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Contexto sociohistórico de la conflictividad en el norte de Huehuetenango

 

Transcripción de las conclusiones del Informe presentado por el Dr. Santiago Bastos Amigo como perito propuesto por la defensa de las autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango esta mañana en el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A.

Por: Santiago Bastos.

“El norte de Huehuetenango es un área apartada, fundamentalmente formada por alta montaña, valles profundos, y planicies cálidas con poblamiento de muy larga data, que ha generado una unidad económica, identitaria y social en diferentes pisos ecológicos. Históricamente ha sido tratada por el Estado –colonial, republicano, liberal, contemporáneo- como una periferia olvidada, haciéndose presente en el área sólo para proyectos de despojo y muerte que les ha tenido en la pobreza.

Esta autonomía relativa en la marginación permitió mantener las formas propias de espiritualidad, imbricación con la naturaleza y corporatividad social, que fueron las bases desde la que se crearon las instituciones de relación entre la comunidad y con los poderes externos. Se trata de las autoridades comunitarias que en cada periodo histórico se han adaptado a las características del momento y lugar, buscando el bienestar comunitario, la resolución de conflictos y la mediación con el Estado. Así, en la actualidad, tanto COCODES y alcaldes auxiliares como catequistas o pastores pueden fungir como autoridades comunitarias. En Santa Eulalia, siendo todos q’anjob’ales, estas autoridades están muy relacionadas con la espiritualidad por la importancia simbólica del lugar; mientras que en Barillas, por la conformación socioétnica del lugar, tanto q’anjob’ales como ladinos cumplen esta función, siempre que reúnan los requisitos éticos para el cargo.

Después de la firma de la paz, empresas hidroeléctricas se hicieron presentes en Barillas, Santa Eulalia y el área norte de San Mateo Ixtatán en diferentes momentos, sin respetar el resultado de las consultas comunitarias que previamente se habían llevado a cabo en estos municipios. En todos los casos comenzaron sus actividades con engaño, y se recurrió a la intimidación, la presión y la cooptación, por lo que las autoridades comunitarias cumplieron su función de portavoces del descontento, ejercieron el papel de dirigencia, y acudieron a mediar cuando hubo conflictos con personal de las empresas para evitar mayores problemas.

Pero desde las empresas y el Estado ladino no se les entendió y prevaleció una visión prejuiciada de su papel. Por todo eso, se convirtieron en blanco de la estrategia de persecución penal que las empresas pusieron en marcha en conjunción con agentes judiciales. Pese a ello, las comunidades organizadas y sus autoridades, siempre se movieron buscando los cauces de la legalidad y el diálogo con los diferentes representantes del Estado para resolver las situaciones de conflictividad, represión y división comunitaria que se habían creado con la llegada de estas empresas.

Los puntos más álgidos de esta violencia han sido el atentado contra Miguel Pedro en Barillas el 1 de mayo de 2012, que conllevó un Estado de sitio y prisión para 11 autoridades comunitarias; la desaparición y muerte del líder Daniel Pedro en Santa Eulalia en abril de 2013; la militarización y división en Pojom con la muerte de dos comunitarios en noviembre de 2014. Pero los efectos cotidianos son muchos màs.

Desde 2012, el área Q’anjob’alana ha vivido una gran presión de las empresas hidroeléctricas y el Estado en forma de una persecución penal sistemática en procesos que se han alargado artificialmente en su fase inicial y en los que después no se han podido demostrar los delitos imputados a las autoridades comunitarias a las que se ha mantenido encarceladas. La población se empezó a hartar y a reaccionar ante las detenciones de forma coordinada entre los municipios. Ante ello, las mismas autoridades comunitarias tuvieron que ponerse al día en sus funciones de resolución de los conflictos y de mediación con el Estado de una forma regional, a la vez que defendían sus derechos sobre el territorio.

Por ello, estas autoridades comunitarias organizadas regionalmente, buscaron entablar un diálogo con el gobierno sobre las hidroeléctricas como forma de acabar con la conflictividad existente.  Pero el gobierno de Otto Pérez Molina nunca dio continuidad a estos procesos de diálogo, tanto por su apoyo irrestricto a las hidroeléctricas como, de nuevo, por sus prejuicios respecto a estas autoridades, que nos fueron considerados como interlocutores válidos.

Entonces, lo ocurrido tanto el 23 de enero de 2014 como el 19 y 20 de enero de 2015 supone la condensación de estos procesos. En la primera fecha, las autoridades comunitarias se presentan voluntariamente a una audiencia, respetuosos de la ley, como han venido haciendo, porque están seguros de que lo que hicieron el 22 de abril de 2013 en Poza Verde fue mediar como tales autoridades; es seguida por una acción que cambia la acusación sin haber avisado. En la segunda fecha, autoridades de una aldea acuden al CAJ para resolver junto a sus iguales, lo que consideran la ruptura de un acuerdo al que han llegado con el Ministerio de Gobernación.

En ambas ocasiones la gente que les ha acompañado, -desde Barillas, desde Pojom- más los familiares y compañeros de Santa Eulalia se enteran de la noticia y rodean el CAJ para mostrar su indignación por lo que consideran que son muestras de la persecución penal injusta que sufren quienes están defendiendo sus territorios ante las agresiones de unas empresas que han venido a romper la paz social en las comunidades.

Las autoridades comunitarias presentes entran en complejos procesos de mediación para evitar conflictos. En la visión distorsionada desde el Estado y las empresas, son vistos como instigadores y provocadores de la situación, por lo que se les inducen procesos penales con los que se pretende apartarles de la escena y que no ejerzan su función.

Pero no son ellos los que se oponen a las actividades, son las comunidades a las que ellos pertenecen. Como me dijo un muchacho de Barillas:

“… cuando alguien es autoridad en la comunidad y si uno le exige, él tiene que levantarse. Así es lo que hicimos nosotros: le dijimos a ellos que se levantaran, que dijeran ‘no’, y ahí vamos nosotros detrás. Ellos no querían, porque ellos sabían en qué problemas se iban a meter, pero como nosotros les exigimos, entonces sí, tuvieron que meterse con todo”.

 

 

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Día cinco del debate oral contra las autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango

Por: Nelton Rivera.

Este martes 12 de julio 2016 se realizó la quinta jornada durante el Debate Oral y Público que se abrió en contra de siete autoridades comunitarias y ancestrales del norte de Huehuetenango.

Estas siete personas: Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar, Adalberto Villatoro, Ermitaño López, Mynor López, Arturo Pablo y  Francisco Juan Pedro fueron acusados por varias empresas que pretenden instalar varios proyectos de hidroeléctricas en el departamento, algunas de estas también podrían estar preparando condiciones para extracción de minerales como el caso de Hidro Santa Cruz con el proyecto Qanbalam.

Durante toda la mañana rindió su testimonio el fiscal del MP, el señor René Maldonado Maldonado, en su declaración acuso de forma insistente a las autoridades comunitarias, califico de violentos a la comunidad Q’anojb’al de Santa Eulalia y otros municipios, acusándolos de haber rodeado el CAJ muchas personas, con armas como machetes, palos, piedras y galones de combustible; con el objetivo de asesinar a todos los trabajadores del CAJ, específicamente a él. “La consigna que llevaban era que debía de correr sangre” refirió el fiscal.

René Maldonado cuando comenzó la interpelación de los abogados defensores de las siete autoridades comunitarias comenzó a contradecirse con su propia versión de lo ocurrido en el CAJ en enero del 2014, cuando modificó el expediente agregando el delito de plagio o secuestro en esa audiencia.

La acusación de los testigos del MP, la mayoría trabajadores del Organismo Judicial, Bufete Popular, Ministerio Publico y Policía Nacional Civil en el CAJ de Santa Eulalia se ha ido desvaneciendo con las contradicciones de los mismos testigos del MP, las pruebas presentadas testimoniales y documentales por parte de la defensa.

Durante la tarde se presentó el abogado Pedro Rubel Toledo, propuesto por la defensa de las autoridades comunitarias, Pedro Rubel es uno de varios abogados que intervinieron en la defensa de dos jóvenes de Pojom detenidos de forma arbitraria el 19 de enero del 2015. Pedro Toledo fue criminalizado por ejercer la defensa de los opositores a otra hidroeléctrica en Pojom, fue detenido en la ciudad de Huehuetenango. La nota Huehuetenango: detenido el abogado Pedro Rubel Ovidio Toledo y Toledo por defender a líderes comunitarios explica cómo fue su detención.

Pedro Rubel es un ejemplo claro de cómo la justicia en Huehuetenango pareciera tener fuertes vínculos con las empresas extractivas, Santa Eulalia: Abogado Q’anjob’al Pedro Toledo regresa a su territorio se explica cómo finalmente el juez Miguel Ángel Gálvez presidente del Tribunal de Mayor Riesgo B ordeno el cierre de la persecución penal en su contra.

David Diego Marcos periodista comunitario y miembro de la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ también se presento ante el tribunal para atestiguar a traves de su trabajo cuando durante la cobertura de la reunión entre autoridades comunitarias del Gobierno Plurinacional con el director del CAJ Pascual Tiu Zapeta, el corresponsal grabo un video que documento como se realizo la reunión entre autoridades y el director del CAJ el dia 19 de enero del 2015, este material audiovisual como prueba desmintió la acusación del MP al afirmar que al director del CAJ se le había agredido, amenazado y golpeado durante las horas que permaneció en el interior del centro.

Son tres las causas penales existentes, pero el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A presidido por la juez Yassmin Barrios decidió conexar los tres procesos por los que están siendo procesados las autoridades comunitarias y reunirlos a todos en un mismo debate oral y publico.

  1. Año 2013: la empresa española Hidro Santa Cruz / Ecoener Hidralia Energía acuso a Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Mynor López y a Francisco Juan Pedro de haber secuestrado, coaccionado y amenazado a 11 trabajadores de la hidroeléctrica en el lugar conocido como Poza Verde, Barillas cercano al ingreso del terreno de la empresa.

Francisco Juan Pedro no estuvo en ese lugar, el 22 de abril 2013, cuando las autoridades mediaron para que se retiraran los trabajadores de la empresa que habían instigado a la población de las comunidades que permanece en un plantón permanente.

  1. Año 2014: el Ministerio Público inicio un proceso penal en contra de Ermitaño López Reyes acusándolo de haber “retenido” a los trabajadores del CAJ de Santa Eulalia el día 23 de enero 2014, cuando al celebrarse una audiencia por el caso de la hidroeléctrica en Barillas el fiscal del MP, René Maldonado Maldonado modificó la acusación del expediente de las autoridades comunitarias, en un procedimiento que muchos consideran ilegal pide sean detenidos por Plagio o Secuestro, delito que no existían en el expediente.

Esa misma tarde se realizó una segunda audiencia a través de la cual un juez de Santa Eulalia ordeno que las autoridades no fueran detenidos de forma preventiva como intentaba el fiscal del MP horas antes.

  1. Año 2015: por varias órdenes emitidas por un juez de Santa Eulalia las fuerzas de seguridad en la madrugada del 19 de enero, ingresaron violentamente en las comunidades de Pojom en San Mateo Ixtatán, deteniendo a dos jóvenes y trasladándolos de forma arbitraria por helicóptero hasta la comisaria 431 de Huehuetenango, las comunidades sin saber el paradero de los dos jóvenes fueron al CAJ en Santa Eulalia lugar natural al que debieron los fiscales del MP y agentes de la PNC trasladar a los dos hermanos detenidos en Pojom.

La tercera acusación hecha por los funcionarios del CAJ se centra en Rigoberto Juárez Mateo, Ermitaño López y Domingo Baltazar, este último nunca estuvo en el CAJ por un accidente sufrido trabajando la tierra.

El MP los acusa de haber “retenido” a todos los trabajadores del CAJ considerándolo el delito de Plagio o Secuestro.

Escuche la transmisión en vivo del debate oral y púbico caso #PresosPolliticos

Escuche la transmisión aquí:

http://paraqueseconozca.blogspot.com/ 

Presos políticos: cuarto día de debate oral contra autoridades comunitarias

Boletín sobre la audiencia del día 11 de julio 2016

El lunes 11 de julio 2016 se realiza el cuarto día de audiencia dentro de la etapa de Debate en el Juicio Oral y Público contra autoridades comunitarias de Santa Eulalia y Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.

En el cuarto día de audiencia continúan rindiendo su testimonio los testigos propuestos por el Ministerio Público (MP), siendo ellos trabajadores del CAJ (Organismo Judicial, Bufete Popular, trabajadores adminstrativos) y personas allegadas al ex-alcalde de Santa Eulalia Diego Marcos Pedro.

La Secretaria del CAJ, Sandra Pascual García, afirmó haber sido secuestrada y retenida violentamente por los manifestantes, sin embargo durante su declaración se contradijo al decir que se pudo mover con libertad durante los hechos. Indicó que manifestantes de San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia portaban lazos y machetes durante manifestación y aseguró que la población maya Q’anjob’al de Santa Eulalia es violenta y que ella tenia mucho miedo.

Acusó a Rigoberto Juárez Mateo autoridad ancestral de agresiones verbales y de agredirla físicamente, sin embargo no cuenta con medios contundentes para probar estos hechos. La testigo además indicó no ser testigo presencial de las amenazas de las cuales se acusa a Rigoberto Juárez de cometer contra el Juez de Paz y el coordinador del CAJ.

Posteriormente declaró José Teófilo Marines, empleado del CAJ quién declaró que la gente de Huehuetenango es violenta, que fue golpeado, sin embargo no puede identificar a ninguno de los hoy detenidos como sus agresores.

David Rivera, secretario del Juzgado de Primera Instancia de Santa Eulalia, asegura haber sido golpeado por Rigoberto Juárez, declaró además: “La gente Q’anbjobal es violenta”. Y puede identificar únicamente a Rigoberto Juárez, Domingo Baltazar y Ermitaño López durante los hechos y no a los demás sindicados.

Bartolo Sebastián Diego, ex comisionado militar y vecino de Santa Eulalia testificó acusando a las autoridades comunitarias de contratar gente para manifestarse contra el CAJ y trasladarlas en vehículos, pero no tiene pruebas para sustentar su declaración. Durante el interrogatorio de los abogados de la defensa de las autoridades comunitarias dijo que a él no le constan ninguno de los hechos por los cuales él testifica y fue contradictorio para responder a la pregunta sobre su licencia para portar de armas de fuego.

El señor Sebastiśn Diego, es allegado y está vinculado al ex-alcalde de Santa Eulalia, Diego Marcos Pedro y laboró con anterioridad para la empresa Hidroeléctrica CINCO M / Hidro San Lauis, que intentó instalarse en el municipio de Santa Eulalia. Durante su intervención dio respuestas contradictorias, sobre todo a la pregunta de uno de los abogados de la defensa sobre su licencia para portar armas de fuego. Negó poseer una, luego se contradijo.

Además, Sebastián Diego esta vinculado con agresiones vividas el 19 de marzo del 2015, cuando amenzaó a varios miembros del equipo de Prensa Comunitaria mientras realizaban la cobertura del intento de reapertura a la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ cerrada arbitrariamente por el ex-alcalde de Santa Eulalia, Diego Marco Pedro, este caso que se encuentra documentado y denunciado ante la fiscalía de delitos contra el periodista del Ministerio Público, sin que la investigación avance.

A las 2:40 de la tarde comenzaron a pasar los primeros testigos convocados por la defensa de las autoridades comunitarias de Huehuetenango.

Jueza presidenta del Tribunal A de Mayor Riesgo suspende audiencia por receso para ingerir alimentos.

A partir de las 2 de la tarde, la Juez Yassmin Barrios presidenta del Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo grupo A en la ciudad capital, reinicio el debate oral y público que enfrentan siete autoridades comunitarias y ancestrales del norte de Huehuetenango, de los municipios de Barillas y Santa Eulalia.

El primero de los testigos fue el señor Samuel Pedro Nicolás, quien es actualmente autoridad comunitaria y miembro de la junta de seguridad comunitaria de una de las comunidades de Santa Eulalia, quien narró como a petición del director del Centro de Administración de Justicia CAJ el señor Pascual Tiu Zapeta en Santa Eulalia se conformó una comisión en la noche del 19 de enero 2015, a petición del director del CAJ, esta comisión acompañó a Tiu Zapeta para que el mismo fuera a traer a cada uno de los trabajadores del MP, Juzgado y otros del CAJ para realizar la segunda audiencia el día 19 de enero.

El testimonio de Samuel Pedro Nicolás contradijo la afirmación del mismo Pascual Tiu Zapeta querellante en este proceso contra la autoridad comunitaria, quien afirmo desde el inicio que fue supuestamente agredido, obligado y amenazado.

El segundo testigo Eduardo Pablo es autoridad comunitaria del municipio Q’anjob’al de San Juan Ixcoy, él explica al tribunal el papel que jugaron ese día todas las autoridades comunitarias y ancestrales que asistieron al CAJ el 19 de enero luego de las agresiones y detenciones arbitrarias hechas por la PNC y el MP en San Mateo Ixtatán, la autoridad demandó una explicación a las autoridades del CAJ por el paradero de dos jóvenes detenidos ese día, quienes no aparecían.

“Nuestro papel todo el tiempo es el de beneficiar al dialogo para la resolución de cualquier tipo de problemática social, teníamos un proceso de revisión y coordinación con las autoridades del CAJ planteadas en distintos momentos con ellos para avances en la aplicación del derecho indígena y el derecho occidental, la tranquilidad de la población y el respeto de los funcionarios públicos del Estado.”

“El director del CAJ, Pascual Tiu Zapeta trató a las autoridades comunitarias y ancestrales como ignorantes, negó en todo momento encontrar una solución por las detenciones de jóvenes en Pojom, por intereses de las empresas hidroeléctricas y eso complicaba la situación en toda la región.”

“En ningún momento agredimos a nadie, no insultamos a ningún funcionario público, todo el tiempo solicitamos información de manera respetuosa al director del CAJ y este todo el tiempo nos engañó y no nos dio información.”

Festival Solidario en el preventivo de la zona 18

Fotografías y texto: Carlos Ernesto Cano.

El pasado 14 de junio 2016 en el Centro Preventivo para varones de la zona 18 en la ciudad de Guatemala, lugar en donde se encuentran recluidos y criminalizados por parte del estado guatemalteco varias autoridades comunitarias y ancestrales del norte de Huehuetenango (Ermitaño López, Arturo Pablo, Francisco Juan, Adalberto Villatoro, Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez), todos presos políticos.

Esa mañana el colectivo Festivales Solidarios realizaron un “Festival Solidario en la cárcel”. Dicho evento se caracterizó por las diversas y antagónicas emociones que prevalecen dentro de este lugar, provocadas por el encierro obligado que adolecen los presos políticos, emociones que van desde la desesperación, frustración, alegría y esperanza pero sobre todo la solidaridad que se manifiesta en el centro preventivo por parte de los otros detenidos con los presos políticos y viceversa.

En palabras de Rigoberto de Juárez, “acá, casi todos los que están encerrados, son presos políticos”, palabras que pueden contextualizarse dentro del entendimiento del encierro de las personas que cometen un delito al no tener resueltas sus necesidades más básicas (cobijo, alimento, recreación, acceso al empleo, acceso al agua, acceso a la tierra, etc.), necesidades que son negadas por el mismo estado, las empresas internacionales y por la élite guatemalteca; es por ende que las palabras de Rigoberto Juárez son ad hoc para la mayoría de los privados de libertad que purgan una pena o están en proceso de cumplirla.

En dicho festival hubo manifestaciones artísticas de teatro, poesía y música, por parte de artistas del colectivo, artistas que desde hace más de tres años se solidarizan con las justas y auténticas demandas de los pueblos originarios y mestizos del país y así evidenciar la prisión política que es una de sus líneas de acción.

Pese al fuerte olor a yodo, el sofocante calor húmedo provocado por el hacinamiento y la sensación de una tensa calma que caracteriza a los centros de detención preventiva y de condena en el país, se demostró con este Festival que la ternura, la solidaridad, el amor y el compromiso por una sociedad más justa, igualitaria y mutualista, es posible.

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