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Militares fueron acusados formalmente por desaparición forzada y delitos de lesa humanidad en el caso CREOMPAZ

Prensa Comunitaria Km 169

Prensa Comunitaria Km 169

Por: Nelton Rivera.

En una audiencia histórica el Ministerio Publico MP responsabilizó esta tarde formalmente a diez altos mandos del ejército de Guatemala, como los responsables de haber cometido los delitos de desaparición forzada y delitos de lesa humanidad contra 565 personas de distintos pueblos indígenas durante la década de los años 80 en el departamento de Alta Verapaz. Hechos ocurridos  mientras los oficiales tuvieron a su cargo la base militar No. 21 “Coronel Antonio José de Irisarri” ahora Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz CREOMPAZ.

Desde Alta Verapaz llegaron familiares de detenidos desaparecidos durante la guerra, especialmente el pueblo maya Q’eqch’i, Achí y Pocomochí, quienes están presentes en la sala de audiencias, esta sala se ubica en el nivel 14 de la Torre de Tribunales y está completamente llena, con poca ventilación y espacio, las altas temperaturas que afecta al país también afecta a quienes asistieron a la sala.

Los oficiales procesados son Manuel Benedicto Lucas García, quien fue jefe del Estado Mayor General del Ejército e Ismael Segura Alburalach, Byron Humberto Barrientos Díaz, Gustavo Alonso Rosales García,  José Antonio Vásquez García, coronel Carlos Humberto Rodríguez López, coronel Pablo Roberto Saucedo Mérida, coronel César Augusto Ruiz Morales, comandante de batallón Juan Ovalle Salazar, Édgar Rolando Hernández Méndez comandante de la zona militar No. 21, Carlos Augusto Garavito Morán, Luis Alberto Paredes Nájera, César Augusto Cabrera Mejía y Raúl Dehesa Oliva.

La fiscalía de derechos humanos del MP, individualizó todos los delitos imputados a cada uno de los militares acusados durante esta audiencia de Fase Intermedia, realizada en el Tribunal de Mayor Riesgo A este 3 de mayo 2016, el periodo investigado es a partir de los años 1978 a 1982, aunque algunos oficiales permanecieron en la zona militar hasta 1987.

El MP solicitó que la Juez Claudette Domínguez resolviera la falta de mérito para dos oficiales que no fueron ligados a proceso en enero del 2016, el MP consideró que por el momento no había pruebas suficientes para ligarlos a proceso, los dos oficiales son Édgar Rolando Hernández Méndez y Carlos Humberto Rodríguez Lópe.

En el caso del coronel Luis Alberto Paredes Nájera, éste permanecerá en el hospital Militar en la zona 16 por el estado crítico de su salud, la doctora Anabella Brox de Arévalo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF- determinó a través de un informe médico forense del día 22 de abril 2016 que el militar no se encuentra en condiciones físicas y psicológicas para enfrentar este proceso penal.

Razón por la cual la juez ordenó que se conforme una comisión con dos especialistas del Hospital Mental Nacional “Carlos Federico Mora” y otro especialista aportado por los querellantes para determinar el estado actual del oficial y si finalmente podrá enfrentar o no el proceso penal en su contra.

A las 10 de la mañana todos los militares fueron retirados de la sala de audiencias en el nivel 14 y trasladados por el Sistema Penitenciario a la Brigada Militar “Mariscal Zabala”; lugar en el que se encuentran recluidos bajo prisión preventiva.

Fue a partir de las 3 de la tarde que la fiscal Gilda Pineda de la fiscalía de Derechos Humanos del MP comenzó a individualizar los delitos a cada uno acusados en el Caso Creompaz, fueron presentados 20,818 folios que forman parte de los medios de investigación, por los hechos cometidos en la década de los años 80 contra 565 personas halladas en 85 fosas clandestinas dentro de las instalaciones de la base militar No. 21 ahora llamada CREOMPAZ.

Estas osamentas corresponden a las personas que fueron detenidas, desaparecidas y ejecutadas por el ejército, los análisis forenses permitieron conocer que las osamentas pertenecen a indígenas maya Achí, Q’eqchi, Pocomochí, Ixil y Kiché.

La audiencia estuvo prevista para comenzar a las 8 de la mañana en el Tribunal de Mayor Riesgo A, iniciando con una hora de retraso, la seguridad en la Torre de Tribunales aumentó sus controles de ingreso al edificio de justicia, afuera de los tribunales un grupo de familiares de los militares procesados, acompañados por militares de baja y varias personas que llegaron también de Alta Verapaz manifestaron su rechazo al proceso penal que enfrentan los altos mandos del ejército.

Esta audiencia podría finalizar a las 10 de la noche de este martes 3 de mayo.

 

 

 

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Caso CREOMPAZ: militares acusados de desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad

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General retirado Manuel Benedicto Lucas García – Jefe del Estado Mayor durante el gobierno de Romeo Lucas García (su hermano) de 1981 a 1982

Viernes 8 de enero de 2016. En la sala de audiencias del nivel 14 de Torre de Tribunales pudimos conocer de voz de una fiscal, que durante la guerra ocurrieron una serie de crímenes inimaginables contra población civil. Supimos que más de 500 personas fueron desaparecidas por miembros del ejército entre el año de 1981 y 1988, después fueron llevadas a la zona militar No. 21 “Antonio José de Irrisarri” ubicada en la aldea Chicoyogüito en Cobán, Alta Verapaz y que ahí fueron asesinadas y enterradas sin que sus familiares supieran sobre su paradero a pesar de que con desesperación les buscaron, que llegaron hasta esa zona militar a preguntar por sus familiares, sin que nadie les dijera nada. Años después la misma gente denunció que ahí había un cementerio clandestino, así fue como un tribunal ordenó al Ministerio Público que se realizaran investigaciones.

Durante tres años – a partir de enero del 2012 – los desaparecidos empezaron a ver la luz, ya que se encontraron varias osamentas repartidas en 4 fosas. Así fue como se encontraron 558 osamentas de 90 menores de edad, 443 adultos, 3 adultos de la tercera edad, de 22 aún no se ha determinado su edad. Hasta esta fecha se han identificado mediante pruebas de ADN 97 personas. En el lugar donde estaba la zona militar No. 21 ahora funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz – CREOMPAZ, del Ministerio de la Defensa y las Naciones Unidas.

Esto ocurre dos días después que conocimos la sorpresiva noticia de que habían detenido a altos mandos y medios del ejército después de varios allanamientos en la ciudad de Guatemala y Cobán que estuvieron activos durante los años 1981 a 1988. Estos militares están ahora en la cárcel militar dentro del cuartel Mariscal Zavala acusados de desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad.

Audiencia de primera declaración

En una jornada doble que duró desde las 8: 30 AM hasta las 18: 30 PM se llevó a cabo la audiencia de primera declaración para 14 altos mandos militares en el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Claudette Domínguez. Esto debido a una acusación presentada por la fiscalía de Derechos Humanos por violaciones a los derechos humanos, delitos contra los deberes de humanidad, desaparición forzada a partir del caso de investigación conocido como CREOMPAZ.

Los militares son:

  1. Manuel Benedicto Lucas García
  2. Byron Humberto Barrientos Díaz
  3. Gustavo Alonso Rosales García
  4. José Antonio Vásquez García
  5. Carlos Humberto Rodríguez López
  6. Ismael Segura Abularach
  7. Pablo Roberto Saucedo Mérida
  8. César Augusto Ruiz Morales
  9. Juan Ovalle Salazar
  10. Édgar Rolando Hernández Méndez
  11. Carlos Augusto Garavito Morán
  12. Luis Alberto Paredes Nájera
  13. César Augusto Cabrera Mejía
  14. Raúl Dehesa Oliva.

La sala se encontraba llena, había familiares, esposas y amistades de los militares, organizaciones de derechos humanos y prensa nacional e internacional. Al inicio de la jornada los abogados de la defensa de los militares pusieron un recurso en donde pretendían que el juzgado de Mayor Riesgo A no conociera el caso pues según ellos no era competente, que después de esto se remitiera el caso a la Corte Suprema de Justicia o a una sala y que mientras tanto quedaran en libertad sus defendidos, a esto la jueza resolvió No a lugar pues argumentó que el juzgado si es competente según la ley.

Los hechos, los crímenes

La jueza dio la palabra a cada uno de los acusados para que dijeran su nombre, el de su esposa, su dirección, su profesión y la cantidad de dinero que ganan al mes para su sobrevivencia. Conforme los iban nombrando iban saliendo de la carceleta donde se encontraban, les quitaban las esposas y pasaban por una valla de guardias penitenciarios y periodistas hasta poder sentarse en el banquillo de los acusados. Así lo hicieron la mayoría de ellos, a excepción de dos de ellos que tienen problemas de salud, uno no escucha bien y el otro tiene dificultades para caminar.

Después tuvo la palabra la fiscal del Ministerio Público para que explicara los delitos por los que están detenidos y la relación de los hechos de forma individualizada, ella fue explicando el porqué se les vinculó a este caso y el cargo que tenían al momento de ocurrir los crímenes, la temporalidad.

Estos cargos fueron desempeñados y ocupados por los militares en el marco de la guerra, dando continuidad a la política contrainsurgente desarrollando operaciones militares en donde la población civil no combatientes fue considerada enemigo interno. También explicó cómo todo esto respondió a planes militares emanados de los altos mandos, esto se confirma en documentos y planes relacionados con la llamada Doctrina de Seguridad Nacional.

Según la acusación del Ministerio Público los militares participaron de estos planes y estrategias, tuvieron conocimiento de las operaciones contrainsurgentes, y que de acuerdo a la posición de cada uno, y según sus funciones y obligaciones pudieron evitar estos crímenes.

La fiscal fue desarrollando varios casos de desaparición forzosa ocurridas en Alta Verapaz contra población civil indefensa que pertenecían a las etnias q´eqchi, pocomchi´, achí, k´iche, este día solo pudo avanzar en la imputación para los oficiales de la zona militar No. 21: Ismael Segura Abularach, Byron Huberto Barrientos Díaz, Carlos Humberto Rodríguez López, Pablo Roberto Saucedo Mérida, Juan Ovalle Salazar, César Augusto Ruiz Morales y Benedicto Lucas García, quien fuera Jefe del Estado Mayor General del Ejército en los años de 1981 y 1982.

Se fue explicando la responsabilidad de los militares que tuvieron conocimiento de éstas y en lugar de que las personas fueran puestas a disposición de un órgano jurisdiccional – si es que hubieran cometido alguna falta – fueron desaparecidas. Y si es que sus subalternos cometieron estos crímenes pudieron denunciarlo y sancionarlo como parte de sus obligaciones pero no hicieron nada.

Las pruebas sobre estos crímenes fueron analizadas por varios expertos multidiciplinarios, pruebas científicas que han sido corroboradas y contrastadas con testimonios de familiares de las personas desaparecidas que no dejan ningún lugar a dudas. Está claro que hubo detenidos de forma ilegal, que fueron ejecutados y enterrados clandestinamente. Habrá que esperar a que se haga justicia y que la verdad histórica quede clara en este proceso penal.

Valientemente las familias de las víctimas de desaparición forzada y asesinato, dieron su testimonio y denunciaron estos hechos, contaron las últimas noticias que tuvieron de ellas hasta que pudieron saber de su paradero 30 años después cuando los encontraron sus osamentas en una fosa común con los ojos vendados y argollas de plástico en las muñecas, muchos con señales de haber sido asesinados de forma violenta.

Las investigaciones realizadas hasta hoy han permitido que se individualicen 88 casos de desaparición forzada como[1]:

Hombres de Pambach

  • El 02 de junio de 1982, un grupo de soldados realizaron un operativo militar en la aldea Pambach, Santa Cruz Verapaz, Cobán, se llevaron aproximadamente 75 hombres, los más jóvenes de la aldea, indicando que iban a prestar servicio militar; mismos que fueron desaparecidos forzadamente.
  • En la fosa FAFG 1433-XVII se localizaron 64 osamentas y se han identificado por ADN a 31 hombres, se presume que las demás osamentas también pertenecen a los desaparecidos.

Río Negro San Cristóbal Verapaz

  • El 13 de mayo de 1982 elementos del ejército de Guatemala y Patrullas de Autodefensa Civil –PAC- asesinaron aproximadamente a 80 personas -población civil no combatiente- Las mujeres y niños sobrevivientes fueron trasladados por a la Zona Militar número 21.
  • En la Fosa 1433-XV se localizaron 63 osamentas, según análisis osteológico realizado corresponden a mujeres y niños.

Caserío Chituj, San Cristóbal Verapaz

  • El 04 de mayo de 1981 en el caserío Chituj, municipio de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, integrantes del Ejército de Guatemala ejecutaron un operativo militar contra población civil, llevándose a Felipe Cal López, cuya osamenta fue recuperada e identificada por ADN en la fosa FAFG 1433-V donde fueron ubicadas 36 osamentas humanas más, de las cuales han sido identificadas 9.

Chiacal San Cristóbal Verapaz

  • En diciembre de 1981, Ricardo Mis Pacay, de 28 años de edad, salió de su casa ubicada en la aldea San Lucas Chiacal, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, hacia su parcela ubicada dentro de la misma aldea, pero ya no regresó.
  • Se exhumó la osamenta FAFG 1433-V-21 y se logró identificar por ADN.

Barrio San Sebastián, San Cristóbal Verapaz

  • El 28 de diciembre de 1981 en el Barrio San Sebastián, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, el Ejército de Guatemala realizó un operativo militar llevándose al menos a 3 personas.
  • En la fosa FAFG 1433-XIV se localizaron 13 osamentas, de las cuales 3 han sido identificadas por ADN, entre éstas, Alfonso Jom Lem, Lázaro Oswaldo Morán Ical y Teresa Jul.

Hombres de Chisec

  • En febrero de 1982, hombres de Chisec fueron obligados a trasladarse a la zona militar No. 21, permanecieron un día privados de su libertad y 3 de ellos fueron desaparecidos en la misma área.
  • En la fosa FAFG 1433-XVIII se logra localizar 7 osamentas entre las cuales se encuentra la de Genaro Caal, quien fue uno de los desaparecidos.

Seguimiento de la audiencia de primera declaración lunes 11 de enero

El lunes 11 de enero continúa la audiencia de primera declaración para que les sean explicados a los militares los delitos y la relación de hechos en donde cada uno fue responsable. Por cuestiones de tiempo quedaron pendientes de esto los militares Gustavo Alonso Rosales García, José Antonio Vásquez García, Edgar Rolando Hernández Méndez, Carlos Augusto Garavito Morán, Luis Alberto Paredes Nájera, César Augusto Cabrera Mejía y Raúl Dehesa Oliva. Por último y antes que terminara la audiencia los abogados defensores de algunos de ellos pidieron que el INACIF evaluara a algunos de ellos para certificar su estado de salud, incluso uno de ellos estaba pidiendo ya que fuera trasladado al Hospital Militar.

[1] Ministerio Público. CREOMPAZ: “Con este caso estamos hablando de uno de los mayores de América Latina de desapariciones forzadas”. 6 de enero de 2016. https://www.mp.gob.gt.

No hagamos de la Justicia un Circo

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Exhumación en comunidad Xexocom en Nebaj, Quiche. Año 2015. (Antiguo destacamento militar)

Por Carlos Fernández.

Desde el año 1998 comencé en las andadas. Para ese entonces estaba con el tema de rehabilitación física a víctimas sobrevivientes del Conflicto Armado Interno –CAI- y tiempo después paré trabajando en temas de reparaciones y devolución del REMHI en el año 2000 que impulsaba la iglesia católica guatemalteca. En esos años, me tocó ir a varios procesos de exhumación, ya que mis compañeros psicólogos creían que el patojo de la facultad de medicina de U privada tenía que sensibilizarse. La experiencia que dejan las exhumaciones de víctimas de violencia del CAI es única. Cada proceso a pesar de ser diferente al anterior, tenía una particularidad: el deseo de los familiares, muchas de ellas mujeres, de establecer el paradero de sus seres queridos.

Recuerdo estar sentado en un paraje mas allá de Soloma, Huehuetenango, ayudando a los antropólogos a llenar fichas de identificación de desaparecidos y escuchar el relato de señoras de avanzada edad que describían con lujo de detalles la forma en que iban vestidos sus esposos e hijos desaparecidos, fecha exacta y hasta que les habían puesto para comer en su jornal. Hubo momentos en los que debo confesar dudé de la exactitud de sus versiones. ¿Cómo era posible que alguien recordara con tanto exactitud después de 25 o 30 años ese tipo de detalles?

Una vez terminada la tarea de documentación y pasado un tiempo tocó regresar a la comunidad al inicio de la fase arqueológica. Se delimitó la trinchera en el lugar señalado por los testigos e inició el proceso de poco romántico debo decir de palear por horas. Conforme se iba profundizando, cubetas y más cubetas de tierra salían de la fosa y por momentos pensé que la gente se había equivocado de lugar. Fuera de la fosa el ambiente era de voces, risas de niños y madres hablando a sus hijos para que no tocaran las herramientas de los arqueólogos. En un árbol cercano, unos psicólogos hacían una suerte de taller psicosocial con los familiares. Había un poco de todo.

Con el pasar de las horas, cada vez había más personas alrededor de la ahora profunda fosa. El ambiente seguía siendo de poca solemnidad, hasta que una de las palas dio con la primera osamenta. Cuando el compañero pronunció las palabras “aquí hay una persona”, se hizo un silencio profundo y así siguió por varios minutos mientras iniciaba ahora una fase más minuciosa del trabajo en manos de los arqueólogos. Brochazo tras brochazo, pequeños picos y palas descubrían etapa por etapa no uno sino decenas de cuerpos apelmazados con manos amarradas, ojos vendados y orificios en el cráneo posiblemente provocados por proyectiles de arma de fuego. De pronto una de las mujeres da un grito de “aaayyy”, se agarra el rostro y llora con un desconsuelo que golpeaba el alma. Era una de las señoras que me tocó entrevistar; una de las osamentas correspondía con el pantalón, cincho, camisa y calzado que ella recordaba. Movía sus manos al cielo, como quien reclama a Dios por tanta injusticia. No entendí una sola de las palabras en idioma maya dichas por la señora en ese momento, pero no hacía falta. Sus gestos y su voz ahogada en llanto eran más que elocuentes.   Me asaltó un sentimiento de culpa por haber dudado he de confesar. Como ella, otros cientos de sobrevivientes tenían intacto el recuerdo del último día que vieron a sus seres queridos.

Ahora que han capturado a 13 militares entre ellos Benedicto Lucas García, hermano del sanguinario genocida Romeo Lucas García (1978-1982) se lleva en tribunales un proceso histórico de justicia. Cientos de familiares han esperado con ansias el tener la oportunidad de sentar frente a la justicia a quienes identifican como responsables de la tortura, desaparición, secuestro y asesinato de sus familiares. No tuve la ocasión de ir a la primera audiencia y dudo tener el tiempo para asistir a otras, pero las he seguido en redes, medios de comunicación y por amigos que si han presenciado. Uno de ellos me relató cómo en la audiencia del día 8 de enero de 2016 habían en la sala dos bandos (faltaba más en ésta Guatemala de la polarización) y cómo se dieron una serie de “incidentes” al nivel de sacarse la lengua, arrugarse la frente, “agredirse tomándose fotos mutuamente” y otra serie de actitudes infantiles.   De los familiares de los militares, no espero mucho. Pero de otras personas y organizaciones sí. Lo que ocurre en esa sala, no es un circo. Es un proceso que lleva años de estarse persiguiendo por los sobrevivientes de la masacres. Las evidencias son contundentes y han sido recabadas de manera científica, pero sobre todo, es la oportunidad única de las víctimas y no de las ONGs de acceder a justicia.

Los abogados del MP y de la querellante tienen tremenda responsabilidad. Ya hubo una experiencia poco agradable con el proceso contra Ríos Montt, en la que el litigio malicioso rindió sus frutos. En esta ocasión no deben cometerse los mismos errores o vicios de proceso que puedan dejar una rendija por la que se cuele un fallo de impunidad. Ojalá y lo tengan claro esta vez. De nada sirve ganar mediáticamente el caso si legalmente el fallo será de impunidad.

Es por ello que regreso al momento en el que se encontró la primera osamenta en aquella fosa que relaté líneas antes. Es momento de manifestar un profundo respeto por las victimas, detener el ruido innecesario y poner atención a lo importante. Acá no se están litigando ideales oenegeros o políticos de la derecha conservadora. Se ha puesto ante la justicia a perpetradores de violaciones a derechos humanos contra población desarmada, violadores sexuales, torturadores, secuestradores y sabrá Dios que otros delitos, documentados, insisto, de manera científica. No es momento de circos. La sangre derramada clama justicia; que las luces, flashes y momentos mediáticos no logren desvirtuar esta larga espera. No hagamos de la justicia un circo y menos aún, ocasión para sacar a pasear luchas ideológicas inútiles.