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Huehuetenango: dará inicio debate oral y público contra líderes y autoridades comunales

Por: Nelton Rivera.

Los diputados Leocadio Juracan y Sandra Morán de Convergencia participaron esta mañana en una conferencia de prensa para denunciar la violación del debido proceso contra siete líderes y autoridades comunitarias del norte de Huehuetenango.

Una comisión interparlamentaria recorrió distintos centros de detención para hombres en donde se encuentran recluidos de forma arbitraria e injusta los señores: Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro, Arturo Pablo, Ermitaño López Reyes, Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar, Mynor López.

Todos considerados presos políticos, encarcelados por el Estado a raíz de los intereses de empresas transnacionales y nacionales dedicadas a la actividad extractiva con proyectos en municipios como San Mateo Ixtatán, Barillas, San Juan Ixcoy, Santa Eulalia en Huehuetenango.

Esta conferencia se realizó en el marco de la apertura a debate oral y público que dará inicio el próximo miércoles 6 de julio en el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo grupo A en la Torre de Tribunales de la ciudad capital.

Los abogados de la defensa de los siete líderes comunitarios esperan que finalmente finalice la judicialización y la prisión política de las autoridades comunitarias y que en Guatemala cese desde el aparato de justicia la aplicación  del castigo con la prisión como un mecanismo para detener la organización en las comunidades en su derecho de defensa y protección de los bienes naturales, así lo manifestó Benito Morales Laynes, abogado defensor.

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Presos políticos: “nadie es superior a la justicia” solo los operadores de justicia

Prensa Comunitaria

Fotografía de Nelton Rivera.

La jueza Claudette Domínguez de forma contundente en la sala de audiencias en el nivel 14 de la Torre de Tribunales, se dirigió a todas las personas en la sala: “nadie es superior a la justicia”.

Estas seis palabras encierran mucho para Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, quienes llevan un año con tres meses en prisión. La resolución de la jueza en esta audiencia les demostró todo lo contrario: los operadores de justicia sí están por encima de la justicia.

Personas como Rigoberto Juárez trabajaron por muchos años para que el sistema de justicia guatemalteco reconociera el papel que juega el sistema de justicia indígena, incluso la fundación del Centro de Administración de Justicia (CAJ) para descentralizar y atender de forma directa las necesidades de ocho municipios indígenas en el norte de Huehuetenango fue el resultado de muchos años de trabajo de los pueblos indígenas en el país. Hoy, los mismos operadores de justicia, entre ellos la fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), irrespetan y violentan el papel de las autoridades ancestrales en la mediación y resolución de los conflictos en estos territorios, criminalizándolos y castigándolos por hacerlo.

“Esto sienta un mal precedente para un supuesto modelo democrático de justicia en el país, especialmente para el pueblo maya, suman ya más de 492 años que hemos padecido de esto, eso es sumamente sintomático, los grupos económicos de poder no permiten que hayan reformas a la justicia, menos el reconocimiento del sistema indígena. Nosotros tenemos que llevar este tipo de sufrimientos con tal que nuestra situación se aclare, llevamos 15 meses de estar en prisión sin que el MP tenga pruebas que demuestren que nosotros somos culpables de algún delito”. Rigoberto Juárez.

Luego de cuatro meses de espera, la jueza pudo realizar la audiencia de presentación del acto conclusivo, en la que finalmente estuvieron presentes todos los querellantes. A la fiscalía de Derechos Humanos del MP no le quedó otro camino que presentar su investigación, de esa forma, el fiscal Maynor Alfredo Aguilar Bernardino presentó la acusación por los delitos de detención ilegal, coacción e instigación a delinquir.

Litigar de forma maliciosa no es una acción exclusiva de los abogados. La fiscalía del MP permitió que los querellantes realizaran una serie de acciones que bloquearon las audiencias, como no presentarse en reiteradas ocasiones, obligando al tribunal a suspender y reprogramar durante cuatro meses la misma audiencia. Con esto evitaron que esta etapa se realizara desde febrero de 2016, retardando el proceso y prolongando el castigo en prisión para las dos autoridades ancestrales.

La jueza resolvió en la tarde del 8 de junio la apertura a juicio oral y público por estos tres delitos. Ahora un tribunal de sentencia deberá conocer este caso con un plazo de 10 días. Específicamente será el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo del grupo A.  Rigoberto Mateo y Domingo Baltazar seguirán en el Preventivo de la Zona 18 mientras dure el juicio. Lo más preocupante es que el MP pretende activar la tercera causa penal contra Rigoberto Juárez.

Elnaño pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se denunció la existencia de 20 denuncias en su contra. De algunas de ellas, no se puede ubicar en qué fiscalía se realizaron. Detrás de todas estas denuncias podrían estar varias empresas con intereses en megaproyectos en Huehuetenango.

 


Litigio malicioso

La audiencia inició a las 14:00 horas del 8 de junio de 2016. Se realizó en esa fecha debido a que Diego Marcos Pedro, alcalde de Santa Eulalia y querellante en el proceso no se presentó el 19 de mayo, ni tampoco lo hizo su abogado. Una audiencia anterior a la del 19 de mayo también fue reprogramada debido a la ausencia de otro querellante, Pascual Tiu Zapeta, director de CAJ de Santa Eulalia.

Las inasistencias de ambos querellantes en nada incomodan al MP, al contrario pareciera que se alternaron entre ellos para evitar que las audiencias se realizaran. Para los abogados defensores, este comportamiento responde al ejercicio del litigio malicioso de los querellantes, sus abogados y el fiscal.

Iniciada la audiencia a las dos de la tarde, la jueza permitió que las dos autoridades comunitarias se sentaran junto a sus abogados y no dentro de la carceleta, como lo hicieron en las audiencias anteriores. En la sala del tribunal estuvieron sus esposas, Juana Méndez y Juana López Francisco. Desde Santa Eulalia llegaron también varios de sus familiares, observadores de derechos humanos, la Procuraduría de Derechos Humanos y la oficina la OACNUDH.

La audiencia duró tres horas. Al terminar quedaban pocas personas en la Torre de Tribunales, un edificio de 15 niveles del cual los pasillos quedan abandonados después de cierta hora, y solo el movimiento en el juzgado de turno da cuenta de lo que sucede durante la noche y madrugada, cuando ingresen más personas detenidas por cualquier delito.

 

***

¿es el MP objetivo en su investigación? 

Maynor Aguilar Bernardino es el fiscal del MP que atiende los procesos en contra de la mayoría de presos políticos de Huehuetenango. Pertenece a la unidad de delitos contra operadores de justicia adscrita a la unidad especial de derechos humanos del MP.

Es un abogado egresado de la facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) en 2004[1]. Con el título de profesional, aplicó ese mismo año a la convocatoria de plazas para la carrera judicial[2]. De 2010 a 2012 trabajó en la unidad distrital del departamento de Suchitepéquez[3].

Este fiscal rechazó dos de los tres peritajes propuestos por la defensa de Rigoberto Juárez con el argumento de que hablaban sobre el contexto sociohistórico de la conflictividad en el norte de Huehuetenango. Según el fiscal, este tema está fuera de lugar, ya que no explica específicamente los hechos sucedidos en el CAJ el 19 de marzo de 2015. Por otro lado,  rechazó que dos autoridades ancestrales se presentaran durante el juicio oral y púbico para atestiguar y confirmar que Rigoberto Juárez era una autoridad ancestral, y que por lo tanto tiene un papel importante que jugar frente a momentos complicados como los que se viven en esa región.

Aguilar Bernardino rechazó que se incorporara como medio de prueba un documento utilizado por él y la fiscalía del MP como base de sus investigaciones. El documento se titula: Informe Estructura Criminal Conflicto Social Huehuetenango. Mayo 2014. Este fue elaborado por la empresa Hidro Santa Cruz y entregado por el abogado Víctor Hugo Ma Villatoro al fiscal Aguilar Bernardino en 2014 y este la introdujo ilegalmente a la fiscalía de Operadores de Justicia del MP.

En este documento se identifican como delincuentes o criminales a los principales líderes comunitarios del territorio norte de Huehuetenango. Entre ellos Rigoberto Juárez, Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan Pedro; todos están actualmente detenidos mientras que el resto de líderes y lideresas tienen órdenes de aprehensión.

¿Qué objetividad pueden tener las investigaciones del MP, si basa su investigación en documentos elaborados extrajudicialmente por el abogado de una empresa?

Lo curioso es que en esta misma fiscalía del MP, no avanza ninguna de las investigaciones en contra del exalcalde Diego Marcos Pedro y otras personas afines a él por muchos delitos cometidos en los últimos años, específicamente por los hechos ocurridos entre el 19 y 20 de febrero de 2015: un atentado armado, amenazas de muerte, el asesinato de un joven comunitario, el secuestro de una mujer perteneciente al Cocode a quien había amenazado con desnudarla y arrancarle el pelo en medio del parque central, frente a cientos de personas, por oponerse a la hidroeléctrica. Además también se le atribuye el cierre ilegal y violento de la radio comunitaria, y el hecho de que varias personas fueron golpeadas. En fin, se trata de un personaje que, tras un año de haber sido denunciado por delitos graves, se presenta en un tribunal de mayor riesgo en la ciudad capital con total impunidad y en coordinación con el MP.

Maynor Aguilar

Fiscal del MP.


Otra vez se le niegan los derechos

La jueza en su resolución aceptó la petición del MP de negar varias de las pruebas testimoniales y peritajes propuestos por la defensa de Rigoberto Juárez, pero a solicitud del MP sí acepto a los 26 testigos, todos trabajadores del CAJ: abogados del Bufete Popular, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), jueces del Organismo Judicial y  fiscales del MP, entre otros.

La resolución de la jueza a las cinco de la tarde causó un acalorado debate con el abogado Benito Morales, quien la rechazó a través de un recurso de reposición parcial, por considerar que la jueza estaba afectando de forma directa los derechos de defensa Rigoberto Juárez, al dejar fuera pruebas testimoniales y documentales importantes para probar la tesis de su defensa. Pruebas que sí fueron aceptadas en otra causa penal vinculada a los procesos penales contra los presos políticos de Barillas, en donde también están involucrados varios de los querellantes de esta causa penal.

La discusión entre la jueza y el abogado Morales se agravó cuando él solicitó a la juzgadora que le permitiera a Rigoberto Juárez manifestarse en la audiencia, un derecho que se garantiza para los sindicados, esto por la alusión hecha por el abogado de Diego Marcos Pedro, quien lo señaló de forma directa. La jueza se negó a darle la palabra.

Finalizada esta etapa en este juzgado será el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo del grupo A quien confirme la fecha de apertura a juicio para las dos autoridades ancestrales. Mientras todo esto sucede, deberán seguir en prisión preventiva. La primera semana del mes de julio se abre el juicio oral y público para Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro y Arturo Pablo, líderes comentarios de Barillas.

Al final de la tarde, la audiencia terminó. Los agentes del sistema penitenciario trataban apurados de retirar a las dos autoridades ancestrales fuera da la sala y llevarlos al sótano para esperar el traslado al Centro Preventivo de la Zona 18.

Así finalizó un proceso que deja más cuestionamientos sobre la objetividad del fiscal, que certezas para los ciudadanos para creer en el sistema de justicia guatemalteco.

 

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[1] Biblioteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Biblioteca Central – Sección Tesis 5to. Nivel – Item: 4701227184.

[2] Diario de Centro América DCA. MINISTERIO PÚBLICO CONVOCATORIA No. 01-2004 TRIBUNAL DE ONCURSO MINISTERIO PÚBLICO LISTA DE MERITO. Año 2004.

[3] Organismo Judicial. Expediente 108-2010. Sala regional mixta de la Corte de Apelaciones de Rethalhuleu. 6 de octubre 2010.

Aguacatán: ligan a proceso a juez de Paz Lilian López Chávez por homicidio culposo

Sergio Herrera

Sergio Herrera

Por Pascual Raymundo.

“Uno de los testigos se bajó inmediatamente para auxiliarlo, es en ese momento cuando se percató que del vehículo descendió la secretaria de la jueza y segundos después Lilian Lorena López Chávez descendió también dejando parqueado su vehículo a cuatro o cinco metros del hecho, luego se encamino a los dos trabajadores de la empresa de agua pura y les pidió sus datos, “por si lo necesitara después” argumento la jueza.”

El día miércoles 19 de julio de 2013, fue un día terrible para la familia Herrera Pérez, ellos son originarios del municipio de Aguacatán en el departamento de Huehuetenango, su hijo Sergio Herrera Pérez más conocido como Chejo, un joven de 27 años fue atropellado por la jueza del municipio de Aguacatán, Lilian Lorena López Chávez, en el Km. 347.4 de la CA1 en ese departamento.

Dos repartidores de agua pura presenciaron el hecho, ambos son testigos presenciales del caso, en sus declaraciones detallaron como ocurrió el accidente aproximadamente a las 16:15 de la tarde de ese día según indico Edgar Herrera padre del fallecido. Sergio Herrera regresaba de la ciudad de Huehuetenango al municipio.

Don Edgar, explico que en el momento de lo ocurrido, él no pensó en denunciar a nadie, el golpe fue tan grande que no podía tan siquiera pensar quien era la persona responsable de la muerte de su hijo, “simplemente porque no tuve cabeza para pensar en eso, al transcurrir de unos días empecé a investigar. Se escucharon varias versiones y así di con los testigos.”

Que sucedió el 19 de julio

Los dos repartidores cooperaron en declarar ante el Ministerio Publico lo que vieron, indicaron que la señora juez quería rebasar con su vehículo a un camión pequeño al cruzar un puente que fue construido en tiempos de Ubico, este puente es completamente angosto y solamente permite el paso de un vehículo a la vez, el vehículo de la jueza rebasó en contra del a vía de frente al joven, Chejo al ver que venía otro vehículo sobre su carril frenó.

El joven no pudo controlar la moto y cayó al suelo, rodo por el asfalto, finalmente intento incorporarse pero el vehículo que venía de la jueza lo golpeó y lo arrastrado a una distancia de 5 metros aproximadamente, del impacto perdió la vida en segundos y su rostro por las heridas fue difícil reconócelo.

Uno de los testigos se bajó inmediatamente para auxiliarlo, es en ese momento cuando se percató que del vehículo descendió la secretaria de la jueza y segundos después Lilian Lorena López Chávez descendió también dejando parqueado su vehículo a cuatro o cinco metros del hecho, luego se encamino a los dos trabajadores de la empresa de agua pura y les pidió sus datos, “por si lo necesitara después” argumento la jueza.

Los dos testigos se negaron a dar esa información, minutos después se llenó de gente, pasaron los minutos y llegó la Policía Nacional Civil, los agentes comenzaron a preguntar sobre el hecho, la gente decía que fue un microbús ruletero y la juez estando en el lugar le dice a uno de los agentes que moviera su vehículo más adelante. Cuando la gente empezó a decir que “ahí viene la familia de Chejo” ella se retiró del lugar.

La versión en el Ministerio Publico –MP-

Días después de ocurrido el accidente, cuando la familia tuvo fuerzas para iniciar la denuncia ante la fiscalía, el señor Edgar Herrera se presentó en el MP de Huehuetenango, don Edgar se dio cuenta que las autoridades ya tenían conocimiento de lo ocurrido, el padre de Sergio Herrera inicio con el proceso de antejuicio en contra de la juez de Paz del municipio de Aguacatan.

El MP inicio las pesquisas, la señora juez fue llamada a declarar, en su versión ella indica “que ella no fue indica claramente, afirmó que es alguien más quien vio el accidente, dijo que solo vio que el joven salió  disparado en forma de Zig Zag cuando cayó de la moto, rodó y así fue cuando el seguramente se causó la muerte” y cuándo se le pregunto que si toco el cuerpo, respondió “no”.

Posteriormente de estas pesquisas se envió el caso al MP de la ciudad capital, se nombró al juez pesquisidor, la familia pide nuevamente que las autoridades llegaran hasta Aguacatán a investigar nuevamente los hechos.

Dentro del proceso investigaron si la jueza tenía licencia de conducir y se comprobó que no tenía licencia, una de las razones por las que ella se daría a la fuga, el hecho ocurrió el 19 de junio, la juez solicitó un permiso para ausentarse y le autorizan una nueva licencia de conducir el 29 del mismo mes.

El resultado del antejuicio fue que el juez pesquisidor dio sin lugar retirarle la inmunidad a la juez, los familiares elevaron el proceso ante la Corte Suprema de Justicia a través de una apelación de la decisión del juez pesquisidor, la CSJ analizó el caso resolvieron que existen los suficientes elementos para retirarle el derecho de antejuicio a la juez de paz de Aguacatán.

El caso volvió a estar en las manos del MP, esto se le notifico  en agosto de 2014 y el proceso lo tomó la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP, es a partir de este momento que la familia se dio cuenta que el proceso sería complicado, por alguna extraña razón se entorpecían las audiencias programadas desde el 2014 hasta el 2015 cuando cambian de juez y también cuando se cambió de fiscal del MP, incluso podría existir la injerencia de la juez en los operadores de justicia anteriores.

Luego de suspenderse por cinco veces la audiencia de primera declaración esta se realizó el 1 de febrero, un tribunal llamó a declarar los oficiales de la PNC que estuvieron presentes en el lugar y documentaron el hecho.

Un tribunal finalmente resolvió

 
El juez que conoció la causa penal en contra Lilian Lorena López Chávez, juez de Paz de Aguacatán resolvió ligarla a proceso a por el delito de Homicidio Culposo con prisión domiciliaria desde el mes de enero 2016. Debe de firmar el libro de actas quincenalmente para dar fe que está en el municipio, se fijó un plazo de cuatro meses para que el MP finalice la investigación, deberá presentar su acto conclusivo el 31 de mayo 2016 y la siguiente audiencia es el 17 de junio 2016.

Don Edgar Herrera padre de Sergio Herrera indicó que cuenta con la asesoría legal de Acción Ciudadana, a través del auxilio legal del licenciado Eddy Cux para la asesoría en los delitos de Tráfico de Influencias, abuso de Autoridad, por estos delitos se presiona para que el caso no se atrase más en los tribunales.

La familia Herrera Pérez espera que la muerte de su hijo Chejo no quede impune, Sergio Herrera dejo a su familia, su esposa Aracely Mejía Rodríguez, a su hija Alice Camila de dos años en ese entonces, actualmente cumplió cinco años de edad.

Caso CREOMPAZ: militares acusados de desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad

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General retirado Manuel Benedicto Lucas García – Jefe del Estado Mayor durante el gobierno de Romeo Lucas García (su hermano) de 1981 a 1982

Viernes 8 de enero de 2016. En la sala de audiencias del nivel 14 de Torre de Tribunales pudimos conocer de voz de una fiscal, que durante la guerra ocurrieron una serie de crímenes inimaginables contra población civil. Supimos que más de 500 personas fueron desaparecidas por miembros del ejército entre el año de 1981 y 1988, después fueron llevadas a la zona militar No. 21 “Antonio José de Irrisarri” ubicada en la aldea Chicoyogüito en Cobán, Alta Verapaz y que ahí fueron asesinadas y enterradas sin que sus familiares supieran sobre su paradero a pesar de que con desesperación les buscaron, que llegaron hasta esa zona militar a preguntar por sus familiares, sin que nadie les dijera nada. Años después la misma gente denunció que ahí había un cementerio clandestino, así fue como un tribunal ordenó al Ministerio Público que se realizaran investigaciones.

Durante tres años – a partir de enero del 2012 – los desaparecidos empezaron a ver la luz, ya que se encontraron varias osamentas repartidas en 4 fosas. Así fue como se encontraron 558 osamentas de 90 menores de edad, 443 adultos, 3 adultos de la tercera edad, de 22 aún no se ha determinado su edad. Hasta esta fecha se han identificado mediante pruebas de ADN 97 personas. En el lugar donde estaba la zona militar No. 21 ahora funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz – CREOMPAZ, del Ministerio de la Defensa y las Naciones Unidas.

Esto ocurre dos días después que conocimos la sorpresiva noticia de que habían detenido a altos mandos y medios del ejército después de varios allanamientos en la ciudad de Guatemala y Cobán que estuvieron activos durante los años 1981 a 1988. Estos militares están ahora en la cárcel militar dentro del cuartel Mariscal Zavala acusados de desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad.

Audiencia de primera declaración

En una jornada doble que duró desde las 8: 30 AM hasta las 18: 30 PM se llevó a cabo la audiencia de primera declaración para 14 altos mandos militares en el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Claudette Domínguez. Esto debido a una acusación presentada por la fiscalía de Derechos Humanos por violaciones a los derechos humanos, delitos contra los deberes de humanidad, desaparición forzada a partir del caso de investigación conocido como CREOMPAZ.

Los militares son:

  1. Manuel Benedicto Lucas García
  2. Byron Humberto Barrientos Díaz
  3. Gustavo Alonso Rosales García
  4. José Antonio Vásquez García
  5. Carlos Humberto Rodríguez López
  6. Ismael Segura Abularach
  7. Pablo Roberto Saucedo Mérida
  8. César Augusto Ruiz Morales
  9. Juan Ovalle Salazar
  10. Édgar Rolando Hernández Méndez
  11. Carlos Augusto Garavito Morán
  12. Luis Alberto Paredes Nájera
  13. César Augusto Cabrera Mejía
  14. Raúl Dehesa Oliva.

La sala se encontraba llena, había familiares, esposas y amistades de los militares, organizaciones de derechos humanos y prensa nacional e internacional. Al inicio de la jornada los abogados de la defensa de los militares pusieron un recurso en donde pretendían que el juzgado de Mayor Riesgo A no conociera el caso pues según ellos no era competente, que después de esto se remitiera el caso a la Corte Suprema de Justicia o a una sala y que mientras tanto quedaran en libertad sus defendidos, a esto la jueza resolvió No a lugar pues argumentó que el juzgado si es competente según la ley.

Los hechos, los crímenes

La jueza dio la palabra a cada uno de los acusados para que dijeran su nombre, el de su esposa, su dirección, su profesión y la cantidad de dinero que ganan al mes para su sobrevivencia. Conforme los iban nombrando iban saliendo de la carceleta donde se encontraban, les quitaban las esposas y pasaban por una valla de guardias penitenciarios y periodistas hasta poder sentarse en el banquillo de los acusados. Así lo hicieron la mayoría de ellos, a excepción de dos de ellos que tienen problemas de salud, uno no escucha bien y el otro tiene dificultades para caminar.

Después tuvo la palabra la fiscal del Ministerio Público para que explicara los delitos por los que están detenidos y la relación de los hechos de forma individualizada, ella fue explicando el porqué se les vinculó a este caso y el cargo que tenían al momento de ocurrir los crímenes, la temporalidad.

Estos cargos fueron desempeñados y ocupados por los militares en el marco de la guerra, dando continuidad a la política contrainsurgente desarrollando operaciones militares en donde la población civil no combatientes fue considerada enemigo interno. También explicó cómo todo esto respondió a planes militares emanados de los altos mandos, esto se confirma en documentos y planes relacionados con la llamada Doctrina de Seguridad Nacional.

Según la acusación del Ministerio Público los militares participaron de estos planes y estrategias, tuvieron conocimiento de las operaciones contrainsurgentes, y que de acuerdo a la posición de cada uno, y según sus funciones y obligaciones pudieron evitar estos crímenes.

La fiscal fue desarrollando varios casos de desaparición forzosa ocurridas en Alta Verapaz contra población civil indefensa que pertenecían a las etnias q´eqchi, pocomchi´, achí, k´iche, este día solo pudo avanzar en la imputación para los oficiales de la zona militar No. 21: Ismael Segura Abularach, Byron Huberto Barrientos Díaz, Carlos Humberto Rodríguez López, Pablo Roberto Saucedo Mérida, Juan Ovalle Salazar, César Augusto Ruiz Morales y Benedicto Lucas García, quien fuera Jefe del Estado Mayor General del Ejército en los años de 1981 y 1982.

Se fue explicando la responsabilidad de los militares que tuvieron conocimiento de éstas y en lugar de que las personas fueran puestas a disposición de un órgano jurisdiccional – si es que hubieran cometido alguna falta – fueron desaparecidas. Y si es que sus subalternos cometieron estos crímenes pudieron denunciarlo y sancionarlo como parte de sus obligaciones pero no hicieron nada.

Las pruebas sobre estos crímenes fueron analizadas por varios expertos multidiciplinarios, pruebas científicas que han sido corroboradas y contrastadas con testimonios de familiares de las personas desaparecidas que no dejan ningún lugar a dudas. Está claro que hubo detenidos de forma ilegal, que fueron ejecutados y enterrados clandestinamente. Habrá que esperar a que se haga justicia y que la verdad histórica quede clara en este proceso penal.

Valientemente las familias de las víctimas de desaparición forzada y asesinato, dieron su testimonio y denunciaron estos hechos, contaron las últimas noticias que tuvieron de ellas hasta que pudieron saber de su paradero 30 años después cuando los encontraron sus osamentas en una fosa común con los ojos vendados y argollas de plástico en las muñecas, muchos con señales de haber sido asesinados de forma violenta.

Las investigaciones realizadas hasta hoy han permitido que se individualicen 88 casos de desaparición forzada como[1]:

Hombres de Pambach

  • El 02 de junio de 1982, un grupo de soldados realizaron un operativo militar en la aldea Pambach, Santa Cruz Verapaz, Cobán, se llevaron aproximadamente 75 hombres, los más jóvenes de la aldea, indicando que iban a prestar servicio militar; mismos que fueron desaparecidos forzadamente.
  • En la fosa FAFG 1433-XVII se localizaron 64 osamentas y se han identificado por ADN a 31 hombres, se presume que las demás osamentas también pertenecen a los desaparecidos.

Río Negro San Cristóbal Verapaz

  • El 13 de mayo de 1982 elementos del ejército de Guatemala y Patrullas de Autodefensa Civil –PAC- asesinaron aproximadamente a 80 personas -población civil no combatiente- Las mujeres y niños sobrevivientes fueron trasladados por a la Zona Militar número 21.
  • En la Fosa 1433-XV se localizaron 63 osamentas, según análisis osteológico realizado corresponden a mujeres y niños.

Caserío Chituj, San Cristóbal Verapaz

  • El 04 de mayo de 1981 en el caserío Chituj, municipio de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, integrantes del Ejército de Guatemala ejecutaron un operativo militar contra población civil, llevándose a Felipe Cal López, cuya osamenta fue recuperada e identificada por ADN en la fosa FAFG 1433-V donde fueron ubicadas 36 osamentas humanas más, de las cuales han sido identificadas 9.

Chiacal San Cristóbal Verapaz

  • En diciembre de 1981, Ricardo Mis Pacay, de 28 años de edad, salió de su casa ubicada en la aldea San Lucas Chiacal, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, hacia su parcela ubicada dentro de la misma aldea, pero ya no regresó.
  • Se exhumó la osamenta FAFG 1433-V-21 y se logró identificar por ADN.

Barrio San Sebastián, San Cristóbal Verapaz

  • El 28 de diciembre de 1981 en el Barrio San Sebastián, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, el Ejército de Guatemala realizó un operativo militar llevándose al menos a 3 personas.
  • En la fosa FAFG 1433-XIV se localizaron 13 osamentas, de las cuales 3 han sido identificadas por ADN, entre éstas, Alfonso Jom Lem, Lázaro Oswaldo Morán Ical y Teresa Jul.

Hombres de Chisec

  • En febrero de 1982, hombres de Chisec fueron obligados a trasladarse a la zona militar No. 21, permanecieron un día privados de su libertad y 3 de ellos fueron desaparecidos en la misma área.
  • En la fosa FAFG 1433-XVIII se logra localizar 7 osamentas entre las cuales se encuentra la de Genaro Caal, quien fue uno de los desaparecidos.

Seguimiento de la audiencia de primera declaración lunes 11 de enero

El lunes 11 de enero continúa la audiencia de primera declaración para que les sean explicados a los militares los delitos y la relación de hechos en donde cada uno fue responsable. Por cuestiones de tiempo quedaron pendientes de esto los militares Gustavo Alonso Rosales García, José Antonio Vásquez García, Edgar Rolando Hernández Méndez, Carlos Augusto Garavito Morán, Luis Alberto Paredes Nájera, César Augusto Cabrera Mejía y Raúl Dehesa Oliva. Por último y antes que terminara la audiencia los abogados defensores de algunos de ellos pidieron que el INACIF evaluara a algunos de ellos para certificar su estado de salud, incluso uno de ellos estaba pidiendo ya que fuera trasladado al Hospital Militar.

[1] Ministerio Público. CREOMPAZ: “Con este caso estamos hablando de uno de los mayores de América Latina de desapariciones forzadas”. 6 de enero de 2016. https://www.mp.gob.gt.

Estados Unidos: ¡Prepárese para las Redadas!

Por: Redacción Prensa Comunitaria

Existe mucha preocupación ya que el Departamento de Seguridad Fronteriza de Estados Unidos ha anunciado un plan de redadas para la deportación de cientos de familias centroamericanas que se encuentran aún sin documentos en ese país. Esto lo realizará en enero la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE son las siglas en inglés) y se prevé que sea de forma masiva incluyendo niños y adultos que han llegado a este país desde el inicio de 2014, y que supuestamente existe una orden de un juez de inmigración para ser deportados. Se sabe que serían detenidos en donde se encuentren y deportados inmediatamente.

Es terrible la situación que viven miles de familias compatriotas centroamericanas en Estados Unidos, ya que han tenido que migrar a los Estados Unidos en condiciones infrahumanas y aún a riesgo de morir para resolver su situación económica y para huir de la situación de violencia o el impacto del cambio climático como la sequía como dice el Washington Post, incluso algunas de estas familias habrían probablemente pedido asilo político.[1] Un problema serio que se destapó el año pasado fue que hay un gran número de menores que viajan sin compañía.

Debido a todo esto la comunidad latina se está organizando para difundir información para que la gente sepa cómo actuar y se respeten los derechos humanos, también hay acciones de presión, incidencia y manifestaciones públicas de rechazo a estas medidas.

 

Hay pasos a tomar para prepararse en caso de una redada. [2]

1. Memorice el numero de 2 personas de confianza que sepan que son sus contactos y que le puedan contestar el teléfono en cualquier momento.

2. Tenga un plan de emergencia para el cuidado de los niños o de personas que requieran atención especial.

3. Haz contacto con un grupo comunitario ahora. Mejor organizar antes que llega la migra que después.

4. Si ICE va a su casa, no abra la puerta, aunque le enseñen una foto de la persona a la que busca, los conozca o no.

5. ICE no puede entrar a su casa sin una orden (orden de cateo) firmada por un juez. No tiene que abrir su puerta ni dejarlos entrar.

 – Si llevan orden, pídales que se la pasen por debajo de la puerta

– Si ICE lleva una orden firmada por un juez, revise que tenga su dirección o el nombre especifico de la persona a la que buscan.

6. Permanezca callada/o. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra por ICE.

7. No de información ni firme ningún papel sin primero consultar con su abogada/o.

8. Documente la redada Tome fotos, pregunte nombres, el numero de su identificación, cuente los agentes que estén presentes y escriba o documente lo que paso.

9. Puede pelear su caso Obtenga consejos o representación de un abogado de confianza y busque recursos con organizaciones comunitarias locales. Solo por qué tiene una deportación final no significa que no tenga opciones. Aunque es difícil, a veces hay oportunidad de poner presión a inmigración para que use su discreción, especialmente con el apoyo de organizaciones comunitarias con experiencia.

Para obtener una evaluación inicial sobre su caso visite: http://www.notonemoredeportation.com/intake/

10. Reporte la redada Para reportar la redada,llenar el reporte aquí: http://www.notonemoredeportation.com/intake/  u Llame a la línea de ayude del consulado de El Salvador : 202.553.1545

[1] Jerry Markon y David Nakamura. “Estados Unidos planea redadas para deportar familias que cruzan la frontera”. The Washington Post. 23 de diciembre de 2015. https://www.washingtonpost.com/politics/us-plans-raids-to-deport-families-who-surged-across-border/2015/12/23/034fc954-a9bd-11e5-8058-480b572b4aae_story.html?hpid=hp_hp-top-table-main_immigration-920pm%3Ahomepage%2Fstory

[2] Tomada de: http://www.notonemoredeportation.com