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La criminalización como estrategia para imponer la hidroeléctrica Xalalá

Xalalá

Por Nelton Rivera –Prensa Comunitaria y

Una nueva alarma se originó recientemente en las comunidades de Xalalá y Margaritas Copón, en el municipio de Ixcán, Quiché. El INDE y el proyecto hidroeléctrico llamado Xalalá han avivado nuevamente la conflictividad en la región. Varias son las comunidades de Cobán, Alta Verapaz; Ixcán y Zona Reina del Quiché que están organizadas en defensa del territorio frente a la intensión del gobierno de Guatemala por continuar con la construcción  de esta hidroeléctrica.

El pasado, lunes 24 de febrero en horas de la tarde la tranquilidad de la comunidad se vio nuevamente alterada por la extraña presencia de elementos del ejército, quienes llegaron a pie a los alrededores de estas comunidades. La población acudió inmediatamente a sus autoridades comunitarias y estas abordaron a los militares para pedir razón del porqué de su presencia.

El oficial a cargo luego de varios minutos de conversación y de evadir con sus respuestas la pregunta del porque están en la comunidad, manifestó que habían sido enviados al lugar por una denuncia. Supuestamente un comunitario había denunciado que miembros de los Zetas lo habían amenazado de muerte días antes, si él denunciaba que un cargamento de droga llegaría a esta comunidad, fue la primera versión.[1]

Momentos después ante la incredulidad de las autoridades comunitarias, cambiando su versión, el militar acepto que la persona a quien ellos hacían referencia como el responsable de la denuncia no corresponde con ningún habitante de la comunidad.  Finalmente asumió el oficial la postura que todo lo ocurrido respondía entonces a una confusión y que habían llegado a Margarita Copón por un error.

Finalmente se elaboró un acta entre las autoridades comunitarias y el ejército, en ella uno de los puntos importantes fue la necesidad de desmentir públicamente las versiones en medios de comunicación y oficiales del porque la presencia del ejército ese día en la comunidad, especialmente para evitar que las comunidades sean criminalizadas.

Este compromiso debía de hacerse público en Playa Grande al día siguiente, las autoridades comunitarias firmaron el acta en el lugar y el ejército se comprometió a desmentir la presencia de narcotrafico en el área y se retiró de la comunidad Margarita Copón por  la noche del 24 de febrero.

No es la primera vez que comunidades que se oponen a proyectos hidroeléctricos o mineros son criminalizados y acusados de estar vinculados al crimen organizado, narcotrafico o terrorismo. En Barillas municipio de Huehuetenango ocurrió exactamente lo mismo en el 2012, declaraciones de funcionarios públicos, empresa y medios de comunicación así lo hicieron,  para justificar el Estado de Sitio.

La difamación y el rumor estrategias de la criminalización

Comunitarios ven en la incursión militar la continuidad de una estrategia del gobierno para acelerar la construcción del proyecto hidroeléctrico de Xalalá, buscan amedrentar e intimidar a la población, por otro lado estas acciones se suman al aumento de la presencia y acciones del Instituto Nacional de Electrificación INDE en la región.

Se genera mucha preocupación cuando en varios medios de comunicación, ejército y funcionarios del ejecutivo utilizan la acusación o el rumor como escenario previo a la implementación de proyectos hidroeléctricos, también preocupa como se esta instrumentalizando la necesidad de las comunidades de obtener el servicio de la energía eléctrica como lo sucedido en Barillas en mayo del 2012 o en Santa Rosa y Jalapa en 2013.

Previo a la militarización y represión, en los dos lugares coincidieron fuertes declaraciones de varios ministros, incluso el mismo presidente acusando a las comunidades de tener vínculo con el terrorismo o el narcotrafico especialmente con el cartel de los zetas, pareciera entonces que estamos presenciando un nuevo escenario de criminalización en contra del pueblo Q’eqchí por oponerse a la construcción de la hidroeléctrica Xalalá.

 ¿porque entonces el ministro de gobernación anuncia que van a este lugar?

¿porque anticipar que saben que habrá una acción delincuencial?  Sabiendo que podrían alertar a los Zetas de haber sido cierta la información.

Contradicciones en el gobierno

Ministerios como el de Gobernación y Defensa entran en contradicción con Relaciones Exteriores, ¿hay o no hay Zetas en Guatemala? Días atrás el mismo ministro de Relaciones Exteriores Fernando Carrera aseguró en una entrevista a El País que “Los Zetas no están en Guatemala, los capturamos y los echamos”[2]

Nos preguntamos entonces ¿qué está pasando con en Xalalá? ¿Si fueron expulsados los zetas del país porque el ejército anda buscándolos en Ixcán?

Mientras tanto en varios medios de comunicación corporativos se anunciaba la presencia de comandos armados que responderían al cartel de los Zetas, buscando controlar el territorio para delinquir y ejercer control de las comunidades.

Radio Sonora en su cuenta de twitter @sonora969 publicó “Presuntos narcotraficantes amenazan a pobladores de comunidad Xalalá, Playa Grande, Alta Verapaz”. En un segundo twitter Radio sonora complementa: “Quieren tomar el control de las tierras para aterrizar narco avionetas.”

En Prensa Libre @Ofigueroa_PL publicó: “Comando armado exige a población de Xalalá, Ixcán, Quiché se involucre en tráfico de drogas.”

También aparece Otto Pérez Molina “supervisando” los avances de hidroeléctricas como Palo Viejo en Quiché cercana a la de Xalalá.[3]

Estas son solo muestras de como los medios de comunicación hechan mano de la desinformación que tiene como objetivo crear en la opinión pública la justificación para una acción violenta del Estado a través de sus fuerzas de seguridad, seguir ubicando a líderes y lideresas como delincuentes y no como representantes legítimos o defensores de derechos humanos.  Buscan entonces desacreditar y deslegitimar que son comunidades en defensa de sus bienes naturales y el territorio.

“Se está yendo demasiado lejos en la criminalización de la lucha social, para imponer un régimen de corte transnacional y militar, mediante mecanismos de terror y amedrentamiento en donde la judialización juega un papel clave.”[4]

La experiencia y la historia de podría suceder en corto plazo la podemos encontrar en la construcción de la Planta Hidroeléctrica  Chixoy en río Negro décadas atrás y recientemente en la conflictividad en Barillas por la Hidro Santa Cruz pueden ser el mayor aprendizaje para otras comunidades y pueblos de como las empresas y el Estado pueden llegar a actuar en función de intereses comerciales privados y no sociales.


[1] Entrevista a comunitario. Prensa Comunitaria. 25 de febrero 2014.

[2] El País. Entrevista Canciller Guatemala. “Los Zetas no están en Guatemala, los capturamos y los echamos”. 10 de febrero 2014.

[3]LaHora. Pérez Molina visita hidroeléctrica. 26 de febrero 2014.

[4] Prensa Comunitaria. La falsedad para desacreditar la lucha social.  Guatemala 5 de septiembre 2013.

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Barillas: Detienen a tres defensores del agua, la represión continúa

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Fotografía: ADH

Por Quimy De León -Prensa Comunitaria.

Arturo Pablo,  los comerciantes Adalberto Villatoro y  Francisco Juan conocido como don Chico Palas, fueron detenidos en el juzgado de Santa Eulalia cuando se presentaron voluntariamente a una de las audiencias en relación a denuncias en su contra, los tres estan acusados dentro de la Causa penal 139-2013, Procesados por delitos de “plagio o secuestro, amenazas, instigación a delinquir, reuniones y manifestaciones ilicitas”; dichas acusaciónes responden a los intereses de la empresa española.

Los lideres de la Sociedad Civil de Barillas fueron capturados éste  jueves 23 de enero en el Juzgado de Paz de Santa Eulalia, Huehuetenango.  Además forman parte de la resistencia pacífica contra la instalación de la empresa Ecoener Hidralia Energía – Hidro Santa Cruz.

Con  dos años de seria conflictividad en Barillas parece que a éste gobierno no le importa aumentarla, evidenciando su negativa en encontrar el camino que las comunidades y pueblos del norte de Huehuetenango con insistencia exigen para poder alcanzar la paz social y la tranquilidad en ese territorio.

En un comunicado representantes de las nacionalidades maya Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti y Mestiza de Huehuetenango rechazaron la captura de los lideres comunitarios, considerando este acción como un provocación e irrespeto hacia los pueblos.  Autoridades y representantes del norte de Huehuentenango realizaban una reunión con el gobierno de Guatemala al momento de la captura de los lideres.

“Consideramos esta acción como una clara provocación y estrategia de las empresas para desmovilizar las demandas comunitarias, desesperar a las comunidades para justificar el uso de la fuerza por parte del gobierno. Responsabilizamos a la empresa Hidro Santa Cruz y al juez de paz de santa Eulalia Rubén Zamora por lo que pueda pasar hoy en la zona norte de Huehuetenango si no se resuelve vía negociación esta situación.“[1]


Represión mediante la persecución penal

Los actores políticos y empresariales están utilizando el aparato judicial y el entramado jurídico  para neutralizar las acciones y la movilización de quienes se oponen a sus proyectos . Eso es lo que se llama  la judicialización de la protesta, una parte central de la estrategia de represión que utiliza herramientas “legales” para acabar con las formas de oposición y de organización.

Se trata de una forma de represión más sutil que las formas “clásica” de violencia directa, pero no por ello menos efectiva, pues consiste en

“…introducir a los movimientos sociales en largos procesos de confrontación legal que apuestan al desgaste interno de los movimientos y que dejan a los actores sociales en una situación de profunda desventaja… Aun teniendo la capacidad de llevarlo en orden, el resultado puede ser claramente inclinado en favor del Estado, por la vía de la corrupción de las autoridades”[2]

Puede utilizarse de dos maneras complementarias. Puede funcionar cambiando la legislación y convirtiendo en delitos las acciones de protesta constitucionalmente resguardadas. O puede funcionar a base de detener a los líderes por unos delitos comunes –secuestro, robo- que no se pueden probar pero que les condena a prisión.  Estos delitos son creados y denunciados por supuestos testigos, la mayoría ni si quiera son susceptibles de ser demostrados.

Licenciado y profesor Arturo Pablo, lider comunitario.

Profesor Arturo Pablo, lider comunitario de Barillas

¿Presos políticos?

De esta manera, aparece la figura del preso político.[3] El hecho de que su lucha sea la razón es lo que permite usar esta figura. Que se inventen delitos por opinar diferente de lo que se supone el sistema quiere respecto del modelo de desarrollo, expresarlo y organizarse para defender sus propias posturas en lo que pareciera ser una transgresión. Que el Estado niegue la condición de luchadores y defensores de sus derechos y la vida, usando los medios de comunicación para darles el carácter de delincuentes. Esas son las razones por las que se puede usar esta calificación.

Pese a esta forma de acusar inventado delitos, cuando el Estado incluye las acusaciones por terrorismo, sedición, conspiración, actividad contra la seguridad de la Nación y atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública, se está descubriendo. Está mostrando que existe una aceptación tácita del mismo Estado de que son presos políticos.

“Pretender ligar a un líder campesino al delito de terrorista, simplemente porque exige derechos, porque ejerce un derecho constitucional a manifestarse, a reunirse, a opinar de forma distinta;… entonces es el mismo estado a través del Ministerio Público quien decide que son presos políticos. Por la forma de persecución, implementando un estado de sitio, porque supuestamente se encuentra en peligro la estabilidad del Estado y especialmente la constitución, no puede percibirse esta realidad de otra manera, que no sea de carácter político”.[4]

Así pues a través de la judicialización de la protesta social se convierte en delincuentes y se detiene a personas que no han cometido delitos ni realizado acciones ilegales o violentas.  Se les imputan delitos creados ex profeso para el proceso. No son susceptibles de ser demostrados y son extremadamente exagerados como terrorismo, sedición, conspiración, actividad contra la seguridad de la Nación y atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública.

Los presos por motivos políticos son sujetos a violaciones de derechos humanos tales como la detención ilegal, negación de juicios justos, violaciones al debido proceso, racismo y discriminación, malos tratos y torturas entre otros, es justamente lo que les da esta característica

Se trata de personas que solamente han defendido sus derechos, se han organizado, han expresado sus opiniones, sus luchas son las razones de la persecución penal. Y con su detención se busca minimizar las luchas sociales y afectar a la población completa.

Licenciado y profesor Arturo Pablo. Foto ADH.

Profesor Arturo Pablo. Foto ADH.

A quién afecta la represión

El encarcelamiento político afecta directamente a las comunidades, provocando dolor, zozobra a las familias y a quienes deciden continuar con la lucha o defensa de sus derechos. Impacta a otras comunidades y organizaciones, generando un desgaste profundo a nivel nacional con  la defensa penal, las campañas públicas y otras formas de lucha que pueden también llevar al miedo y a replegarse de la lucha.

El uso de la justicia en la política a beneficio de los intereses del capital demuestra cómo se fortalece la impunidad: por un lado persigue a hombres y mujeres que luchan por defender la vida y sus derechos y por el otro no actúa en contra de crímenes de lesa humanidad, genocidio, violaciones sexuales, corrupción y los abusos y violaciones a sus derechos precisamente a luchadores sociales.

Voces que no son escuchadas

Las voces que no se cansan de pedir justicia y que se vayan las empresas en la región norte en concreto Ecoener Hidralia/Hidro Santa Cruz, no son escuchadas y más bien se intenta silenciarlas.

 


[1] Comunicado Consejo de las Nacionalidades mayas Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti del territorio Q’anjob’al. Consejo de Pueblos de Occidente CPO. Guatemala 23 de enero 2014.

[2] Pablo Romo, La Criminalización de la Protesta Social en México. Observatorio de la Conflictividad Social, Servicios y Asesoría para la Paz, AC. México, 2008.

[3] Como recuerda Edelberto Torres Rivas (“Anticomunismo y Estado Terrorista” El Periódico, 7de julio 2013, por ejemplo), durante las cuatro décadas del conflicto armado, apenas existieron presos políticos en Guatemala, pues esa figura fue sustituida por la del desaparecido o directamente la del asesinado

[4] En entrevista al abogado a Sergio Vives.

Hidroeléctrica y violencia; un nuevo antentado contra la comunidad Monte Olivo

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Cobán, Alta Verapaz: el pueblo Maya Q’eachí habita mayoritariamente en el departamento de Alta Verapaz, la comunidad Monte Olivo forma parte de su territorialidad como pueblo. Este municipio se encuentra ubicado a aproximadamente 213 kilómetros de la ciudad capital.

El día domingo 8 de diciembre 2013 varios comunitarios y comunitarias de Monte Olivo fueron atacados con machetes por personas afines a la empresa ELG de la comunidad Israel. Este atentado ocurrió a las 6 de la tarde cuando las personas de la comunidad Monte Olivo se retiraban de la iglesia Católica al finalizar la misa.

Las comunidades en oposición a la construcción de la Hidroeléctrica “Santa Rita”, denunciaron que este ataque responde a las acciones violentas promovidas por  la empresa, cuyo proyecto hidroeléctrico es propiedad de la empresa de la empresa Energía Limpia de Guatemala (ELG) y busca actualmente instalarse en el río Dolores.

Como resultado de este nuevo ataque  se encuentra gravemente heridos: Manuel Benedicto Ical Un, quien recibió una herida con machete en el antebrazo y exposición de intestinos. También Basilio Ical Un, Ramiro Anselmo Un e Ismael Ortiz quien recibió una herida con machete en el pecho.

Comunitarios denunciaron que el martes 10 de diciembre la empresa Energía Limpia de Guatemala (ELG) estará reunida en la comunidad donde se pretende hacer la construcción de la Hidroeléctrica, en dicha reunión estará presente la municipalidad de Coban Alta Verapaz.

“En el caso de la comunidad Monte Olivo, como sucede con la mayor parte de las comunidades mayas, el Estado tiene presencia sólo cuando los recursos naturales que hay en las comunidades son de interés para las empresas, esto es porque fue hasta en el “año 2008, cuando el Ministerio de Energía y Minas concede la licencia para la construcción de la hidroeléctrica con el nombre Hidro Santa Rita, S.A., la cual pretende construir en el Río Dolores […] La empresa compra terrenos de la finca Xalahá, Canguinic, lugar en el cual construirán la represa, que tendrá una capacidad de 25 megavatios, encontrándose dentro de la categoría de medianas hidroeléctricas”.[1]


[1] Kajkoj Maximo Ba Tiul. Monte Olivo (I). Prensa Libre. 9de septiembre 2013.

Carta Abierta contra la represión, la criminalización y el despojo en Barillas

976516_441952032589308_700036020_o copyPublicada en: http://www.codpi.org/campanas/192-cartaabiertabarillas

GUATEMALA.- En las últimas semanas hemos asistido a un nuevo episodio de criminalización y represión en el territorio del pueblo maya q’anjobal del norte del departamento de Huehuetenango, Guatemala. Con fecha de 28 de septiembre de 2013, el activista Maynor López fue detenido arbitrariamente, para ser trasladado posteriormente y en un helicóptero militar hasta la capital departamental.

A raíz de estos hechos y de las protestas comunitarias que les sucedieron, se procedió a la militarización del territorio y se cursaron órdenes de captura contra varios dirigentes locales, profundizando en la criminalización que padecen las comunidades desde que comenzaron la resistencia contra la instalación del proyecto Cambalam, operado por la empresa Hidro Santa Cruz (subsidiaria en Guatemala de la española Hidralia Energía).

Ante estos hechos y en coordinación con las organizaciones locales, desde la CODPI hemos promovido la Carta Abierta “Represión, criminalización y despojo: causas de la conflictividad en Barillas y la región norte de Huehuetenango”, dirigida a las autoridades públicas, a las empresas implicadas y a las organizaciones sociales. A continuación, puedes acceder a la carta y a las personas y organizaciones que se han adherido a la misma.


CARTA ABIERTA

REPRESIÓN, CRIMINALIZACIÓN Y DESPOJO: CAUSAS DE LA CONFLICTIVIDAD EN BARILLAS Y LA REGIÓN NORTE DE HUEHUETENANGO

En las últimas semanas hemos asistido a un nuevo episodio de criminalización y represión en el territorio del pueblo maya q’anjobal del norte del departamento de Huehuetenango, Guatemala. Con fecha de 28 de septiembre de 2013, el activista Maynor López -opuesto a la construcción el proyecto hidroeléctrico Cambalam I- fue detenido arbitrariamente por personas no identificadas, para ser trasladado posteriormente, en un helicóptero militar, hasta la capital departamental. Organizaciones de derechos humanos denuncian que la detención se llevó a cabo sin orden de captura, y una misión de verificación presente en el lugar de los hechos -en la que participaron diputados nacionales- denunció la existencia de signos de torturas en el detenido.

A raíz de estos hechos y de las protestas comunitarias que les sucedieron, se procedió -una vez más- a la militarización del territorio y se cursaron órdenes de captura contra varios activistas locales, profundizando en la criminalización que padecen las comunidades y las organizaciones que les acompañan. El Ministro de Gobernación guatemalteco, Mauricio López Bonilla, llegó al extremo de acusar de terrorismo a la población opuesta al proyecto y de amenazar con la expulsión de las personas extranjeras que participen en protestas sociales.

El señor Maynor López es una de las cabezas visibles del movimiento legítimo de resistencia contra la instalación del proyecto Cambalam, operado por la empresa Hidro Santa Cruz (subsidiaria en Guatemala de la española Hidralia Energía). A raíz de este compromiso en defensa de los recursos naturales, el señor López ha sufrido señalamientos continuos por parte de la empresa, la cual le ha acusado públicamente y de manera sistemática de ser el responsable de obstaculizar los acuerdos con las comunidades, así como de fomentar el uso de la violencia y de tener razones particulares y políticas para su activismo.

Es necesario recordar que esta situación no es nueva. La conflictividad ha sido una constante en el municipio de Barillas y en los municipios vecinos, desde el momento en que se puso en marcha el proyecto Cambalam, el cual no sólo no cuenta con el consentimiento de la población, sino que ha sido explícitamente rechazado -al igual que cualquier otro proyecto minero o hidroeléctrico- por los y las pobladoras del municipio, en consulta realizada el 23 de junio de 2007. Esta preocupante situación vivió sus peores momentos cuando, tras el asesinato del comunero Andrés Pedro Miguel, opuesto al proyecto (1 de mayo de 2012), fue declarado un estado de sitio por parte del Gobierno de Otto Pérez Molina, de 18 días de duración, en el marco del cual se denunciaron graves violaciones de los derechos humanos.

El municipio de Barillas, así como el resto de municipios vecinos afectados por la violencia, forma parte del territorio del pueblo maya q’anjobal, cuyos derechos colectivos quedan recogidos en la Constitución Política de la República, los Acuerdos de Paz, y el Convenio 169 de la OIT, que forma parte del ordenamiento jurídico del Estado guatemalteco. Entre estos derechos, destaca especialmente el de participar en la gestión y conservación de los recursos naturales, así como el de ser consultados con carácter previo, de buena fe y mediante procedimientos apropiados, con la finalidad de alcanzar un acuerdo o lograr el consentimiento.

El proyecto Cambalam está operado por la empresa Hidro Santa Cruz, subsidiaria de la transnacional Hidralia Energía, con sede matriz en el Estado español (en la ciudad de A Coruña, Galicia). También este Estado ha ratificado el Convenio 169 de la OIT y está obligado a cumplir y a hacer cumplir los derechos por él reconocidos.

Ante este escenario, las personas y organizaciones abajo firmantes:

1. EXIGIMOS a las autoridades de Guatemala y del Estado español, tanto centrales como autonómicas, que cumplan y hagan cumplir a la empresa Hidralia Energía, así como a su subsidiaria en Guatemala, Hidro Santa Cruz, los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico guatemalteco y español, especialmente los recogidos en el Convenio 169 de la OIT, en cuanto el desempeño de estas empresas se da en un territorio habitado por pueblos indígenas.

2. EXIGIMOS a las autoridades de Guatemala, especialmente al Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, que cesen en la represión y la criminalización de las comunidades -así como de las organizaciones que les acompañan- movilizadas legítimamente en defensa de sus derechos colectivos, reconocidos tanto en las leyes guatemaltecas, como en el Convenio 169 de la OIT.

3. EXIGIMOS a la empresa Hidralia Energía, así como a su subsidiaria en Guatemala, Hidro Santa Cruz, que desistan de la construcción del proyecto hidroeléctrico Cambalam, el cual no cuenta con el consentimiento del pueblo maya q’anjobal de Barillas, en cuyo territorio se pretende instalar, y que cesen en el señalamiento de activistas y dirigentes comunitarios.

4. SOLICITAMOS a las organizaciones sociales de Guatemala, del Estado español y a la comunidad internacional, que mantengan su atención sobre el municipio de Barillas y todo el norte de Huehuetenango, denuncien las violaciones de derechos que se están produciendo y se sumen a la presente carta.

Porque consideramos que únicamente en un marco de respeto escrupuloso de los derechos humanos, individuales y colectivos, de los pueblos de Huehuetenango, es posible acabar con la conflictividad. Porque creemos que las comunidades del pueblo maya q’anjobal tienen derecho a vivir en paz y a elegir su propio modelo de desarrollo, sin sufrir por ello represión y criminalización.

“¿CUÁNTOS DERECHOS ES NECESARIO VIOLAR PARA PRODUCIR ENERGÍA?”

FIRMAS

Q’A NO’JB’AL: DAVID Y AGEO; VIVEN

Kajkoj Maximo Ba Tiul

M1Cuando el  territorio de Tezulutlán, comienza a ser devorado y devastado por la ambición inhumana del poder finquero o el poder del patrón, que quiso hacer de los pueblos originarios (Ch’ol, Lakandon, Ak’ala’, Q’eqchi y Poqomchi) sus súbditos, sumisos y obedientes, se inicia el choque entre dos ethos.  El ethos del finquero y el ethos comunitario. Dos ethos imposible de articularse y armonizarse, porque el primero es depredador y el segundo es armónico y respetuoso.

Hoy después de muchos años, el ethos finquero sigue haciendo estragos al ethos comunitario.  Al igual como lo hicieron cuando este territorio fue presa del capital alemán o del capital belga.  Así hoy el capital transnacional aliado al capital nacional, sigue rompiendo el tejido social comunitario, sin importarle que esto pueda causar muertes y daños profundos en la vida de los pueblos indígenas de la región.

Las comunidades Q’eqchi y Poqomchi, hoy siguen defendiendo lo poco que les queda, porque es su vida y su futuro.  Pero esta forma de vida, hasta el momento no ha sido atendido ni entendido por los grupos de poder existente y a fuerza de todo, teniendo el aparato estatal a su favor, hacen y deshacen con la vida de las comunidades.

Esto ha llegado a su punto más alto, cuando son asesinados los niños David y Ageo, de la Comunidad Monte Olivo de Cobán Alta Verapaz, por un trabajador de la hidroeléctrica Santa Rita, de la empresa Inver Energy, de la familia López Roesch, asociada con la trasnacional estadounidense Duke Energy. Esto y otras situaciones se están dando por el hecho de que el ethos comunitario de los pueblos originarios no es compatible con el del finquero, que impulsa el modelo neoliberal.

m3Después de esta larga noche, solo nos queda decir, con las palabras de Norma: “David y Ageo van de camino a su casa, a su tierra, a donde enterraron su ombligo, allá, debajo de las montañas que solo hablan Q’eqchi’, que le rezan al viento y beben kakaw, van de la mano de sus abuelas y abuelos que vinieron desde los Oxlaju Tz’ultaq’a, a encaminarlos de vuelta al vientre de la Madre que ve como sus hijas y sus hijos paren,  luchan, viven por la lucha, mueren luchando”.

Los sentimientos de justicia son profundos,  este hecho no debe quedar en la impunidad. David y Ageo son la luz dentro del túnel para lograr la justicia a favor de los pueblos; como lo dicen sus hermanitos de la escuela donde ellos estudiaban: “Keke y Esthu, te recibimos con todas nuestras almas y fuerzas y con los brazos abiertos […] yo te tengo a ti y tu me tienes a mi […] me recuerdo de la amistad que compartimos nosotros los niños que nos encanta hacer la tarea cada día”.

Hoy David y Ageo se van a alimentar la Madre Tierra, pero nos dejan una tarea a seguir;  luchar contra el poder devastador, caminar hacia la construcción de un mundo humano y justo y seguir luchando para que pronto los niños y niñas de  Iximulew canten y alcen la voz de la libertad”.