentar un memorial para impugnar la resolución número 003658 emitida por el MEM con fecha del día de 10 de octubre del 2015.
Esta resolución fue notificada el 17 de mayo de 2016, misma que atiende al memorial presentado el 11 de diciembre del 2014, relacionado a la oposición de la población a la construcción del proyecto de la hidroeléctrica San Luis de la empresa Cinco M S.A. con capacidad de 12.2 MW. El MEM resolvió que agotado el procedimiento que hizo para otorgar la licencia a la empresa Cinco M S.A. nada puede hacer para revocarla, y ordenó entonces archivar el memoria de petición del pueblo Q’anjob’al.
Julio Mateo, representante de la iglesia católica enfatizó sobre su preocupación por la emboscada que sufrieron los de la comisión de parte de la Policía Nacional Civil en la entrada a la ciudad de Huehuetenango durante las horas de la madrugada del día en que se dirigían a la ciudad capital.
Esto cuando aproximadamente a las 2 de la madrugada los detuvo una radio patrulla de la PNC posicionándose frente al microbús que los transportaba, y de inmediato fue rodeado el microbús por tres agentes más que aparecieron en diferentes direcciones, poniendo en riesgo a la delegación de representantes que viajaban a la capital.
Esto demuestra que la fuerza pública están haciendo operaciones de control y vigilancia de los representantes del pueblo maya Q’anojb’al fuera de las atribuciones constitucionales de brindar seguridad ciudad en democracia.
Otro de los puntos importantes a tratar en la agenda de este día, se hizo un análisis sobre las licencias de exploración y explotación de minería e hidroeléctricas en el territorio Maya Q’ANJOB’AL y en específico del pueblo de Jolom Konob’. Asimismo se analizaron las propuestas del pueblo maya Jolom Konob’ para la reforma constitucional del sistema de justicia guatemalteco, presentadas por el Gobierno Plurinacional en las mesas de dialogo nacionales para esta reforma.
El territorio norte de Huehuetenango ha sido de los territorios más afectados por la criminalización y persecución penal, especialmente por la función que asumen los operadores de justicia en contra de la organización comunitaria. Un ejemplo claro de todo esto son los 7 presos políticos del territorio en distintas cárceles del país.
San Mateo Ixtatán: verifican el desvío de tres ríos en Ixkisis para una hidroeléctrica
Por: Nelton Rivera.
Empresas como Proyectos de Desarrollo Hídricos S.A. (PDHSA) en el municipio de San Mateo Ixtatán en el territorio norte de Huehuetenango ejemplifican las formas violentas del modelo extractivo en Guatemala, múltiples han sido las denuncias de la población por las violaciones a los derechos humanos que constantemente comente la empresa y sus operadores, además del daño a la naturaleza que provocan.
El Estado guatemalteco se desentendió de atender las demandas de las comunidades del pueblo maya Q’anjob’al y Chuj de cancelar los permisos a estas empresas, la Policía Nacional Civil (PNC) y el ejército se instalaron nuevamente en la región, dejando de lado su mandato de brindar seguridad ciudadana o para salvaguardar la frontera del país con México, contrario a esto sirven de instrumentos de control y represión contra aquellas personas que se oponen pacíficamente a la construcción de las hidroeléctricas o mineras.
Leocadio Juracan diputado de izquierda en el Congreso de la república realizó una visita de verificación de la situación de los derechos humanos en San Mateo Ixtatán, especialmente por el desvío de tres ríos que abastecen del vital líquido a las comunidades, de esa cuenta se reunieron con autoridades comunitarias y líderes.
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Visita de verificación
En los últimos cuatro años las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos hechas por las autoridades comunitarias en la Microregión de Ixkisis en San Mateo Ixtatán y la fuerte problemática social que se vive en las comunidades del municipio por la instalación de la empresa PDHSA motivó la visita de uno de los parlamentarios que forman parte de una comisión interparlamentaria del Congreso de la república para atender este tipo de denuncias.
Leocadio Juracan diputado por Convergencia, representantes de organizaciones sociales y algunos delegados del Ministerio de Medio Ambiente (MARN) visitaron recientemente esta región, uno de los municipios que son frontera con México a unos 116 kilómetros de la ciudad de Huehuetenango que son 3 horas y media de camino y a unas 10 horas de distancia de la ciudad capital.
El diputado llegó el día viernes 24 de junio, se reunió con los representantes de las comunidades afectadas por la instalación de la empresa PDHSA que tiene relación directa con Ecoener Hidralia Energía / Hidro Santa Cruz para realizar la construcción de los proyectos Pojom I y II.[1] Estas empresas junto a la CINCO M con el proyecto Hidro San Luis en Santa Eulalia fueron señaladas de daños ambientales y otras graves violaciones, asesinatos, amenazas, criminalización y la prisión política de varios líderes de la región.
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El desvío de los ríos
Son miles de familias de distintas comunidades en San Mateo Ixtatán que dependen de los afluentes de agua de los ríos Pojom, río Negro y río Yalwitz que abastecen del vital líquido a sus habitantes, además del uso que hacen para la agricultura de auto consumo y para el comercio de la región.
La empresa PDHSA realiza la construcción de un canal gigantesco que desvía el cauce de los tres ríos, dirigiéndolos al lugar en donde instalaran la infraestructura y maquinaria para hacer funcionar la hidroeléctrica, recientemente las comunidades denunciaron el desvío de estos ríos: San Mateo Ixtatán: los proyectos hidroeléctricos son sinónimo de violaciones a los derechos humanos
Durante el gobierno del general Otto Pérez Molina ahora en prisión por dirigir estructuras criminales, se instaló el destacamento militar en Ixkisis dentro de las instalaciones de la empresa PDHSA en el año 2013, luego a finales del año 2015 el ministerio de Gobernación instaló una segunda comisaria de la PNC en las instalaciones de la misma empresa, la población entiende que estas son acciones para proteger los intereses y capitales de estas empresas.
Varios funcionarios del MARN pudieron verificar el desvío del cauce de los tres ríos en la región, también realizaron una visita del lado mejicano porque el desvío pone en riesgo a las comunidades que están ubicadas en territorio de México.
“Según el ministro del Medio Ambiente, el impacto provocado por esta empresa es nacional y transfronteriza, razón, por la que estuvieron presentes representantes de las colonias mexicanas de Benito Juárez y San Pedro, para llevar un proceso legal sobre este gran problema.”[2]
En distintos momentos los líderes comunitarios demandaron al Estado que interviniera para encontrar una salida a la problemática social, en 2013 formaron parte de la delegación que integro el Gobierno Plurinacional durante la instalación de una mesa de acercamiento con el gobierno de Otto Pérez Molina, en ese momento se alcanzaron varios acuerdos que no fueron respetados por las empresas y por las instituciones del Estado.
La Procuraduría de los Derechos Humanos PDH, se retiró de la región, dejando desatendida la observación en todo el territorio norte de Huehuetenango, muchas de las denuncias de la población no son recibidas, otras permanecen estancadas en las fiscalías en el Ministerio Publico, mientras todo esto ocurre bajo la mirada de la PNC y del ejército, instituciones que han participado en distintos momentos para realizar detenciones arbitrarias o para ejecutar varias órdenes de allanamiento.
Los trabajos realizados por la empresa como la remoción de la tierra y el desvío de estos tres ríos se realizan sin la supervisión del Estado, hasta el año 2015 la empresa no había logrado obtener los permisos municipales para trabajar, especialmente por la oposición del alcalde municipal quien respeto la decisión de las autoridades comunitarias y la Consulta Comunitaria realizada en al año 2009: Pojom, la historia de una agresión: la consulta comunitaria
[1] El caso de la empresa Ecoener – Hidralia en el norte de Guatemala. Alianza por la tierra. http://www.alianzaporlasolidaridad.org/wp-content/uploads/Informe-Hidralia.pdf
[2] Noti Pojom Official. AUTORIDADES VISITAN IXQUISIS POR EL DESVÍO DE TRES RÍOS. 25 de junio 2016. https://www.facebook.com/notipojom.org.np/
La Puya: detienen a cuatro trabajadores de EXMINGUA por delitos medio ambientales
Por: Nelton Rivera.
La empresa minera EXMINGUA sigue operando de manera ilegal en San Pedro Ayampuc y San José Del Golfo en el proyecto minera “El Tambor” Progreso VII Derivada, este lunes 9 de mayo, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y Ministerio Publico MP, detuvieron a varios trabajadores de la empresa minera, en total cuatro trabajadores que se transportaban en un Pickup agrícola MAZDA color gris que coincide con el vehículo placas P176FNS. Pretendían transportar 19 sacos grandes con oro y plata semiprocesados, ese mismo vehículo de la empresa anteriormente ha ingresado y salido con toneles y costales desde la mina «El Tambor».[1]
Con la detención de 4 trabajadores mineros quedó evidenciado que la empresa EXMINGUA segue operando, hoy continuaban sacando minerales con este vehículo desde el interior de la mina, a pesar que la CC y la Municipalidad de San Pedro Ayampuc ordenó el cierre de la mina, esta empresa forma parte de Kappes Kassiday & Associates KCA una empresa que tiene sede en Reno California en los Estados Unidos.
Los vecinos de ambos municipios, denunciaron que los trabajadores de EXMINGUA sacan por bultos el mineral y lo colocan en el pickup para movilizar luego los minerales a las bodegas en donde lo almacenan, al momento de ser detenidos se les incautaron más de 10 sacos que podrían contener varios minerales, entre estos oro y plata, para la empresa ha sido complicado sacar los cargamentos de mineral en grandes camiones por eso emplearon un helicóptero en el mes de marzo para hacerlo, finalmente hacen viajes cortos con sus vehículos transportando los sacos.
El pickup de la empresa está detenido en la subestación de la policía en el centro de San José del Golfo, quienes iban en el carro podría ser trasladados a la Torre de Tribunales en el Organismo Judicial en la ciudad capital para ser procesados. Todavía no se conoce los nombres de los detenidos.
El Ministerio Público confirmó la detención 4 personas trabajadores de la empresa minera: «Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. más conocida como La Puya, luego de se les fuera localizados en el interior de un vehículo, 19 costales de concentrado de oro y plata. De acuerdo con las investigaciones del MP y dictámenes técnicos, los mismos están valorados en la cantidad de 100 mil dólares.» El total de los 19 sacos que eran trasladados fuera de la mina podría alcanzar un monto de $1,900,00o mil dólares o su equivalente a Q14 millones 600 mil quetzales.
En Prensa Libre se confirmó los nombres de los detenidos: «Edwin Rubén Díaz Veliz de 23 años; Julio Macario Valle,30; Wilder Sandoval Revolorio, 31 y Miguel Ángel García,46.» Todos trabajadores de Exploraciones Mineras de Guatemala S.A.
[1] Información del Abogado Rafael Maldonado de CALAS. https://twitter.com/rafa_calas/status/729746543817805824
Chuarrancho: en defensa del río Motagua frente al proyecto hidroeléctrico “El Sisimite”
Por Nelton Rivera -Prensa Comunitaria
Varias personas representantes de las comunidades y pueblos de Chuarrancho realizaron el día 22 de octubre una conferencia de prensa en la ciudad de Guatemala, en donde dieron a conocer sus principales demandas frente a las agresiones de la empresa GENASA y sus personeros, manifestaron el sentido pacífico de su resistencia y lucha, también demandaron la cancelación finalmente de la licencia de construcción del proyecto hidroeléctrico “El Sisimite“ y el pleno respeto de la Consulta de Vecinos del año 2009, en donde rechazaron de forma mayoritaria la construcción de proyectos hidroeléctricos sobre su territorio y ríos. En esta conferencia de prensa estuvo prensente el Colectivo Madre Selva que conjuntamente con la organización comunitaria, continuán un proceso legal para detener la continuidad de este proyecto hidroeléctrico.
Denuncian a una sola voz
La población de este municipio ve cómo su municipio dejo de ser uno de los lugares con mayor tranquilidad social, pues ahora de la misma manera que otros municipios y pueblos, se encuentra bajo las agresiones y presiones de las empresa nacionales y transnacionales. Todo cambió desde hace más o menos cuatro años. Del mismo modo que otros pueblos, Chuarrancho de forma organizada también defiende el territorio frente al modelo de acumulación y explotación industrial de los bienes naturales. A criterio de la población su mayor riqueza la vida, el agua, aire y la tierra.
Líderes comunitarios denuncian que la empresa Generadora Nacional S.A. –GENASA- llegó al municipio antes del año 2009, buscando acercarse a la población primero ofreciendo proyectos “ofrecieron proyectos productivos en las comunidades”, en otros lugares “llevaron computadoras para la población” y después provocando conflictividad social, presionando para instalar y construir el proyecto hidroeléctrico llamado “El Sisimite”.
Minería e hidroeléctricas son unas de las principales amenazas para Chuarrancho, su defensa por lo tanto se convierte en parte de la cotidianidad de la lucha comunitaria por el agua y el caudal del río “Motagua”, las comunidades fortalecen su defensa, articulación, movilización. La lucha legal es clave desde la resistencia pacífica en Chuarrancho.
Un exministro de Agricultura dueño de la hidroeléctrica
Álvaro Aguilar Prado un ingeniero industrial, ex ministro de Agricultura Ganadería y Alimentación durante el gobierno del ex presidente Oscar Berger Perdomo es el actual propietario de la empresa Generadora Nacional S.A. GENASA.
Las comunidades de Chuarrancho en un comunicado de prensa publicado el día 22 de octubre denunciaron que la empresa GENASA propiedad de Aguilar Prado “…pretende construir una represa sobre el río Motagua, 500 metros aguas arriba de la aldea San Buenaventura. La represa desviaría el curso del río Motagua mediante un túnel de 4.7 Km., desde la cortina hasta la casa de máquinas ubicada en la unión del río Las Vacas con el Motagua. El desvío dejaría prácticamente secos 10 Km. del cauce, entre San Buenaventura y Las Vacas.
La represa con una cortina de 36 m de altura, embalsaría 9 millones de metros cúbicos de agua cuyo peso equivale a 9 millones de toneladas. Al ser colocado este peso sobre la falla del Motagua, podría causar un nuevo terremoto debido al fenómeno de la “sismicidad inducida”. Además si un sismo dañara la estructura de la cortina, provocaría una inundación que arrasaría las poblaciones ubicadas aguas abajo de San Buenaventura.”[1]
Fuente: Comunicado Comunidades Chuarrancho – Colectivo Madre Selva.
Para variar conflictos causados por las empresas Aguilar Prado protagonizó recientemente un atentado armado en contra de dos jóvenes comunitarios, a quienes él mismo disparó desde su vehículo luego de intentar realizar de forma prepotente el ingreso de maquinaria para realizar trabajos en el terreno en donde tienen proyectado construir la casa de máquinas de la hidroeléctrica. Chuarrancho: ex ministro de Agricultura dispara contra dos comunitarios por oposición a hidroeléctrica
La típica respuesta estatal: la militarización para proteger a las empresas
También las comunidades Maya Kaqchikel de Chuarrancho en un comunicado denunciaron la presencia de efectivos militares incursionando en sus comunidades, lideres denuncian que la llegada del ejercito al municipio coincide con la conflictividad de la empresa hidroeléctrica y que ambos responden a la misma intencionalidad de garantizar las operaciones de la empresa, lo que genera preocupación por la actuación del ejercito y el papel represivo que este ha jugado en otros lugares del país.
“Nosotros los vecinos de Chuarrancho consideramos, que la presencia de los militares en nuestro municipio es una estrategia para intimidar o provocar reacción violenta de la población de parte la empresa quien quiere llevar a cabo el proyecto hidroeléctrico dominado El Sisimite sobre el rio Motagua, hace más de cuatro años estamos protegiendo el río, el 3 de agosto del dos mil nueve la comunidad de Chuarrancho hizo un consulta municipal donde se consultó a los vecinos están o no están de acurdo la instalación de dicho proyecto y la respuesta fue no a la construcción de la hidroeléctrica, durante el tiempo hemos tenido amenaza, intimidación y la compra de voluntades de parte de la empresa.”[2]
Conozcamos un poco sobre Chuarrancho
El territorio que actualmente se conoce con el nombre de Chuarrancho fue originalmente habitado por los pueblos originarios, como el pueblo Maya Kaqchikel que habita parte de las comunidades del municipio, fue desde el siglo XVII que este territorio comenzó a ser poblado también por población mestiza.
Chuarrancho fue declarado municipio del departamento de Guatemala, por el general Justo Rufino Barrios, el 4 de marzo del año 1884, pero fue finalmente en 1909 que se elevó Chuarrancho a categoría de municipio.[3]
Este municipio se encuentra geográficamente localizado al norte del departamento de Guatemala, administrativamente nombrada como Región I o Región Metropolitana. Por carretera se encuentra a 35 kilómetros de la ciudad capital, colinda al norte con “El Zarzal”, en dirección a Rabinal Quiche, hacia el sur con los municipios de San Pedro Ayampuc, la comunidad de San José Nacahuil, al oeste con el municipio de San Raymundo en dirección hacia Alta Verapaz.[4]
Sobre este territorio recorre el afluente del río Motagua, y sobre las comunidades esta ubicada parte de la falla sísmica que lleva su nombre, esta falla fue la responsable del terremoto en Guatemala el 4 de febrero de 1976, intensidad de 7,6 grados en la escala de Richter. La Falla del Motagua – Polochic como se le conoce atraviesa todo el territorio nacional, incluye Belice y el sur de Chiapas en México.[5] El Río Motagua es una de las principales fuentes de agua para los municipios de San Juan Sacatepéquez, San Raymundo, San Pedro Sacatepéquez y Chuarrancho, además del afluente del Río Las Vacas.[6]
Las comunidades de Chuarrancho cuentan con otros riachuelos que nacen en esta región, El Lagartero, El Naranjo, Lo de López y San Bernardo, también una serie de quebradas de mayor importancia en su geografía: De Chuapon, de Chuarrancho, de Guadalupe, de Tocay, Guapinol, del Armadillo, de Los Olotes, El Aguacate, El Cuajilote, Temal, El Chorrito, El Espinal, El Sandial, Jolom Cot, Las Limas, Tierra Blanca y finalmente “El Sisimite” quebrada en donde la empresa GENASA pretende construir un mega embalse para concentrar la totalidad del caudal del río.[7]
Comunicado de las Comunidades y Pueblos de Chuarrancho:
[1] Boletín de Prensa. El Proyecto Hidroeléctrico El Sisimite es rechazado por las comunidades de Chuarrancho. 22 de octubre 2013.
[2] Comunicado Comunidad Indígena Maya Kaqchikel de Chuarrancho. Guatemala Octubre 2013.
[3] Chuarrancho, conociendo su historia, costumbres y tradiciones. Chuarrancho 2011.
[4] Ibídem.
[5] Chuarrancho, conociendo su historia, costumbres y tradiciones. Chuarrancho 2011.
[6] Modelo de Desarrollo Territorial Futuro – MDTF. Municipio De San Raymundo, Departamento de Guatemala 2011-2025. Segeplan.
[7] Chuarrancho, conociendo su historia, costumbres y tradiciones. Chuarrancho 2011.
Prensa Comunitaria Km. 169 