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Barillas: suspenden por sexta vez una audiencia para uno de los presos políticos

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Por: Nelton Rivera.

Don Ermitaño López es oriundo de Barillas, el se ha dedicado al cultivo del café durante buena parte de su vida. El es un hombre conciente y comprendió que una empresa española como la Hidro Santa Cruz era dañina y que dedicaría buena parte de su tiempo para denunciar la cantidad de violaciones a los derechos humanos y defender el agua de los ríos que suministra los cultivos y que sirve para el consumo. Ya que resulta que esta empresa llegó a su municicipio queriendo esa misma agua, acapararla y producir o generar energía eléctrica no precisamente para beneficio de la gente que vive en estos lugares. Desde que llegó la empresa ha intentado realizar su proyecto imponiéndose por la fuerza.

Una de las formas utilizadas es persiguiendo judicialmente a todas aquellas personas que se opongan el proyecto mediante formas pacíficas. De esa cuenta han habido varias personas presas, entre ellas don “Taño”. El fue detenido el 2 de junio de 2015 y desde se encuentra en la cárcel de Huehuetenango. El no ha tenido  acceso a la justicia pronta y cumplida, ya que la audiencia de fase intermedia se ha suspendido seis veces. El es otro preso político.

Don Taño se encuentra detenido y en medio de un juego de ping pong. El viernes 22 de enero de 2016 se iba a celebrar por sexta vez la audiencia de fase intermedia en el Tribunal de Mayor Riesgo A, en la que debía ser trasladado hasta la capital.

Sin embargo la jueza  suspendió la audiencia, ya que ella no ordenó su traslado a la capital sino que a un juzgado de Huehuetenango para que el estuviera presente a través de  video conferencia. La Policía Nacional Civil – PNC de todas formas no lo trasladó a ningún lado.

Errores cometidos

La cárcel de Huehuetenango está bajo la coordinación de la Policía Nacional Civil de Huehuetenango y no del Sistema Penitenciario. En la audiencia anterior el juzgado había solicitado al Sistema el traslado de Ermitaño López, obviamente al no estar bajo su coordinación esto no sucedió. Por lo tanto la audiencia no se pudo realizar y fue recalendarizada para el  día 22 de enero 2016. Al ocurrir esto Benito Morales abogado defensor solicitó a la jueza que debían trasladarlo a la capital como es su derecho y que en última instancia se utilizara la videoconferencia, si no lograran el traslado a la capital.  Pero que no se le negara ni retrasara el debido proceso.

Y se vuelve a retrasar el proceso

Quienes asistimos a la sala de audiencias de nuevo para que se realizara la audiencia el 22 de enero en el nivel 14 de la Torre de Tribunales, pudimos que todo estaba listo para la videoconferencia ya que no había sido trasladado a la capital don Ermitaño López. Pero resultó que no fue trasladado tampoco al juzgado en la zona 8 de Huehuetenango.

La jueza Claudette Domínguez reprogramó la audiencia para el día 15 de febrero de 2016. Esta sería la sexta vez que se cancela la audiencia. Desde el mes de octubre del 2015 que no ha podido celebrarse y han habido una serie de justificaciones, en palabras del abogado Benito Morales esto es lo que ocurre:

“Esta audiencia tiene cinco audiencias previas las que también han sido suspendidas, todas las razones se atribuyen a los jueces, fiscales, a la PNC, a todos, con una intención muy mala y perversa, hoy la juez se excusa diciendo que fuimos nosotros quienes pedimos que se realizará la audiencia por video conferencia, lo que es mentira, porque ella misma resolvió que se iba a asegurar primero porque no los trasladaron antes, la juez quiere evadir su responsabilidad.

La política de criminalización es responsabilidad del Estado, materializado a través de jueces, fiscales, policía. La juez olvida que tiene poder de disciplina y puede garantizar el derecho de Ermitaño, solamente busca a otros culpables cuando ella tiene la culpa. Decir que ella no sabía que Ermitaño estaba detenido en Huehuetenango porque no se lo dijeron es una irresponsabilidad, se suma a las excusas una vez más, hay una estrategia para que esto se vaya retrasando y retrasando.

Constatamos cada día que aquí no estamos discutiendo cosas jurídicas si no los intereses de otros sectores, de lo que se trata es de imponer los megaproyectos en los territorios del norte de Huehuetenango, y esos sectores utilizan al Estado para esos intereses… el Ministerio Publico para perseguir a la gente si es eficiente, actúa inmediatamente y funciona perfectamente a tal punto que sorprende, pero no así en otros casos”

Porque él está en prisión:

El día 24 de enero 2014 el juez de Santa Eulalia Luis Fernando Pérez Zamora, había ordenado la prisión preventiva de cuatro líderes y autoridades comunitarios de Barillas: Sotero Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro, Arturo Pablo Juan y Diego Diego Marcos acusados por la empresa Hidro Santa Cruz de haber retenido supuestamente a sus trabajadores en abril del 2013, unas horas después ese mismo día el juez realizó otra audiencia en la que enmendó su decisión y los cuatro quedaron en libertad.

Don Taño ese día al igual que otras autoridades comunitarias de Barillas y otros municipios asistieron para acompañarlos durante la audiencia, su papel todo el tiempo fue el observar el proceso y posteriormente el de mediación cuando la gente se indignó después de que habían detenido a sus otras autoridades.

Un mes después el 26 de febrero 2015 un juez de Huehuetenango ordenó que Adalberto Villatoro, Francisco Juan y Arturo Pablo fueran enviados a prisión preventiva y trasladados a la ciudad capital por la acusación de la empresa. A los tres meses de esto el día 9 de junio 2015 don Taño fue detenido en la Torre de Tribunales en la ciudad capital al finalizar una de las audiencias de sus tres compañeros.

El MP lo responsabiliza de haber dirigido el cierre del Centro de Administración de Justicia CAJ de Santa Eulalia durante la audiencia realizada en el mes de enero del 2015, lo señala de varios delitos: plagio o secuestro, atentado con agravación de pena, instigación a delinquir y obstaculización a la acción penal.

Barillas: miles de personas recibieron a Saúl y Rogelio dos defensores del agua

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Video y fotoreportaje de Manuel Pedro Ramón.

 

 

Barillas: Saúl y Rogelio fueron criminalizados y su pueblo hoy los recibe con multitudinaria muestra de cariño

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Foto: David Diego Marcos

 

Ambos son defensores del agua, en su comunidad siempre estuvieron al servicio de la gente, ese liderazgo les permitió tener la confianza y el respeto de miles de personas en Barillas.

La empresa española Hidro Santa Cruz los criminalizo, fueron encarcelados por segunda vez en agosto del 2013, por tres años estuvieron injustamente en prisión, desde el día 2 de mayo se convirtieron en los primeros presos políticos de Huehuetenango.

Este sábado 23 de enero 2016 los dos vuelven a su tierra, en cada uno de los pueblos de la nación Q’anjob’al los recibieron como hermanos, amigos y héroes por su lucha en defensa del agua.

Desde el día 13 las comunidades en Barillas se prepararon para recibirlos, tardaron un poco más de tiempo en llegar, las comunidades se movilizaron desde temprano, el municipio se llenó de un ambiente de fiesta, la resistencia pacífica “Nuevo Amanecer” sigue deteniendo el trabajo ilegal de la empresa.

Llego el momento de la llegada a Barillas, tanto tiempo les limitaron su mirada con muros, hoy sus ojos no alcanzaron a ver las montañas, las calles y avenidas llenos de gente.

En el salón municipal hay una avalancha humana, son miles de voces, manos y corazones que defienden el agua, el territorio, esos corazones que están abiertos en una tarde fría recibiendo a dos de sus hermanos, amigos y compañeros de lucha.

Saúl y Rogelio son recibidos con multitudinariamente con la confianza y el respeto de miles de personas de Barillas, Huehuetenango.

Barillas, 23 de enero 2016.

Fotografías: David Diego Marcos, Radio Snuq’ Jolom Konob’.

Barillas: Saúl y Rogelio, defensores del agua y presos políticos quedan en libertad

Por: Quimy De León

Jueves 14 de enero de 2016.- Saúl Aurelio Méndez y Antonio Rogelio Velásquez quedan hoy en libertad y muy pronto podrán estar de vuelta con sus familiares en Barillas, Huehuetenango. Ellos son dos defensores del agua y del territorio del municipio de Santa Cruz Barillas del departamento de Huehuetenango que fueron criminalizados y perseguidos por representar a las comunidades mestizas y maya q’anjob’al de su municipio. Las comunidades que representan se resisten a la instalación inconsulta de la empresa Ecoener Hidralia Energía -empresa española- que además pretende construir una serie de hidroeléctricas en la zona.

Ambos estuvieron detenidos injustamente desde el mes de agosto del año 2013, después de enfrentar un nuevo juicio luego que la Sala Séptima de Apelaciones de Huehuetenango ordenara la repetición del debate. Este nuevo debate dio inicio en septiembre del 2015 ante el Tribunal de Sentencia de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer de la ciudad de Quetzaltenango. Saúl Méndez está representado legalmente por los abogados Eduardo De León Chacaj y Juan Castro de la Asociación de Abogados Mayas, así como por el abogado Héctor Reyes del Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).

Los primeros presos políticos de Huehuetenango

Saúl y Rogelio se convirtieron en presos políticos del Estado en el año 2012, cuando fueran detenidos de forma arbitraria por paramilitares en Barillas el día 2 de mayo cuando se dirigían a la estación de la Policía Nacional Civil PNC para averiguar sobre el asesinato del comunitario Andrés Pedro Miguel ocurrido el 1 de mayo a manos de los jefes de seguridad de la empresa Ecoener Hidralia Energía – Hidro Santa Cruz.

El 5 de noviembre del 2012, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos de las Naciones Unidas consideró en la Opinión 46/2012 emitida por este órgano confirmo que las detenciones hechas en Barillas el 2 de mayo fueron arbitrarias.[1]

En enero del 2013, luego de una fuerte batalla legal y política ambos junto a Diego Juan Sebastián, Andrés León Andrés Juan, Joel Gaspar Mateo, Ventura Juan, Pedro Vicente Núñez Bautista, Amado Pedro Miguel, Marcos Mateo Miguel, Esteban Bernabé y Pascual de Pascual Pedro lograron obtener su libertad nuevamente, ese mismo año regresaron a Barillas recibidos por miles de personas. Las amenazas de nuevos procesos en su contra empujados por la empresa Hidro Santa Cruz o su matriz en España Ecoener Hidralia Energía no se detuvieron.[2]

Meses después, sorpresivamente fueron detenidos nuevamente por una acusación falsa, el 27 de agosto de 2013 ambos llegaron a la Torre de Tribunales en la ciudad de Guatemala para una nueva audiencia, en ésta audiencia debía de cerrase el proceso 92-2012 en contra de ellos y ahí mismo fueron detenidos por agentes del DEIC y trasladados a Huehuetenango.[3]

Ellos fueron acusados injustamente como los responsables de linchamiento de dos personas acusadas de delinquir en el municipio de Barillas en 2010, la gente había identificado a estas dos personas (Guadalupe Francisco, de 46 años, y Mateo Diego Simón, 41)[4] como los responsables de varios delitos y robos en la región, ante el descontento masivo de la gente y la falta de aplicación de la justicia en el municipio fueron linchados en el año 2010. Este proceso se reactivó casualmente en 2013 pero ahora en contra de Saúl y Rogelio, por ser ellos parte de las autoridades comunitarias en ese momento, lo extraño de éste proceso fue que el Ministerio Público no responsabilizó de manera individualizada a quienes sí participaron en éste linchamiento señalando únicamente a los dos líderes comunitarios de Barillas.

El 14 de noviembre 2014 fueron condenados 33 años y cuatro meses de prisión por el tribunal de Femicidio en el departamento de Huehuetenango, sus abogados defensores interpusieron un recurso de Apelación Especial del proceso penal No. 13005-2013-00104 para que una Sala de Apelaciones de Huehuetenango revisara los vicios en el proceso; estos son de forma y de fondo y de esa cuenta la sentencia condenatoria emitida por el tribunal en Huehuetenango fue anulada.5 El 29 de abril 2015 la Sala Séptima de Apelaciones de Huehuetenango realizo una vista pública resolviendo anular la sentencia del tribunal de Huehuetenango y ordenando un nuevo proceso en Quetzaltenango.

[1] Naciones Unidas. Miguel de la Lama. Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos de las Naciones Unidas. https://acoguate.files.wordpress.com/2013/03/gtda-opinion-no-46-2012-guatemala.pdf

[2] Quimy De León. Barillas: una historia de persecución política por defender el agua. Prensa Comunitaria. 15 de enero 2013. https://comunitariapress.wordpress.com/2014/01/15/barillas-una-historia-de-persecucion-politica-por-defender-el-agua/

[3] Periodismo Humano. Detenidos dos defensores del agua contra empresa española Hidralia en Barillas, Guatemala. 29 de agosto 2013. http://periodismohumano.com/sociedad/libertad-y-justicia/detenidos-dos-defensores-del-agua-contra-empresa-espanola-hidralia-en-barillas-guatemala.html

[4] Prensa Libre. Condenan a 33 años de cárcel a dos hombres por linchamiento de pareja. Mike Castillo. 14 de noviembre 2014. http://www.prensalibre.com/huehuetenango/Condena-anos-carcel-dos-hombres-linchamiento-pareja_0_1248475340.html

 

Barillas de exportar café y cardamomo ahora exporta presos políticos

Por Nelton Rivera.

Barillas es un municipio de aproximadamente 129 mil habitantes, la agricultura sigue siendo una de las actividades económicas importantes, el café hasta la crisis del 2002 fue casi el más importante. Todo cultivo necesita de agua, y en este municipio el agua está en disputa. Una hidroeléctrica extranjera quiere instalarse y utilizar las cascadas del río Canbalam para producir energía y venderla fuera del país, un río poco caudaloso pero que circula por varias de las comunidades. Para funcionar la empresa recurrió a poner denuncias en contra de muchas personas, de ahí van el montón de procesos. El Ministerio Público -MP- con estos casos está lejos de ser objetivo en sus investigaciones, la empresa le da los insumos, con estos se arman casos penales y ahora hay siete líderes comunitarios en distintas cárceles del país, todos enfrentan procesos arbitrarios, así lo afirman los abogados de derechos humanos, la empresa no les perdona que hayan detenido el proyecto hasta la fecha.

 

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Ermitaño López (don Taño) y Adalberto Villatoro (don Tello) son dos agricultores que provienen de familias que por años produjeron café, seguramente sus abuelos habrán comenzado con este cultivo en Barillas.

Francisco Juan Pedro (don Chico Palas) tiene su propio negocio, una librería en el centro de la ciudad y Arturo Pablo es profesor de una escuela pública en la comunidad Recreo B, además es licenciado.  Arturo y Francisco son indígenas maya Q’anjob’al, la población mayoritaria de varios municipios del departamento de Huehuetenango.

Ellos son autoridades comunitarias, alcaldes auxiliares o COCODES, tienen en común la defensa del agua y del territorio, y todos actualmente están en prisión, para muchos de forma injusta e ilegal, para una empresa y el Estado son delincuentes o terroristas por oponerse a un proyecto que llevará el “desarrollo”, ¿Cómo? no terminan de explicarlo.

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Durante el año 2007 la gente del municipio realizó una de las primeras consultas comunitarias, muchos decidieron que los bienes naturales no pueden ser explotados industrialmente, por lo tanto las empresas no pueden llegar como si nada, instalarse y construir sin el consentimiento de la mayoría.

Barillas es un municipio en donde la producción agrícola es una de las principales actividades comerciales y de auto sustento, después de las remesas claro esta, la tierra y el agua son vitales, cultivos como el café y cardamomo necesitan del agua y de las personas también.

Ser colectivamente responsables con sus recursos hídricos y tomar decisiones para protegerlos, les enfrentaría años más tarde con la ambición de una empresa española de origen español, la empresa quiso instalarse de forma inconsulta desde el año 2011. Para adquirir la tierra mintió, luego comenzó a construir sin permiso municipal y volvió a mentir, frente a la oposición de las comunidades su estrategia se tornó cada día más violenta, mintió en los medios de comunicación, mintió en su país y hasta el día de hoy sigue mintiendo.

El empresario Luis Castro Valdivia de origen gallego tuvo el respaldo del gobierno de aquel entonces, Otto Pérez Molina cuando el se sentía en la cima del poder. Esta empresa probó de todo en el 2012; realizó denuncias que se convirtieron después en órdenes de aprensión. También hubo asesinatos, cooptación de líderes, desplazamiento forzoso, presos políticos y hasta un Estado de Sitio.

Para el año 2012 el municipio dejó de exportar café y comenzaron a exportar presos políticos, primero fueron nueve, luego entre el año 2013 al 2015 fueron siete más, don Taño, Tello, Chico Palas, Arturo, Saúl y Rogelio son el ejemplo vivo de esta experiencia, lo más terrible es que todavía hay órdenes de captura contra 23 personas más.

Barillas dejo de ser referencia por su café y cardamomo de exportación a mercados como los de Estados Unidos y Europa, ahora exporta presos políticos; pequeños o grandes productores cambiaron sus pláticas sobre el café si es Prima, extra prima, semi duro, duro fantasía, estrictamente duro, o Antigua por temas como órdenes de aprehensión, fiscales, denuncias, juzgados, jueces, casos, penas y cárceles.

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Don Tello, Arturo y don Chico Palás, están en prisión preventiva desde febrero del 2015 en la ciudad de Guatemala, un juez de Huehuetenango así lo decidió, su paso por la cabecera departamental fue corto ya que después de su detención los mandaron para la capital,  en poco tiempo se dieron cuenta que la justicia pronta y cumplida o el debido proceso no son mas que una utopía, un texto muerto.

Para el abogado Edgar Pérez del Bufete de Derechos Humanos, este caso y la participación del MP responden a otros intereses:

“Tenemos una acusación que es inobjetiva, es una acusación totalmente arbitraria, esta acusación puede ser ilegal y eso es una afrenta contra el orden constitucional, el Ministerio Público apartándose de toda objetividad presentó acusaciones ilegales…”[1]

Ocho meses han trascurrido desde que fueron detenidos, todo ha sido lento y tortuoso, sus familias tienen que viajar durante dos días para llegar a la ciudad capital desde Barillas un municipio que colinda con una de las fronteras del sur de México, fácilmente pueden hacer 14 horas de viaje si usan un solo día para moverse a la capital, la prisión injusta, la distancia, la ruptura del núcleo familiar golpean permanentemente a las familias.

La denuncia en contra de ellos la hacen varios trabajadores de la empresa, con el auxilio de un abogado pagado por la empresa. El fiscal del MP logró que los tres permanezcan en prisión preventiva en la zona 18, el proceso recientemente paso de la fase intermedia, los tres van a un juicio oral y público así lo resuelvió el Tribunal de Mayor Riesgo A, el MP no logro salirse con la suya, la jueza Carol Patricia Flores antes de ser removida del tribunal desestimo la acusacion por plagio o secuestro, ahora el tribunal esta presidido por otra jueza, el fiscal aún debe una explicación sobre como ingresó el mismo al expediente un documento titulado: “Informe Estructura Criminal. Conflicto Social Huehuetenango Mayo 2014”, la empresa lo puso en las manos del fiscal.

Para Benito Morales Laynes abogado defensor: “este tipo de persecución por parte del Ministerio Público son casos políticos, porque están persiguiendo, criminalizando y juzgando a líderes comunitarios por su forma de pensar y por oponerse a empresas transnacionales y no por cometer delito alguno, qué delito existe en defender el agua de todo el mundo, además es evidente una política racista por parte del MP.”

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Las juezas van y vienen

Carol Patricia Flores presidió el Tribunal de Mayor Riesgo A en la ciudad de Guatemala, ella enfrenta un antejuicio. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG- y el Ministerio Público –MP- tienen algunos indicios que ella pudo haber hecho uso de su posición para beneficiarse económicamente, de esa cuenta que el antejuicio sea por: “delitos de lavado de dinero u otros activos; enriquecimiento ilícito, e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.”[2]

En el mes de agosto la jueza se excusó de seguir conociendo los casos de la CICIG, como el de la estructura de La Línea y el IGSS. Ella conoció el caso de la masacre de la cumbre de Alaska en Totonicapán.  Finalmente en diciembre ella salió de vacaciones, por lo que la Corte Suprema de Justicia nombro a la jueza Claudette Domínguez en su lugar para conocer los casos del tribunal de Mayor Riesgo A, ella es quien lo preside ahora.

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¿Cómo va el proceso?

Antes de cerrar el año el Tribunal ligó a proceso a los tres por los delitos de detenciones ilegales, coacción e incitación a delinquir, la jueza Carol Patricia Flores desestimó el delito de plagio o secuestro, el MP no logró demostrar con suficientes pruebas que los tres señores hubieran cometido tal delito y la jueza a regañadientes contra el fiscal lo descartó, a pesar de eso el fiscal Maynor Alfredo Aguilar Bernardino de la unidad de operadores de justicia del MP insistió en solicitar una y otra vez que todos fueran ligados por este delito, con penas de 25 años de cárcel o la pena de muerte.

Ocho meses después de haber sido detenidos en prisión a 415 kilómetros de sus hogares el profesor Arturo, don Chico Palas, y don Tello van a juicio oral y público, en enero de 2016, la jueza Claudette Domínguez así lo resolvió luego de conocer una audiencia para modificar la medida coercitiva durante los últimos días de diciembre del 2015.

Los abogados defensores argumentaron que los tres delitos por los que fueron detenidos debiera de tener arresto domiciliario argumentando que existe la posibilidad de fuga y que por ser líderes comunitarios pueden obstruir la investigación del MP, a pesar que la fiscal tuvo más de un año para realizar la investigación.

El próximo viernes 15 de enero 2016, Arturo, don Chico Palas y don Tello van a ser trasladados nuevamente desde la zona 18 de la ciudad hacia la Torre de Tribunales, el sistema penitenciario los moverá dentro de un camión, deberían estar  para una nueva audiencia, esta vez en la apertura a juicio oral y público.

Ellos siguen a la espera de poder regresar a su tierra, reencontrarse con su familia, con las comunidades, caminar por los mismos caminos, tomar el café en su taza preferida quizá antes de empezar una nueva jornada de trabajo.

Barillas seguira produciendo café y cardamomo, la problemática social provocada por la empresa lejos esta de solucionarse, y al mismo tiempo en municipios como San Mateo Ixtatán, Soloma, Santa Eulalia y San Juan Ixcoy están viviendo lo mismo, detrás están las hidroeléctricas.

[1] Audiencia de fase intermedia. Tribunal de Mayor Riesgo B. Abogado Edgar Pérez. 13 de octubre 2015.
[2] CICIG. COMUNICADO DE PRENSA 014, ANTEJUICIO CONTRA JUEZA CAROL PATRICIA FLORES POLANCO. 30 de abril 2015. http://www.cicig.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=590&cntnt01returnid=67
[3] ElPeriodico. Cesar Calderón, el abogado que Otto Pérez Molina le pago a “Eco”. Julio E. Santos. 25 de septiembre 2015.