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Mí opinión sobre la captura de los posibles asesinos de Bertha Cáceres, mi mamá

Fuente: elventano.es

Fuente: elventano.es

Por: Olivia Marcela Zúniga Cáceres.

A las 4 de la madrugada del 3 de marzo me entere de que mi madre había sido asesinada, desde ese instante en medio del dolor que casi me hacía caer en un estado de inconciencia comencé a denunciar, al igual que toda mi familia, por los medios de comunicación que responsabilizaba de éste crimen a la empresa DESA (Desarrollos Energéticos S.A.) al poder transnacional e instituciones financieras de esta empresa y al Estado hondureño.

A la Empresa DESA porque mi madre por su lucha en la defensa de la vida desde siempre vivió con amenazas y hostigamiento, especialmente después del golpe de Estado del 2009, pero al iniciar la lucha en la defensa del Río Gualcarque desde hace aproximadamente 3 años las amenazas y agresiones se dispararon como nunca antes, recibiendo solo en el año 2015 33 amenazas a muerte provenientes del personal que trabaja para DESA y de activistas y funcionarios públicos del partido nacional afines a DESA.

Al Estado hondureño por usar sus fuerzas cohercitivas públicas para reprimir, perseguir y hasta asesinar (En el caso de Tomas García, líder del copinh) al pueblo de Río Blanco y a mi madre, también porque sus representantes a nivel regional agredían, calumniaban y difamaban a mi madre, era claro que funcionarios públicos con la policía y militares junto al personal y directiva de DESA dirigían las operaciones de emboscamiento, de romper carreteras para interrumpir el paso de los buses y de los carros de copinh, de realizar amenazas directas vía telefónica después de que ella regresaba a La Esperanza, de organizar a pobladores familiares del personal de DESA y al personal de DESA para hacer actos de intimidación cargados de misoginia y racismo y para usarlos para ejercer la violencia con machetes, armas de fuego, palos, botellas de vidrio y piedras.

Además a pesar de ser el Estado hondureño el que debía ejecutar medidas adecuadas para garantizar la vida de Bertha Cáceres, la que gozaba de medidas cautelares desde el 2009, fue el Estado de Honduras el que ejecutó una guerra jurídica y mediática contra ella, quien antes de ser asesinada fue víctima del Plan Colombia, es decir que fue atacada con las mismas tácticas que usa el Estado Colombiano contra los defensores y defensoras para neutralizar y detener sus acciones de lucha, haciendo uso del Discurso del odio, la difamación, el desprestigio y en los que claramente vimos a las voces más altas de la derecha posicionarse en este plano, usando toda su estructura mediática bajo su mando y control para estos macabros fines.

Imposible olvidar a Juan Ramón Martínez (analista político de la derecha), a Aline Flores (representante máxima de la empresa privada) al Cardenal Oscar Andrés Rodríguez (Vocero oficial de la derecha más recalcitrante), al diputado por el PN de Santa Bárbara, el Sr. Mario Pérez quien amenazo públicamente de querellar a mi mamá, incluso la misma empresa DESA públicamente denuncia a Bertha responsabilizándola de que en un año le había ocasionado la pérdida de más de 3 mil millones de dólares.

Es por esto que como familiares hemos dicho que tenemos derecho a creer que el Estado conocía el plan de asesinar a nuestra Bertha y que no tuvo voluntad y que fue incapaz de garantizar su vida, dándole cámaras de “seguridad” de juguete, diciéndole NO cuando ella solicito seguridad privada ya que sospechaba que la policía y militares controlaban sus pasos, usando su institucionalidad para atacarla y criminalizarla a través de sus jueces y fiscales corruptos, ignorantes y tarifados.

El Estado hondureño no atacó ni la vulnerabilidad a raíz de su nivel de riesgo con medidas materiales (iluminación de calles, chalecos anti balas, carros blindados, seguridad privada de su confianza, botón de pánico, etc.) ni tampoco atacó las amenazas, es decir el origen del riesgo, siendo el Estado hondureño el que concesionó inmediatamente después del Golpe de Estado más del 30% del territorio hondureño haciendo el Honduras Open For Bussiness, entregando nuestra patria/matria a manos de Empresas Multinacionales sin ninguna condición ni requisito de respeto a los marcos jurídicos nacionales e internacionales.

El golpe de Estado se da con la finalidad de consolidar el modelo extractivista, en el que se instalan en nuestros territorios Mega Proyectos de Extracción de nuestros recursos hídricos y minerales, las Zonas Especiales de Desarrollo, el monocultivo, etc. Siendo los principales afectados los pueblos indígenas del país que es donde están las riquezas naturales más grandes, para los cuales el convenio 169 de la OIT establece el derecho a la libre determinación de los pueblos, el derecho a la consulta previa, libre e informada, entre otros. Es por eso que los que dieron el Golpe de Estado también son responsables del asesinato de mi mamá ya que son los mismos intereses y los mismos autores materiales e intelectuales.

No dudo que sean coroneles, militares o ex militares, graduados de la West Point los que estén implicados como autores materiales de éste crimen vinculados directamente con la empresa DESA. Este crimen, como siempre lo hemos sostenido, es UN CRIMEN POLÍTICO. Y en ese sentido no podemos negar que como familia y victimas nos sentimos de alguna forma satisfechos porque es el fruto de nuestro arduo e incansable trabajo por la justicia, las lágrimas recorren nuestros rostros al ver las caras de los que apretaron el gatillo y el dolor se revuelve pero sabemos claramente que esta pequeña victoria no es del Estado Hondureño, quien ha respondido a nuestras exigencias con el silencio, el boicot y de igual manera que como lo hizo con mi mamá, con una guerra mediática y jurídica contra nosotros y nosotras, REVICTIMIZANDONOS NUEVAMENTE.

Esta pequeña victoria es gracias en primer lugar a la lucha incansable de mi abuela, de Mamamaberta, que a sus 83 años y con tan duro golpe no ha parado en la exigencia por la justicia y que ha dicho en su carta pública que no quiere morir sin que haya justicia para su hija. Ella con su experiencia y profunda sabiduría, con su infinito amor hacia su hija asesinada, hacia sus nietas, nieto, bis nieto y hacia nuestro padre nos ha acobijado con la fuerza milenaria que se carga, dándonos el oxígeno lleno de temple y experiencia que solo ella nos puede dar. Esta pequeña victoria es gracias a la lucha incansable de mis tíos y tías, hermanos de mi mamá que cargando en los hombros el dolor más grande han tenido la tenacidad, la valentía y la fuerza para clamar justicia y quienes además nos han tendido su hombro con infinita solidaridad y amor. Es gracias también a toda nuestra familia desde el más grande hasta el más pequeñito.

 Es gracias a la presión de la comunidad internacional que no está dispuesta a tolerar semejante acto de barbarie. Es gracias al movimiento social hondureño que enérgicamente ha elevado su voz por la justicia. Es gracias a la comunidad hondureña en Estados Unidos y demás países del mundo. Es gracias a todos los amigos y amigas de mi mamá y de la familia y a todas aquellas personas que a pesar de no haberla conocido personalmente se indignaron y tomaron acciones para que el crimen no quede en la impunidad.

A todos ellos y ellas les agradecemos profundamente su lucha por la justicia y por la solidaridad con la familia, sin embargo NO ES MOMENTO DE PARAR, por el contrario es momento de ejercer más presión que nunca porque a pesar de que hay autores materiales detenidos, faltan los más importantes que son los autores intelectuales del asesinato que no se deben quedar en la impunidad y que no debemos olvidarlos. Para ejecutar éste crimen que requirió un gran trabajo logístico, un gran trabajo de vigilancia y seguimiento de meses y meses tuvo que haber un gran respaldo financiero.

Quienes planificaron, diseñaron y financiaron éste asesinato también deben ser detenidos y encarcelados. Quienes dieron la orden de asesinar a nuestra Bertha deben ser castigados con todo el peso de la justicia. Es por eso que seguimos responsabilizando a la Empresa DESA, al Estado Hondureño y al Poder transnacional e Instituciones Financieras como el FMO, el Banco Mundial, El Banco Finlandes, el BCIE, SIEMENS, etc. que financian sangre, despojo, exterminio y saqueo en nuestros pueblos.

No es posible que el desarrollo económico de las potencias y de empresas transnacionales sea a costa del exterminio y el baño de sangre de nuestros pueblos, así como lo dijo en sus repudiables y condenables declaraciones el presidente del Banco Mundial en otras palabras, que esos actos inhumanos de barbarie deben ser considerados como daños colaterales del desarrollo occidental.

Esa visión de muerte y de genocidio no debe ser permitida, ya que la vida de Janeth Kawas, de Carlos Escaleras, de Carlos Luna, de Justo Sorto, de Pedro Pérez, de Cándido Amador y de Bertha Cáceres no son daños colaterales, el desarrollo no puede pasar sobre la vida humana, el desarrollo debería ser para mejorar la vida de los seres vivos no para aniquilar la vida. El mundo occidental no nos puede imponer su visión de desarrollo, ya que estos son nuestros territorios, nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestra visión de desarrollo debe prevalecer porque garantiza la existencia de la madre tierra y con ello la existencia de la humanidad. El desarrollo no puede ser autodestructivo de la humanidad, no puede ser capitalista, racista y patriarcal. No puede tomar como mercancía nuestra madre tierra que nos da agua, oxígeno y alimentos. Nuestra visión de desarrollo es una visión de armonía, equilibrio y respeto hacia todos los seres vivos.

Recordamos que unos días antes de ser asesinada mí madre denunciaba que 4 líderes del COPINH habían sido asesinados por la defensa del Río Gualcarque. Es decir que la empresa DESA ha traído destrucción y muerte a nuestro pueblo lenca. Le recuerdo al Estado hondureño que nadie ni nada nos devolverá a nuestra madre, hija, tía, hermana. Nadie nos la trae de nuevo para poderla abrazar y escuchar su voz y que es una pérdida irreparable, irremplazable, por lo tanto les hago un llamado para que actúen conforme a la justicia y la verdad, les recuerdo que tienen una deuda histórica con el pueblo lenca, con el pueblo hondureño y con el mundo y que tanto ustedes como Estado, así como la Empresa DESA y las transnacionales que la financian están obligados a reparar.

El llamado es para tomar acciones políticas urgentes y de forma articulada para exigir lo siguiente:

  1. Que el Estado hondureño permita que la CIDH intervenga en el proceso investigativo a través de una comisión internacional e independiente con un equipo interdisciplinario de expertos.

  1. Que se castigue con todo el peso de la ley a los autores materiales e intelectuales de este espantoso asesinato.

  1. Que se cancelen de manera inmediata y definitiva las concesiones para la instalación de represas e hidroeléctricas y la explotación minera en nuestro país y en especial la cancelación definitiva del Proyecto Agua Zarca en el territorio lenca.

  1. Que el Río Gualcarque sea declarado patrimonio de la humanidad a través de la UNESCO.

JUSTICIA A MEDIAS ¡NO ES JUSTICIA! EXIJO JUSTICIA.

La Esperanza, Intibucá 2 de mayo del 2016.

Honduras: el periodista Félix Antonio Molina fue víctima de un atentado armado

Fotografía DW

Fotografía DW

Por: Nelton Rivera.

En los medios de comunicación de Honduras se alertó en horas de la tarde que el periodista Félix Molina fue víctima de un atentado armado mientras viajaba en una unidad de taxi, a la altura del bulevar Juan Pablo Segundo de la ciudad de Tegucigalpa.

En la nota de Criterio.hn un medio de comunicación hondureño se resalta la valentía de Félix Molina en su trabajo: “Félix Molina es un combativo periodista asesor técnico de la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras (AMCH) y un fuerte defensor de los derechos humanos y de la libre expresión.”

El medio confirmó que Félix Molina publicó hoy quiénes son los principales empresarios vinculados con el asesinato de Berta Cáceres lideresa campesina de COPINH asesinada este año, en su publicación se señalan a los principales ejecutivos de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos SA (DESA), dueña del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.

Felix Molina se encuentra estable en un hospital de la capital hondureña, fue impactado dos veces en una de sus piernas, encontrandose en recuperación en estos momentos.

Fotografía DW.

¡No se calla la verdad matando periodistas!

‪#‎LibertadDeExpresion‬

La migración es una realidad que los Estados ya no pueden seguir ocultando

viernes

Por: Marta Karina Fuentes.

 

En la ciudad de Guatemala, durante tres días varios  representantes de las organizaciones que hacen trabajo con los migrantes en los países de México, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, se reunieron en el marco del Encuentro Regional: “Los Derechos de las Mujeres y las Niñas en la Migración.”

 

En este encuentro también participaron varias personas delegadas de las Universidades de San Carlos de Guatemala y Rafael Landívar y representantes de la embajada de Noruega, finalmente el viernes 29 de abril fue clausurado el Encuentro Regional, luego de 3 días de reflexiones, análisis, discusiones y articulación de acciones.

 

Una de las principales coincidencias fueron los desafíos regionales y cómo articular las distintas estrategias de atención a la población migrante a lo largo de toda la ruta migratoria. Estas estrategias incluyen medidas y acciones de protección, defensa, denuncia, e incidencia en legislación y políticas públicas a favor de las mujeres y niñas en la migración. Todas estas medidas deben fortalecerse e implementarse tanto en el país de origen de las personas como en los países de tránsito y de destino.

 

Otra de las preocupaciones regionales de los migrantes, sus familias y las organizaciones que trabajan con estas es el estatus de refugiado que adquieren miles de personas que se encuentran a lo largo del Corredor Migratorio Centroamericano. Son grupos de personas y personas individuales que están huyendo de condiciones de violencia social y económica.

 

Millones de personas migrantes han sigo obligadas a salir de sus tierras, comunidades y ciudades, deben dejar sus condiciones de vida, sus relaciones sociales y sus medios de sustento y se encuentran huyendo dentro de otros países, esa condición que los vulnera les convierte en refugiados y por lo tanto los gobiernos de los países de tránsito deben establecer medidas inmediatas para otorgar visas humanitarias y generar condiciones para el refugio digno.

 

La estrategia regional debe incluir medidas de retorno dignas al país de origen, evitar la represión de los gobiernos a través de sus fuerzas de seguridad, las redadas, los encarcelamientos, la tortura y las deportaciones, acciones de control y represión que violentan los derechos humanos de las personas migrantes.

 

Es necesario señalar que en los casos de deportaciones desde Estados Unidos y México, se debe exigir el cese inmediato de estas políticas de miedo y terror, porque son un trato inhumano, indigno y violatorio de los derechos fundamentales de los seres humanos.

 

Para las delegaciones reunidas en este encuentro regional es prioritario aumentar la denuncia y el rechazo, junto a la condena de cualquier acción que criminalice a las personas migrantes, a sus familias.

 

Estados como México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua deben de crear programas y planes que les permitan atender de manera integral e inmediatamente a las personas están siendo deportadas,  al momento del retorno a los países de origen deben muchas personas hacen su inserción a la vida social, política y económica de manera violenta con fuertes secuelas emocionales y psicológicas luego de pasar por los procedimientos migratorios para las deportaciones.

 

Actualmente muchas de las organizaciones sociales, religiosas, pueblos y comunidades a lo largo de la ruta migratoria, accionan en función de proteger y apoyar  a las personas en migración, poniendo atención especial a mujeres y niñas. Es necesario redoblar la información para las personas dispuestas u obligadas a migrar, haciendo evidente la existencia de los centros de apoyo y casas del migrantes en Guatemala y México.

 

Las cifras son alarmantes en el tema migratorio, los casos de violaciones a los derechos humanos también, la atención y visibilización que de manera urgente necesitan las mujeres y niñas en migración no puede seguir estando si abordarse desde los gobiernos, queda a los gobiernos de la región poner atención y solución al problema para legislar y evitar la migración forzada y permitir la libre migración de hombres, mujeres, niños y niñas.

Honduras: fueron agredidos integrantes de la delegación del encuentro internacional “Berta Vive”

alerta

Con información de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras.

Agreden a compañeras y compañeros de las delegaciones internacionales y nacionales que participaban en el Encuentro Internacional de los Pueblos “Berta Vive”, a eso de las 5:30 pm. el día de hoy 15 de abril del 2016, cuando se disponían a salir de regreso hacia Tegucigalpa. 20 hombres armados con machetes, palos y piedras iniciaron las agresiones en la zona conocida como La Leona, en esta agresión siete personas fueron víctimas de golpes ante la vista de miembros de la Policía Nacional.
Tomas Membreño hizo la denuncia y recuerda que acciones similares se hicieron contra Berta Caceres Flores en el mismo lugar. El día de hoy este grupo de hombres lo acusaban a él con su nombre y apellido de ser responsable de la presencia de los visitantes en la zona.

Desde la Red Nacional de Defensoras manifestamos nuestro temor por la integridad física de Tomas Gomez Membreño y la coordinación del Copinh, así como la de Berta Zúniga Caceres, Laura Zúniga Caceres, miembras de la Red de Defensoras y demás miembras y miembros de las delegaciones internacionales y nacionales.

Responsabilizamos al gobierno hondureño por las agresiones contra las delegaciones que participan en una acción legitima de acompañamiento, dejando una vez más en evidencia que no asume su responsabilidad ante el grave conflicto generado por la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) en la zona de Río Blanco.

En toda América Latina, los gobiernos criminalizan a los movimientos sociales para silenciar a las resistencias

Totonicapan 2012

Parque San Miguel en Totonicapán, 5 de octubre 2012.

Por Jeff Abbott. / Texto publicado en el sitio http://wagingnonviolence.org/

Por debajo de la Torre de Tribunales en la ciudad de Guatemala, en el sótano del estacionamiento, están las celdas o carceletas en donde deben de esperar los detenidos el momento de la audiencia. En la puerta de una de las celdas se encuentra Rigoberto Juárez, de 62 años de edad, maya q’anjab’al, autoridad indígena y guía espiritual de Santa Eulalia en el departamento de Huehuetenango. A su lado se encuentra Baltazar Domingo, otro líder de la misma comunidad.

En las mismas carceletas hay muchos presos, a diferencia de estos los dos fueron acusados ​​de cometer crímenes horribles por el liderazgo de la lucha de su comunidad contra las empresas transnacionales que buscan la construcción varias hidroeléctricas en sus comunidades.

“Durante 10 meses hemos estado encarcelados sin ninguna prueba”, dijo Juárez, después de una audiencia en enero de 2016. “Creo que el Ministerio Público está tratando de alargar este proceso, ya que, en los últimos 10 meses, han sido incapaces de aportar una sola prueba en contra de nosotros. Es absolutamente injusto”.

Tanto Juárez como Baltazar se enfrentan a una larga lista de cargos, incluyendo: plagio o secuestro, asalto agravado, instigación a cometer un delito, la obstrucción de la acción penal, en contra posición el Ministerio Publico no investiga el intento de asesinato de dos jóvenes la madrugada del 20 de enero de 2015, según los testigos los disparos se realizaron desde un vehículo tipo picop agrícola asociado con el ex alcalde de Santa Eulalia, a pesar que la gente hizo las denuncias.

La historia de la penalización refleja las prolongaciones que tiene el gobierno de Guatemala para a garantizar que estos líderes permanezcan en prisión. Tanto Juárez y Baltazar fueron detenidos en la ciudad de Guatemala el 24 de marzo 2015, caminaban por la calle en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Dos días después, un juez los liberó, tanto Juárez y Baltazar ordeno que permanecieran bajo arresto domiciliario a la espera de una investigación realizada por el Ministerio Público de Guatemala. Pero al salir de la corte, fueron detenidos por nuevos cargos.

Desde 2007, Juarez, Baltazar y sus comunidades del norte de Huehuetenango han mantenido su resistencia a la construcción de hidroeléctricas por las empresas transnacionales en la región. Ese año, 46.481 residentes participaron en una consulta sobre la expansión de los proyectos hidroeléctricos. El resultado final de la votación, 46.472 habían declarado su oposición a la construcción de cualquier proyecto minero o hidráulico.

El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala ha mostrado poca intención de respetar las inquietudes de las comunidades de las poblaciones indígenas en gran medida de Huehuetenango. En 2009, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó la licencia para la construcción de un proyecto hidroeléctrico en Santa Cruz Barillas a la empresa española Ecoener Hidralia Energía, que también incluye las inversiones de los miembros de la oligarquía nacional de Guatemala.

El proyecto de Santa Cruz Barillas es uno de varios proyectos en la región, incluyendo el de Hydro Ixquisis, que es propiedad de la empresa Promoción y Desarrollos Hídricos S.A. en San Mateo Ixtatán, y la Hidro San Luis en Santa Eulalia, que es propiedad de CINCO M S.A.

“Hay intereses políticos y económicos detrás de los recursos naturales en nuestros territorios”, dijo Juárez. “A medida que más y más autoridades líderes [indígenas] se mueven para defender sus derechos, su vida y su territorio, los intereses políticos y económicos estarán allí para encarcelar a ellos, como nos tienen.”

Y hay intereses involucrados en estos proyectos que se extienden mucho más allá de Guatemala.

Esta expansión de la producción de energía se constata cuando el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Washington han reiterado tanto sus llamados a un aumento de la producción de energía en Guatemala y la creación de un “mercado regional de la energía” como parte del Plan Mesoamérica, que aboga por la integración regional de infraestructuras. El plan apunta a interconectar los sistemas de energía de América Central a través del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central.

Las comunidades indígenas y mestizas han expresado su oposición a estos proyectos, porque las comunidades serían desplazadas de sus tierras, y que muchos lugares sagrados se perderían.

“En el contexto de la defensa de nuestro territorio, estamos hablando de la protección del agua, la protección de las colinas, la defensa de las montañas, y que significa, por supuesto, la defensa del aire que todos respiramos; y todos necesitamos de oxígeno”, dijo Juárez. “El Q’anjob’al y las antiguas naciones mayas están defendiendo precisamente este derecho a la vida, el oxígeno y el agua que todos necesitamos. Estamos haciendo uso de este derecho para defender el derecho del agua.”

Juárez y Baltazar no son los únicos para enfrentar la penalización por su resistencia a la construcción de centrales hidroeléctricas en su comunidad. Actualmente hay otros cuatro líderes de la comunidad de otro municipio vecino (Santa Cruz Barillas) – Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Juan Francisco, y ermitaño Bernardo López Reyes – todos se enfrentan a cargos de plagio o secuestro, asalto agravado, instigación a delinquir, y obstrucción a la persecución.

La clasificación como una organización criminal

A medida que las comunidades se han resistido, el gobierno y los intereses empresariales de Guatemala han utilizado cada vez más el lenguaje del conflicto armado interno para etiquetar los defensores de derechos humanos como “guerrilleros” y “terroristas”, y se han asociado estos términos con la defensa de los derechos humanos con la “lucha armada”. Con estas etiquetas se han presentado cargos legales contra activistas de las comunidades.

Inicialmente, el MP utilizó cargos de “terrorismo” contra los líderes de la comunidad. Uno de estos casos es el de los cinco líderes de la comunidad de San Rafael las Flores que han estado activos en la lucha contra la Mina de Plata Tahoe Resources. En 2011, los líderes de la comunidad de edad avanzada fueron falsamente acusados ​​de secuestro, terrorismo y asociación ilícita para el secuestro de 22 inversores canadienses que estaban visitando la mina. Más tarde fueron absueltos de los cargos.

Hubo un cambio en el año 2014 cuando el Ministerio Público retiró los cargos de terrorismo contra los líderes de los movimientos, pero dejó los cargos de secuestro, asociación ilícita y la draconiana “intención de cometer un crimen.”

“[Desde 2014], se ha producido un aumento de la agresión por parte del sistema judicial para perseguir a los líderes de la comunidad por diversos delitos, entre ellos el secuestro de los funcionarios públicos”, dijo Benito Juárez, un abogado que ha representado a muchos de los presos políticos de Guatemala que se han enfrentado la penalización para la defensa del medio ambiente. “Las personas que defienden sus territorios están exigiendo que la función del sistema judicial, pero se están dando cuenta de que el sistema judicial está siendo puesto en los servicios de las empresas transnacionales con el fin de procesar a los líderes, para acusar a las comunidades [de la resistencia] de crímenes y estigmatizar a las comunidades”.

Como se hizo este cambio de táctica, se preparó un informe extrajudicial en el mes de mayo de 2014 hecho por la empresa española Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz para mapear el movimiento social en el norte de Huehuetenango que se resiste a la construcción de la presa y clasificarla como una organización criminal. El documento, que se titula “La estructura criminal del norte de Huehuetenango,” luego se convirtió en la columna vertebral de la persecución de los líderes del movimiento en contra de la expansión de la energía hidroeléctrica en la región.

Según el documento, la persona que se encuentra en la parte superior de la pirámide de la supuesta organización criminal afirma que es Rigoberto Juárez.

“El Ministerio Público da utilización de este documento como medio para ordenar las detenciones y acusan a los líderes del movimiento”, dijo Morales. “La compañía está bombardeando el Ministerio Público con información sobre las actividades de los líderes.”

Criminalización generalizada contra los movimientos en Guatemala

Pero la situación en Guatemala para los activistas – especialmente para las comunidades que se interponen en la resistencia a la expansión de las industrias extractivas, tales como el aceite de palma, la minería y la producción de energía – se ha convertido cada vez más grave.

Según Unidas para la Defensa de los Defensores de los Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), defensores de los derechos humanos en Guatemala se ha producido un deterioro de la situación. Según datos de la organización, para el año 2010, el número de casos de criminalización contra los movimientos sociales había empezado a declinar a partir de 182 en 2007 a sólo 26 en 2009. Pero en 2013, el número de casos de criminalización aumentó constantemente a casi 300.

“[Los cargos criminales] todos vienen con la intención de dañar el tejido social y la organización social,” escribió la Convergencia por los Derechos Humanos, una alianza entre organizaciones de derechos humanos con sede en Guatemala, de los cuales UDEFEGUA es miembro. La amenaza de los cargos y el enjuiciamiento crea temor en las comunidades que están ejerciendo sus derechos.

Otros líderes y movimientos se han enfrentado a la penalización y los cargos por su lucha contra la expansión de las industrias extractivas en el país.

Otro objetivo de la penalización es el Comité de Unidad Campesina (CUC) y su líder Daniel Pascual. Ambos han sido acusados ​​por el ala de la derecha de Guatemala por ser una “organización terrorista” a causa de su apoyo a las comunidades kaqchikeles indígenas de San Juan Sacatepéquez y su resistencia a la construcción de una fábrica de cemento, que es propiedad de una de las familias más poderosas de Guatemala, en su territorio.

En 2011, la Fundación contra el Terrorismo presentó cargos contra Pascual y la organización campesina, incluidos los cargos de terrorismo. El caso ha llegado tan lejos como la corte constitucional del país. En 2015, Pascual llevó el caso, junto con otros tales casos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, DC.

“Este no es un cargo por un delito, se trata de un cargo por lo que pienso y lo que digo en público”, dijo Pascual. “Hay un costo político si no se tumba este cargo. Se establece un precedente peligroso en contra de defensores de los derechos humanos de lo que pensamos y lo que decimos en los medios de comunicación. Es muy peligroso.”

La criminalización de activistas en toda América Latina

Brasil

La criminalización de activistas en Guatemala es algo que es un reflejo de una tendencia que se está produciendo en todo el hemisferio occidental. Cada vez más, la criminalización de activistas ha comenzado a seguir la narrativa de la guerra global contra el terrorismo de Washington. En toda la región, tanto de los gobiernos progresistas y de derecha en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Paraguay, Ecuador, Colombia y Argentina, entre otros, han aprobado leyes antiterroristas draconianas sobre la base de la influencia de Washington, lo que ha supuesto un retorno a los climas de conflictos y enemigos de la guerra sucia de los años 1970 y 1980.

El Congreso brasileño está debatiendo actualmente una propuesta de modificación de las leyes contra el terrorismo por parte de la presidente Dilma Rousseff. Estos cambios tienen lugar antes de los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro, pero los partidos de izquierda de Brasil han criticado las leyes antiterroristas del Partido Obrero, que dicen que son “demasiado restrictiva”.

“El texto [de la ley] dará lugar a la criminalización de las protestas sociales,” así lo afirmó uno de los líderes brasileños del Partido Comunista, Jandira Feghali dijó al medio de noticias Sputnik.

El Estado brasileño ha aprobado una serie de leyes, ya que ganó por primera vez el derecho a organizar la Copa del Mundo. En 2014, el Ministerio de Defensa de Brasil publicó un manual titulado “Cómo garantizar la ley y el orden”, que expone cómo responderían las fuerzas armadas si se le pide durante la Copa del Mundo o Juegos Olímpicos. El documento afirma que su objetivo durante los juegos es “preservar el orden público y la seguridad de las personas y los bienes” a través del uso de la fuerza militar.

Una de las principales preocupaciones planteadas en este documento es la definición del gobierno de Brasil de “enemigo”. Regresando a los años de la dictadura militar en Brasil, la definición establecida por el Ministerio de Defensa, se puede aplicar a los “movimientos u organizaciones”, o ” organizaciones criminales, las bandas de traficantes de drogas” que se involucran en acciones como “bloquear pasillos públicos” o ” incitar a disturbios urbanos”.

Estas leyes y planes militares han dado lugar a una atmósfera de represión y violaciones de los derechos humanos por las fuerzas del Estado contra los manifestantes. Un estudio realizado por la organización brasileña libertad de organización Artículo 19 determina que entre enero de 2014 y julio de 2015, las fuerzas policiales y estatales fueron responsables de más de 849 detenciones arbitrarias y violaciones de los derechos humanos durante 740 protestas.

Chile

El uso de leyes contra el terrorismo en América Latina se remonta al experimento neoliberal de Chile. Hoy en día, las leyes contra el terrorismo no han estado en el centro del debate en la administración de Michelle Bachelet, que ha mirado para reformar la ley.

La ley se remonta a la dictadura militar de Augusto Pinochet, que tomó el poder tras un golpe apoyado por los EE.UU. contra el gobierno socialista democráticamente elegido de Salvador Allende. La ley fue aprobada originalmente por la dictadura en 1984 en un momento en que se enfrentó a las protestas y las pequeñas insurrecciones armadas.

Pero desde 1984, los tribunales chilenos han utilizado estas leyes contra el terrorismo para criminalizar y demonizar a las comunidades indígenas mapuches que han estado luchando para defender sus derechos como pueblos indígenas, así como su territorio.

En 2014, Celestino Córdova, una comunidad mapuche de 27 años de edad y líder espiritual, fue acusado como un “incendio terrorista” y condenado a 18 años de prisión por su presunta participación en matar una pareja de ancianos en un incendio en su casa. Pero los abogados de Córdova han argumentado que no hay evidencia sustancial para sostener que fue el líder espiritual responsables del incendio.

 

Desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington, DC, ha denunciado el uso de las leyes antiterroristas contra comunidades mapuches y líderes como Córdoba. En 2011, el tribunal revocó siete casos contra dirigentes mapuches acusados ​​de terrorismo.

En su decisión, el tribunal declaró, “la ley penal es contrario al principio de legalidad, con una serie de irregularidades que afectan el debido proceso, y teniendo en cuenta su origen étnico [los cargos son] injustificada y discriminatoria cuando se aplica.”

Agregaron, “Las víctimas fueron juzgados y condenados sobre la base de una legislación que tiene una serie de ambigüedades que permitieron la caracterización de la supuesta conducta como delitos terroristas.”

A pesar de estas irregularidades, la ley sigue vigente hoy en día, y refleja la historia oscura de la dictadura apoyada por EE.UU. Cientos de activistas mapuches todavía se enfrenta a cargos por terrorismo.

Desafiando la criminalización de los movimientos sociales

De vuelta en Guatemala, las comunidades del territorio norte de Huehuetenango y algunos activistas hacen trabajo para apoyar a los presos políticos como Rigoberto Juárez, al igual que el gobierno ha aumentado su campaña contra los movimientos en las comunidades.

“Hemos tratado de mantener casos como el de Rigoberto, tanto en los medios de comunicación nacional e internacional a través de la organización de festivales y presionar a los políticos”, dijo Andrea Ixchíu, activista y periodista independiente en Guatemala. “De esta manera somos capaces de aumentar lo que la defensa está haciendo. Como hemos visto en los últimos 10 meses, el Ministerio Público no tiene realmente un caso en contra de Rigoberto, por lo que estamos tratando de mantener la presión sobre el Estado”.

Acciones recientes colocan en la opinión internacional el tema de los presos políticos, la visita de la premio Nobel de la Paz 1992 Rigoberta Menchú, a través de grupos de presión constante y a través de los medios alternativos y comunitarios se hace presión para exigir la libertad de todos los presos políticos. Los activistas también han hecho constantemente contactos en los medios de comunicación nacionales, para mantener las historias de los presos políticos y estas puedan llegar a más gente a través de las noticias, este ha sido un trabajo que Andrea Ixchiu periodista independiente ha logrado colocar. Esto ha llevado a los medios de comunicación nacionales guatemaltecos a informar sobre la visita de delegados de la Unión Europea al centro preventivo durante una visita a Juárez, y una visita reciente de Menchu ​​junto a la premio Nobel de la Paz 1997 Jody Williams en febrero de 2016.

En distintos momentos se ha logrado la articulación de varios movimientos y colectivos junto a las comunidades para apoyar a los presos políticos, esto ha llevado a varias victorias legales contundentes y a la liberación de muchos presos políticos desde el año 2012. Por ejemplo el 14 de enero, Guatemala inició con un nuevo presidente, Jimmy Morales, en ese mismo momento dos presos políticos de Santa Cruz Barillas, Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, fueron liberados de la prisión después de casi tres años de prisión por cargos falsos de feminicidio. Los dos habían sido absueltos de los cargos en octubre de 2015, después de un corte en la segunda mayor ciudad de Quetzaltenango de Guatemala los absolvió de los cargos.

Acciones como las impulsadas desde los colectivos artísticos, como los festivales solidarios, acciones directas de la solidaridad internacional, o las visitas que se impulsaron para que dos mujeres importantes como las dos premios Nobel 1992 y 1997 se reunieran con los cinco presos políticos de Huehuetenango detenidos en la ciudad capital, son avances para este movimiento por la liberación de los presos políticos de Guatemala.