San Mateo Ixtatán: verifican el desvío de tres ríos en Ixkisis para una hidroeléctrica

Por: Nelton Rivera.

Empresas como Proyectos de Desarrollo Hídricos S.A. (PDHSA) en el municipio de San Mateo Ixtatán en el territorio norte de Huehuetenango ejemplifican las formas violentas del modelo extractivo en Guatemala, múltiples han sido las denuncias de la población por las violaciones a los derechos humanos que constantemente comente la empresa y sus operadores, además del daño a la naturaleza que provocan.

El Estado guatemalteco se desentendió de atender las demandas de las comunidades del pueblo maya Q’anjob’al y Chuj de cancelar los permisos a estas empresas, la Policía Nacional Civil (PNC) y el ejército se instalaron nuevamente en la región, dejando de lado su mandato de brindar seguridad ciudadana o para salvaguardar la frontera del país con México, contrario a esto sirven de instrumentos de control y represión contra aquellas personas que se oponen pacíficamente a la construcción de las hidroeléctricas o mineras.

Leocadio Juracan diputado de izquierda en el Congreso de la república realizó una visita de verificación de la situación de los derechos humanos en San Mateo Ixtatán, especialmente por el desvío de tres ríos que abastecen del vital líquido a las comunidades, de esa cuenta se reunieron con autoridades comunitarias y líderes.

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Visita de verificación

En los últimos cuatro años las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos hechas por las autoridades comunitarias en  la Microregión de Ixkisis en San Mateo Ixtatán y la fuerte problemática social que se vive en las comunidades del municipio por la instalación de la empresa PDHSA motivó la visita de uno de los parlamentarios que forman parte de una comisión interparlamentaria del Congreso de la república para atender este tipo de denuncias.

Leocadio Juracan diputado por Convergencia, representantes de organizaciones sociales y algunos delegados del Ministerio de Medio Ambiente (MARN) visitaron recientemente esta región, uno de los municipios que son frontera con México a unos 116 kilómetros de la ciudad de Huehuetenango que son 3 horas y media de camino y a unas 10 horas de distancia de la ciudad capital.

El diputado llegó el día viernes 24 de junio, se reunió con los representantes de las comunidades afectadas por la instalación de la empresa PDHSA que tiene relación directa con Ecoener Hidralia Energía / Hidro Santa Cruz para realizar la construcción de los proyectos Pojom I y II.[1] Estas empresas junto a la CINCO M con el proyecto Hidro San Luis en Santa Eulalia fueron señaladas de daños ambientales y otras graves violaciones, asesinatos, amenazas, criminalización y la prisión política de varios líderes de la región.

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El desvío de los ríos

Son miles de familias de distintas comunidades en San Mateo Ixtatán que dependen de los afluentes de agua de los ríos Pojom, río Negro y río Yalwitz que abastecen del vital líquido a sus habitantes, además del uso que hacen para la agricultura de auto consumo y para el comercio de la región.

La empresa PDHSA realiza la construcción de un canal gigantesco que desvía el cauce de los tres ríos, dirigiéndolos al lugar en donde instalaran la infraestructura y maquinaria para hacer funcionar la hidroeléctrica, recientemente las comunidades denunciaron el desvío de estos ríos: San Mateo Ixtatán: los proyectos hidroeléctricos son sinónimo de violaciones a los derechos humanos

Durante el gobierno del general Otto Pérez Molina ahora en prisión por dirigir estructuras criminales, se instaló el destacamento militar en Ixkisis dentro de las instalaciones de la empresa PDHSA en el año 2013, luego a finales del año 2015 el ministerio de Gobernación instaló una segunda comisaria de la PNC en las instalaciones de la misma empresa, la población entiende que estas son acciones para proteger los intereses y capitales de estas empresas.

Varios funcionarios del MARN pudieron verificar el desvío del cauce de los tres ríos en la región, también realizaron una visita del lado mejicano porque el desvío pone en riesgo a las comunidades que están ubicadas en territorio de México.

“Según el ministro del Medio Ambiente, el impacto provocado por esta empresa es nacional y transfronteriza, razón, por la que estuvieron presentes representantes de las colonias mexicanas de Benito Juárez y San Pedro, para llevar un proceso legal sobre este gran problema.”[2]

En distintos momentos los líderes comunitarios demandaron al Estado que interviniera para encontrar una salida a la problemática social, en 2013 formaron parte de la delegación que integro el Gobierno Plurinacional durante la instalación de una mesa de acercamiento con el gobierno de Otto Pérez Molina, en ese momento se alcanzaron varios acuerdos que no fueron respetados por las empresas y por las instituciones del Estado.

La Procuraduría de los Derechos Humanos PDH, se retiró de la región, dejando desatendida la observación en todo el territorio norte de Huehuetenango, muchas de las denuncias de la población no son recibidas, otras permanecen estancadas en las fiscalías en el Ministerio Publico, mientras todo esto ocurre bajo la mirada de la PNC y del ejército, instituciones que han participado en distintos momentos para realizar detenciones arbitrarias o para ejecutar varias órdenes de allanamiento.

Los trabajos realizados por la empresa como la remoción de la tierra y el desvío de estos tres ríos se realizan sin la supervisión del Estado, hasta el año 2015 la empresa no había logrado obtener los permisos municipales para trabajar, especialmente por la oposición del alcalde municipal quien respeto la decisión de las autoridades comunitarias y la Consulta Comunitaria realizada en al año 2009: Pojom, la historia de una agresión: la consulta comunitaria

[1] El caso de la empresa Ecoener – Hidralia  en el norte de Guatemala. Alianza por la tierra. http://www.alianzaporlasolidaridad.org/wp-content/uploads/Informe-Hidralia.pdf

[2] Noti Pojom Official. AUTORIDADES VISITAN IXQUISIS POR EL DESVÍO DE TRES RÍOS. 25 de junio 2016. https://www.facebook.com/notipojom.org.np/

Comisión interparlamentaria conocerá situación de presos políticos y violaciones de empresas extractivas

 

Por Cesia Juárez.

En cumplimiento a los acuerdos y compromisos suscritos por el Organismo Legislativo con la Marcha por el Agua, la Madre Tierra y el Territorio en Guatemala, y representantes de la Asamblea Social y Popular ASP, el Congreso de la República creó una Comisión Interparlamentaria para darle seguimiento a las demandas presentadas, en esta comisión se encuentra el diputado Leocadio Juracán de la Bancada de Convergencia CPO CRD.

El pasado 28 de mayo se apersonó la Comisión Interparlamentaria al Municipio de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, para verificar y documentar la situación denunciada por los comunitarios, en relación a los daños que las hidroeléctricas Oxec I y Oxec II están provocando en los ríos Cahabón y Oxec, del Pueblo Q’eqchí. Ésta Comisión se reunió en la iglesia de la comunidad de Champerico con líderes comunitarios, representantes y Cocodes de más de 40 comunidades del área gravemente afectados por los proyectos hidroeléctricos nombrados anteriormente. La Comisión escuchó las demandas, denuncias y preocupaciones de los pobladores de las Comunidades en mención y también de personas que viajaron desde Fray Bartolomé, Sayaxché, Chisec y Raxruhá, quienes denuncian que están siendo afectados por los monocultivos de palma africana los cuales están provocando el desvío y contaminación de sus ríos y fuentes de agua.

Una vez finalizada la reunión, los diputados que integran la Comisión Interparlamentaria, representantes de organizaciones de la Asamblea Social y Popular ASP, comunicadores sociales y un asesor del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) junto a un grupo de comunitarios se desplazaron hacia el área donde se están construyendo los proyectos hidroeléctricos Oxec I y Oxec II. La verificación transcurrió con total normalidad hasta que en el lugar conocido como El Puentón, trabajadores y personal de la seguridad privada de la hidroeléctrica, fuertemente armados salieron al paso, impidiendo la libre locomoción de la Comisión y demás personas que los acompañaban.

El diputado Juracán fue víctima de amenazas de muerte y agresiones  por parte de los trabajadores de la hidroeléctrica quienes con sus machetes desenfundados crearon tensión en el lugar. La seguridad y la integridad física de los integrantes de la Comisión estuvieron en grave peligro. Cabe destacar que a pesar de las amenazas y agresiones, el diputado Leocadio Juracán fue el mediador y consiguió que una hora después de su detención, los trabajadores y personal de la seguridad privada de la hidroeléctrica los dejaran en libertad.

“No es la primera vez que los trabajadores de la empresa hidroeléctrica nos amenazan de muerte” expresó un comunitario que acompañaba a la Comisión Interparlamentaria.

“Esperamos que el Ministerio Público actúe” agregó.

Así mismo los dirigentes de la Marcha por el Agua, demandan que el Organismo Legislativo se pronuncie en relación al tema de Presos Políticos en Guatemala, que monitoreen su situación dentro de las cárceles donde se encuentran y que verifiquen que se está respetando el debido proceso en los diferentes casos de criminalización contra defensores de Derechos Humanos.

De esa cuenta, el día Viernes 17 de junio, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y la Comisión Interparlamentaria, junto a representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Oficina Nacional de Prevención de la Tortura se reunieron con representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, para recibir información sobre los casos

El diputado Juracán hizo entrega de un listado de 7 personas detenidas de Huehuetenango, de los cuales tiene información gracias al apoyo de diferentes organizaciones de Derechos Humanos en el país que le trasladaron los datos, con éste listado suman 19  Presos Políticos en Guatemala, todos activistas de derechos humanos que han sido criminalizados por su lucha en defensa de su territorio, de los bienes naturales, del agua y la vida.

“Me preocupa enormemente que desde hace más de 1 año los hermanos de Huehuetenango fueron detenidos y me parece que hay una actitud de falta del debido proceso y perverso al estar siempre suspendiendo las audiencias”, expresó el diputado Juracán.

Hace un mes aproximadamente el Consejo de Pueblos de Occidente CPO remitió sus demandas a través de «El Memorial de los Pueblos» en donde piden la pronta libertad de los activistas detenidos, que se realice el debido proceso y que se respeten los Derechos Humanos.

“Vamos a invitar a las fiscalías del Ministerio Público que conocen estos casos para que nos den un informe de la situación actual de cada Preso Político, así mismo se creará una Comisión especial desde la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República para hacer el monitoreo correspondiente en los centros de detención donde se encuentren, para conocer su situación dentro del centro carcelario y su situaciónjurídica”, agregó Juracán.

En esta reunión participó Marcelo Sabuc, representante del Comité Campesino Del Altiplano –CCDA– e informó que en la región de Alta Verapaz hay alrededor de 82 órdenes de captura, que si no se resuelven a tiempo se materializará la detención, sumando más presos políticos en el país.

Leocadio Juracán aprovechó para invitar a todos los presentes, para que juntos acompañen a los presos políticos de Huehuetenango que iniciarán debate oral y público el día 6 de julio de 2016, en el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de la Ciudad de Guatemala, como muestra de solidaridad a la lucha de los Pueblos.

CCDA: asesinato de Daniel Choc Pop debe de ser investigado

El COMITÉ CAMPESINO DEL ALTIPLANO DE GUATEMALA –CCDA–

Ante las Declaraciones de La Gobernadora de Alta Verapaz, Delegados del Fondo de Tierras, Secretaría de Asuntos Agrarios y Comisión Presidencial de Derechos Humanos.

EXPONEMOS.

Rechazamos rotundamente la intención de la gobernadora de Alta Verapaz, del Fondo de Tierras y de la Secretaría de Asuntos Agrarios, como entes responsables de la institucionalidad agraria en el país, su intención de invisibilizar su responsabilidad y negligencia institucional ante el asesinato violento de Daniel Choc Pop, miembro del Comité de Campesino del Altiplano –CCDA, activista de Derechos Humanos, dirigente campesino y líder comunitario de la Comunidad de San Juan Los Tres Ríos del departamento de Alta Verapaz; quien atendía problemas relacionados con su labor social, y la certeza jurídica de tierras en esa región para varias familias campesinas e indígenas; como resultado de la conflictividad agraria que impera en el país, el cual no es un tema aislado como lo han querido hacer ver. Ésta es la evidencia de su negligencia e incapacidad para resolver la problemática de la población indígena y campesina de Guatemala.

En el 2012 en el marco de la Marcha Indígena, Campesina y Popular integrada por organizaciones indígenas, campesinas y populares así como comunidades campesinas  que salió desde Cobán para llegar a la ciudad capital entre sus planteamientos hacia los 3 poderes del Estado uno de ellos era la resolución de la conflictividad Agraria del país entre los casos presentados en su momento por el CCDA integrante de este esfuerzo de coordinación y lucha de los pueblos estaba el de la comunidad San Juan  los 3 Ríos.

En los casos a los que les da acompañamiento el CCDA se han establecido múltiples “mesas técnicas”, “mesas de diálogo”, “mesas de seguimiento” entre el Fondo de Tierras, la Secretaria de Asuntos Agrarios para encontrarle solución a los múltiples casos de conflictividad agraria entre ellos el caso de la Comunidad San Juan los 3 Ríos, teniendo como común denominador que solo han servido para retardar el abordaje de la problemática el 18 de marzo del 2014 se envió un documento con casos priorizados al Gerente del Fondo de Tierras  previo una reunión de consenso del día 10 de marzo del 2014 donde se abordaba el caso de San los 3 Ríos entre muchos más.

El día 17 de abril del 2015 amparados en legítimo ejercicio de los derechos constitucionales de reunión, manifestación y resistencia pacífica frente a la sistemática y reiterada violación a sus derechos humanos se instalan más de 400 familias provenientes del Pueblo Q’eqchi esta acción fue denominado por ellas como Comunidad Q’eqchi que estuvieron por más de 12 días a las afueras de Casa Presidencial donde se presentaron diversos casos de conflictividad agraria entre ellos el caso de la Comunidad San Juan los 3 Ríos, como se puede verificar en el documento dirigido al Presidente de la República en su momento documento que fue recibido por la Secretaria Privada de la Presidencia con fecha 20 de abril del 2015. En el mencionado documento presentado a la Presidencia de la República con fecha 20 de abril del año 2015 se denunció las múltiples amenazas que en muchos casos eran y son perpetrados por fuerzas irregulares armadas que no corresponden al Estado, también se denunciaba los casos de criminalización a los líderes y lideresas encarcelándoseles y girando ordenes de captura contra ellos y ellas.

En su momento se le planteó al Presidente de la República y la institucionalidad agraria acciones que conllevaran a la resolución de la problemática y se procediera a realizar las acciones que le corresponden al Fondo de Tierras establecida en el Decreto Numero 24-99 Ley del Fondo de Tierras y al Acuerdo Gubernativo No. 199-2000 Reglamento del Fondo de Tierras para su regularización.

El 20 de abril del 2015 en el marco de la Comunidad Q’eqchi se instala una mesa de alto nivel integrada por el Presidente de la República, Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Secretario de Asuntos Agrarios, Gerente del Fondo de Tierras, Asesor Presidencial responsable del Sistema Nacional de Dialogo y Representantes del Comité Campesino del Altiplano CCDA teniendo un primer documento de Acuerdos y Compromisos donde en su punto 5 estableció “Se acordó trabajar en forma inmediata de manera de analizar los 29 casos priorizados por el CCDA a efecto de tener una próxima reunión para la toma de decisión en el transcursos de esta semana con la presencia del Señor Presidente”.

El día 23 de abril del 2015 se sostuvo una reunión entre el Presidente de la República, Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Gerente del Fondo de Tierras, Secretaria de Asuntos Agrarios y representantes del Comité Campesino del Altiplano- CCDA- para dar respuesta a los casos priorizados en su momento, en esta reunión se firmó un documento de acuerdos y compromisos donde en el punto primero hace referencia “En lo que se refiere a los conflictos agrarios respecto a las fincas: Cerrito Samox, Ixloc San Pedrito y Comunidad  San Juan los  3 Ríos ubicadas en Cobán, Alta Verapaz todas relacionadas con acceso a la tierra, se acuerda por parte del Fondo de Tierras que en un plazo que no exceda de cuatro meses a partir de la presente fecha , realizará y concluirá las distintas fases del procedimiento de gestión para adquisición de tierras para las familias campesinas”

El día de 10 julio es emitido el Acuerdo Gubernativo 181-2015 donde se establecía las ampliación presupuestaria para el cumplimiento de la resolución de la conflictividad agraria de los casos de Cerrito Samox, Ixloc San Pedrito y Comunidad  San Juan los  3 Ríos ubicadas en Cobán, Alta Verapaz sin tener claro hacia donde se dirigieron estos recursos financieros dado que la problemática sigue vigente.

El día 28 de abril por intermediación del Diputado Leocadio Juracán en coordinación con el Doctor Rokael Cardona de la Comisión Nacional de Dialogo se convocó a la institucionalidad agraria y representantes del CCDA para abordar la resolución de los casos de conflictividad agraria arriba descritos, en este orden se han sostenido reuniones en las fechas 11 y 17 de mayo del presente año con la finalidad de darle solución y en todas estas jornadas de discusión a estado incluido el caso de la Comunidad de San Juan los 3 Ríos.

Asimismo que las familias de la Comunidad San Juan los 3 Ríos en múltiples ocasiones han sido amenazados hasta de muerte por presuntos guardias de seguridad de la Finca Rancho Alegre, intimidados con armas de fuego como lo han denunciado ante las instancias correspondiente siendo las denuncias más recientes las que obran en los expedientes EXP.ORIENTACION ORD A.V. 4072-2016 de la Oficina Regional de Alta Verapaz del Procurador de los Derechos Humanos el 31 de marzo del 2016 “indican los comunitarios que en la mañana del día 30 de marzo del 2016 a las 9:30 llegaron un grupo de personas con machete y armas en la mano diciendo que están autorizadas por el señor German Sierra Sorio , para sacarlos del lugar donde se encuentran”. En esta denuncia se deja constancia que se lleva un proceso de regularización ante el Fondo de Tierras.

Que existen denuncias de parte de los comunitarios de san Juan los 3 Ríos ante la Fiscalía de Distrito de Alta Verapaz del Ministerio Publico siendo una de las más recientes  el expediente MP 255-2016-2851donde se han emitido citaciones conciliatorias entre Germán Sierra Osorio, Hermelindo Chen, Evaristo Pop (siendo este último el presunto responsable material del asesinato de Daniel Choc Pop) y las familias de la comunidad siendo una de estas la más reciente con fecha 5 de abril  por parte de la Unidad de Decisión Temprana.  Donde los sindicados no se presentaron a la citación de conciliación de fecha 9 de abril del 2016  y como lo hace constar la fiscal auxiliar con fecha 11 de abril del año 2016.

Por todos los antecedentes antes descritos rechazamos cualquier intento de tratar de invisibilizar y declaraciones que traten de decir que el asesinato del dirigente Daniel Choc Pop que estuvo presente en todas las fases del proceso es un asesinato aislado o un conflicto entre comunitarios como lo han tratado de hacer creer  la Gobernadora Departamental de Alta Verapaz, Fondo de Tierras, la Secretaria de Asuntos Agrarios y Comisión Presidencial de Derechos Humanos con el único fin de esconder su incapacidad, su negligencia y su falta de voluntad de responder a los intereses de las comunidades indígenas y campesinas.

El CCDA– es una organización con presencia en veinte departamentos del país, con más de 34 años de historia en Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos.

El COMITÉ CAMPESINO DEL ALTIPLANO DE GUATEMALA –CCDA– responsabiliza al Estado de Guatemala, por desatender la problemática de la tierra en nuestro País.

Por lo anteriormente expuesto:

EXIGIMOS:

La RENUNCIA de Jimmy Morales y Jafeth Cabrera actual Presidente y Vice-Presidente  de la República de Guatemala; por la desatención que han demostrado ante ésta problemática y por no responder a las demandas presentadas por los Pueblos, y darle prioridad a sus intereses individuales y de la oligarquía nacional. Así mismo, pedimos la destitución urgente de las autoridades a cargo de la Institucionalidad Agraria del País, por su incapacidad de garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas.

Al Ministerio Publico una investigación imparcial que establezca los autores intelectuales y materiales que  esclarezcan el asesinato del dirigente campesino Daniel Choc Pop para que este no sea un caso más que quede en la impunidad como han quedado muchos más en la región.

A la Gobernadora de Alta Verapaz que aclare las declaraciones vertidas por ella y asimismo que gestione un resarcimiento para la familia del dirigente campesino Daniel Choc Pop.

SOLICITAMOS:

A la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG– solicitamos públicamente que se investigue el accionar de la Institucionalidad Agraria, del Ministerio Público –MP– y de los Administradores de Justicia en la región de Alta Verapaz, ante los actos de corrupción que estamos convencidos existen; ya que muchas comunidades indígenas y campesinas están siendo desalojadas y violentadas en sus derechos por el tráfico de influencias de los funcionarios públicos de la región.

En Guatemala Crece y se Fortalece una Esperanza.
Guatemala 11de junio de 2016.