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La Puya: BASTA YA DE JUGAR CON EL PUEBLO!

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“El apoyo a las empresas conlleva una gradación en la que el Estado va transgrediendo cada vez más la legalidad. En una primera instancia, puede tratarse simplemente de cumplir las leyes creadas para fomentar esas actividades y que protegen al poder. Esas leyes y reglamentos que todas las empresas insisten siempre que cumplen perfectamente –como las referidas al impacto ambiental o las regalías– porque han sido redactadas para fomentar su presencia, no para regularla.

El Estado no cumple con sus funciones y obligaciones al apoyar las actividades de las empresas. Es lo que ocurre cuando no otorga a los COCODES su papel de representantes de la voluntad comunitaria, cuando no da valor a las consultas, cuando no se sigue un procedimiento judicial adecuado a las personas demandadas por las empresas. Y cuando el Gobierno central amenaza con reprimir, militarizar y usar la fuerza desmedida en contra de la propia población.

El grado mayor de ilegalidad se da cuando se utiliza de forma consciente las leyes que supuestamente fueron creadas para asegurar la vida y los derechos de los guatemaltecos, para ir en contra de ellos y favorecer a las empresas”.

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“Nada podrá contra la vida”

“Las fuerzas de “orden público” se dedican literalmente a proteger los intereses y las instalaciones de las empresas, en vez de dar seguridad a la gente. Cuando actúan, lo suelen hacer para reprimir y controlar las actividades reivindicativas de la población, o tratándoles como delincuentes como en los desalojos y los estados de sitio y prevención; llegando incluso a detener, golpear, herir hasta asesinar a la población. Como se ha repetido en multitud de memoriales, informes de verificación y declaratorias incluso de organismos internacionales, en cada una de estas intervenciones los derechos humanos de las personas en las comunidades son violados de formas diversas y recurrentes.

Las mujeres están jugando un papel fundamental en la defensa de la vida, del agua, de los ríos, de las montañas. A la vez son quienes más sufren agresiones en todos los espacios, pues además deben enfrentar diversas formas de violencia dentro de la comunidad, la familia y la pareja.”

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 El Estado apoya ciegamente a las empresas

“Las acciones llevadas a cabo por las diferentes instancias estatales en estos procesos de movilización comunitaria, muestran el apoyo prácticamente ciego e irrestricto que se da a las empresas para que desarrollen sus actividades. Podemos decir que se trata de una política de Estado que atañe a todas las instancias y poderes, y traspasa gobiernos específicos.

Como ya se ha dicho, el apoyo a las iniciativas empresariales externas o internas para que “inserten” a Guatemala en la economía global, ha sido una prioridad por lo menos desde los Acuerdos de Paz –contraviniendo en parte estos mismos Acuerdos–. Se han dictado leyes como las de aranceles a la maquila, las de minería, etc.” – Prensa Comunitaria.

¿En dónde queda la gente?

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Frente a frente. El proyecto que defiende la muerte y el proyecto que defiende la vida.

Esto es lo que ocurre: el Estado listo para reprimir a beneficio de una empresa, la comunidad. La gente, niños y niñas se resisten, se niegan a aceptar que una empres., El Estado les quiere quitar el agua, los ríos, las montañas, su territorio. Las niñas, los niños defienden su futuro y el futuro de la humanidad.

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Mineros son obligados a publicar disculpa por delitos de Coacción y Amenazas contra periodistas

Trabajadores de la empresa minera EXMINGUA – Kappes Kassiday & Associates -KCA tuvieron que publicar una disculpa pública en un diario impreso de circulación nacional, como medida de reparación exigida por comunicadores de organizaciones campesinas y alternativas quienes fueron amenazados y coaccionados en noviembre del 2012, cuando cubrian las agresiones de la empresa mimera norteamericana KCA en contra del pueblo en resistencia pacífica “La Puya” de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc del departamento de Guatemala.

Estas agresiones violentaron el derecho de Libertad de Expresión y el libre ejercicio periodistico de los comunicadores y periodisas. El Gerente de Operaciones de EXMINGUA ex militar Pablo Silas Orozco Fuentes y Juan José Reyes Carrera fueron condenados el 17 de octubre 2013 a 2 años de prision conmutables por los delitos de Coacción y Amenazas, por el juez Carlos Aguilar en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el Ambiente . (Prensa Libre, página 32. viernes 8 de noviembre 2013).

Como Prensa Comunitaria agradecemos el apoyo del Colectivo Madre Selva, al equípo de abogados defensores y las organizacioes campesinas e indígenas Waqib’ Kej y CUC por el respaldo que nos brindaron especialmente al compañero Nelton Rivera quién forma parte del equípo de Prensa Comunitaria.

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