Militares detenidos por violaciones a derechos humanos durante la guerra

Por: Quimy De León

Miércoles 6 de enero de 2016. La fiscalía de derechos humanos del Ministerio Público detuvo esta mañana a 13 militares por desaparición forzada y deberes contra la humanidad, cometidos por los militares entre los años 1981 y 1988, luego de realizar varios allanamientos realizados en la ciudad capital y en el departamento de Alta Verapaz por ordenes emitidas por el Juzgado de Mayor Riesgo A.

Ellos son Benedicto Lucas García jefe del Estado Mayor General del Ejército durante el período 1978 a 1982 siendo su hermano presidente el general Fernando Romeo Lucas García; Manuel Antonio Callejas Callejas fue director de la Sección de Inteligencia del ejército – G-2 durante el mismo período; Francisco Luis Gordillo Martínez quien fue parte de los militares que dieron el golpe de Estado en 1982 junto a al general Efraín Ríos Montt.

Hay otros diez militares detenidos, ellos son: Ismael Segura Abularach, Pablo Roberto Saucedo Mérida, César Augusto Ruiz Morales, Juan Ovalle Salazar, José Antonio Vásquez, Gustavo Alonzo Rosales García, Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, Carlos Humberto Rodríguez López, Edilberto Letona Linares y Edgar Rolando Hernández Méndez.

Cuando Benedicto Lucas García fue jefe del Estado Mayor según diversas fuentes se diseñó una estrategia contrainsurgente que llegó hasta el genocidio arrasando comunidades indígenas mayas completas en distintos lugares del país. Sobre la desaparición el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico -CEH- registró:

“Con el estallido del enfrentamiento armado interno en 1962, Guatemala entró en una etapa sumamente trágica y devastadora de su historia, de enormes costos en términos humanos, materiales, institucionales y morales. En su labor de documentación de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia vinculados al enfrentamiento armado, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) registró un total de 42.275 víctimas (…). Combinando estos datos con otros estudios realizados sobre la violencia política en Guatemala, la CEH estima que el saldo de muertos y desaparecidos del enfrentamiento fratricida llegó a más de doscientas mil personas”[1]

Manuel Callejas y Callejas fue jefe parte del grupo de militares de línea dura conocidos como “los estratégicos“ que “enmarcaba el conflicto dentro de una polarización total (cien por ciento) de la población, estás con nosotros o contra nosotros”. [2] Fue también jefe de la agencia de Aduanas y parte de La Cofradía que era un grupo de militares “asociados con la delincuencia común y la corrupción administrativa en el período de la dictadura militar de Lucas García,” de julio de 1978 a marzo de 1982.

En el informe del REMHI “Guatemala Nunca Más” se registraron más de un millón de personas desplazadas internamente por la violencia del Estado a partir de la década de los años 80s, 400 mil personas exiliadas en México, Belice, Honduras, Costa Rica o EEUU, 45 mil refugiados legalmente en México, 150 mil refugiados de forma ilegal, además de unos 200 mil ilegalmente en EEUU, 20 mil personas en las Comunidades de Población en Resistencia CPR y otras 20 mil más viviendo en las montañas y selvas.

Datos desgarradores que se suman a los 250 mil asesinados en distintos planes de tierra arrasada, esta fue una política de exterminio étnico de todas aquellas comunidades o poblaciones que el ejército simplemente considero como grupos insurgentes, además el informe también hacen una aproximación de 45 mil detenidos desaparecidos.

Además la CEH hace un abordaje sobre los niveles de instauración de una cultura del terror de la mano de la política contrainsurgente del Estado sobre la población:

“Además de la represión y el exilio, la debilidad y fragmentación de las organizaciones sociales se deben en buena medida a la conjunción de diversos mecanismos activados por el Estado para destruirlas. (…) El terror no se redujo a los hechos violentos o a las operaciones militares; dependía además de otros mecanismos conexos como la impunidad de los ejecutores, las extensas campañas para criminalizar a las víctimas y la implicación forzada de la población civil en la cadena casual y la ejecución efectiva de atrocidades”.[3]

Estas detenciones suponen para Guatemala y la disputa por la memoria un hito importante que significa un paso más para el esclarecimiento de la verdad histórica y las posibilidades de la justicia, varias décadas después para miles de víctimas de la guerra, del genocidio y otros delitos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado y por un grupo de familias que sustentaron el poder económico en Guatemala.

[1] CIDH. caso No. 12.590, José Miguel Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) respecto del Estado de Guatemala. 18 de febrero 2011.

[2] Susan C. Peacock y Adriana Beltrán “Grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos“. Wola

[3] El contexto del conflicto armado. GUATEMALA: MEMORIA DEL SILENCIO.
Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). Ciudad de Guatemala, febrero de 1999.