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Barillas: las fuerzas de seguridad del Estado al servicio de las hidroeléctricas

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Por Imox.

Recordamos como en Santa Cruz Barillas desde el año de 2012 la seguridad privada de la empresa española Hidro Santa Cruz S.A. / Ecoener Hidralia Energía el 1 de mayo realizo un atentado armado dirigido a uno de los principales líderes Q’anjob’ales el señor Pablo Antonio Pablo, en el atentado armado lograron salvar su vida Esteban Bernabé y Pablo Antonio Pablo lanzándose al río Qambalam, pero los atacantes lograron asesinar a Andrés Pedro.

El atentado armado logro justificar la respuesta violenta del gobierno de Otto Pérez Molina, la empresa y el Estado impusieron el estado de sitio en mayo 2012, que duró 15 días y que costó para los guatemaltecos más de cinco millones de quetzales y solo sirvió para cuidar los trabajos de Hidro Santa Cruz, intimidar y perseguir a los líderes comunitarios del municipio que no están de acuerdo con el proyecto hidroeléctrico de la empresa, nuevo fueron los detenidos de forma arbitraria por paramilitares.

Una muestra de la complicidad del gobierno fueron la militarización y el acompañamiento de las fuerzas Antimotines de la PNC para resguardar y proteger el ingreso del empresario español Luis Castro Valdivia dueño de Hidro Santa Cruz, acompañado de su jefe de seguridad el militar Juan Roberto Garrido en el año 2012.

Cuatro años después del atentado armado aún no se ha hecho justicia por el asesinato de Andrés Pedro Miguel, los dos autores del asesinato, ambos trabajadores de la empresa española siguen en libertad.

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Barillas: tercer aniversario de la resistencia pacífica konob’ imox

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Por: Quimy De León y Santiago Bastos

Fotos: Lorenzo Francisco

Tres años se cumplen desde que las comunidades de Barillas decidieron un 7 de abril de 2013 instalarse permanentemente en resistencia pacífica “Nuevo amanecer“ en un camino comunitario para defender al río Q´ambalam, todo esto frente a la imposición de la empresa Ecoener Hidralia S.A. de construir una hidroeléctrica en este lugar.

Este camino es de la gente, es un camino comunitario y en este el 1 de mayo de 2012 fue asesinado el comunitario Andrés Pedro Miguel, según la versión de la gente que fue testiga y sobreviviente de este hecho los responsables del atentado son personas que trabajaron para la seguridad privada de la empresa.

La decisión de instalar el campamento de la Resistencia Nuevo Amanecer fue en su momento un acto importante: mostraba la continuidad de la resistencia al proyecto de Ecoener Hidralia Energía después de más cinco años de impunidad y agresiones por parte de esta empresa que conllevó la muerte de don Andrés Pedro Miguel, la prisión injusta de nueve de sus líderes durante ocho meses, y la persecución de otros muchos de ellas y ellos.[1)

La lucha pacífica de la gente en Barillas frente a la amenaza de las empresas transnacionales es desde el 2007 cuando se realizó una consulta comunitaria de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la que la población fue consultada acerca de su actitud hacía minería y otros mega. Fueron 46 mil 479 personas quienes mostraron su rechazo para este tipo de proyectos.

A pesar del rotundo rechazo, la empresa empezó su instalación a partir del 2009. El primero de mayo de 2012, Andrés Pedro Miguel fue asesinado y dos personas fueron heridas.  En este mismo contexto hubo una serie de hechos violentos protagonizados por un grupo de personas desconocidas. Después del ataque, el presidente Otto Pérez Molina ordenó un Estado de sitio que ha sido fuertemente criticado. Se culpó al movimiento social comunitario de estos hechos, pero la mayoría de estas personas afirman que su lucha es pacífica y que en todo momento han acudido a las autoridades para que se resuelva el problema.

La represión vino después

Dos semanas más tarde, el 22 de abril de 2013, algunos  trabajadores de Hidro Santa Cruz intentaron ingresar a las instalaciones de la empresa a pesar del plantón; y la gente organizada en la Resistencia Nuevo Amanecer les impidió el paso, planteándoles el motivo de su resistencia y que querían evitar el avance del proyecto hidroeléctrico, pues ésa era la razón de su presencia en ese lugar. Finalmente se les pidió que se retiraran.

Este hecho fue rápidamente recogido por la prensa corporativa. Emisoras Unidas y Prensa Libre dieron versiones sorprendentemente similares (al menos ésta última alude a un comunicado de la empresa): hablan de 14 trabajadores y de que se les hizo firmar un acta en que se comprometían a no volver a trabajar con la empresa. También dicen que “habría personas que no son originarias de Barillas, entre las que se encuentran varios extranjeros.[2]

Pero lo importante es que en estas dos pequeñas notas se vuelven a insistir en las acusaciones de violencia contra los trabajadores: “algunos de los retenidos han sido golpeados”, “los trasladaron bajo amenazas y golpes”, “les amenazaron de muerte en reiteradas ocasiones”.[3]Y esta versión dada por la empresa choca de nuevo con la de una mujer de la resistencia, que sí presenció los hechos:

Ahora que se cerró el camino, también detuvieron la marcha a otros trabajadores de la empresa y ¿qué dice la empresa? Sale diciendo de que la sociedad civil tiene secuestradas a 14 personas; y eso son puras mentiras. Nosotros no teníamos secuestrado a nadie. La otra mentira de ellos es que nosotros golpeamos y le hicimos un montón de cosas a esos trabajadores de la empresa. Un montón de cosas mentiras hacen ellos y luego lo subieron a internet. La empresa es capaz de hacer cualquier cosa y hablar, decir, publicar, con tal que condenen a gentes inocentes y a los que deben de ser condenados”.[4]

Estos son los hechos por los que se abrió la  Causa penal 139-2013, contra Arturo Pablo, Adalberto Villatoro Hernández, Francisco Juan por delitos de “plagio o secuestro, amenazas, instigación a delinquir, reuniones y manifestaciones ilícitas” contra 11 trabajadores (ya no 14) de Hidro Santa Cruz el día 21 de abril de 2013.[5]

Estos antecedentes nos muestran cómo estamos ante un caso más de flagrante construcción de un delito que, pese a ello, avanza como proceso judicial, evidentemente por la impunidad y el apoyo de las autoridades.

[1] Respecto a la resistencia y la represión en Barillas, ver Las voces del río. Relatos de la persecución política en Barillas, Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala; Santa Cruz Barillas: Criminalización y presos políticos (Enfoque n° 4, nero 2013).
[2]http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/pobladores-retienen-varias-horas-14-trabajadores-hidro-santa-cruz
[3] http://www.prensalibre.com/huehuetenango/Retienen-trabajadores-hidroelectrica_0_905909650.html
[4] Entrevista con lideresa comunitaria de Barillas, 25 de abril 2013
[5] https://comunitariapress.wordpress.com/2014/01/23/barillas-detienen-a-tres-defensores-del-agua-la-represion-continua/

Parlamento Europeo: denunciaran a empresas transnacionales que violan los derechos humanos y la naturaleza en Guatemala

Fuente: iueuropa.org

Por Nelton Rivera.

Marina Albiol Guzmán actualmente es diputada de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo y portavoz de la delegación de la Izquierda Plural[1], ella elevara al Parlamento Europeo una serie de denuncias en contra de empresas europeas asentadas en Guatemala por distintas violaciones cometidas.

“Vamos a denunciar como continúan operando las transnacionales aquí en Guatemala, como continúan saqueando los recursos naturales, como continúan espoleando los recursos naturales, implicadas a esas violaciones a los derechos humanos… también el Estado español tienen una responsabilidad con estas multinacionales porque muchas son de capital europeo y de capital español.”

En octubre del 2014 la diputada al parlamento Europeo cuestiono a la Alta representante y vicepresidenta Catherine Ashton en nombre de la comisión por las reiteradas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra el pueblo Maya Q’anjob’al y mestizo de Santa Cruz Barillas en Huehuetenango, violaciones echas por la empresa Ecoener Hidralia Energía de capital español dueña de la empresa Hidro Santa Cruz.[2]

La empresa Hidro Santa Cruz sería una de varias empresas señaladas ante el Parlamento Europeo, pero existen 27 centrales hidroeléctricas de capital europeo funcionando en Guatemala, más 20 proyectos en estudio de construcción.[3]

La conflictividad social de la empresa española en Barillas ha provocado la existencia de siete presos políticos por la defensa del agua y el territorio actualmente en prisión en Huehuetenango y en el Centro Preventivo para hombres de la zona 18 en la ciudad de Guatemala.

Vea la entrevista aquí:

Fuente: Canal Antigua.

[1] Izquierda Unida en el Parlamento Europeo. Marina Albiol. http://iueuropa.org

[2] Respuestas de la Alta representante y vicepresidenta Ashton en nombre de la comisión. Parlamento Europeo. 31 de octubre 2014.

[3] Ibidem.

 

Carta Abierta contra la represión, la criminalización y el despojo en Barillas

976516_441952032589308_700036020_o copyPublicada en: http://www.codpi.org/campanas/192-cartaabiertabarillas

GUATEMALA.- En las últimas semanas hemos asistido a un nuevo episodio de criminalización y represión en el territorio del pueblo maya q’anjobal del norte del departamento de Huehuetenango, Guatemala. Con fecha de 28 de septiembre de 2013, el activista Maynor López fue detenido arbitrariamente, para ser trasladado posteriormente y en un helicóptero militar hasta la capital departamental.

A raíz de estos hechos y de las protestas comunitarias que les sucedieron, se procedió a la militarización del territorio y se cursaron órdenes de captura contra varios dirigentes locales, profundizando en la criminalización que padecen las comunidades desde que comenzaron la resistencia contra la instalación del proyecto Cambalam, operado por la empresa Hidro Santa Cruz (subsidiaria en Guatemala de la española Hidralia Energía).

Ante estos hechos y en coordinación con las organizaciones locales, desde la CODPI hemos promovido la Carta Abierta “Represión, criminalización y despojo: causas de la conflictividad en Barillas y la región norte de Huehuetenango”, dirigida a las autoridades públicas, a las empresas implicadas y a las organizaciones sociales. A continuación, puedes acceder a la carta y a las personas y organizaciones que se han adherido a la misma.


CARTA ABIERTA

REPRESIÓN, CRIMINALIZACIÓN Y DESPOJO: CAUSAS DE LA CONFLICTIVIDAD EN BARILLAS Y LA REGIÓN NORTE DE HUEHUETENANGO

En las últimas semanas hemos asistido a un nuevo episodio de criminalización y represión en el territorio del pueblo maya q’anjobal del norte del departamento de Huehuetenango, Guatemala. Con fecha de 28 de septiembre de 2013, el activista Maynor López -opuesto a la construcción el proyecto hidroeléctrico Cambalam I- fue detenido arbitrariamente por personas no identificadas, para ser trasladado posteriormente, en un helicóptero militar, hasta la capital departamental. Organizaciones de derechos humanos denuncian que la detención se llevó a cabo sin orden de captura, y una misión de verificación presente en el lugar de los hechos -en la que participaron diputados nacionales- denunció la existencia de signos de torturas en el detenido.

A raíz de estos hechos y de las protestas comunitarias que les sucedieron, se procedió -una vez más- a la militarización del territorio y se cursaron órdenes de captura contra varios activistas locales, profundizando en la criminalización que padecen las comunidades y las organizaciones que les acompañan. El Ministro de Gobernación guatemalteco, Mauricio López Bonilla, llegó al extremo de acusar de terrorismo a la población opuesta al proyecto y de amenazar con la expulsión de las personas extranjeras que participen en protestas sociales.

El señor Maynor López es una de las cabezas visibles del movimiento legítimo de resistencia contra la instalación del proyecto Cambalam, operado por la empresa Hidro Santa Cruz (subsidiaria en Guatemala de la española Hidralia Energía). A raíz de este compromiso en defensa de los recursos naturales, el señor López ha sufrido señalamientos continuos por parte de la empresa, la cual le ha acusado públicamente y de manera sistemática de ser el responsable de obstaculizar los acuerdos con las comunidades, así como de fomentar el uso de la violencia y de tener razones particulares y políticas para su activismo.

Es necesario recordar que esta situación no es nueva. La conflictividad ha sido una constante en el municipio de Barillas y en los municipios vecinos, desde el momento en que se puso en marcha el proyecto Cambalam, el cual no sólo no cuenta con el consentimiento de la población, sino que ha sido explícitamente rechazado -al igual que cualquier otro proyecto minero o hidroeléctrico- por los y las pobladoras del municipio, en consulta realizada el 23 de junio de 2007. Esta preocupante situación vivió sus peores momentos cuando, tras el asesinato del comunero Andrés Pedro Miguel, opuesto al proyecto (1 de mayo de 2012), fue declarado un estado de sitio por parte del Gobierno de Otto Pérez Molina, de 18 días de duración, en el marco del cual se denunciaron graves violaciones de los derechos humanos.

El municipio de Barillas, así como el resto de municipios vecinos afectados por la violencia, forma parte del territorio del pueblo maya q’anjobal, cuyos derechos colectivos quedan recogidos en la Constitución Política de la República, los Acuerdos de Paz, y el Convenio 169 de la OIT, que forma parte del ordenamiento jurídico del Estado guatemalteco. Entre estos derechos, destaca especialmente el de participar en la gestión y conservación de los recursos naturales, así como el de ser consultados con carácter previo, de buena fe y mediante procedimientos apropiados, con la finalidad de alcanzar un acuerdo o lograr el consentimiento.

El proyecto Cambalam está operado por la empresa Hidro Santa Cruz, subsidiaria de la transnacional Hidralia Energía, con sede matriz en el Estado español (en la ciudad de A Coruña, Galicia). También este Estado ha ratificado el Convenio 169 de la OIT y está obligado a cumplir y a hacer cumplir los derechos por él reconocidos.

Ante este escenario, las personas y organizaciones abajo firmantes:

1. EXIGIMOS a las autoridades de Guatemala y del Estado español, tanto centrales como autonómicas, que cumplan y hagan cumplir a la empresa Hidralia Energía, así como a su subsidiaria en Guatemala, Hidro Santa Cruz, los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico guatemalteco y español, especialmente los recogidos en el Convenio 169 de la OIT, en cuanto el desempeño de estas empresas se da en un territorio habitado por pueblos indígenas.

2. EXIGIMOS a las autoridades de Guatemala, especialmente al Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, que cesen en la represión y la criminalización de las comunidades -así como de las organizaciones que les acompañan- movilizadas legítimamente en defensa de sus derechos colectivos, reconocidos tanto en las leyes guatemaltecas, como en el Convenio 169 de la OIT.

3. EXIGIMOS a la empresa Hidralia Energía, así como a su subsidiaria en Guatemala, Hidro Santa Cruz, que desistan de la construcción del proyecto hidroeléctrico Cambalam, el cual no cuenta con el consentimiento del pueblo maya q’anjobal de Barillas, en cuyo territorio se pretende instalar, y que cesen en el señalamiento de activistas y dirigentes comunitarios.

4. SOLICITAMOS a las organizaciones sociales de Guatemala, del Estado español y a la comunidad internacional, que mantengan su atención sobre el municipio de Barillas y todo el norte de Huehuetenango, denuncien las violaciones de derechos que se están produciendo y se sumen a la presente carta.

Porque consideramos que únicamente en un marco de respeto escrupuloso de los derechos humanos, individuales y colectivos, de los pueblos de Huehuetenango, es posible acabar con la conflictividad. Porque creemos que las comunidades del pueblo maya q’anjobal tienen derecho a vivir en paz y a elegir su propio modelo de desarrollo, sin sufrir por ello represión y criminalización.

“¿CUÁNTOS DERECHOS ES NECESARIO VIOLAR PARA PRODUCIR ENERGÍA?”

FIRMAS