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San Marcos: autoridades ancestrales exigen libertad de diez presos políticos

Asamblea de Pueblos Te Txe Chman

Por: Nelton Rivera.

La Asamblea de Pueblos Te Txe Chman y las autoridades ancestrales Maya Mam de San Marcos realizaron una conferencia de prensa durante la mañana de este jueves 4 de agosto 2016, a los medios de comunicación locales y medios comunitarios denunciaron el contexto de criminalización y represión que se vive en las comunidades desde el año 2008, cuando en distintos municipios de San Marcos se comenzó a conocer de la presencia de intereses del capital extractivista, en este caso minería e hidroeléctricas.

La representación de los pueblos maya Mam, Sipakapense, K’iché y mestizo denunció como empresas con capitales locales o extranjeros están dañando la paz y tranquilidad de las comunidades.

Empresas como HidroSalá, El Porvenir, Tres Ríos y Proyecto Negro que buscan imponer una serie de hidroeléctricas y presas de forma violenta y legal, sin la consulta previa a las comunidades, a pesar que en el territorio de San Marcos.

En ese contexto de conflictividad instalado por las empresas, la Asamblea de Pueblos denunció como el aparato de justicia del Estado judicializó a diez autoridades comunitarias, entre estas a doña María Maribel Díaz Gómez la segunda mujer en prisión política desde la firma de los Acuerdos de Paz.

Al mismo tiempo demandaron al Estado la inmediata libertad de las diez autoridades comunitarias de San Pablo, San Marcos, municipio en donde la violencia de las empresas es elevada.

Heriberto Evelio Santos López, Nery Edilmar Santos López, Simeón Mauricio Guzmán, Marco Tulio Pérez Pablo, María Maribel Díaz Gómez, Bruno Emilio Solís Pérez, Fausto Sánchez Robledo, Alfonso Chilel Hernández, Florencio Ramírez Rodríguez y Plutarco Irineo Clemente Pérez.

Pero unas horas después de la conferencia de prensa don Óscar Sánchez autoridad ancestral Maya Mam de San Marcos fue detenido de forma arbitraria por agentes de la Policía Nacional Civil. Ahora se eleva la cantidad de presos políticos de San Marcos en defensa del territorio.

Esta detención arbitraria de otra autoridad ancestral maya en Guatemala se realiza a escasos 13 días de la sentencia histórica del Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A presidido por la juez Yassmin Barrios en el que se reconoce el papel de las autoridades ancestrales en la mediación y representación legitima de los pueblos originarios, la defensa de la tierra y bienes naturales.

Comunicado de las autoridades ancestrales:

 

 

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Quiché: Lolita Chávez y la batalla por los bosques

Por: Nelton Rivera.

“En el pueblo del Quiché se está librando la guerra, en defensa de la tierra y el pan para no morir, en el pueblo del Quiché. Pueblo aguerrido y valiente, que en tus montañas dormidas, el despertar de la vida y el nuevo canto se siente…” Kin Lalalat.

En los últimos dos meses en el Quiché uno de los departamentos del país, la batalla por la protección de los bosques y contra la tala inmoderada de estos es una de las luchas principales de las comunidades del pueblo maya K’ich’e, del Consejo de los Pueblos K’ich’es –CPK- y de Aura Lolita Chávez Ixcaquiq.

Algo está pasando en el Instituto Nacional de Bosques (Inab) los encargados para este departamento de ésta institución realizan acciones en contra del CPK y de una de las mujeres que les representa, la batalla por los bosques es una de las luchas que se libran en este territorio, empresarios y delegados de los programas del INAB aumentan sus esfuerzos por deslegitimar y desacreditar el derecho de las comunidades para defender los bosques y el territorio, al mismo tiempo que personalizan las agresiones en contra de Lolita Chávez.

Frente a la diversidad de negocios que se generan con  la tala inmoderada de los bosques, el CPK y Lolita Chávez hacen frente a otra de las formas de despojo que se vive en Guatemala, en palabras de Rigoberto Juárez Mateo una autoridad ancestral maya Q’anjob’al uno de los presos políticos del país: “estamos viviendo el sexto despojo, el de nuestros bienes naturales”.

La movilización comunitaria puso públicamente ante la sociedad guatemalteca uno de los tantos temas que las autoridades gubernamentales y sus instituciones hacen de oídos sordos, el negocio ilegal de la tala de los bosques. Detrás podría estar la corrupción facilitandose desde distintas redes de empresas y empresarios que se benefician de la tala de los bosques, con la complicidad de los funcionarios públicos.

En el departamento del Quiché existe una de las redes  criminales más sofisticadas, en el año 2015 se publicó una investigación que confirma la existencia de esta red: En Guatemala, el viejo poder paramilitar reencarna a favor de los megaproyectos describe quiénes son las principales figuras de estas estructuras.

Aquí se mezclan y complementan viejas estructuras militares y paramilitares vinculadas a los años de mayor represión contra el pueblo K’ich’e e Ixil durante la guerra y que actualmente se entrelazan con los partidos políticos, funcionarios públicos, con la presencia de empresas nacionales y transnacionales vinculadas a los proyectos extractivos o megaproyectos, y si esto fuera poco al negocio de la tala inmoderada e ilegal de madera y las actividades que de esta se desprenden.

La problemática social en este departamento es seria, hidroeléctricas, represas, fincas, la Franja Transversal del Norte FTN, los ejecutores del Genocidio, sumado a la presencia de organizaciones criminales como los partidos políticos Partido Patriota PP y a personajes vinculados con el general Otto Pérez Molina.

Desde las comunidades y sus formas de autoridad y organización comunitaria la voz de alerta esta puesta, los señalamientos van directamente contra funcionarios del INAB y personeros de varios programas en el departamento del Quiché.

Las amenazas de muerte en contra de Lolita Chávez

El día jueves 23 de junio 2016 sobre la carretera en Santa Cruz del Quiché vieron transitar uno de esos tantos camiones que transportan grandes cantidades de árboles talados, las comunidades dieron el aviso y minutos despues el camión fue detenido para que el personal del Iban revisara la cantidad de madera en su interior. Representantes del CPK llamaron inmediatamente a varios delegados del INAB para que hicieran la cubicación de la totalidad de la madera que transportaban, por alguna razón estos delegados demoraron mucho tiempo en llegar.

Paralelamente fueron avisados los dueños del camión, esto se confirma porque un grupo de hombres armados llego desde la carretera interamericana hasta Santa Cruz del Quiché, Lolita Chávez narró que eran aproximadamente 10 y que varios de ellos iban armados. Luego en el MP se presentó el señor Oscar Montealegre proietario del camión que transportaba la madera quién presentó otra denuncia en contra de varias personas del CPK.

Lolita Chávez se encontraba en el Parque Central a la espera que los delegados del INAB se presentaran, dos hombres se acercaron a ella, uno de estos de forma violenta le gritó:

“¿Y vos quien sos para hacer lo que haces? Vas a ver que no vales nada. El otro de los sujetos estando tan solo un paso atrás del primer atacante le grito: “a esta mujer le vamos a quebrar el culo”.

Lolita inmediatamente busco auxilio, a escasos 10 metros habían varios agentes de la Policía Nacional Civil –PNC-, varias personas que la acompañaban al darse cuenta de las agresiones y amenazas la acuerparon, llamaron a la PNC, haciéndoles presión los agentes le pidieron a los dos hombres que se identificaran, el más viejo se negó en todo momento a presentar sus documentos.

Bajo la presión de los agentes otro de los agresores  finalmente entrego su DPI y dió los datos del otro atacante, resultaron ser padre e hijo: Francisco Par Bala y su hijo Sergio Orlando Par Reyes, del resto de hombres que llegaron con estos dos señores la PNC se negó a identificarlos.

Lolita ahí mismo les explico a los agentes las amenazas de muerte en su contra y de las agresiones verbales hechas por los dos sujetos, varias autoridades comunitarias tuvieron que hacer presión  para que los agentes de la PNC asumieran atender el llamado de auxilio hecho por Lolita Chávez, no es la primera vez que los agentes de la PNC desatienden los llamados de Lolita Chávez.

Varios comunitarios denunciaron que desde ese día (23 de junio) varios sujetos armados anduvieron por varios lugares del Quiché amedrentando con sus armas a los comunitarios, exigiendo que vendieran sus tierras, los testimonios de varias personas señalan que los mismos sujetos que llegaron a amenazar a Lolita Chávez estuvieron presentes en una de las concentraciones organizadas por los trabajadores del INAB el día 4 de julio 2016. Una concentración organizada por el INAB para acusar y amenazar directamente a Aura Lolita Chávez de expulsarla del departamento por denunciar la tala ilegal de árboles.

¿Qué está pasando con el INAB?

Fue desde el día de la concentración organizada por esta institución el día 4 de julio, varios representantes de los Comités Municipales de Desarrollo COMUDES del departamento le avisaron a Lolita Chávez que Byron Lec y Abelardo Monjaras, están llegando para difamarla y acusarla frente a los beneficiarios de los programas del INAB, buscan a través del recurso del rumor desinformar a las personas y crear división comunitaria. Byron Lec fungía como Director regional del INAB del Quiché  y Abelardo Monjaras es director subregional.

Las comunidades saben que hubo recientemente cambios en el interior del INAB del Quiché, al parecer removieron a Byron Lec del puesto y nombraron al ingeniero Carlos Castillo como director regional.

Las comunidades han denunciado varias veces que el INAB desatiende las denuncias por los casos de tala ilegal de los bosques, contrario a esto, están intentando incitar a los beneficiarios de los programas para agredir e intimidar a Lolita Chávez y a quienes forman parte del  CPK.

En el reportaje Quiché: realizan nuevas amenazas en contra de Aura Lolita Chávez defensora del territorio se explica la continuidad de las agresiones y amenazas en contra del CPK y específicamente en contra de la integridad de Lolita Chávez. Detrás de las agresiones están los representes de los programas del INAB en el departamento del Quiché.

Varios representantes de los programas del INAB son señalados de promover el traslado de beneficiarios de los programas para realizar concentraciones en el centro de Quiché, la primera la realizaron el día 4 de julio, durante esta concentración públicamente los señores Jorge Quezada representante de regentes forestales, Vitalino Muchuch, representante de Silvicultores y Benedicto Pérez Azañon, representante de la RED PINPEP, fueron vistos haciendo uso del sonido y lanzando serios señalamientos en contra de la integridad de Lolita Chávez.

¿Quién esta dando los fondos para pagar el traslado de los beneficiarios de estos programa? ¿La alimentación? ¿Alquiler de un sonido móvil?

En la concentración del 4 de julio también apareció Ana Rivera Bernal, quien dice representar a la junta directiva del PINPEP de ese departamento[1], es una de las principales detractoras del CPK por el trabajo que impulsa para detener la tala ilegal de los bosques, durante la concentración ella también emitió oponión sobre Lolita Chávez y el CPK. Rivera Bernal aparece en documentos del ministerio de educación como directora contratada, también tienen una relación laboral con la Fundación CALMECAC en 2015.

¿Qué papel está jugando el Ministerio Público?

Lolita Chávez luego de las amenazas de muerte recibidas por Francisco Par Bala y su hijo Sergio Orlando Par Reyes se dirigió a denunciarlos ante la fiscalía del MP en el departamento del Quiché, de esa denuncia se abrió un expediente. Lolita Chávez cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH emitidas desde el año 2005.

El día 11 de julio, Lolita Chávez recibió una citación de la fiscalía distrital del departamento del Quiché, en el documento el MP la convoca para el día miércoles 13 de julio para una reunión de conciliación por dos hechos distintos, uno es una denuncia que ella interpuso en el MP contra dos personas por amenazarla de muerte el día 23 de junio 2016 en el Parque Central de Quiché y el otro caso corresponde a una denuncia hecha en su contra por un trabajador del INAB y el representante legal de varias fincas que forman parte de los programas de esta institución.

La fiscalía distrital conexo dos expedientes entro del MP226-2016-2134 que contiene las denuncias  MP226-2016-2184 y el MP226-2016-2207. Una de las causas penales es por amenazas de muerte recibidas en el mes de junio 2016 por los señores Francisco Par Bala y Sergio Orlando Par Reyes.

La otra causa penal que el MP conexo es una denuncia hecha en contra de Aura Lolita Chávez, Rubén Samayoa y Martín Grijalva, el documento no explica porque tipo de delito fueron señaladas,  los denunciantes son Jorge Efraín Montealegre Vicente y Byron Felipe Lec De León.

Montealegre Vicente es representante legal de dos de las fincas de Juan Pu en El Rincón, Chicaman con expedientes (PO-2156 y 2157) también es representante legal una finca de la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CHIMEL -ASODICH- en la aldea Chimel, Uspantan y finalmente aparece como propietario de dos fincas en la aldea XIX en Chajul Quiché.[2]

Lolita Chávez acudió a la fiscalía distrital pero no le entregaron una copia del expediente completo, tampoco describe porque delitos es que esta citando el MP a una primer reunión de conciliación, sin describir a que personas convocó la fiscalía distrital.

[1] Prensa Libre. Exigen la continuidad del Inab en Quiche. Oscar Figueroa. 4 de julio 2016.

[2] INAB. Documento de Plantaciones Obligatorias.

Caso Creompaz: la cara de la represión y los vínculos con el gobierno

Prensa Comunitaria Km. 169

Prensa Comunitaria Km. 169

 

Por: Nelton Rivera.

Dos días le ha tomado a la fiscalía del Ministerio Publico MP individualizar las responsabilidades penales a cada uno de los 10 de 14 oficiales del alto mando del ejército guatemalteco involucrados en varios delitos de desaparición forzada, delitos de deberes contra la humanidad considerados de lesa humanidad y crímenes de guerra, la fiscalía aún no concluye. Estos delitos fueron cometidos durante los años de 1978 a 1982 en Alta Verapaz y Baja Verapaz, como epicentro la zona militar No. 21. Los militares querían “quitarle el agua al pez”; una estrategia conocida como tierra arrasada contra la población civil con el pretexto de combatir a las guerrillas, lo ocurrido en la Zona Militar No. 21 “Coronel Antonio José de Irisarri” es un claro ejemplo de las dimensiones desproporcionadas de la represión contra el pueblo maya Q’eqchi, Achí, Pocomochí, Ixil y Kiché en esta área.

Durante largas jornadas de 10 o 12 horas el Tribunal de Mayor Riesgo “A”,  ha escuchado a las dos fiscales del MP describir la acusación delito por delito, caso por caso, a varios de los oficiales, aún no concluye el MP y las familias de sobrevivientes de la guerra aun aguardan por la justicia o por lo menos que el proceso avance.  El Caso Creompaz como se le llama al proceso penal contra 14 oficiales detenidos en enero del 2016 se encuentra en la etapa intermedia o fase conclusiva, en esta etapa la fiscalía ira detallando los medios de prueba, el paso siguiente será que la Juez Claudette Domínguez quien preside el Tribunal de Mayor Riesgo A decida enviar a los 10 militares acusados de ir a un juicio oral y público ante un tribunal de sentencia.

Varios de estos militares acusados tienen vínculos con el partido político FCN, fueron sus financistas, tienen vinculación con el ahora presidente James Ernesto Morales “Jimmy Morales”, con alcaldes, gobernadores y diputados en el Congreso de la República electos por ese partido.

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Van dos días de fase intermedia  

Los abogados de la defensa, abogados de los querellantes, fiscales del MP, oficiales del Organismo Judicial, familiares de los desaparecidos y víctimas de la guerra, observadores de derechos humanos y la prensa fueron testigos del segundo día dedicado a la fase intermedia este jueves 5 de mayo en la sala de audiencias del nivel 14 de la Torre de Tribunales en la ciudad capital.

La audiencia fue programada para las 8 de la mañana, pero nuevamente comenzó con una hora de retraso, la primera etapa de esta audiencia se realizó el martes 3 de mayo, las dos audiencias han sido completamente maratónicas, jornadas de 12 horas ha realizado la juez Claudette Domínguez para garantizar la justicia pronta y cumplida insiste la juez.

El cansancio en las audiencias es notorio en los abogados, en los de la defensa y en los que querellantes, a cada jornada hay que sumarle el calor que azota al país, las altas temperaturas registradas se hacen sentir en una sala cuya ventilación es limitada, luego del medio día, en el público se van cerrando los ojos de algunas personas, otras caen ante el cansancio y el sueño provocado por el calor de la sala, más de alguno de los asistentes se queda dormido por algunos instantes, durante el segundo día de la fase intermedia quedaron muchas sillas vacías, quienes apoyan a los militares procesados esta vez no asistieron a la sala.

La audiencia finalizo a las 5 de la tarde, la juez la suspendió para continuarla  el viernes 6 de mayo a las 8 de la mañana.

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¿Quiénes son los militares acusados?

Los oficiales procesados son Manuel Benedicto Lucas García, quien fue jefe del Estado Mayor General del Ejército e Ismael Segura Alburalach, Byron Humberto Barrientos Díaz, Gustavo Alonso Rosales García,  José Antonio Vásquez García, coronel Carlos Humberto Rodríguez López, coronel Pablo Roberto Saucedo Mérida, coronel César Augusto Ruiz Morales, comandante de batallón Juan Ovalle Salazar, Édgar Rolando Hernández Méndez comandante de la zona militar No. 21, Carlos Augusto Garavito Morán, Luis Alberto Paredes Nájera, César Augusto Cabrera Mejía y Raúl Dehesa Oliva.

El MP solicitó que la Juez Claudette Domínguez resolviera la falta de mérito para dos oficiales que no fueron ligados a proceso en enero del 2016, el MP consideró que por el momento no había pruebas suficientes para ligarlos a proceso, los dos oficiales son Édgar Rolando Hernández Méndez y Carlos Humberto Rodríguez López.

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La comunidad “Los Encuentros” de Río Negro Baja Verapaz

La presentación de todos los casos por los que el MP está  acusando al oficial Cesar Augusto Cabrera Mejía, le tomo dos días, sobre él pesan la detención y desaparición de 128 casos de indígenas Pocomchí, Achí y Q’eqchí identificadas entre 588 osamentas que fueron exhumadas en el año 2012 en 85 fosas clandestinas dentro de la zona militar No. 21 actualmente Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz –CREOMPAZ-, más del 50% de las osamentas develaron señales de tortura, la mayoría tenia vendados los ojos, mordazas en la boca y las manos amarradas con lazos sintéticos.

De los hechos más impactantes descritos en estas audiencias está la masacre de la comunidad Los Encuentros en Río Negro en Rabinal Alta Verapaz en mayo de 1982, de cómo fueron trasladas en helicópteros artillados muchas personas para la base  militar en Cobán Alta Verapaz y de como nunca regresaron hasta el año 2012 cuando se realizó la exhumación de 85 fosas clandestinas en esa zona militar, 64 osamentas fueron halladas en la fosa número 17, las mujeres que se opusieron fueron violadas por los soldados.

Desde el día 3 de mayo inicio la acusación contra Cesar Augusto Cabrera Mejía, pero fue hasta  las cuatro de la tarde del jueves 5 de mayo que la fiscalía del MP concluyo con la acusación de Cabrera Mejía, luego llegó el turno del coronel Juan Ovalle Salazar, quien era el comandante del batallón, el MP lo responsabilizo de los hechos ocurridos en Agosto de 1982 en la Aldea de Pambach en Santa Cruz Alta Verapaz.

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La Aldea de Pambach en Santa Cruz Alta Verapaz

La fiscalía del MP realizó la imputación de los delitos contra Juan Ovalle Salazar; fue detallando los casos de los hombres detenidos desaparecidos de la Aldea Pambach en Santa Cruz Alta Verapaz cuando el ejército en agosto de 1982 secuestro a 80 hombres de la aldea, los masacro y luego los traslado a la zona militar en Cobán para ocultarlos ahí. Finalmente la fiscalía detallo los casos de violación sexual masivas de niñas, adolescentes y mujeres indígenas cometidas por el ejército en esas comunidades.

La detención arbitraria de 80 hombres maya Q’eqchi de la Aldea Pambach en agosto de 1980, el ejército llego de manera imprevista a la aldea, los soldados sacaron violentamente a los hombres de sus casas, fueron llevados a la escuela pública de la aldea, ahí los amarrón, algunos fueron golpeados y luego fueron trasladados por la tropa a una finca cercana.  A las mujeres les dijeron que los llevarían a la zona militar para que prestaran el servicio militar, nunca más los volvieron a ver.

Ese día el ejercito los llevó a una finca cercana, ahí los asesinaron brutalmente, cuando entro la noche del 2 de agosto, en camiones comando el ejército lanzo los cuerpos ya sin vida, los llevaron a la zona  militar número 21 en Cobán Alta Verapaz y ahí los enterraron en varias fosas clandestinas.

Todos los hombres que fueron secuestrados y desaparecidos en la Aldea de Pambach fueron exhumados en la fosa No. 17 en donde hallaron 64 osamentas en la zona militar No. 21 Creompaz, Ovalle Salazar también es responsable por las violaciones sexuales que el ejército cometió el día de la detención de los hombres de la aldea, violaron sexualmente a muchas mujeres, el MP narro como se dio el caso de varias niñas de 12 años quienes fueron violadas frente a sus madres, cuando al mismos tiempo eran violadas por otros soldados.

Ovalle Salazar dispuso el traslado de los cuerpos de los hombres asesinados, enterrados dentro de la zona militar en Cobán Alta Verapaz, con el aval y respaldo de los jefes superiores de Ovalle Salazar.

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Algunos nombres de quienes no pudieron ocultar

Emilio Velásquez, Alberto Chub Quin, Mateo Chub Ich, Juan Chub Ich, Leoncio Chub Ich, Miguel Jalal Jalach, Oscar de la Cruz Chomo, Isabel Ti Gualin madre de Marcela Ti (hija), Hugo Rolando Coy Cu, Martina Rojas, Magdalena Chen Iboy, Filiberto Pocasangre Hernández, Juan Caal Calal, Abelino Cojoc, Pedro Chiquin Bin, Baldomero Chiquin, Domingo Cho Cuc, Santiago Gualib, Rigoberto Moz Caál, Santiago Gualib, Rigoberto Moz Caál, Calistro Chiquin, Eleuterio Caál Quib, Juan Calel Cal, Atanasio Xuc Mos, Alberto Batz Cal, Andrés Max Benito Jalal, Julián Caál Chiquín, Fernando Choc Cuc, Arnoldo Max Tot, Alfonso Cho Já, Esteban Tul, Héctor Mos Caál, Paulino Xoná Coy, Martín Caál Tul, Francisco Já Gualib, Ricardo Caál Mox, Domingo Mos Caál, Tomás Mos Coc, Fernando Cal Jalal, Clemente Choc Cuc, Juan Jalal Caál, Santiago Max Tul, Oscar Max Tot, Vicente Caál Mo, Julian Calach Calal, Alberto Cal Xuc, Federico Tul Coy, Emilio Velásquez Tilom, Alberto Chub Quim, Juan Chub Quim, Lorenzo Chub Quim, Mateo Chub Quim, Cristobal Moran Mo, Leonzo Chub Quim, Mateo Chub Ix, Miguel Jalal Calach, Francisco Jalal Velasquez, Felipe Suram Gualib, Heriberto Can.

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Cesar Augusto Cabrera Mejía, FCN y el gobierno de Jimmy Morales

En las elecciones recientes en 2015, la creación de un partido nuevo, Frente de Convergencia Nacional FCN salto inmediatamente a la opinión pública al revelarse la presencia de oficiales del ejército vinculados a la zona militar No. 21 de Cobán Alta Verapaz y del pasado de terror que muchos de estos oficiales tienen pendiente aún con la justicia.

 “elPeriódico trató de entrevistar al general Luis Felipe Miranda Trejo y al coronel César Augusto Cabrera Mejía, quienes de acuerdo a documentos desclasificados y recopilados por el National Security Archive (NSA), dirigieron la Sección de Inteligencia (S2) del destacamento de Cobán entre 1982 y 1983.

Cabrera Mejía estuvo en la Zona Militar 21 entre 1982 y 1983, donde ocupó los cargos de oficial de inteligencia (S2), de personal (S1) y logística (S4). Él fungió, además, como jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional (1989-1990) y director de Inteligencia (D2), entre 1990 y 1991, y pasó por gran parte de los destacamentos del país.”

Con Cabrera Mejía también se encuentra en el partido FCN Edgar Justino Ovalle Maldonado, quien fungió como Oficial de Operaciones (S3) en la zona militar No. 21 en Cobán Alta Verapaz, ahora es diputado electo en el Congreso de la Republica, es secretario general del partido FCN y es quien conduce las riendas de ese partido, incluso de la agenda del presidente,  el MP no logró retirarle el derecho de antejuicio.

En una investigación hecha por El Observador se describe un listado de oficiales del ejército vinculados con el presidente Jimmy Morales, mismo que negó en repetidas ocasiones que FCN tuviera vínculos con militares:

“Muy cercano a Morales estaría César Augusto Cabrera Mejía, militar de la Promoción 72, la misma de Quilo Ayuso. Morales lo había mencionado, de ser electo Presidente de la República, como su Ministro de Gobernación. En el gobierno de Otto Pérez Molina y el PP, Cabrera Mejía ha sido asesor del Ministerio de Salud.

Con sobrenombre Nito, Cabrera Mejía fue Subjefe del Departamento de Seguridad Presidencial y Director de la G-2 durante el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo (1986-1990) y de la Desaparecida Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG). De esa cuenta, fue parte de esa estructura político-militar que estaba a cargo de la seguridad del Estado en momentos en que ocurrieron varios asesinatos prominentes como los de la antropóloga Myrna Mack y del periodista Julio González Gamarra, así como también el atentado contra el periodista Byron Barrera en el que perdió la vida su esposa, hechos que ocurrieron en 1989.”[1]

Fotografías de Nelton Rivera.

[1] Telesurtv. Los nexos de Jimmy Morales que no causan risa. http://www.telesurtv.net/telesuragenda/Nexos-de-Jimmy-Morales-que-no-dan-risa-20151023-0096.html

Totonicapán: manifestarán por falta de abastecimiento del servivio de agua por parte de la municipalidad

Por: Redacción Prensa Comunitaria

Este domingo 2 de enero se llevó a cabo la primera reunión del año 2016 de la Comunidad Independencia de la zona 2 del municipio. Esta fue una reunión urgente debido a que las vecinas y vecinos manifiestan su malestar por la falta de abastecimiento de agua domiciliar desde hace varias semanas y esto genera un conflicto entre el sistema tradicional de gestión y administración del agua del pueblo de Totonicapán y el servicio municipal. Se sospecha dadas las versiones de las partes involucradas, de negocios oscuros de funcionarios públicos con la necesidad del vital líquido.

Además vecinas y vecinos del casco urbano de Totonicapán convocan a una manifestación por la falta de abastecimiento del servicio de agua domiciliar por parte de la municipalidad.

 

4 de enero de 2016. 9:00 de la mañana.
Punto de reunión: Salón Comunal de la zona 2.
Llevar cubetas para hacer ruido!

Totonicapán y la protección del árbol de Pinabete

Por Dina Juc.

Las Parcialidades son unidades familiares de bosque que fueron asignadas justo en los primeros momentos de la compra del bosque comunal en Totonicapán muchos tienen registros de derecho de uso de familia; esto consiste en que son familias que lo han administrado por generaciones. Ellos tienen sus modos de uso, turnos y participan de 48 cantones, sin embargo la organización ha tenidos varios problemas.

A pesar de la forma ancestral de organización ha sido lento el trabajo de articulación, desde el 2012 al 2013 se lograron algunos espacios de reencuentro, a partir del control de la tala del Pinabete en donde las parcialidades tienen áreas destinadas para la siembra y comercialización y otras son específicamente para la conservación.”[1]

Durante los primeros días del mes de diciembre “Las Parcialidades” denunciaron la falta de apoyo de parte del Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP en la protección del árbol de Pinabete, el problema radica que el CONAP no tiene presupuesto asignado para hacerlo. Otro de los problemas que se denunciaron es la continuidad de las personas que siguen haciendo la tala Ilegal de los árboles en la comunidad de Quiacquix a pesar de los patrullajes comunitarios que se realizan para protegerlos.

El día 02 de diciembre La Parcialidad de la comunidad de Chipuac y Quiacquix realizaron la “Campaña de protección del Pinabete”, en esta actividad participaron las autoridades comunales, los representantes de las ocho Parcialidades que conforman la Mesa de Parcialidades de Totonicapán, la Asociación Utz Che’ y el INAB.

La Mesa de Parcialidades organizó esta campaña para invitar a la población y a las autoridades a unificar esfuerzos en la protección del árbol, especialmente cuando llega la época de fin de año por la comercialización desmedida que hacen de este.

Hicieron un recorrido por los bosques de la Parcialidad Chipuac y Quiacquix, estuvieron en las aéreas reforestadas y en las áreas de protección del Pinabete, los vecinos compartieron con los visitantes como es la experiencia en el manejo y control de la vigilancia que realizan en los bosques durante el año, durante las 24 horas del día, los 365 días del año, al menos 10 hombres hacen turnos de noche y de día para cuidar a los árboles y el bosque.

Las tierras comunales son la totalidad de la tierra comunal del pueblo maya Kiché de Totonicapán, cada milímetro de tierra, agua, aire, flora, fauna y bosques que la integran recibe el nombre de “Parque Regional Los Altos de María Tecun”, que son un aproximado de 254.8 hectáreas de bosques y más de 2000 fuentes de nacimiento de agua y el territorio de mayor conservación del árbol de Pinabete del país.[2]

Vicente Menchu de la comunidad de Quiacquix, comento que “para cortar un árbol se pide permiso y perdón al árbol porque tiene vida, protege los nacimientos y de ello obtenemos oxígeno, sin embargo personas ajenas entran en nuestros bosques, talan los Pinabetes sin piedad, sin importar que estén en peligro de extensión y mucho menos el esfuerzo que hay detrás de un arbolito. En nuestro bosque podrán ver claramente la tala del Pinabete que algunos mal hechores realizaron el día martes 01 de diciembre, este hecho nos causa tristeza y enojo porque a pesar de tiempo en que vivimos la gente no es consiente aún del daño que causa” manifestó.

 

[1] Entrevista a Andrea Ixchiú Hernández. Presidenta de la Junta Directiva de Recursos Naturales de la Alcaldía Comunitaria de los 48 Cantones 2012-2013.

[2] Relaciones Interétnicas en Totonicapán / Chiumekena (1944-2000). Carlos Salvador Ordoñez Mazariegos. CIRMA.