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San Juan Sacatepéquez: Mujeres vestidas de flores afectadas por la militarización

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Por Quimy De León.

Breves antecedentes:

Las Doce Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez desde el año 2007 han sufrido una serie de agresiones la mayoría alrededor de la instalación de la empresa cementera. Han existido asesinatos de comunitarios opuestos a está, el encarcelamiento de líderes comunitarios y la persecución de 36 personas más de las comunidades quienes forman parte de la oposición a la forma violenta de operar de la empresa y  de los dos proyectos en construcción; la carretera privada “Anillo Regional” y la construcción de la Planta San Gabriel.

No podemos dejar de mencionar el Estado de Sitio impuesto en el 2008 por el gobierno de Alvaro Colom, con estos antecedentes seis años despues el presidente Otto Perez decretó el Estado de Prevención para cuatro comunidades de San Juan Sacatepéquez (Santa Fe Ocaña, Los Pajoques, El Pilar I y Pilar II) a través del Decreto Gubernativo 9-2014, vigente desde el 21 de septiembre en San Juan Sacatepéquez.

“detrás de ello está la intención de contar con excusas para declarar el Estado de Prevención en San Juan Sacatepéquez, y así detener a los líderes y lideresas de la movilización contra la cementera desde el año 2006 y la construcción de la carretera privada Anillo Regional, como ya se ha empezado a hacer. aproximadamente desde el año 2007 el gobierno y la empresa Cementos Progreso, se han dado la tarea de acusar y criminalizar a diferentes actores sociales que cuestionan su accionar a través de algunos de sus operadores y diferentes medios de comunicación corporativos.”[1]

Las mujeres kaqchikeles dicen basta:

Las mujeres están cansadas de tantos abusos y es que con la imposición de un Estado de Prevención, se militariza el territorio kaqchikel y se mantiene bajo asedio, amenaza y control también el cuerpo de las mujeres.

Ellas vinieron a denunciar en conferencia de prensa el día 7 de octubre a la ciudad capital cientos de casos de violaciones de los derechos humanos cometidos por fuerzas de seguridad del Estado guatemalteco y otras cometidas por trabajadores o promotores de la empresa cementera.

Después de una visita a tres de las cuatro comunidades afectadas directamente por la militarización, Santa Fe Ocaña, Los Pajoques, El Pilar 1 y 2,  luego de escuchar sus testimonios pudimos constatar lo que ellas también han denunciado ante la Procuraduría de Derechos Humanos:

  • Amenazas de llevarse a los niños.
  • Abusos sexuales.
  • Acoso sexual a mujeres y adolescentes.
  • Abortos provocados por militarización.
  • Amenaza de abortos.
  • Allanamientos.
  • Apropiación ilegal de herramientas y enseres de cocina.
  • Contaminación del agua de varios pozos en uso de fuerzas de seguridad.
  • Enfermedad.
  • Imposibilidad de cortar leña y buscar comida.
  • Deserción escolar por miedo a interrogación e intimidación a los niños y niñas.
  • Desplazamiento forzoso.
  • Detenciones arbitrarias.
  • Las fuerzas de seguridad defecan y ensucian varios terrenos de la gente, ésto puede generar enfermedades o epidemias.
  • Escándalo de la policía en la noche (no dejan dormir).
  • Expropiación u ocupación de tierra para poner un destacamento (propiedad privada de una señora en la comunidad El Pilar 2).
  • Fotografiaron a mujeres, documentos y casas.
  • Personas golpeadas.
  • Interrogatorio de niños.
  • No pueden ejercer su religión, no pueden realizar actividades religiosas.
  • Ocupación ilegal de alcaldías auxiliares para dormitorios de la PNC.
  • Ocupación ilegal del salon comunal en Santa Fe Ocaña para instalar puesto de mando militar.
  • Ocupación de las iglesias para dormitorios de la PNC.
  • Obligaron a mujeres a firmar documentos.
  • Robo del agua u ocupación de pozos.
  • Robo  de locales comerciales.
  • Robo de cultivos.
  • Perdida de la cosecha.
  • Susto y tristeza.
  • Perdidas económicas por cierre de comercio.
  • Secuestro de una persona  de Ocaña mientras trabajaba.
  • Trabajadores de la empresa cementera vestidos de policía y señalando casasa de comunitarios.
  • Trabajadores de la empresa cementera haciendo medición de terrenos.
  • Temor a la violación sexual.
  • Uso de áreas comunales sin autorización.
  • Violación sexual de mujeres.

[1] Santiago Bastos. Muerte en Los Pajoques: Crónica desolada de la barbarie en la que vivimos. Prensa Comunitaria – Guatemala, 29 de septiembre de 2014.

“No me van a callar”

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Por Quimy De León.  Prensa Comunitaria

Francisca con dignidad y valentía estuvo hoy en la audiencia pública en la Corte de Constitucionalidad defendiendo el derecho suyo a expresarse libremente y defendiendo el derecho a la libre emisión del pensamiento.

En la misma sala de audiencias se encontraban miembros del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras – CACIF y la empresa Cementos Progreso que con la prepotencia histórica que les característica creen que pueden imponer no solo sus megaproyectos a la población de San Juan Satepéquez sin consultar sino demandar a quienes piensan, escriben y denuncian los abusos que cometen.

Francisca es columnista de Prensa Libre y académica, la intención de callarla y de iniciar una persecución penal que evidentemente es política, fue después de escribir una columna que nombró como ¿Agua o Cemento? en relación a la problemática generada por ésta empresa en perjuicio de los pueblos maya kaqchiquel que habitan las comunidades de San Juan Sacatepéquez, en concreto de la comunidad San Antonio Las Trojes I.

Ésta empresa puso una demanda judicial en su contra en un tribunal, en su página web argumentando que “Como sabemos categóricamente que las acusaciones de la Sra. Gómez Grijalva son mentiras, acudimos a un tribunal para que ella se presente al mismo a ratificar, bajo juramento, que le consta todo lo que ella publicó en ese medio de comunicación.”

Francisca ha iniciado una nueva batalla a favor de la palabra, la dignidad de los pueblos y en defensa de la vida, ya que presentó un amparo que fue otorgado por la Corte de Constitucionalidad a favor de ella y que fue conocido en una vista pública este miercoles 6 de agosto de 2014.

Ella defiende con dignidad el derecho de las mujeres, de los pueblos indígenas que queremos vivir en una sociedad donde podamos seguir expresando nuestras ideas desde la ética y en defensa de la vida sin que quienes creen que son dueños del país nos quieran callar.